El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que en
diciembre pasado 380 mil trabajadores fueron despedidos por diversas empresas
para no pagarles sus prestaciones de fin de año.

Durante su conferencia de prensa mañanera, en Palacio
Nacional, el Mandatario dijo que su gobierno tiene detectadas a más de 14 mil
empresas que realizan esta práctica desleal.

«Esto tiene que ver con las prácticas para no reconocer
los derechos de los trabajadores, prestaciones y no pagar impuestos»,
advirtió.

La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde estimó que
las empresas que realizan estas prácticas de subcontratación abusiva evaden 21
mil millones de pesos en impuestos al año.

La funcionaria federal dijo que formaron un grupo
interinstitucional de trabajo entre la STPS, IMSS, SAT, Infonavit y la UIF de
Hacienda para detectar a empresas que realicen defraudación fiscal.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que para el
1 de diciembre de este año habrá una solución al problema de inseguridad porque
su gobierno ya logró controlar la tendencia al alza de los homicidios dolosos.

«Es muy delicado el problema, habrá solución pronto, el
1 de diciembre terminamos de sentar las bases de la transformación, en este año
habrá resultados», aseguró en su conferencia de prensa mañanera en Palacio
Nacional.

El Presidente López Obrador fue cuestionado por el
periodista Jorge Ramos, quien -con datos oficiales- señaló 2019 cerrará como el
año más violento y que si no tenía pensado cambiar a su gabinete de seguridad
ante los magros resultados.

-«Eso si calienta», reviró el titular del
Ejecutivo, al reconocer que el tema de seguridad es una asignatura pendiente
que su administración no ha podido resolver.

«La explicación es que se dejó crecer mucho el problema
de la inseguridad y la violencia, no se atendieron las causas, no se crearon
empleos, los salarios de los mexicanos son los más bajos del mundo, se abandonó
a los jóvenes, se impuso la impunidad, no habla autoridad, no había una línea o
una frontera que dividiera a la autoridad y la delincuencia, estás enterado del
caso Gracia Luna. Estas bandas no surgieron el año pasado».

Con gráficas con estadísticas sobre los homicidios dolosos
en el país, el Presidente López Obrador señaló que ya logramos detener la
tenencia hacia el alza en la incidencia delictiva.

«Si un aumentó, pero no igual como venía sucediendo año
con año… estamos consiguiendo controlar la tendencia en el aumento de estos
delitos», insistió.

El avión presidencial “José María Morelos y Pavón” tiene un
costo de 130 millones de dólares, de acuerdo con un avalúo hecho por el
gobierno federal. Sin embargo, el gobierno de Felipe Calderón lo compró en 218
mdd.

El director de Banobras, Jorge Mendoza informó que “se pagó
1,833 mdp (97.4 mdd), y existe un remanente de 2,724 millones de pesos (144
mdd) que deberán pagarse. Si se vende se cubren estos costos”.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador
rechazó que haberlo trasladado a Victorville, California haya sido un error por
razones de mantenimiento y porque es donde se venden estos aviones.

“Se decidió que se trasladara el avión a California, porque
es donde se le da el mantenimiento. Ya puede volar, pero según los técnicos de
la aviación hace falta terminar el proceso de certificación y regresa al hangar
presidencial o a Santa Lucía, mientras se vende: que se encuentre un comprador;
lo segundo es que sea una venta compartida, no descartamos eso”, manifestó el
mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

“Nos gustaría que fueran empresas mexicanas. Hay una
propuesta de vender 12 acciones, a 12 empresas, para que el costo sea menor y
que estas empresas lo puedan utilizar para viajes de sus ejecutivos como
reconocimiento del trabajo que lleven a cabo en esas empresas privadas. El
avalúo es de 130 millones de dólares”, calculó.

López Obrador reveló que fue el expresidente Felipe Calderón
quien adquirió la aeronave en 2012, vía Banobras, aunque “el licenciado Enrique
Peña Nieto pudo cancelar la compra”.

16 personas murieron y varios más resultaron heridas la
tarde de este martes en el interior del Centro Regional de Reinserción Social
(Cerereso), de Cieneguillas, cuando un grupo de reos se enfrentaron en una riña
campal, durante un partido de futbol “amistoso”, en la cancha del penal, entre
dos equipos conformados uno por reos del Cártel del Golfo y el otro por
internos del Cártel de los Zetas (facción Talibanes).

Tras la riña, que fue reportada a las 14:30 horas de la
víspera y fue contenida alrededor de las 17:00 horas, se encontró un arma de
fuego y “tres armas cortas, así como armas blancas”, con las que se habrían
cometidos los asesinatos, dijo Ismael Camberos, titular de la secretaría de
seguridad estatal.

Inicialmente, la disputa ocurrida en el penal de
Cieneguillas dejó un saldo de 15 personas fallecidas y seis más heridas que
fueron trasladadas para recibir atención médica, sin embargo, una murió tiempo
después, según los reportes oficiales.

El operativo de contención de la reyerta fue realizado por
personal del propio penal, mientras que al exterior de las instalaciones se
movilizaron elementos de las policías Estatal Preventiva, la Metropolitana, la
de Investigación y la de Seguridad Vial del Estado, a fin de reforzar la
vigilancia.

El sábado y el domingo pasado, la secretaría de seguridad
local había realizado una revisión al interior del penal de Cieneguillas y en
el de Fresnillo, en el que se encontraron objetos prohibidos, dijeron
autoridades de Zacatecas.

A 24 horas de registrarse este hecho, la Vocería de la
Secretaria de Seguridad Pública del gobierno estatal notificó que estaba en
condiciones de informar la identidad de las Personas Privadas de las Libertad
(PPLs) que perdieron la vida en este enfrentamiento, solo se reservaron los
nombres de los internos lesionados para apegarse a la Ley de Protección a
Víctimas.

Los internos procesados que perdieron la vida fueron
identificadas cómo:

Gustavo Adolfo López Flores

Cruz Angel Soto Domínguez

Tomas Franco Estrada

Martín Macías Santa Cruz

Jaime Alberto Dueñas Arias

Rodrigo Chairez mercado

Roberto Casimiro Terán

David Francisco Mireles Reyes

Ernesto Zapata Macías

Gerardo Sánchez Jaime.

Mientras que los otros seis muertos se han identificado como
personas sentenciadas que llevaban por nombre:

Mateo Dorantes Durán

Eduardo Adame Gómez

Jesús Alejandro Díaz López

Luis Aguilar Piña

Jose Pedro Pérez Padilla

Moises Jara Najar.

Un niño, de 14 años de edad, fue asesinado de un balazo en
la cabeza, y su hermana también resultó
herida con dos disparos de arma de fuego, afuera de su casa ubicada en la
alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de Mexico.

El niño, que acababa de entrar a la secundaria, compartía
fotos en redes sociales sosteniendo armas largas y montando motos deportivas.

Su hermana, quien ha estado encarcelada en al menos dos
ocasiones, logró sobrevivir al ataque afuera de su casa en la calle
Hermenegildo Galeana, y las primeras investigaciones indican que podría
tratarse de un ajuste de cuentas.

Las autoridades tienen conocimiento de que la familia del
menor, Pompa Ocampo, pelea con narcomenudistas de la colonia Santiago
Ahuizotla, lo que ha desencadenado una serie de enfrentamientos en la zona.

Fue el pasado 26 de diciembre cuando sucedió el homicidio
del menor, mismo por el cual se abrió el expediente
FAZ/AZ-4/UI-3S/D/1536/12-2019.

La mamá de las víctimas, Blanca Estela Ocampo, declaró que
estaban en un tianguis cuando escuchó disparos. Al voltear solo alcanzó a ver a
un hombre correr y a sus hijos desplomarse.

Los agentes que investigaron el homicidio descubrieron que
el agresor, identificado como Javier, era cercano a dos hombres ejecutados, un
par de semanas antes, por familiares de los Pompa Ocampo.

En colaboración con la abogada Andrea Rocha y el senador por
Nuevo León de Movimiento Ciudadano Samuel García, padres de familia de
Coahuila, San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas han presentado ya amparos
ante el Poder Judicial de la Federación para que se mantenga el Seguro Popular
con sus lineamientos de gratuidad en atención, cirugías y medicamentos.

Ayer lunes ya se ganaron los primeros cuatro de 22 casos
presentados ante tribunales de Nuevo León y Coahuila, para que la población
mantenga la atención médica del Seguro Popular, informó el legislador neoleonés.

García detalló que la campaña de amparos, en la que se han
inscrito 22 menores y adultos afectados, se inició en Nuevo León y se está
extendiendo a Puebla, y comenzará a promoverse afuera de los hospitales e
institutos de alta especialización donde se otorgan algunos de los
tratamientos.

“En lo inmediato queremos que se atienda a las personas, ya
luego se promoverán acciones para la posible derogación de la creación del
Instituto de Salud para el Bienestar”, dijo el legislador.

En tanto, Andrea Rocha explicó que se han tramitado más de
30 amparos por parte de los padres de familia afectados debido a la
desaparición del seguro, que fue sustituido por el Insabi.

El nuevo esquema, dijo la litigante, está propiciando
retrasos en la continuidad del servicio de oncología infantil, ya que existe
incertidumbre sobre cómo estos hospitales certificados y de alta especialidad
recibirán su paga por cada menor y adulto atendido.

“Los amparos se están pidiendo de manera urgente para que
los pacientes tengan garantizadas quimioterapias, abasto de medicamentos,
cirugías, trasplantes y demás tratamientos continuos que no se pueden
suspender, sobre todo cuando se trata de cáncer”, precisó.

La abogada denunció desabasto de los medicamentos
vincristina, metotrexato y doxorrubicina, principalmente, cuyas dosis deben
darse en el tiempo indicado y sin alteración alguna.

A su vez, el abogado Mauricio Castillo también comenzó a
tramitar amparos en Nuevo León, bajo el argumento de reclamar el “derecho a la
salud” de los afiliados al Seguro Popular.

“Son pacientes afectados en sus finanzas. Antes, los
hospitales públicos les cubrían los tratamientos, ahora les están cobrando esos
servicios porque nadie está asumiendo la responsabilidad de pagar la atención
de los pacientes, como sucedía con el Seguro Popular”, comentó.

Se trata de tres menores y siete adultos mayores, quienes
ante el juzgado primero de distrito solicitaron la protección de la justicia
para que se les garantice el derecho a la salud consagrado en el artículo cuarto
de la Constitución. Se espera que en una semana se les dé una respuesta.

Desde noviembre pasado, el dirigente nacional del PRD, Ángel
Ávila, presentó amparos para que infantes de Nuevo León y Tamaulipas no se
quedaran sin atención cuando desapareciera el Seguro Popular.