El Congreso del Estado de Veracruz se sumó a las acciones del macrosimulacro, convocado por la Coordinación Nacional de Protección Civil, y logró, de manera exitosa, en un lapso de tres minutos, la evacuación de 535 personas, entre plantilla laboral y visitantes a este inmueble.

Esta acción, realizada en todo el país a las 11:00 horas, tiene como propósito fomentar la cultura de la protección civil entre la población y contribuir así al fortalecimiento de las capacidades de reacción ante cualquier emergencia o desastre, resultado de sismos.

El evento, realizado en la explanada principal del Palacio Legislativo, fue encabezado por la presidenta de la Comisión Permanente de Protección Civil de la LXV Legislatura, diputada Ana Miriam Ferráez Centeno, quien en su intervención expresó que debe tenerse presente que la prevención es fundamental para evitar la pérdida de vidas humanas.

Asimismo, indicó que lo que hoy pudo constatarse es una hipótesis de reacción en caso de un sismo, incendio u algún otro hecho que ponga en riesgo la vida de quienes laboran en este inmueble.

Ante el personal y visitantes, señaló: “Junto a ustedes, hoy podemos realizar un ejercicio responsable que nos sirve como una representación de acciones de respuesta, previamente planeadas y montadas con un escenario específico, diseñado a partir de la identificación y análisis de riesgos, así como la vulnerabilidad de los sistemas afectables”.

La legisladora aseveró que el objetivo de este simulacro es poner a prueba la capacidad de respuesta de la población involucrada y así evaluar y corregir una respuesta eficaz ante posibles situaciones reales de emergencia o desastre y examinar que tan seguro es el inmueble y sus alrededores.

Además, preparar las acciones que se deben llevar a cabo para mejorar las condiciones de seguridad y diseñar rutas de evacuación, elegir el lugar donde se concentrarán las personas en caso de desastre, así como enlistar las herramientas y materiales que se recomienda tener a la mano para la autoprotección, comunicación y capacitación continua del personal.

Por último, convocó a las y los ciudadanos en general a participar en estos simulacros, toda vez que “no olvidemos que un simulacro no es un juego, de este ejercicio puede depender tu vida”, puntualizó.

Participaron en la coordinación de este ejercicio la jefa del Servicio Médico, doctora Claudia del Rosario García Pérez, el jefe de la Oficina de Seguridad, Simón Díaz Íñiguez, y la Unidad Interna de Protección Civil de este Poder.

La diputada Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, integrante del Grupo Legislativo de los Partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), presentó al Pleno un anteproyecto de punto de Acuerdo por el cual señala acciones que podrían generar cambios en la conducta y actividades de los sujetos obligados para disminuir su impacto ecológico, destinar más recursos al control y reparación de los efectos dañinos causados al ambiente y a la salud de las personas, y propiciar las condiciones para un medio ambiente sustentable.

Al participar durante la décima sesión ordinaria, la legisladora plantea que la LXV Legislatura exhorte al titular del Poder Ejecutivo estatal para que, a través de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), implemente políticas públicas transversales para fomentar la información y atención sobre el cambio climático, con el fin de que autoridades, organismos, instituciones y ciudadanos contribuyan a prevenir sus consecuencias.

Asimismo, se exhorta al Ejecutivo estatal para que, a través de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), proponga a las autoridades educativas federales, en términos de la Ley General de Educación, que los temas sobre cambio climático se incorporen a los planes y programas de estudio que se estimen pertinentes, así como las actualizaciones que pudieran ser necesarias.

Igualmente, hizo un llamado para que la Secretaría de Protección Civil (SPC) estatal, elabore un mapa de riesgos respecto a las consecuencias del cambio climático e identifique las regiones de mayor vulnerabilidad en el estado de Veracruz.

La diputada Yunes Yunes subrayó “de nada sirve prohibir el uso de popotes, de bolsas de plástico y empaques de unicel, si los anaqueles de los supermercados y nuestras casas están llenos de envases de plástico, si no clasificamos y reciclamos nuestra basura”.

“O como sucede en este Congreso, gastamos toneladas de papel que no utilizamos. La prueba son los textos de las recientes comparecencias y la impresión de la Gaceta Legislativa que bien puede entregarse por los medios electrónicos existentes para ello”, abundó.

Expuso que el calentamiento global y la falta de interés de las autoridades locales han provocado la desaparición del 65 por ciento del glaciar del Jamapa en el Pico de Orizaba. “Cabe señalar que de los cinco glaciares con que contaba originalmente nuestro volcán, sólo sobreviven dos: el Jamapa y el glaciar Del Toro, lo que explica, entre otras cosas, la escasez de agua que vivimos en la zona centro del estado”.

Por otra parte, dijo que durante 2018 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) registró un total de 73 sitios contaminados distribuidos en 46 municipios veracruzanos.

Asimismo, que los eventos de contaminación fueron provocados por el manejo de residuos sólidos urbanos, así como hidrocarburos, actividades mineras, industrial, comercial y de emergencias ambientales, sin que hasta el momento existan trámites o programas para atender los pasivos ambientales en la entidad.

El anteproyecto fue turnado para su estudio y dictamen a la Junta de Coordinación Política.

Las instituciones de banca y crédito deberán establecer medidas mínimas de seguridad en cada establecimiento, sucursal u oficina bancaria, con suficiente personal y tecnología, para garantizar la protección de las personas y sus pertenencias, así como al patrimonio de la institución, de acuerdo con la propuesta presentada por el Grupo Legislativo Mixto Acción Nacional Veracruz (ANV).

La diputada María de Jesús Martínez Díaz, integrante de esta bancada, hizo uso de la tribuna para dar lectura a la Iniciativa, ante el Congreso de la Unión, que reforma el artículo 96 de la Ley de Instituciones de Crédito, en materia de seguridad.

En la exposición de la propuesta, detalló que dichas medidas deben incluir en cada establecimiento, sucursal u oficina bancaria suficiente personal de seguridad privada legalmente autorizados o de policía auxiliar de la seguridad pública, previo contrato con cargo a la institución, así como la instalación y funcionamiento de los dispositivos, mecanismos y equipo tecnológico de audio y video interno y externo necesarios.

La iniciativa plantea que se prohíba “a los dependientes o empleados bancarios que ahí laboren y al público usuario, el uso de dispositivos móviles o cualquier otro tipo de tecnología que favorezca la comunicación con el exterior durante el tiempo que permanezcan en las instalaciones o durante la jornada laboral respectiva”.

Contempla también que las instituciones de banca y crédito, cuando contraten personal que reciba, en su representación, recursos de sus clientes, en efectivo o cheque, deberán asegurarse de que los establecimientos que al efecto utilicen dichas personas, cuenten con las medidas mínimas de seguridad que se establezcan conforme a lo señalado en el artículo 96 del mismo ordenamiento.

En este sentido, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) deberá dictar, mediante reglas de carácter general, los lineamientos a que se sujetarán las medidas mínimas de seguridad que deberán garantizar las instituciones de banca y crédito y los prestadores de servicios o comisionistas que las instituciones contraten para la recepción de recursos de sus clientes, en efectivo o cheque y vigilará que las instituciones cumplan con las disposiciones aplicables en la materia.

Así también, no se permitirá la contratación de personal al amparo del artículo 46 Bis 1 de la misma Ley para realizar en el interior de las sucursales de atención al público de las instituciones de crédito, cualquiera de las operaciones a que se refiere el artículo 46 del mismo ordenamiento.

Para implementar lo señalado, “las instituciones de banca y crédito deberán contar con personal capacitado y unidades especializadas que garanticen el correcto y continuo funcionamiento de las medidas mínimas de seguridad, que deberán participar, en coordinación con las autoridades de seguridad pública, en programas de prevención del delito”.

Finalmente, la CNBV emitirá en cualquier tiempo recomendaciones vinculantes a las instituciones de banca y crédito, para garantizar la seguridad de los usuarios y de sus valores en el interior de sus establecimientos, sucursales u oficinas bancarias.

De acuerdo con el Tercero Transitorio de la Iniciativa, en un plazo no mayor a 180 días, contados a partir de la entrada en vigor del Decreto, se deberán hacer las adecuaciones reglamentarias a que haya lugar, a fin de dar cumplimiento a éste.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Seguridad Pública, con la adhesión de los Grupos Legislativos de Morena, Del Lado Correcto de la Historia, Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano-Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Cristina Alarcón Gutiérrez, presentó en la décima sesión ordinaria del segundo año de ejercicio constitucional una iniciativa que reforma el segundo párrafo del artículo 2 y la fracción XXII al artículo 28; y adiciona la fracción XXIII al artículo 28, todos de la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Veracruz, donde prevé contemplar la prohibición de las corridas de toros en la entidad.

En su exposición de motivos, la representante de Morena, destacó que gracias al trabajo legislativo nacional e internacional se ha construido un cambio en los marcos legales para la protección de la vida no humana, en concordancia con los avances de una nueva ética con el entorno natural y con la biodiversidad del planeta, promoviendo la preservación de la vida.

Destacó que los antecedentes que respaldan esta iniciativa se basan en las actuaciones de organismos internacionales, nacionales y estatales que han visibilizado la necesidad de prohibir las corridas de toros, por ser considerados espectáculos de índole violenta.

Actualmente, continuó Alarcón Gutiérrez, estados como Sonora, Guerrero, Coahuila, y recientemente Quintana Roo, han construido marcos legales para la protección de los animales prohibiendo, explícitamente, las corridas de toros, peleas de gallos, actividades brutales y violentas incongruentes a la nueva ética y compromiso de los seres humanos con el medio ambiente y la vida animal.

A pesar de existir leyes que sancionan el maltrato hacia los animales y el incumplimiento moral hacia la vida animal, dijo la diputada, en ocasiones los intereses económicos de unos cuantos empresarios se anteponen, por encima del dolor y sufrimiento de estos seres vivos.

“Esta iniciativa parte del análisis a las reformas en materia de derechos de los seres animales, como también de los análisis comparativos de algunas legislaciones en algunos países donde se ha dispuesto positivamente a favor de ellos”, abundó.

Asimismo en respuesta a las demandas ciudadanas por medio de organizaciones no gubernamentales, que han buscado extender la protección a los animales, principalmente

con relación a la prohibición de las corridas de toros, que representa un vestigio de crueldad hacia estos seres animales, y que genera ambientes de violencia, señaló.

Agregó que todo espectáculo de tauromaquia, a su parecer, es un acto de violencia donde se reproducen todos lo antivalores de respeto y sana convivencia entre los seres humanos y los animales, toda vez que no forman parte de las tradiciones genuinas del pueblo mexicano.

Finalmente aseguró que la prohibición de las corridas de toros y de todo espectáculo de tauromaquia, es una consecuencia lógica del avance en la materia de protección de los derechos de los seres animales, donde Veracruz ha sido pionero, es “una oportunidad para cerrar el paso a todo evento violento y de barbarie, contrario a los compromisos éticos y morales que como sociedad hemos adquirido con todos los animales”.

Para su análisis y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. Se adhirieron -a título personal- los diputados León David Jiménez Reyes y José Andrés Castellanos Velázquez, así como las diputadas Mónica Robles Barajas, Adriana Paola Linares Capitanachi, Rosalinda Galindo Silva, Magaly Armenta Oliveros y Nora Jessica Lagunes Jáuregui.

– Inauguración “Preservemos nuestras tradiciones libres de violencia”

Previo al inicio de la sesión, la diputada Cristina Alarcón Gutiérrez inauguró la exposición fotográfica Preservemos nuestras tradiciones libres de violencia, como parte de su apoyo a la campaña “Preservemos nuestras tradiciones, cultura de vida, respeto y compasión. Sabiduría ancestral. No más violencia y barbarie”.

Durante el acto, aseguró que los pueblos originarios no consideran parte de su cultura las tradiciones que fomentan la violencia y maltrato animal, por lo que se debe evolucionar conforme a criterios y principios superiores como los de la bondad, piedad y respeto del otro, y “menos aún sobre la base ruin del gozo perverso y del afán de lucro”.

Por su parte José González Martínez, Representante de la Red Nacional México Antitauromaquia, Construyendo la Paz, realizó la entrega de un reconocimiento a la legisladora por sus acciones en la lucha en pro de los derechos humanos y derechos animales.

En la inauguración también estuvieron presentes los diputados Raymundo Andrade Rivera, León David Jiménez Reyes, José Andrés Castellanos Velázquez, así como el Premio Nacional de Periodismo y Embajador de Buena Voluntad de Movimiento Conciencia, Patricio Monero.

La diputada Brianda Kristel Hernández Topete, presentó una Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos a la Ley de Salud del Estado de Veracruz, con la finalidad de que se implementen campañas informativas permanentes sobre la prevención del suicidio.

Dicha iniciativa establece la elaboración del Plan Veracruzano de Prevención del Suicidio, el cual incluya las acciones a seguir para detectar conductas tendientes a esta problemática, dando un adecuado seguimiento, atención médica y psicológica para evitar muertes por esta situación.

Asimismo, la implementación de una línea telefónica gratuita donde especialistas en salud mental atiendan a la población que lo requiera, disminuyendo las tasas de suicidios en el estado, además de apoyar a toda persona que esté pasando por una crisis emocional por medio de una conexión social y empática.

Por lo que su propuesta radica en la reforma al segundo párrafo del artículo 70; la fracción III y IV del artículo 70 bis; y adiciona la fracción V al artículo 70 bis y un sexto párrafo al artículo 71 bis de la Ley de Salud del Estado.

La legisladora del distrito XXIV de Santiago Tuxtla, afirmó que en la Carta Magna Federal se establece el derecho que tiene todo ciudadano a la protección de la salud, por lo que es obligación del Estado prevenir cualquier tipo de alteración en la misma, ya sea física o mental, siendo el suicidio un problema de salud pública que aumenta con mayor frecuencia en el país.

Agregó que en el Capítulo VII de la Ley General de Salud, en materia de salud mental, señala que la prevención de las enfermedades mentales tienen un carácter prioritario.

Asimismo, -aseveró- en la legislación local existe el capítulo de la Ley de Salud exclusivo a la Salud Mental, en donde se establecen todas las disposiciones relativas al mismo, sin embargo, en ningún artículo se hace referencia al suicidio y a la prevención de éste, existiendo un vacío legal respecto las obligaciones que deberá tener el Estado con las personas que presenten tendencias suicidas producto de la depresión o de otras patologías mentales.

Agregó que a pesar de que la Secretaría de Salud de Veracruz (SS) cuenta con el Programa de Prevención del Suicidio, con la presente iniciativa se fortalecerá la atención oportuna para dar el apoyo necesario a las personas que lo necesiten, coadyuvando a lo existente hoy en día en la SS.

De acuerdo con especialistas, continuó la integrante del Grupo Legislativo mixto de los partidos Movimiento Ciudadano-PRD, el suicidio es prevenible, por lo que se debe estar atento ante cambios del comportamiento en algún miembro de la familia, además de fomentar las relaciones sociales sanas, ambientes familiares agradables, buena autoestima y evitar el bullying.

“Recordemos que la salud no solo es la ausencia del dolor físico, la salud también tiene que ver con las emociones, con un estado de equilibrio entre la persona y su entorno sociocultural, que brinda un bienestar y una buena calidad de vida”, finalizó.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Salud y Asistencia para su análisis y dictamen. Se adhirieron los integrantes de los Grupos Legislativos de Morena, PAN, MC-PRD y Del Lado Correcto de la Historia.

Por considerar necesario aumentar las multas a los conductores que bajo la influencia del alcohol operan vehículos automotores, el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) propuso reformar los incisos a) y b) de la fracción III del artículo 153 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Durante la Décima Sesión Ordinaria del Primer Período del Segundo Año de Ejercicio Constitucional y en nombre de dicha bancada, el diputado Rodrigo García Escalante presentó al Pleno la Iniciativa con Proyecto de Decreto, como propuesta ante la gravedad y la frecuencia de los delitos que se cometen en este respecto.

En este rubro, México es el séptimo de los países con mayor cantidad de muertes por accidentes de tránsito y la segunda posición en América Latina. Al año, el país registra más de 24 mil muertes generadas por lesiones en el tránsito, lo que la ubica como la primera causa de muerte en la población de cinco a 34 años de edad.

Respecto de la mortalidad, el alcohol sigue siendo la sustancia adictiva de más consumo y que ha causado más muertes, siendo la primera causa de muertes violentas en jóvenes.

García Escalante agregó que, a pesar de las medidas implementadas para inhibirlo en la población, el manejo de vehículos bajo la influencia del alcohol persiste. “La Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz establece como muy graves las conductas relacionadas con aquellos conductores que operan vehículos automotores bajo la influencia del alcohol, sin embargo, las multas contempladas por esta falta no resultan estar equiparadas a dicha gravedad”.

Por ello, el Grupo Legislativo del PAN presentó dicha iniciativa que para su análisis y, en su caso, dictaminación, fue turnada a la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad.