El diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, presentó un anteproyecto de punto de acuerdo que exhorta a los Ayuntamientos y al Concejo Municipal de Mixtla de Altamirano, a que incluyan como falta administrativa la agresión verbal y la negación injustificada de servicios públicos y privados a todo el personal del sector salud, con fundamento en la Ley que Establece las Bases Normativas a que se Sujetarán los Reglamentos en Materia de Faltas de Policía que Expidan los Ayuntamientos del Estado.

Al respecto, dijo el legislador, deberá considerarse, una vez establecidos estos lineamientos, que las autoridades municipales puedan sancionar las faltas hacia este sector, con multa, trabajo comunitario o arresto, según su naturaleza y gravedad de las situaciones en concreto en la que incurran las o los agresores.

Vargas Barrientos destacó que, mientras dure la declaración de emergencia nacional originada por la epidemia de enfermedad causada por el COVID-19, deben establecerse estrategias locales para que una vez notificada la autoridad por medio del número de emergencia 911, elementos de seguridad pública intervengan de inmediato, preservando la integridad física, psicológica y moral de los trabajadores de la salud.

En el mismo sentido, el diputado propuso también establecer como falta, la acción o petición que lleve a cabo uno o más ciudadanos o ciudadanas con el objeto de que se impida la prestación de un servicio público o particular a personal de la salud en este mismo periodo.

“Es necesario exhortar también respetuosamente a las autoridades de los municipios, que se hagan cumplir sus reglamentos municipales existentes en materias como la de mercados o de espacios públicos, con la finalidad de que tampoco se sigan presentando aglomeraciones, toda vez que a través de medios de comunicación y redes sociales se han evidenciado afluencias de personas en sitios públicos, desatendiendo las recomendaciones sanitarias federales y estatales”, añadió.

Asimismo, señaló que “son muchos los ciudadanos que están respetando la instrucción básica de quedarse en casa y también son muchos los que tienen que salir a trabajar porque viven al día, pero ello no tiene que dar lugar a violar las reglas fundamentales de la sana distancia, el uso de cubre bocas, el lavado de manos o el ingresos excesivo de personas a comercios”.

Finalmente, realizó un reconocimiento al personal de salud y a los ciudadanos que hacen el esfuerzo de quedarse en casa, pues de esta manera evitan que la pandemia se extienda más, procurando que este periodo de emergencia pase lo antes posible y con los menores daños.

“Envío un agradecimiento a las autoridades municipales, estatales y federales que están trabajando a marchas forzadas para que los servicios públicos básicos no falten en este periodo de emergencia, incluyendo a los policías, trabajadores y autoridades de la seguridad pública”, concluyó.

Mediante un Anteproyecto de Punto de Acuerdo, las y los integrantes del Grupo Legislativo Mixto “Partido Revolucionario Institucional–Partido Verde Ecologista de México” (PRI-PVEM) realizaron un exhorto a las autoridades estatales a realizar diversas acciones relacionadas con la pandemia del virus SARS-CoV2 (Covid-19) que enfrenta el estado de Veracruz.

Durante la Primera Sesión Ordinaria del Segundo Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, el diputado Jorge Moreno Salinas manifestó que en estos tiempos “la solidaridad debe manifestarse sin reservas, al constituir una prioridad la atención de la población afectada por la pandemia, ya sea médica o económicamente, así como la protección y salvaguarda de los derechos humanos del personal de salud responsable de dicha atención y cuidados”.

En primer lugar, exhortó al Ejecutivo del estado a disponer lo necesario para que, con independencia de los programas federales correspondientes, a través de los mecanismos de detección, registro, valoración y distribución que estime pertinentes, se destinen apoyos alimentarios a las personas que socioeconómicamente así lo requieran, que hayan sido afectadas con la pérdida de empleo o disminución significativa de sus ingresos económicos, como consecuencia directa o indirecta de la pandemia de enfermedad por Covid-19, de tal modo que puedan contar con los ingresos necesarios para su sustento.

En segundo lugar, exhortó al Ejecutivo estatal a crear un Grupo Permanente de Coordinación, en el que participen autoridades estatales y municipales, con invitación a las del orden de gobierno federal que correspondan, así como especialistas en la materia, con la finalidad de tomar decisiones y atender emergencias en cualquier momento, relacionadas por la pandemia de la enfermedad referida, contando con las facultades y los recursos necesarios para tales efectos.

En tercer lugar, exhortó al Gobierno del Estado a proporcionar apoyo al personal médico y no médico de las instituciones públicas federales y locales de salud y de los establecimientos particulares de ese mismo ramo en la entidad, que así lo requieran, para su transportación gratuita a los centros de trabajo y domicilios, en vehículos de propiedad estatal, a fin de evitar actos de discriminación o agresiones de cualquier naturaleza como consecuencia del ejercicio de sus funciones, durante la contingencia sanitaria decretada por las autoridades competentes, así como a instruir lo conducente para que en los accesos a las unidades médicas se brinde seguridad y protección al personal antes mencionado, a fin de que no sea objeto de conductas que violenten sus derechos humanos.

El exhorto, turnado a la Junta de Coordinación Política, comprendió también instruir las medidas pertinentes para hacer extensivas la seguridad y protección descritas al personal de seguridad pública, de atención de urgencias y de protección civil, que realiza funciones durante la contingencia sanitaria.

En representación de la bancada integrada por las diputadas Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes y el legislador Antonio García Reyes, Jorge Moreno expresó que “sin mezquindad y con auténtico deseo de contribuir a resolver la compleja problemática que se enfrenta, nuestro Grupo Legislativo hace este exhorto, en el entendido de que la suma de voluntades, en medio de la adversidad, siempre será bienvenida”.

El Pleno de la LXV Legislatura del Congreso del Estado, dio entrada a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, enviada por la Senadora Indira de Jesús Rosales San Román, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Fomento al Empleo del Estado de Veracruz en materia de creación de un Seguro de Desempleo.

En primer término la propuesta sugiere la reforma del nombre de la Ley en comento incluyendo el concepto “Protección” para quedar “Ley de Protección y Fomento al Empleo del Estado de Veracruz”.

Del mismo modo, integra a esta Ley las atribuciones necesarias para normar como política pública, la programación del Seguro de Desempleo en beneficio de las y los trabajadores que involuntariamente pierdan su empleo formal, cuando el trabajador, por causas ajenas a su voluntad, sea separado de manera temporal o definitiva de su trabajo privándose de su salario.

Además, incluye la iniciativa, el titular del Ejecutivo deberá incluir en el presupuesto de Egresos del Estado de Veracruz, la asignación que garantice el derecho a este Seguro para las personas que reúnan los requisitos que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y Productividad (STPSP) señale.

En la propuesta se lee, que el Seguro de Desempleo es un mecanismo de protección social para las personas que han perdido su empleo, el cual otorgará un derecho económico a los beneficiarios que la STPSP determine, a partir del cumplimiento de los requisitos y normatividad de una convocatoria, así como las demás disposiciones administrativas aplicables.

Asimismo, y en cumplimiento con los requisitos que la STPSP fije, los beneficiarios tendrán derecho al Seguro por un plazo no mayor a 6 meses, pudiendo acceder al mismo cada dos años. El monto ascenderá a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) entregándose de forma mensual.

En cuanto a los beneficiarios, la propuesta señala que es personal e intransferible, y podrá entregarse a personas desempleadas mayores a los 18 años y que sean residentes del estado de Veracruz, además de haber laborado por lo menos 6 meses para una persona moral o física con domicilio fiscal en la entidad, y que no perciban otros ingresos por concepto de pensión, jubilación, subsidio o relación laboral diversa.

Además, deberán estar inscritas en la STPSP en forma directa a través de alguna plataforma oficial, ser demandantes activas de empleo, y cumplir con las disposiciones reglamentarias aplicables.

Bajo el contexto económico actual que vive México y Veracruz por la contingencia sanitaria por COVID-19, la iniciativa propone la necesidad del inicio inmediato de la operatividad de este tipo de programas como lo es el Seguro de Desempleo, por lo que de ser aprobada, la STPSP deberá emitir la convocatoria correspondiente en un plazo no mayor de 30 días naturales.

En consecuencia, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), deberá hacer saber al Congreso Local, en un plazo no mayor a 10 días hábiles, el monto de los recursos que se destinarán al Seguro de Desempleo, para hacer los ajustes necesarios al Presupuesto de Egresos aprobado para el presente año.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado y Trabajo y Previsión Social.

Los diputados integrantes de las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto, del Congreso del Estado, pusieron a consideración del Pleno, de la LXV legislatura, el dictamen con proyecto de Decreto que reforma los artículos 29 y 30 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, para el estado.

Esto, durante la primera sesión, del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional, destacando que ante las carencias y grandes desigualdades sociales que viven millones de veracruzanos, es necesario seguir impulsando y fortaleciendo el desarrollo local.

Así como adecuando nuestro marco jurídico para incentivar gobiernos municipales responsables, que actúan con respeto a la ley, que sean capaces de atender las demandas sociales y que construyan legitimidad a través de la participación ciudadana organizada e informada.

Para ello, señalaron en su Decreto, debe existir responsabilidad y voluntad política en los cabildos, de dialogar, deliberar y escuchar a la ciudadanía, en diversos formatos y espacios, como lo son las audiencias públicas y el cabildo en sesión abierta; y que la reforma a los artículos 29 y 30 de la Ley Orgánica del Municipio Libre es pertinente.

Con esto, continúan, se armoniza, la Ley Orgánica municipal con lo dispuesto en la Ley Estatal de Participación Ciudadana Gobierno Abierto, ya que la acción conjunta entre los ayuntamientos y la sociedad civil dará paso a transformaciones importantes en el ámbito municipal.

De la misma manera, se busca establecer en la Ley que esta Soberanía, a través de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana, Gestoría y Quejas, tenga la facultad de recibir y conocer las actas de cabildo en sesión abierta, con el objetivo de fomentar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley Estatal de Participación Ciudadana.

Asimismo, contribuirán a garantizar que los ciudadanos expresen, manifiesten y debatan sus ideas e inconformidades ante sus representantes populares, y para ello contarán con un registro interno de las actas digitalizadas que reciba, con la finalidad de tener un respaldo de las sesiones de cabildo abierto. Sin que ello implique la intromisión o vulneración a las facultades constitucionales del municipio libre.

Este Decreto, que reforma los artículos 29 y 30 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, fue aprobado con 46 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención.

El Pleno de la LXV Legislatura del Estado aprobó el dictamen de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica y del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, con lo cual queda establecido que el Congreso, de manera excepcional, podrá celebrar sesiones a distancia, mismas que deberán ser transmitidas en vivo por los canales oficiales.

El dictamen, puesto a consideración del Pleno por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales durante la sesión de este 2 de mayo, es resultado de la iniciativa propuesta por las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXV Legislatura.

De esta forma, queda señalado en la Ley que el Congreso del Estado se reunirá a partir del cinco de noviembre de cada año para celebrar un Primer Período de Sesiones Ordinarias, el cual concluirá el día último del mes de enero del año siguiente; y a partir del dos de mayo de cada año para celebrar un Segundo Período de Sesiones Ordinarias que concluirá el día último del mes de julio siguiente.

Las sesiones del Congreso y de sus comisiones serán públicas; pero cuando se trate de asuntos que exijan reserva, serán privadas, de conformidad con lo establecido por su normatividad interior.

De manera excepcional, cuando existan contingencias sanitarias, ambientales, riesgos a la seguridad pública, a la protección civil, o cuando se declare estado de emergencia u otros casos de fuerza mayor, las sesiones del Congreso podrán celebrarse a distancia, ya sea de forma total o parcial, a través de las tecnologías de la información o sistemas electrónicos que se establezcan para ello.

Todas las sesiones celebradas bajo esta modalidad deberán ser transmitidas en vivo.

Las tecnologías de la información o sistemas electrónicos para la celebración de las sesiones a distancia, deberán garantizar de manera eficaz la verificación del quórum, la intervención de viva voz de las y los legisladores partícipes, el registro de las votaciones, y que el acceso a dichas plataformas esté limitado a los Diputados y Diputadas, así como al personal previamente autorizado.

Tras aprobarse con 42 votos a favor y tres abstenciones este dictamen, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Rubén Ríos Uribe, instruyó remitirlo al Ejecutivo estatal para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado.