por Puebla al Día | May 24, 2019 | Congreso
El diputado Omar Miranda Romero, integrante del
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Veracruz,
presentó un anteproyecto con Punto de Acuerdo por el que prevé exhortar a la
Secretaría de Energía (SE) para que por conducto de la Comisión Reguladora de
Energía y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que se verifique,
reclasifique y ajuste a la baja las tarifas domésticas de energía eléctrica en
el Estado de Veracruz.
En su anteproyecto, presentado durante la quinta
sesión ordinaria, el legislador también plantea exhortar al Ejecutivo del
Estado de Veracruz para que promueva y realice las gestiones necesarias para
celebrar un convenio con la CFE a fin de condonar deudas de usuarios en la
entidad.
En su intervención, expuso que la CFE condona una
deuda de once mil millones de pesos a usuarios del estado de Tabasco y se
recategoriza la tarifa en ese Estado, pasando a ser la 1F, es decir, la más
baja, de las 8 que maneja.
Señaló que de los aproximadamente 38.5 millones de
usuarios registrados en la CFE, 7.2 millones son morosos y de esa cantidad 24
por ciento son de Tabasco.
El legislador Miranda Romero aseguró que la entidad
veracruzana es productora de energía eléctrica en casi todas sus formas tales
como: la bioenergía, la cogeneración eficiente, eólica, hidroeléctrica y solar,
generando más del 40 por ciento de energía eléctrica en la región Sur-Sureste,
la cual comprende ocho Estados: Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Oaxaca,
Chiapas, Guerrero, Veracruz y Tabasco.
Añadió que Veracruz es el tercer Estado a nivel
nacional con más usuarios de energía eléctrica, esto representa más de 2.8
millones de usuarios, significando aproximadamente el 6.7 por ciento de los
usuarios a nivel nacional.
“Somos líderes nacionales de generación eléctrica,
la participación de nuestra entidad en el Sistema Eléctrico Nacional es de más
del 12 por ciento, teniendo la única central nuclear con la que cuenta el país,
misma que transmite y suministra energía eléctrica a todo el país”, detalló.
Refirió que los datos utilizados en el presente
anteproyecto, son datos oficiales de la Secretaría de Energía y del Proyecto de
“Prospectiva del Sector Eléctrico 2017-2031”, así como de información compilada
por la Dirección General de Planeación e Información Energéticas, y del Centro
Nacional de Control de Energía, de la CFE, de la Comisión Nacional para el Uso
Eficiente de la Energía y de la Comisión Reguladora de Energía.
Refirió que “hoy se tiene la oportunidad histórica
de lograr el cometido, debemos dejar en claro que el tema de los costos y
tarifas eléctricas es una deuda histórica de la Federación para con Veracruz,
hoy se tiene claridad que el ajuste de tarifas si es posible así como fue posible en el vecino estado de Tabasco”.
El anteproyecto fue turnado a la Junta de
Coordinación Política y se sumaron los diputados de los Grupos Legislativos
“Del Lado Correcto de la Historia”, PRI-PVEM, Movimiento Ciudadano-PRD y el
legislador Juan Carlos Molina Palacios.
por Puebla al Día | May 24, 2019 | Congreso
El
diputado Gonzalo Guízar Valladares, integrante del Grupo Legislativo Mixto “Del
Lado Correcto de la Historia”, sometió a consideración de la Asamblea, el
Anteproyecto de Punto de Acuerdo por el que se exhortaría a la Secretaría de
Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, a implementar un programa que
incluya la condonación de multas y recargos, para incentivar la regularización
de vehículos automotores en su modalidad de motocicletas.
El
Anteproyecto indica como único punto: Se exhorta a la Secretaría de Finanzas y
Planeación, a efecto de que, a la brevedad posible, implemente un programa
intensivo de regularización de vehículos automotores en su modalidad de
motocicletas.
Dijo
que a pesar de las diferentes disposiciones de la Ley de Tránsito y Vialidad,
los propietarios de este tipo de vehículos omiten darlos de alta ante la Secretaría
de Finanzas y Planeación.
Consideró
que una forma eficaz de actualizar el Padrón Vehicular Estatal sobre este tipo
de unidades, es que el Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de
Finanzas y Planeación, realice un programa de emplacamiento de motocicletas, en
el que se otorguen incentivos fiscales, como la condonación de multas y
recargos.
Mencionó
que esta medida contribuiría a la creación de un padrón actualizado, que
permita la identificación en el caso de la comisión de delitos; además de que
incrementaría la recaudación fiscal en años subsecuentes a través del pago de
derechos vehiculares.
por Puebla al Día | May 24, 2019 | Congreso
El Pleno de la LXV Legislatura del Estado aprobó la
iniciativa, presentada el 17 de enero de este año por la diputada Montserrat
Ortega Ruiz, con lo que se agrega al Código Penal de la entidad el capítulo
denominado “Violación a la Intimidad Sexual” y por ende sus respectivas
sanciones.
En la sesión, quinta ordinaria del segundo periodo,
fue aprobada con 42 votos de diputadas y diputados de los Grupos Legislativos
de Morena, PAN, “Del Lado Correcto de la Historia”, PRI-PVEM, MC-PRD y del
legislador Juan Carlos Molina Palacios.
El Dictamen señala que esta reforma no castiga el
intercambio de imágenes con contenido sexual puesto que es una forma de vivir
la sexualidad, lo que sí se busca castigar es la transgresión de la confianza
depositada de una persona a otra, y que una de ellas difunda o haga pública sin
consentimiento, las imágenes, videos, audios, con contenido sexual que le
fueron enviados.
Se establece que comete el delito de violación a la
intimidad sexual quien por cualquier medio divulgue, comparta, distribuya o
publique imágenes, audios o videos de una persona desnuda parcial o totalmente
de contenido íntimo o erótico sexual, ya sea impreso, grabado o digital, sin el
consentimiento de la víctima.
Esta conducta se sancionará de cuatro a ocho años de
prisión y multa de mil hasta dos mil Unidades de Medida y Actualización (UMA),
al momento de que se cometa el delito.
Este delito se perseguirá por querella. En caso de
que esta conducta se realice contra una persona en situación de discapacidad
que no comprenda el significado del hecho, se perseguirá de oficio.
Las penas antes citadas aumentarán en una mitad
cuando: el delito sea cometido por el cónyuge, concubinario o concubina o por
persona con la que esté o haya estado unida la víctima en alguna relación de
afectividad, aún sin convivencia; se cometa en contra de una persona que por su
situación de discapacidad no comprenda el significado del hecho o que de esa
acción se obtenga algún tipo de beneficio no lucrativo.
Asimismo, la autoridad investigadora ordenará el
retiro inmediato de la publicación que se realizó sin consentimiento de la
víctima, al administrador o Titular de la plataforma digital, medio de
comunicación o red social que la contenga.
En los posicionamientos y a nombre del Grupo
Legislativo de Morena, la diputada Mónica Robles Barajas dijo que el compromiso
de la actual Legislatura es perfeccionar el marco jurídico vigente y que dé
respuesta a las demandas de la sociedad, tal y como es el caso de la violación
a la privacidad sexual de las personas.
Tras anunciar el respaldo al Dictamen, la
legisladora reconoció la labor de la activista Olimpia Coral Melo quien junto con el Frente Nacional por la
Sororidad, han impulsado, primero en su natal Puebla y ahora en todo el país,
la aprobación de leyes que protejan el derecho a la intimidad sexual y
sancionen ejemplarmente esta conducta.
En tanto, a nombre del Grupo Legislativo del Partido
Acción Nacional (PAN) y como autora de la iniciativa, la diputada Montserrat
Ortega Ruiz señaló que la falta de regulación en internet ha permitido que se
ocupen medios para publicar fotografías o información que perjudican a las y
los ciudadanos.
“Queremos que se sancione de manera ejemplar a
quienes difundan las fotografías y además que la autoridad obligue el retiro
inmediato de la publicación”, agregó.
por Puebla al Día | May 24, 2019 | Congreso
A fin de ajustar la Ley Orgánica del Poder
Legislativo a lo establecido en la Constitución Política del Estado, en
relación a las facultades de este Poder sobre las declaraciones patrimoniales
de los servidores públicos, el diputado del Grupo Legislativo de Morena en el
Congreso de Veracruz, Wenceslao González Martínez, presentó una iniciativa de
reforma a diversas disposiciones de la ley en la materia.
Durante la quinta sesión ordinaria, del segundo
periodo, el legislador propuso esta iniciativa, toda vez que –consideró- es
necesario hacer las adecuaciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo a fin
de no contravenir con lo que mandata la Constitución Política local.
De esta manera, la iniciativa plantea derogar
disposiciones del artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, misma
que alude a la atribución del Secretario General del Congreso de “llevar el
registro de la situación patrimonial de los servidores públicos estatales y
municipales, los cuales se harán públicos en los términos establecidos por la
ley”.
Asimismo, prevé quitar la disposición del artículo
61 de la citada ley, referente a las atribuciones de la Secretaría de
Fiscalización, relacionada con “apoyar a la Secretaría General en la recepción
de declaraciones de situación patrimonial, fungir como órgano de control
interno del Congreso y recibir quejas o denuncias administrativas en contra de
servidores públicos municipales”.
Estas disposiciones, agregó el diputado Wenceslao
González, ahora corresponden a otros órganos del Sistema Estatal
Anticorrupción, por lo que es viable derogarlas.
En su intervención el diputado recordó que el
Decreto número 760, publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 9 de octubre
de 2018, se reformó la fracción XVII del artículo 33 de la Constitución
Política local, que se refiere al registro de la situación patrimonial de los
servidores públicos y que en su texto anterior facultaba al Congreso del Estado
para conocer de dicho registro en relación con los servidores públicos
estatales y municipales.
Abundó que el sentido de esa reforma, en el contexto
de la creación del Sistema Estatal Anticorrupción y las consecuentes
modificaciones, fue limitar el registro de la situación patrimonial por parte
del Congreso sólo a la declaración de sus servidores públicos, como
consecuencia de que los Poderes Ejecutivo y Judicial, los organismos autónomos
y los ayuntamientos del Estado cuentan ahora con órganos internos de control, a
los que compete el referido registro.
La iniciativa fue turnada para su estudio y
dictamen, a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.
por Puebla al Día | May 24, 2019 | Congreso
En la
quinta sesión Ordinaria de la LXV Legislatura, el diputado Erik Iván Aguilar
López, a nombre del Grupo Legislativo “Del Lado Correcto de la Historia”,
presentó una Iniciativa con Proyecto de
Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles;
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas y de la Ley del
Sistema Estatal Anticorrupción, todas del Estado de Veracruz.
El legislador Aguilar López afirmó que de aprobarse
esta iniciativa los entes públicos remitirán mensualmente un informe de las
altas y bajas en el padrón de proveedores a la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatal Anticorrupción y, cuando éste lo solicite, pondrán a su disposición los
documentos que presente el contratista para su registro ante el Padrón.
Asimismo, la Secretaría de Finanzas y Planeación del
Estado (Sefiplan) remitirá semanalmente copia del Padrón y sus actualizaciones
a la Contraloría General y a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción, para el cumplimiento de sus atribuciones.
Además Sefiplan pondrá a disposición de las
Dependencias y Entidades y de los Entes Públicos ajenos al Poder Ejecutivo
Estatal que celebren el convenio, así como a la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción, cuando así lo solicite, para consulta y cotejo,
los documentos que presente el contratista para su registro ante el Padrón.
El legislador del Distrito VIII de Misantla, agregó
que en cuanto a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, se adicionará una
fracción XIII al artículo 35 el cual lo faculte para recibir, concentrar y
analizar los padrones de proveedores y de contratistas que le remitan los entes
públicos y Sefiplan, para consultar y solicitar cuando así lo requiera, los
documentos que presenten para su registro respectivo.
Esta Iniciativa fue turnada a las Comisiones
Permanentes Unidas de Hacienda del Estado y de Vigilancia.
por Puebla al Día | May 24, 2019 | Congreso
Sería el ente responsable de las tareas actualmente a cargo del
organismo público descentralizado Instituto Veracruzano de las Mujeres.
Estamos convencidos de que, a pesar de los avances,
la lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres y su garantía de
acceso por parte del Estado mexicano, es una tarea inacabada y que las
modificaciones al orden jurídico son insuficientes si en la sociedad persisten
desigualdades, violencia y estereotipos de supremacía jerárquica en razón de
género, señaló la diputada Erika Ayala Ríos al hacer uso de la tribuna a nombre
del Grupo Legislativo Mixto Partido Revolucionario Institucional- Partido Verde
Ecologista de México (PRI-PVEM).
Por ello, agregó la diputada Ayala Ríos, contar con
un mecanismo institucional fortalecido en sus atribuciones y dotado de
autonomía plena para procurar el adelanto de las mujeres, es un paso
indispensable; y agregó que “ciertamente no para resolver en definitiva en el
corto plazo la compleja problemática existente, pero sí para contribuir, desde
este ámbito, a sentar las bases para arribar a algunas de las aspiraciones de
cualquier sociedad civilizada: la igualdad sustantiva de género y el respeto
pleno a los derechos de las mujeres”.
Por todo ello proponenadicionar una fracción VII al
artículo 67 constitucional, en el que se describen los organismos autónomos,
sus atribuciones y las bases generales para su funcionamiento, de tal forma que
sea creado el Instituto Estatal de las Mujeres, que sería el ente responsable de
las tareas actualmente a cargo del organismo público descentralizado denominado
Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM).
El organismo propuesto, refiere la legisladora, sería
presidido por una ciudadana veracruzana, designada por el Congreso del Estado,
a partir de una convocatoria pública dirigida a organizaciones civiles
vinculadas con la materia, asociaciones, instituciones académicas, agrupaciones
de profesionales y, en general, a la sociedad veracruzana.
Plantean también que el Instituto Estatal de las
Mujeres cuente, como es el caso actualmente de dos organismos autónomos: la
Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, y del propio Instituto
Veracruzano de las Mujeres, con un Consejo Consultivo, que fungiría como órgano
asesor para las políticas y acciones que se emprendan en beneficio de las
mujeres, y cuyas integrantes serían nombradas igualmente por el Congreso,
también a partir de un mecanismo de consulta y de participación ciudadana que
prevea la ley, en el que se privilegien trayectorias académicas, profesionales
y, en general, de defensa de los derechos de las mujeres.
Asimismo, el Instituto Estatal de las Mujeres, cuya
creación proponen con el rango de organismo autónomo, contaría con las
atribuciones necesarias previstas en la ley para el cumplimiento de su objeto
general, entre ellas, de manera significativa, subraya, para apoyar y orientar
el trabajo realizado por los institutos municipales de las mujeres.
De igual forma, coordinar el Refugio Estatal para
Mujeres en Situación de Violencia; asistir a las dependencias y entidades de la
administración pública estatal, poderes y otros organismos autónomos en el
diseño de estrategias y acciones para propiciar la igualdad sustantiva de
género; vigilar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por los órganos
competentes en materia de violación de derechos humanos de las mujeres; y dar
seguimiento a las solicitudes y declaratorias de alerta de violencia de género en
contra de las mujeres en la entidad.
Esta iniciativa fue turnada para su estudio y
análisis a las Comisiones Permanentes de Justicia y
Puntos Constitucionales, y para la Igualdad de Género.
