Con 33 votos a favor, el pleno del Congreso del Estado, aprobó el dictamen presentado
por la Comisión Permanente de Educación y Cultura por el que se reforman y derogan
diversas disposiciones de la Ley orgánica del Colegio de Veracruz (COLVER).

La iniciativa enviada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, determina que el
organismo descentralizado, estará sectorizado a la Secretaría de Educación de Veracruz,
teniendo como atribuciones celebrar acuerdos y convenios con otras instituciones de
educación, asociaciones civiles, gobiernos y todo tipo de personas físicas o morales,
públicas o privadas, nacionales o extranjeras, acciones de coordinación, colaboración de
carácter docente, o de investigación, innovación y difusión del conocimiento; los cuales
podrán ser incorporados a los planes y programas de estudio del COLVER.

Respecto a la Junta de Gobierno se prevé que el Presidente de ésta sea el Gobernador;
el Vicepresidente, quien fungirá como Presidente en las ausencias de éste, sea el
Secretario de Educación del Estado y que el Secretario Técnico sea el Rector del
COLVER, que tendrá derecho a voz, pero no a voto.

Además, se plantea que la Junta de Gobierno sesione de manera ordinaria cuando
menos cuatro veces al año, y de manera extraordinaria las veces que sea necesario, a
convocatoria de su Vicepresidente.

En el mismo sentido se propone, como atribuciones de la Junta, nombrar al rector del
COLVER, a propuesta del presidente de la Junta. Así como removerlo libremente,
además de que contará con un Órgano Interno de Control dependiente de la Contraloría
General del Estado, cuyo titular, así como la designación del personal y sus funciones y
atribuciones, deberán realizarse de acuerdo a la normatividad aplicable.

El Grupo Legislativo Mixto del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde
Ecologista de México (PRI-PVEM) presentó una iniciativa de decreto que reforma diversas
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave en materia de ratificación en el cargo de magistradas y magistrados del Poder
Judicial del Estado.

La propuesta suscrita por las diputadas Érika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes
Yunes y por los diputados Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes, integrantes del
referido grupo legislativo, presentada durante la Séptima Sesión Ordinaria del Segundo
Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, consiste en
reformar los artículos 209, 210, 211 y 212 de la mencionada ley.

Mediante esta Iniciativa, plantean que, en el artículo 209 se incluya la previsión de que la
magistrada o el magistrado que esté por concluir su encargo de diez años comunique al
Consejo de la Judicatura, con cuatro meses de antelación a la fecha de que fenezca su
nombramiento, su interés en ser ratificado en el cargo, lo que obliga a la emisión de los
dictámenes en todos los casos.
Ante la omisión de dicho comunicado o si éste se realiza fuera del plazo establecido,
añaden en su propuesta, se entenderá que quien se encuentre en ese supuesto renuncia
a ejercer su derecho de participar en el procedimiento de ratificación y que, finalmente,
también se prevean los casos de renuncias expresas.

Por otra parte, en el caso del artículo 210, se propone que la autoevaluación que el
interesado puede proporcionar expresando las razones por las cuales considera ser
merecedor a la ratificación, no sea entregada “por lo menos un mes antes de la fecha en
que se deba remitir el dictamen correspondiente al Congreso del Estado”, como
actualmente se prevé, sino en forma anexa al comunicado que haga la magistrada o el
magistrado de pretender participar en el procedimiento de ratificación.

En lo que respecta al artículo 211, proponen su reforma integral, en la que se establezca
únicamente lo relativo a la obligación del Consejo de la Judicatura de remitir su dictamen
técnico en el que se establezca que la remisión o envío se pueda hacer también a la
Diputación Permanente, en los recesos del Congreso, y que se realice a más tardar dos
meses antes de la fecha en que concluya el cargo de la persona evaluada y no “en plazo
no mayor a cuatro meses a partir de que se inició el procedimiento de ratificación”, como
actualmente se dispone.

Finalmente, la reforma propuesta para el artículo 212 consiste en señalar el trámite que
debe darse en el caso de que el dictamen técnico emitido sea en sentido no favorable,
precisándose la obligación del Consejo de la Judicatura de notificar de lo anterior a la
magistrada o el magistrado correspondiente, a efecto de que se encuentre en aptitud legal
de interponer el recurso de reclamación que en este dispositivo se prevé.
Esta Iniciativa fue turnada, para su análisis y, en su caso, dictaminación, a la Comisión
Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

La diputada Nora Jessica Lagunes Jauregui presentó al Pleno de la LXV Legislatura una
iniciativa con proyecto de decreto la cual tiene como finalidad incorporar atribuciones a las
autoridades del sector salud para fortalecer la atención brindada a personas con
discapacidad para que disfruten de este derecho humano en todo tiempo y de manera
especial, en tiempos de epidemias, pandemias o de situaciones de riesgo de contagio.
En su propuesta, la representante del Distrito de Huatusco también plantea modificar el
nombre de la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad por el de Ley
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Veracruz.

“Es
importante que nuestra ley cambie de nombre para que esté acorde al nuevo paradigma
de derechos humanos y sean las instituciones y autoridades quienes adapten los
ambientes para que las personas con discapacidad sean incluidas con todas las demás
personas”.
Asimismo, indica el texto “no podemos seguir con el paradigma de integración que
mandata a la persona a integrarse, a adaptarse, sino generar todas las medidas de
accesibilidad para que convivan y se desarrollen con las demás personas sin
segregaciones o discriminación alguna”.

La diputada Lagunes Jauregui expone en su propuesta que para fortalecer al sector salud
en sus atribuciones, se plantea reformar el artículo 11, para establecer que dichas
autoridades deberán elaborar y difundir información al personal de salud a fin de que
conozcan las posibles consecuencias sociales y para la salud que una epidemia,
pandemia o crisis sanitaria puede acarrear para las personas con discapacidad.
También, prevé incorporar medidas que adoptaría la Secretaría de Salud (SS) estatal en
materia de accesibilidad a servicios médicos, información comprensible y adaptable sobre
los servicios de salud, atención a distancia y teleconsultas en todo tiempo y sobre las
medidas de contención y atención en tiempos de epidemia o pandemia, de conformidad
con las recomendaciones de Organismos Internacionales especializados en la materia.

En cuanto a la atención a las personas con discapacidad, en tiempos de epidemia o
pandemia, se propone la adición de un artículo 14 Bis que señala las medidas especiales
que deberán tomar las autoridades de salud, como las de: mantenerlas debidamente
informadas de las acciones que realizan para la prevención y autocuidado.
Así como la obligación de establecer protocolos de atención que anticipen situaciones de
escases de recursos médicos para garantizarles que cuenten con atención en salud
oportuna y sin discriminación y se señala la obligación de que las autoridades de salud se
coordinen con las instituciones conducentes para la atención de las personas con
discapacidad que se encuentren privadas de su libertad y las que estén en albergues de
migrantes , para tomar todas las medidas de control de infecciones en los casos de
epidemias.

La diputada del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), indicó que es
necesario que el sector salud prevea acciones especiales en la atención de la salud, en
casos de pandemias, y que las personas con discapacidad gocen de las mismas
oportunidades para acceder a su derecho a la salud en las mismas condiciones que las
demás personas y sin ningún tipo de discriminación.
Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente Unidas de
Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables y de Salud y Asistencia.

La diputada Florencia Martínez Rivera, presentó ante el pleno una propuesta que adiciona
un Capítulo II Bis al Título VIII del Código Penal del Estado de Veracruz, para sancionar
penalmente a las madres o padres que impidan, obstaculicen o nieguen las convivencias
con sus menores hijas o hijos, previamente decretadas por resolución judicial.

El documento señala que actualmente en México 38 mil menores sufren los efectos de la
Interferencia Parental, considerada un tipo de violencia familiar psicoemocional, en la que
el progenitor que posee la guardia y custodia, impide que el niño o los niños puedan
convivir con el otro progenitor.

En este sentido, ante el desacuerdo entre progenitores que hace imposible la convivencia
de los infantes con alguno de ellos, dijo la diputada, el Estado debe encontrar
mecanismos que garanticen el derecho de los menores, manteniendo las relaciones
personales con cada uno de sus padres, cuando esté establecido judicialmente,
asegurando la continuación de la convivencia familiar y sano desarrollo de su
personalidad.

“Al ser un derecho de las niñas y niños, cuyas familias están separadas, a convivir de
modo regular con sus familiares, un progenitor no puede ni debe obstaculizar la
convivencia de un menor con su otro progenitor porque además de causarle un daño a la
ex pareja, causa un daño emocional irreparable al hijo”, enfatiza la propuesta.

Asimismo, destaca que este tipo conductas es motivada principalmente por cuestiones
personales entre la ex pareja, sin embargo estas acciones son contraproducentes
para el desarrollo del bienestar del menor, toda vez que no se privilegia el interés
superior de los mismos.

En la medida que logre prevenir estas conductas traumáticas y dañinas para los menores,
y se preserve el interés superior del menor a toda costa, se podrá garantizar el pleno
desarrollo de las niñas y niños veracruzanos, concluye el texto.
Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia
y Puntos Constitucionales.

Durante los trabajos de la séptima Sesión Ordinaria del Segundo Periodo de Sesiones de
la LXV Legislatura, fue presentado ante el pleno una Iniciativa ciudadana con Proyecto de
Decreto que crea la Ley de la Renta Básica Universal Veracruzana, cuyo objetivo es
contener la situación económica de la ciudadanía, en el contexto de la pandemia por
COVID-19, así como prepararse para futuras situaciones similares a las que hoy se
enfrentan las y los veracruzanos.

En el texto signado por el ciudadano Mauricio Iván Aguirre Marin, representante de la
propuesta, se destaca que la Renta Básica Universal es de interés social y de orden
público, sin distingo alguno hacia la ciudadanía en momentos difíciles de contingencia
sanitaria o catástrofes naturales.
En las consideraciones, el documento explica que este concepto ha sido un instrumento
eficaz para sacar a diversas naciones de crisis, toda vez que está orientada a fortalecer el
mercado interno con la finalidad de aumentar el bienestar social.

“Es necesario concretar el acceso al nuevo derecho básico, subjetivo y de ciudadanía,
que garantice a su vez una cuantía económica mínima con que las personas con carencia
de ingresos suficientes puedan cubrir sus necesidades alimentarias en sus hogares”,
señala la iniciativa.
En la propuesta, se sostienen las vertientes primordiales de universalidad de la Renta
Básica, su aplicación en tiempo limitado (cuando existan emergencias sanitarias o
desastres naturales), garantía a una alimentación digna como un derecho para las y los
veracruzanos, así como el monto equivalente del uno por ciento del presupuesto anual
general destinado a este fondo especial dispuesto para activarse en los casos
mencionados y que ponga en confinamiento a las y los ciudadanos.

Finalmente, se destaca que la Renta Básica Universal deberá pagarse a título individual
no importado nivel socioeconómico de los solicitantes, consistente en dos Unidades de
Medida y Actualización (UMAS), exceptuando cuando ya sean subsidiados por algún otro
programa social activo en momentos de la contingencia.

Asimismo, sería cada municipio de la entidad el encargado de implementar una ventanilla
especial para la solicitud de la Renta Básica Universal Veracruzana, para que los
ciudadanos, a través de una tarjeta activada para estos momentos de crisis, puedan
adquirir exclusivamente alimentos de la canasta básica en los negocios previamente
autorizados.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado y
Trabajo y Previsión Social para su estudio y dictamen.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) llevó a cabo la etapa de entrevistas a quienes aspiran al cargo de magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado, de acuerdo con la propuesta enviada a esta Soberanía por el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez.

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 59 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, este 28 de julio, durante la Sexta Sesión Ordinaria del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, este Congreso dio entrada a dicha propuesta, que fue turnada por la Mesa Directiva a la Jucopo para su atención procedente.

Mediante el oficio signado por el Ejecutivo, propuso a las ciudadanas Alma Rosa Flores Ceballos, Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre, Itzel Castro Castillo, María Lilia Viveros Ramírez y Aileth García Cayetano y al ciudadano Antonio Sobrevilla Castillo, para que ocupen las magistraturas del Poder Judicial.

Los diputados Juan Javier Gómez Cazarín, presidente, Omar Guillermo Miranda Romero, Erika Ayala Ríos y Alexis Sánchez García, integrantes de la Jucopo, escucharon y conocieron de voz del y las aspirantes sus propuestas en caso de asumir el cargo.

Posteriormente, la Jucopo elaborará el Punto de Acuerdo respectivo que, en sesión legislativa, pondrá a consideración del Pleno y, de esta manera, cumplir la fracción XIX del Artículo 33 de la Constitución Política del estado, que establece como atribuciones del Congreso del Estado nombrar, con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, a magistradas y magistrados del Poder Judicial.