En una comunidad indígena de Oaxaca, uno de los cerca de 50
casos de violencia sexual presuntamente cometidos por el padre católico Gerardo
«N» y detectados por un grupo de sacerdotes salió a la luz a
principios del siglo XXI. Un traje de monaguillo develó la agresión sexual que
sufrió Leonardo —nombre ficticio— cuando cursaba la primaria, y de la que no
habló durante años.
Uno de sus familiares narró que cuando fue a la parroquia a
entregar la prenda que el niño usaba en misa, se enteró de que él podría estar
dentro de las víctimas del religioso: «Hablé con el nuevo sacerdote y me
preguntó por el niño. Le platiqué que intentó suicidarse, que tuvo unos cambios
de comportamientos muy feos y raros. No dimos con lo que tenía… Así fue como
nos platicó que hubo casos de pederastia».
Entre lágrimas, Leonardo confirmó los hechos. Su familia se
sintió traicionada porque le tenía confianza al sacerdote, le abrió las puertas
de su casa e incluso comió con él.
Nadie lo consideró un riesgo porque se llevaba bien con los
jóvenes: «En ese momento había un paro magisterial aquí en Oaxaca y no
estaban yendo a clases, considerábamos que la iglesia era el mejor lugar»,
recordó.
Ocho estados castigan la pederastia. A nivel federal y en
Baja California, Colima, Chiapas, Durango, Guerrero, Veracruz, Tabasco y en
Sonora —que, aunque no lo nombra así, lo reproduce del Código Penal Federal— se
contempla la pederastia como un delito.
En el resto del país es considerado un agravante de la pena
en algunos delitos de violación, abuso, acoso y hostigamiento sexual, cuando es
cometido por una persona que sostiene un vínculo religioso con la víctima,
aunque en seis entidades esta relación no se contempla textual, arrojó un
análisis de los 32 códigos penales y el federal.
Existen 156 averiguaciones previas y carpetas de
investigación por dichos delitos sexuales agravados, pederastia, corrupción de
menores y atentados contra el pudor, que pueden contener una o varias víctimas
mayores y/o menores de edad de 2009 a 2019.
De los expedientes, 152 son del fuero estatal y cuatro del
federal, indican datos de las fiscalías y procuradurías estatales, así como de
la Fiscalía General de la República (FGR), obtenidos vía transparencia por El
Universal.
Entre los señalados como presuntos agresores sexuales se
encuentran sacerdotes, pastores, maestros de catecismo, músicos de las iglesias
e integrantes de diversas asociaciones religiosas.
En entrevista, Alfonso Miranda Guardiola, secretario General
de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y obispo auxiliar de Monterrey,
dijo que «los sacerdotes o clérigos que han sido notificados al Ministerio
Público en el caso de la CEM son 106».
Sin embargo, a principios de este año indicó en una
conferencia que la cifra ascendía a 271 investigados. Se le buscó nuevamente
para hablar de la discrepancia, pero no se obtuvo respuesta.
En cuanto a la colaboración de la Iglesia en estos casos,
Alberto Athié, ex sacerdote y activista por los derechos de las víctimas de
abuso sexual, explicó que ésta siempre argumenta:
«Sí voy a contribuir para ver qué hacemos, pero no te
voy a decir los nombres, quiénes son, dónde están, qué penas están purgando,
qué Ministerio Público les está llevando el asunto. Es más, quieres tú saber de
un caso, vete a la diócesis y pregunta allá. Si ellos quieren decirte de quién
se trata, ellos verán».
«Tenemos un sistema judicial que no es confiable,
políticos en general que no quieren tener broncas y así sucesivamente.
Entonces, en ese sentido, las víctimas están totalmente desprotegidas»,
señaló Elio Masferrer Kan, antropólogo de las religiones.
En 2010, un grupo de sacerdotes envió una carta a Roma,
dirigida a la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, en la que pidió
intervención por casos de pederastia presuntamente cometidos por el cura
Gerardo «N» en las parroquias de Santiago Camotlán y Villa Alta en
Oaxaca, documentos a los que este diario tuvo acceso.
Se indicó que desde 2009, los padres advirtieron de la
situación a los entonces arzobispo y obispo auxiliar. Asimismo, señalaron que
tuvieron conocimiento de que el sacerdote Gerardo «N» les hacía
caricias obscenas a los jóvenes y a uno le practicó sexo oral.
En 2011, la conclusión indicó que «de la investigación
llevada a cabo no se desprende que el Rev. [Gerardo «N»] haya
cometido los delitos que se le imputan». Decidieron apelar y solicitaron
que la investigación se realizara escuchando directamente a las víctimas, a sus
familiares y a los pueblos afectados. No obtuvieron respuesta.
La comunidad de Leonardo no tomó a bien que alzaran la voz
por la agresión del padre Gerardo «N», porque pocas personas creyeron
lo que sucedió.
«Quedamos en pelear, en tratar de hacer algo para que
[el abuso] no se repitiera con otros jóvenes. Por desgracia, el problema a
nosotros como familia nos rebasa. Nos estábamos debatiendo con un gigante que
era la Iglesia», dijo un familiar de Leonardo.
Casos insostenibles
En 1976, Fernando «N» figuró en una carta que
redactó Juan José Vaca para renunciar a la orden y en la que expuso una serie
de abusos sexuales de los que fueron víctimas él y un grupo de jóvenes, perpetrados
por el líder de la congregación de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel.
El sacerdote Fernando «N» estuvo en la Ciudad de
México, Coahuila y Quintana Roo, pero tras denuncias de violación a menores de
edad fue enviado a Salamanca, España. «Se convierte en abusado, encubridor
—promotor para que Maciel abuse de otros— y en victimario», afirmó en
entrevista Fernando Manuel González, psicoanalista.
Investigan a 426 sacerdotes por abuso sexual en México
Fernando «N» pasó más de dos décadas en España y
en 2016 se trasladó a Roma, donde —a sus 80 años— se encuentra en una casa
religiosa. La única consecuencia por sus actos fue quedarse sin ministerio
sacerdotal, lo anterior de acuerdo con un comunicado de los Legionarios de
Cristo.
Gerardo «N» fue movido en las comunidades de San
Pablo Huitzo, Santiago Camotlán, Villa Alta, San Juan y Santa María Ozolotepec,
en Oaxaca, indicó información del Foro Oaxaqueño de la Niñez. En 2017, el padre
fue sentenciado a 16 años y seis meses de cárcel por el delito de corrupción de
menores, por el caso de dos niños, pero no por el de Leonardo.
Alberto Athié enfatizó que lo que falló en estos casos fue
el mecanismo de protección y de encubrimiento, porque, al final, lo que hacen
es soltarlos cuando ya ven que no les queda de otra, los entregan a otros
grupos de poder, de autoridad o, como en el caso de Maciel, los mandan a su
casa sin un castigo.
«Pederastas preparan el escenario»
Ricardo tenía 13 años cuando entró de monaguillo a la
parroquia de San Francisco Javier, en Chihuahua. Al sacerdote Juan José
«N» ya lo ubicaba de vista porque lo veía los domingos cuando iba a
misa con su familia. Con el paso de los días, notó que el hombre lo trataba
distinto, le daba privilegios en la misa y le ofrecía llevarlo a su casa.
El primer abuso sexual ocurrió a los pocos meses de
conocerlo, durante una función de cine: «Me tocó la pierna y de repente ya
tenía su miembro de fuera y puso mi mano ahí». Al final de la función, el
religioso le dijo: «Lo que hiciste está mal, yo soy sacerdote, no lo
vuelvas a hacer». Eso hizo sentir al adolescente culpable y tuvo miedo.
«[Los pederastas] van preparando el escenario,
examinando el terreno, conociendo los puntos de vulnerabilidad de su víctima,
su familia y sus espacios. Van diseñando cómo van a actuar para tener toda esta
libertad, porque si tuviera la claridad de que yo iba a decir algo, que mi
familia iba a actuar de alguna manera, te aseguro que no hubiera pasado»,
explicó Ricardo.
Las agresiones de Juan José «N» fueron escalando
hasta que violó a Ricardo a lo largo de varios años. Él denunció en 2017, pero
la Fiscalía General del Estado de Chihuahua determinó el no ejercicio de la
acción penal por la prescripción de los delitos. Sin embargo, un año después se
integró una nueva denuncia con apego a tratados internacionales que indican que
los delitos contra menores no deben prescribir.
La Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús señaló en 2018
que Juan José «N» fue suspendido en el oficio de sus ministerios y se
notificó a Roma del caso de Ricardo. Posteriormente, el sacerdote salió de la
congregación.
«Algo que le ha costado mucho trabajo a la Iglesia ver
y se le ha tenido que imponer es que se trata de delitos graves contra niños.
No son conductas inmorales o indecentes, eso es otra cosa», explicó
Alberto Athié.
Enfatizó que en otros países se tiene muy clara la
diferencia entre delito y pecado. Si se trata del primero, la persona tiene que
ser investigada.
