El diputado Gonzalo Guízar Valladares presentó al Pleno un Anteproyecto con Punto de
Acuerdo que tiene como propósito exhortar a los integrantes de la primera sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación a garantizar plenamente el derecho humano a la
vida y, por ende, sobreseer el Juicio de Amparo en revisión, identificado como 639/2019
de esta Sala.
En el uso de la voz, reiteró su respeto al Estado de Derecho “sobre todo, cuando se
busca salvaguardar los derechos fundamentales del más débil. El activismo judicial es
bienvenido cuando se busca salvaguardar los valores que nos identifican en común y
como una sociedad racional”.

Precisó que “bajo ningún supuesto podemos estar de acuerdo con el activismo judicial de
la Corte cuando con su decisión podría constituir un verdadero atentado contra los
derechos humanos de los más débiles de nuestra especie. La persona concebida en el
vientre de una mujer, mismo que frente a sus semejantes no tiene voz ni voto para decidir
sobre el futuro de su vida”.
En su participación en tribuna, durante la sexta sesión ordinaria, el diputado Gonzalo
Guízar expuso.

“Señores ministros de la Suprema Corte, hasta ahora no existe ningún
mandato constitucional que obligue a esta legislatura a despenalizar el aborto; sus
interpretaciones producto de su activismo judicial, rompen con el sistema de control
constitucional y, sobre todo, legitiman argumentos e interpretaciones excesivas de los
derechos humanos, producto de una ideología no acorde con nuestra función en
sociedad”.

Destacó que no debe pasarse por alto la necesidad de exigir respeto a la libertad de
configuración legislativa que tiene el estado de Veracruz, en especial su Congreso.
Por otra parte, indicó que asumir una función activa como legislador es para crear y
generar un verdadero andamiaje jurídico para salvaguardar los derechos de las mujeres
en problemas de embarazos no deseados y acompañarlas hasta el nacimiento de la
persona que lleva en su vientre.

“El Estado no puede ser cómplice en la muerte de una persona, sobre todo, cuando ésta
se encuentra indefensa. Por el contrario, debe buscar los mecanismos para garantizar su
nacimiento, debe acompañar a la madre para que puede ejercer sus derechos, en
especial el de libertad de ejercer o no la maternidad”, concluyó.

La Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social, presentó un dictamen derivado de la iniciativa con Proyecto de Decreto, ante el Congreso de la Unión, que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo para que contemple los términos que pueda utilizar el titular del Ejecutivo Federal para la interrupción de actividades esenciales y no esenciales, y que sean motivo para suspender las relaciones laborales de forma indefinida.

La iniciativa, autoría de la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, propone agregar los términos “contingencia sanitaria”, “estado de emergencia” o “casos de fuerza mayor” a la Ley Federal del trabajo, toda vez que la omisión normativa de los mismas, han sido utilizados por patrones para evadir su responsabilidad laboral al suspender la relación con sus empleados, ante el argumento de no estar estipulado en la Ley en comento.

El dictamen detalla que con respecto a las bajas salariales, la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 42 Bis y 429, hace mención que el patrón estará obligado a continuar pagando el salario íntegro en caso de una suspensión laboral por la declaración de contingencia sanitaria por una autoridad competente; sin embargo al haberse declarado “emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor”, se ha desprotegido al sector laboral para que ante cualquier anomalía puedan ejecutar las demandas correspondientes.

Con esta propuesta se prevé fortalecer la tutela jurídica de las y los trabajadores ante futuros escenarios de esta índole, asimismo, hace referencia a los procedimientos necesarios para que la conciliación sea la pieza fundamental para evitar un mayor declive económico.

El diputado Omar Guillermo Miranda Romero, presentó ante el pleno un Anteproyecto con
Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo del Estado de Veracruz para que por
conducto de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) realicen y presenten los protocolos
de actuación para la prevención de la delincuencia por los efectos de la pandemia por el
virus COVID-19.

En su exposición de motivos, el legislador señaló que uno de los mayores impactos negativos ocasionados por la pandemia es el económico, derivado de la pérdida de empleos,
traduciéndose en México y en Veracruz en un aumento en la inseguridad.

En el mes de junio, con la entrada de la “nueva normalidad”, puntualizó el legislador, se
observó un aumento en la incidencia delictiva del 25% con relación al mes de mayo.
“Debemos apuntar que sin seguridad, las demás funciones del Estado se ven mermadas,
pues debemos entender que la seguridad provista por el Estado es indispensable para la
permanencia y subsistencia de éste, derivando directamente en la gobernabilidad o no del
mismo”, enfatizó Miranda Romero.

Finalmente, agregó que como legisladores se busca el bien de Veracruz, a través de
coadyuvar en las acciones del Estado para el combate a la violencia, la procuración de
justicia y la estrategia de seguridad pública, concluyó.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó con 42 votos el dictamen por el que se busca
involucrar de una manera más efectiva y activa a las juventudes veracruzanas en la
protección, cuidado y preservación del medio ambiente.

Este dictamen con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de
la Ley de Desarrollo Integral de la Juventud para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, deriva de una iniciativa presentada por las y los integrantes del extinto Grupo
Legislativo Mixto Acción Nacional Veracruz.

Las Comisiones Permanentes Unidas de Juventud, Deporte y Atletas con Discapacidad y
de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, signantes del dictamen,
coincidieron con las y los proponentes en que involucrar a las y los jóvenes en el cuidado
y preservación del medio ambiente, como contribución al cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible previstos en la Agenda 2030.

La adición de la fracción VI al Artículo 39 de dicha ley, a través de la cual se estipula que
las y los jóvenes deberán “involucrarse en la preservación de un medio ambiente
sustentable, procurando generar, a través de la participación ciudadana, las condiciones
que permitan el desarrollo, bienestar y crecimiento saludable y armonioso de las
generaciones futuras”.

El proyecto plantea también dar al Poder Ejecutivo la atribución de “implementar
campañas y políticas públicas dirigidas a la juventud veracruzana, orientadas a la
protección y preservación de un medio ambiente sano y sustentable”, a través del Instituto
Veracruzano de la Juventud.

La diputada Mónica Robles Barajas, presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo por el que solicita a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), se exhorte al Congreso de la Unión, a proceder con la expedición de la Legislación Única en Materia Procesal Civil y Familiar, a fin de que, la justicia efectiva, pronta y expedita, pueda llevarse a cabo entidades del país.

En su intervención en tribuna, la legisladora señaló que el pasado el 15 de septiembre de 2017, el Congreso de la Unión aprobó la reforma a la fracción XXX, del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la cual, se estableció su facultad para expedir la Legislación Única en Materia Procesal Civil y Familiar, sin embargo, actualmente aún no se cuenta con dicha normativa.

En este contexto, continuó, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las legislaciones procesales al respecto de las entidades federativas, deberán permanecer vigentes mientras no se emita el Código Nacional correspondiente.

En este sentido, abundó Robles Barajas, la demora en la expedición de la Legislación Única, ha repercutido en los Congresos locales, ya que carecen de facultades para legislar sobre la Materia Procesal Civil y Familiar, toda vez que mientras no se expida la Legislación Única en Materia Procesal Civil y Familiar por parte del Congreso de la Unión, las reformas aprobadas en nuestro Código Civil, en específico a lo referente al Divorcio Incausado, no podrán llevarse a la práctica.

El Divorcio Incausado, dijo la diputada, cumple con el principio de celeridad procesal que garantiza el total acceso y rapidez a la justicia, procurando resolver lo más pronto posible el conflicto, gestionando la paz y la concordia social e individual, así como la certidumbre jurídica de las personas, por lo que su práctica permitirá mayor certeza jurídica para los ciudadanos.

“Sin embargo, en tanto no se expida la Legislación Única en Materia Procesal Civil y Familiar, por parte del Congreso de la Unión, las reformas aprobadas en nuestro Código Civil, en lo referente al Divorcio Incausado, no podrán llevarse a la práctica, ni manifestar su amplitud de garantías y libertades a las y los veracruzanos”, concluyó.

La diputada María Esther López Callejas, presentó ante el pleno de la LXV Legislatura,
una iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga diversas
disposiciones de la Ley que crea el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), con el que
se pretende homologar la figura del nombramiento de la Directora del IVM, desplazando
esas facultades a la Junta de Gobierno, garantizando que las políticas públicas se
desarrollen en un contexto institucional.

En este sentido, es necesario homologar los procedimientos administrativos, trayendo las
figuras de la ley que rige al propio Instituto Nacional de las Mujeres a las locales
optimizando recursos y concentrando las propias instituciones en la forma más eficiente
de ejecución, como lo es la obtención de decisiones, tanto en la Junta de Gobierno como
en la conformación de los Consejos auxiliares.

Asimismo, la iniciativa propone la incorporación a la Junta de Gobierno de la o el titular de
la Secretaría de Gobierno para que tenga voz y voto dentro del máximo órgano de
decisión.
Para la elección de la titular del IVM este deberá alcanzar por acuerdo de las tres quintas
partes de la totalidad de sus integrantes de la Junta de Gobierno, de no ser así, una terna
se someterá a consideración de la o el titular del Poder Ejecutivo, quien designará a la
titular del IVM. Ante la ausencia de la titular, será la Secretaria Ejecutiva del Instituto
asumirá las funciones de Directora, como Encargada de Despacho.

En el mismo sentido, destaca la propuesta, el Consejo Consultivo estará integrado por un
número no menor de cinco ni mayor a ocho mujeres que propongan las diferentes
organizaciones sociales, asociaciones civiles, instituciones académicas, campesinas e
indígenas con experiencia o formación en el ámbito de la igualdad de género y derechos
humanos de las mujeres.
Además, faculta al Consejo Consultivo a colaborar con el IVM en el acompañamiento en
las gestiones que requieran mayor impulso y promoción a las acciones para la igualdad
de oportunidades y no discriminación contra las mujeres.
Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente para la
Igualdad de Género.