La diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz, Presidenta de la Comisión Especial para el Seguimiento a la Problemática de la Desaparición de Personas en el Estado de Veracruz, se reunión con integrantes de los colectivos de familiares de personas desaparecidas, con el objetivo de realizar un análisis de los requisitos para el nombramiento del titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, toda vez que actualmente se cuenta con una encargada de despacho.

En entrevista, Cervantes de la Cruz, destacó que durante las reuniones mensuales que se tienen con el Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, colectivos de familiares de personas desaparecidas y demás autoridades involucradas en el tema, se acordó llevar a cabo esta reunión en el Poder Legislativo, para analizar, y en su caso reformar, los requisitos para asumir la titularidad de la Comisión Estatal de Búsqueda y el respectivo proceso de selección que contempla la Ley en Materia de Desaparición de Personas en el Estado.

Asimismo, detalló que de llevarse a cabo modificaciones, estas deberán estar armonizadas con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

“Con estas reuniones de trabajo se podrá tener la certeza, que una vez emitida la convocatoria, la persona que obtenga la titularidad de la Comisión, cumplirá con los requisitos que los Colectivos consideren los óptimos para llevar a cabo un buen trabajo en la búsqueda de los desaparecidos, además de que exista concordancia de que lo discutido en las reuniones quede establecido en la Ley Estatal”, dijo la legisladora.

Finalmente, señaló que “estos trabajos se seguirán realizando en coordinación con el Gobierno del Estado con el único fin de darles resultados a las familias veracruzanas que desafortunadamente viven esta situación”.

En esta reunión estuvieron representantes la diputada Florencia Martínez Rivera, vocal de la Comisión Especial; Namiko Matzumoto Benítez, Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, representantes del Consejo Estatal Ciudadano, representantes del Poder Ejecutivo, así como representantes de los colectivos de familiares de personas desaparecidas, y demás autoridades en la materia.

El diputado Rodrigo García Escalante, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), presentó ante el Pleno de la LXV Legislatura una Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Salud del Estado, para crear el Consejo Estatal Contra las Adicciones, para la debida prevención del consumo de narcóticos y atención a las adicciones.

Las adicciones son en sí, destacó el legislador del PAN, la causa y efecto de un problema social que involucra factores como la seguridad, la pobreza, la falta de oportunidades y el rezago educativo. “En el seno de una comunidad, las adicciones vulneran el tejido social y al mismo tiempo son producto de esa misma descomposición”.

El Estado, continuó García Escalante, enfrenta retos en materia de salud pública que debe atender de forma oportuna e integral, para lograr que mayor número de veracruzanas y veracruzanos tengan acceso a servicios de salud de calidad, así como fomentar hábitos de vida saludables.

“Para quienes integramos el Grupo Legislativo del PAN la prevención, tratamiento, rehabilitación social y control en materia de adicciones debe ser prioritario, el gobierno en sus tres niveles debe asegurar el acceso a los servicios de salud para todos los mexicanos, reconociendo la necesidad urgente de la prevención de las adicciones no solo para el mejoramiento de la salud”, expuso.

También, destacó el representante del Distrito I, Pánuco, como una alternativa para solucionar distintas problemáticas como: la violencia familiar y social, evitar accidentes, evitar enfermedades de transmisión sexual, evitar la comisión de delitos etcétera, teniendo como objetivo principal la rehabilitación y reinserción integral en las diferentes áreas del individuo.

Es por ello que con la presente iniciativa, destacó, se está proponiendo la creación del Consejo Estatal Contra las Adicciones, cuyo objeto será el de “promover y apoyar las acciones de los sectores público, social y privado tendientes a la prevención y combate de los problemas de salud pública causados por las Adicciones, así como proponer y evaluar los programas a que se refieren los artículos 156 y 159 de la Ley de Salud del Estado”.

Que dicho Consejo, finalizó, esté integrado por el Secretario de Salud, quien lo presidirá, los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública estatal cuyas atribuciones tengan relación con el objeto del Consejo, un representante del Congreso del Estado y por representantes de organizaciones sociales y privadas relacionadas con la salud. Asimismo se establece la atribución para que el Secretario de Salud pueda invitar, cuando lo estime conveniente, a los Presidentes municipales del Estado a asistir a las sesiones del Consejo.

Esta Iniciativa de Proyecto de Decreto fue turnada a la Comisión Permanente de Salud y Asistencia, para su estudio y dictamen.

La diputada Cristina Alarcón Gutiérrez, integrante del Grupo Legislativo de Morena, presentó una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz, cuyo propósito es garantizar la representación indígena en la conformación del Congreso del Estado y para ello establecer como requisito la Auto Adscripción Calificada, a fin de evitar falsos representantes.

De esta manera, la legisladora plantea incorporar en el artículo 21 constitucional que “En la integración del Congreso, deberá existir representación indígena, cuyas bases de participación estarán reguladas en la ley”.

Como resultado de lo anterior, propone modificar el artículo 22 a fin de señalar que por cada diputado propietario se elegirá a un suplente, para lo cual en ambos casos se requiere, “tratándose de candidaturas indígenas, Auto Adscripción Calificada”.

En su iniciativa, turnada para su estudio a las Comisiones Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas, la diputada refiere que para hacer efectiva la acción afirmativa, en cuanto a que las personas postuladas por los partidos sean representativas de la comunidad indígena, no bastará con que se presente la sola manifestación de auto adscripción, sino que, al momento del registro, será necesario que los partidos políticos acrediten si existe o no una vinculación de la persona que se pretende postular con la comunidad a la que pertenece.

Lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento al principio de certeza y seguridad jurídica, así como de preservar el cumplimiento de la medida, “esto es, estamos en presencia de una auto adscripción calificada, que debe ser comprobada con los medios de prueba idóneos para ello”, abundó.

Al participar durante la novena sesión ordinaria, del primer periodo, del segundo año de labores, Alarcón Gutiérrez puntualizó que el interés que se busca es el dotar a los pueblos originarios de Veracruz de mayores medios y así tengan verdaderos representantes en el Congreso estatal.

“Defendiendo desde aquí sus tradiciones, costumbres, pudiendo también, proponer las reformas o acciones necesarias para la preservación de nuestras raíces; opinar en temas trascendentales para Veracruz y, en general, todas las responsabilidades y derechos de diputadas y diputados”, agregó.

Consideró que todos los partidos políticos deben respetar el derecho que corresponde a los pueblos originarios, “para que así no quieran sorprender a las autoridades electorales con falsos representantes, solo por cumplir el requisito, o por obedecer a intereses externos, o por cometer fraude al principio de auto adscripción”.

Expuso que, una vez aprobada esta modificación constitucional, tendría que presentarse las propuestas de legislación secundaria, la cual incluiría los requisitos para el registro de representantes de pueblos originarios. “También las sanciones para aquellas personas, o partidos políticos, que cometan fraude, o pretendan cometerlo, y dejar fuera a quienes, de verdad, tengan todo el derecho de participar”, concluyó.

La diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui, vocal de la Comisión Permanente para la Igualdad de Género, presentó ante el Pleno la iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas fracciones al artículo 8 de la Ley que crea el Instituto Veracruzano de las Mujeres, a fin de dotarlo de atribuciones que fortalezcan su incidencia en los sectores público, social y privado en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en la entidad veracruzana.

En su intervención, durante la novena sesión ordinaria, la legisladora Nora Jessica Lagunes Jáuregui dijo que esta reforma es para que el diagnóstico integral de la situación de las mujeres –que realiza el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM)- sea actualizado y para instaurar la capacitación a las Unidades de Género de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, agregando a los poderes Legislativo, Judicial y organismos autónomos.

“Si bien la capacitación a estas unidades se contempla en un decreto del titular del Poder Ejecutivo, es muy importante que quede expresado en la Ley, para que el papel del IVM sea vinculante con todos los poderes públicos, esta tarea ya la realiza el Instituto, aquí se formaliza en la ley”, añadió.

Explicó que se adicionan atribuciones que por la misma naturaleza del IVM debe realizar para poder incidir en las políticas públicas y vigilar que las metas e indicadores se hagan efectivas en los programas presupuestarios.

Expuso que el IVM opera cada año con programas federales que le dotan de recursos para ejecutar acciones en favor de la igualdad de género y una vida libre de violencia; “hoy recibe recursos del Instituto Nacional de las Mujeres, del Instituto de Desarrollo Social y de la Secretaría de Salud, por ello es importante que se visibilice el trabajo que realiza con estos programas en todo el estado y que debe hacerlo bajo las reglas de operación correspondientes”.

Por otra parte, indicó que su propuesta legislativa va enfocada en la profesionalización del personal del IVM, para aprovechar su conocimiento y experiencia en la materia y así garantizar que su permanencia no esté en función de los cambios de gobierno, “la perspectiva de género es una materia especializada, por ello se propone que el IVM implemente un servicio civil de carrera”.

Calificó como fundamental la vinculación con todas las autoridades que tienen que ver con el acceso de las mujeres a su derecho humano a la justicia, con sus derechos como víctimas de delitos y de violación a sus derechos humanos, ello a fin que el IVM incida en esos ámbitos y coadyuve con la perspectiva de género.

Asimismo, expuso que la asesoría y apoyo del IVM a los ayuntamientos y a los Institutos Municipales de las Mujeres es de gran importancia para que los derechos de las mujeres se hagan efectivos, “pues es el espacio de gobierno más cercano a ellas, porque hay que reconocer que las instancias municipales de las mujeres se encuentran en proceso de consolidación y es necesario este acompañamiento para que puedan ejercer sus atribuciones que la Ley Orgánica del Municipio Libre les confiere”, añadió.

En la justificación de la iniciativa la diputada refiere que es de suma importancia fortalecer las oficinas regionales del IVM, “estas deben contar con personal especializado de acuerdo a las necesidades de las mujeres de la región donde se establezcan, por ejemplo, en las zonas indígenas la atención debe ser con enfoque intercultural, las que se encuentran en zonas urbanas, considerar las condiciones de vida de las mujeres que habitan en las ciudades”.

La iniciativa trata –puntualizó la diputada- de ampliar las atribuciones del IVM, precisamente para responder al momento histórico que vive el país en materia de derechos humanos de las mujeres, que requiere de fortalecer a la institución rectora de la igualdad en el estado, especialmente en la vinculación con las instituciones de procuración de justicia y con las de atención a víctimas.

Además del acompañamiento a los ayuntamientos, del seguimiento a indicadores de género en los programas presupuestarios y de la profesionalización del personal del Instituto, concluyó.

Para su estudio y dictamen la iniciativa fue turnada a las Comisión Permanente para la Igualdad de Género. Se adhirieron los Grupos Legislativos de Morena y los Mixtos de Movimiento Ciudadano-PRD, de Acción Nacional Veracruz (ANV), Del Lado Correcto de la Historia y PRI-PVEM.

La diputada Mónica Bautista Rodríguez (PRD) pidió al
gobierno del Estado de México reconsiderar el aumento del 20 por ciento al
costo del transporte público, que entró en vigor el 1 de enero, pues afecta la
economía de más de 6 millones de usuarios.

Mediante un comunicado, la legisladora detalló que dicho
incremento también se aplicó a los servicios que prestan el Mexibús y
Mexicable.

Calificó como una “burla” autorizarlo, ya que los asaltos
con violencia en el transporte público se han incrementado 700 por ciento, las
unidades son obsoletas y los conductores carecen de la mínima preparación.

Precisó que, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, de 2015 a 2018, los robos se incrementaron en los municipios de
Nezahualcóytol, La Paz y Chimalhuacán; “lo que evidencia que en la zona oriente
de la entidad, los delincuentes actuaron con total impunidad”.

“Significa que ni las autoridades estatales ni municipales,
tampoco los concesionarios, hicieron algo por evitar que el flagelo de la
delincuencia afectara la integridad física y el patrimonio de los usuarios,
quienes ahora sufren un nuevo golpe con este aumento del 20 por ciento al
pasaje”, abundó.

Consideró necesario diseñar e implementar una estrategia de
seguridad para garantizar la vida de los pasajeros. Asimismo, solicitó a la
administración de la entidad no retirar el subsidio al transporte público del
50 por ciento, a estudiantes y personas de la tercera edad.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó en sus términos la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la cual quedan prohibidas las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos que fijan las leyes.

La Minuta, remitida por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, fue aprobada por la LXV Legislatura, durante la octava sesión ordinaria, con 40 votos a favor y 4 abstenciones.

De esta manera, el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que “En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria”.

La Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales estima adecuado apoyar el sentido positivo de la propuesta remitida, toda vez que existe coincidencia conceptual y material con la minuta recibida, respecto a la importancia de proscribir la forma discrecional y periódica de condonar contribuciones a deudores fiscales en distorsión a la norma que le da origen.

Asimismo, refiere que el 20 de mayo pasado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, publicó en el Diario de la Federación el “Decreto por el que se deja sin efectos los Decretos y diversas disposiciones de carácter general emitidos en términos del artículo 39, fracción I del Código Fiscal de la Federación, por virtud de los cuales se condonaron deudas fiscales”.

Establece que, al apoyar esta Minuta, “sin lugar a dudas se favorecerá la recaudación fiscal destinada a subsidiar los servicios y obras públicas, así como programas sociales que favorecen a todos los mexicanos por igual, en este caso veracruzanos en términos de las leyes de coordinación fiscal”.