La diputada Adriana Paola Linares Capitanachi presentó ante el Pleno una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo décimo segundo al artículo 4 de la Constitución Política del Estado, en materia de justicia digital y para la utilización de medios electrónicos en la impartición de justicia.

La diputada señaló que este proyecto tiene como objetivo establecer la base constitucional, que garantice a las y los ciudadanos la implementación y utilización de herramientas digitales o electrónicas en los actos y diligencias de los procesos judiciales en la entidad.

Además, busca establecer la base para establecer el denominado juicio en línea, para el Poder Judicial del Estado (PJE) y para el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, y que los actos judiciales llevados a cabo a través de estos medios tengan plena validez jurídica.

Desde hace algunos años, dijo en su mensaje, existe en la comunidad jurídica, la exigencia de que los poderes judiciales transiten, de las formas tradicionales presenciales e impresas, al uso de herramientas digitales para una mejor gestión en sus actividades, facilitando a los usuarios formas más modernas para el trámite de sus casos e impartición de justicia.

En sus transitorios, la iniciativa señala que la utilización de las tecnologías de la información en el proceso penal y en los procedimientos que sean de la competencia de los juzgados laborales, se observarán las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal de Trabajo, respectivamente.

Asimismo, las instancias pertinentes deberán tomar las previsiones presupuestales para contar con los recursos necesarios para dar cumplimiento en tiempo y forma al dictamen, debiendo autorizar o crear los sistemas electrónicos útiles que garanticen que los procedimientos, trámites procesales y su gestión judicial sean ágiles, efectivos, seguros y de acceso remoto conforme lo marca el documento.

En el escenario de la pandemia por Covid-19, continuó la legisladora, los Tribunales del país, ya están llevando a cabo acciones alternativas, profundizando en la transición hacia modalidades a distancia y bajo esquemas de trámite digital, “tal y como lo viene implementando la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación”, destacó.

Finalmente, Linares Capitanachi puntualizó que el Congreso del Estado, debe sumarse a la transición tecnológica judicial y apoyar a los órganos jurisdiccionales para garantizar que el derecho humano a la impartición de justicia sea pronta y expedita, pudiendo enfrentar eventualidades futuras, concluyó.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.

Con el propósito de privilegiar la voluntad de cualquiera de las partes en su decisión personal para la disolución del vínculo matrimonial, el Congreso del Estado de Veracruz aprobó el decreto que adiciona diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, por el que adiciona un Título Décimo Bis denominado Del Juicio Sumario y de Divorcio Incausado.

El dictamen presentado por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales deriva de la iniciativa presentada el 20 de junio de 2019 por la diputada Mónica Robles Barajas, según el cual basta con que uno de las demandantes solicite el divorcio para que este se decrete.

El documento, avalado con 35 votos a favor, 14 en contra y cero abstenciones, señala que a través de esta vía sumaria, las y los jueces especializados en materia familiar del Poder Judicial del Estado de Veracruz podrán resolver de manera pronta, expedita y completa, sin trámites largos y costosos dichos casos, pues esta decisión no puede postergarse u obstaculizarse, toda vez que la intención es ponderar el libre desarrollo de la personalidad de los cónyuges.

Asimismo, el dictamen garantiza el pleno acceso de los menores a la totalidad de sus derechos: alimentos, derecho a la familia, convivencia, educación y otros tutelados por la legislación en la materia; es decir, la declaración del divorcio es independiente de las demás instituciones familiares, las cuales deberán tramitarse y resolverse de acuerdo con su propia naturaleza y características.

En este sentido, se determina que el procedimiento sumario es del orden civil tramitado ante la autoridad judicial, por lo que, considerando las experiencias en otras entidades federativas que consagran este concepto en su ordenanza, se asegura la observancia de las garantías de prontitud, eficacia y expeditez contenidas en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Aprueban reformas al Código Civil del estado

Así también, con 47 votos, aprobaron el dictamen con proyecto de Decreto que reforma el párrafo primero del artículo 676, y los artículos 704, 706 y 708 del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentado por la referida Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales.

De acuerdo con dicha reforma, se expedirá una nueva acta de nacimiento en caso de que el reconocimiento de una hija o un hijo nacido fuera del matrimonio se hiciere después de haber sido registrado su nacimiento.

Se establece también que la o el Oficial del Registro Civil deberá expedir una nueva acta de nacimiento en la que se asiente los mismos datos del acta anterior más los nombres de quien la o lo reconociere como progenitores. Se anotará, además, el o los nombres, domicilio y nacionalidad de los abuelos que correspondan al progenitor asentado en el acta.

A partir del levantamiento de la nueva acta de nacimiento, no se publicará ni se expedirá constancia alguna del acta anterior, salvo orden judicial o a solicitud de su titular, haciéndose las anotaciones respectivas en la misma.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó, con 48 votos, el dictamen que reforma diversas disposiciones del Código Penal del Estado y sanciona a quien agreda a las personas que están al frente del sector salud en esta pandemia, ocasionada por el coronavirus, Covid-19, y que también protegerá equipo e instalaciones destinados para enfrentar la crisis sanitaria.

Este dictamen, resultado de las iniciativas presentadas por las diputadas Elizabeth Cervantes de la Cruz, del Grupo Legislativo de Morena, Ivonne Trujillo Ortiz, de Movimiento Ciudadano-PRD, así como las y los integrantes del Grupo Legislativo Mixto PRI-PVEM, en voz de la diputada Erika Ayala Ríos, plantea mejorar el marco jurídico estatal en aras de que el personal de salud pueda ejercer su labor sin temor a ser agredido.

De esta manera, en el decreto queda establecido que las penas previstas en el artículo 137 del Código Penal serán incrementadas hasta en una mitad sin perjuicio de las agravantes o calificativas que les sean aplicables cuando este delito se cometa en contra de personal de instituciones públicas o establecimientos particulares de salud, personal de atención de emergencias, personal de seguridad pública o de protección civil y bomberos, con motivo del cumplimiento de sus funciones o por consecuencia del encargo durante una emergencia sanitaria declarada.

También, queda establecido que se impondrán de dos a cinco años de prisión, de 50 a 200 días de trabajo a favor de la comunidad y multa de 50 a 500 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cuando las conductas a las que se refiere el artículo 196 sean cometidas en contra de personal médico, de enfermería, traslado de enfermos o cadáveres, intendencia, laboratorio o de cualquier otra índole que labore o preste servicios dentro de instituciones públicas o establecimientos privados de salud.

Así como también a bomberos o en contra de personal de instituciones públicas o privadas de atención de emergencias, con motivo de las actividades que éstos realicen durante una emergencia sanitaria o catástrofe, dentro o fuera de su jornada laboral.

En relación con el delito de daños, si se ocasiona durante emergencias sanitarias o catástrofes, sobre bienes de instituciones públicas o establecimientos privados de salud, laboratorios, consultorios médicos o inmuebles habilitados para operar como hospitales, se impondrán de uno a nueve años de prisión y multa de 30 a 200 veces el valor diario de la UMA.

A quien amenace o agrede a personal de las instituciones de seguridad pública, de las Fuerzas Armadas, de tránsito y vialidad o de protección civil, que se encuentre en el ejercicio de sus funciones durante emergencias sanitarias a catástrofes o con motivo de éstas, se le impondrá pena de uno a cuatro años de prisión y multa de 30 a 200 veces el valor diario de la UMA.

En el debate de este dictamen, la diputada Ivonne Trujillo agradeció a la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales por dictaminar esta iniciativa, con la cual –indicó- se refrenda el compromiso con las trabajadoras y trabajadores de la salud para que reciban un trato respetuoso y digno al realizar sus funciones.

En cumplimiento de la base quinta de la convocatoria, publicada el pasado 26 de marzo en la Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario 124, los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) iniciaron, este 19 de mayo, la etapa de entrevistas a 16, de los 21, aspirantes a titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Reunidos en la sala Venustiano Carranza, sede de las entrevistas, el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, coordinador del Grupo Legislativo de Morena y presidente de la Jucopo, el legislador Omar Guillermo Miranda Romero (PAN), la diputada Erika Ayala Ríos (PRI-PVEM) y el legislador Alexis Sánchez García (MC-PRD), llevaron a cabo este procedimiento, el cual estuvo centrado en la trayectoria, experiencias, conocimiento en la materia y propuestas de cada uno de los aspirantes, en caso de asumir el cargo.

Cada uno de las y los aspirantes contó con 15 minutos para apertura, desarrollo y cierre de su intervención, periodo en el cual aportaron diversos elementos en cuanto a los objetivos planteados y las acciones a implementar desde la FGE.

Este 19 de mayo, fueron entrevistados las ciudadanas y los ciudadanos: Elizabeth Morales García, Gabriel Alejandro Williams Mendoza, Fernando Herrera Escobar, Florencio Hernández Espinoza, Salvador Antonio Monroy Cosme, Francisco Enrique Varela Ramírez, Teresa Cruz Flores, Yuridia Torres Páez, Rubí Rosas Carvajal, Anel Retama Jácome, Tomás Mundo Arriasa, Arabella Marely Cañas y Sáenz, Jorge Efrén Avilés Morelos, Anastacio Báez Méndez, Ángel Rodríguez Bernal y Angel Ofir Martínez Che.

Este 20 de mayo, a partir de las 10:00 horas, la Jucopo continuará esta etapa con las entrevistas a las y los ciudadanos Verónica Hernández Giadáns, Ramiro Ramírez Reyes, Alejandro Lagunes Toral, Gerardo Escobedo García y José Martín Rivera Martínez.

Conforme a la Convocatoria, al concluir la etapa de entrevistas, la Jucopo tiene un plazo máximo de tres días naturales para emitir el Proyecto de Punto de Acuerdo en el que se propondrá a la terna de la cual el Pleno, por mayoría calificada, elegirá a la persona que asuma la titularidad de la FGE.

Los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política de la LXV legislatura del Congreso del Estado, hicieron del conocimiento del Pleno, durante la primera sesión ordinaria, del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional, de esta Soberanía, el Proyecto de Punto de Acuerdo, por el que se concede prórroga para la entrega del informe trimestral sobre el ejercicio del gasto público, de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), del Gobierno del Estado.

En atención, afirman los legisladores en el texto de su Proyecto de Punto de Acuerdo, de la solicitud formulada por el titular de la Sefiplan, y por la situación por la emergencia sanitaria, derivada de la propagación del coronavirus, se prórroga por un término máximo de noventa días naturales, contados a partir del vencimiento del plazo para presentarlo, al que hace referencia el artículo 179, segundo párrafo, del Código Financiero para el Estado; y por única ocasión.