A fin de homologar la legislación estatal con la federal en materia de prevención y sanción de cualquier tipo de violencia contra las mujeres, la diputada Montserrat Ortega Ruiz presentó una iniciativa para que la violencia digital sea incluida en Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En la Decimaprimera Sesión Ordinaria del Primer Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, la integrante del Grupo Legislativo Mixto Acción Nacional Veracruz (ANV) dio a conocer al Pleno la Iniciativa de Decreto que modifica la fracción VII, recorriéndose a la subsecuente fracción VIII que se adiciona al artículo 7 de la referida ley.

Dicho artículo, refirió la legisladora, enlista seis tipos de violencia contra las mujeres: psicológica, física, sexual, patrimonial, económica y obstétrica, así como “cualesquiera otras que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, la integridad o libertad de las mujeres”.

Sin embargo, dijo que también debe considerarse que los usuarios de las nuevas tecnologías aumentan constantemente y que las mujeres “nos encontramos mayormente expuestas a que se realice violencia online y otros delitos como la extorsión, el acoso sexual, la explotación sexual, pornografía, trata de mujeres y niñas, la intimidación y la violación a la privacidad, ponen en riesgo la seguridad de las mujeres y las niñas, así como de otros sectores de la población, como son las jóvenes quienes mayormente utilizan estos medios informáticos, lo que resulta ser un hecho sumamente grave y el Estado debe evitar por todos los medios posibles impedir la difusión de estas acciones perjudiciales para las niñas y mujeres de toda la entidad”.

De esto deriva que “el reconocimiento de la existencia de la violencia digital es útil para que las mujeres y niñas tengan garantizado su derecho a vivir en un espacio libre de violencia, con el que se favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación”.

La Secretaria Comisión de Derechos de la Niñez y la Familia explicó también que la homologación de la ley estatal con la federal contempla visibilizar, prevenir y sancionar la violencia en línea, en la que se explican tres perspectivas principales: la víctima, la digital y de género.

En la fracción que se propone, la violencia digital es definida como “cualquier acto que se presenta a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, plataformas de internet, redes sociales o correo electrónico, o cualquier otro espacio digitalizado que atente contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad, la vida privada de las mujeres o cause daño o sufrimiento psicológico, físico, económico o sexual tanto en el ámbito privado como en el público; así como daño moral a ellas y/o su familia. Se manifiesta mediante el acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, violación de datos e información privada, divulgación de información apócrifa, mensajes de odio, difusión sin consentimiento de contenido íntimo, textos, fotografías, videos y/o datos personales u otras impresiones gráficas o sonoras, verdaderas o alteradas”.

A la moción de la diputada Montserrat Ortega se adhirieron los grupos legislativos de Morena, mixto PRI-PVEM y mixto Del Lado Correcto de la Historia y, a título personal, la diputada Ivonne Trujillo Ortiz. La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente para la Igualdad de Género.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó el dictamen, resultado de la iniciativa presentada el 17 de diciembre de 2019 por la diputada Ivonne Trujillo Ortiz, con el cual se reforma la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ampliando el concepto de violencia política por razón de género para reconocer que la padecen también las mujeres que ejercen un cargo de elección popular o en el desempeño de un cargo público, por su única condición de ser mujer.

Este dictamen, aprobado con 45 votos, señala en el artículo 13 ter que en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en los órdenes del gobierno estatal y municipal, así como en los organismos autónomos, todos los servidores públicos tienen la obligación de asegurar, en el ejercicio de sus funciones, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia política.

Por tanto, están obligados a abstenerse de: imponer por estereotipos de género, la realización de actividades y tareas ajenas a las funciones y atribuciones propias del cargo público que las mujeres ostenten o en cualquier ámbito de ejercicio de los derechos político-electorales o de asociación de las mujeres y asignar responsabilidades que tengan como resultado la limitación del ejercicio de sus tareas que obstaculicen o restrinjan el ejercicio de su encargo.

Además de restringir el uso de la palabra, en las sesiones u otras reuniones y su participación en comisiones, comités y otras instancias inherentes a su cargo, conforme a la reglamentación aplicable, e imponer a las mujeres sanciones injustificadas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos.

También deberán abstenerse de divulgar o revelar información personal y privada, de las mujeres electas, designadas, que ocupen puestos administrativos o directivos, en el ejercicio de sus funciones político-públicas, con el objetivo de menoscabar su dignidad como seres humanos y utilizar la misma para obtener contra su voluntad la renuncia y/o licencia al cargo que ejercen o postulan; y presionar o inducir a las autoridades electas o designadas a presentar renuncia al cargo.

En las consideraciones del dictamen, la Comisión coincide con la autora, en el sentido que la violencia política en razón de género puede ser simbólica, económica, patrimonial, física, sexual y puede llegar al feminicidio político. Puede ser perpetrada por conocidos y/o por desconocidos, por hombres y también por mujeres; va dirigida contra precandidatas, candidatas, candidatas electas, e incluso políticas en ejercicio de su cargo; y no se limita al proceso electoral, la pueden padecer antes, durante y después de ejercer un cargo.

Tras ser aprobado por el Pleno, el diputado Rubén Ríos Uribe, presidente de la Mesa Directiva, instruyó remitir el presente decreto al Ejecutivo estatal para su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

Mediante la Comisión de Atención y Protección de Periodistas y bajo la modalidad de comparecencia, la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz recibió el informe de actividades del año 2019 de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP).

En términos de los dispuesto en el artículo 67 de la Constitución Política del estado, la diputada María Josefina Gamboa Torales y los diputados Augusto Nahúm Álvarez Pellico y José Manuel Pozos Castro, presidenta, secretario y vocal de la referida comisión respectivamente, escucharon la exposición de la comisionada presidenta del organismo autónomo, Ana Laura Pérez Mendoza, y coordinaron el desarrollo de los trabajos.

En su presentación, la funcionaria dijo que, mientras en el nivel nacional los índices de homicidios a comunicadores han incrementado, en Veracruz estos indicadores van a la baja, ya que se ha privilegiado la prevención sobre la reacción.

Explicó que, de acuerdo con Reporteros sin Fronteras y Artículo 19, de los 13 homicidios de periodistas en nuestro país durante 2019, 12 ocurrieron en el Estado de México, Morelos y Guerrero y desafortunadamente uno ocurrió en Veracruz.

De acuerdo con su titular, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019, la CEAPP atendió un total de 94 expedientes, otorgando en dicho periodo un total de 259 acciones consistentes en la implementación de medidas de atención, preventivas y de protección, así como apoyos por concepto de ayuda social.

En el 2019 se abrieron 63 expedientes de procedimientos de atención por restricción a la libertad de expresión o por ayuda social, del programa preventivo y de los de protección, en donde se dictaron 171 medidas de ese mismo carácter.

Durante 2019 fueron dictadas 88 medidas de atención por restricción a la libertad de expresión o por concepto de ayuda social, de prevención y protección dentro de 31 expedientes de procedimientos correspondientes a ejercicios anteriores.

El organismo autónomo inició un total de nueve expedientes de protección y dio atención a un total de 13 expedientes abiertos en ejercicios anteriores a 2019 que se encuentran

activos. Durante el periodo que se informa, se abrió un total de 24 expedientes del Programa Preventivo y de Seguridad y se dio atención a 17 expedientes de ejercicios anteriores.

En relación con los expedientes mencionados, se implementaron medidas de carácter preventivo y de protección: 27 en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública del estado; 46 medidas tecnológicas; 20 de asistencia legal; dos de equipamientos consistente en chalecos identificativos de prensa y cinco ante autoridades municipales.

A esto se suman 38 apoyos económicos para traslados de periodistas, a efecto de presentar denuncias y atender trámites administrativos, de carácter ministerial y judicial, reubicaciones o reforzamientos de infraestructura de seguridad.

Asimismo, se determinaron 86 medidas que corresponden a 30 expedientes abiertos en años anteriores y que se encuentran aún en estatus de activos y se iniciaron ocho expedientes de atención, dentro de los cuales se otorgaron 11 medidas de atención y, en atención a expedientes anteriores a 2019 por estar activos dentro de este procedimiento, se dictaron dos medidas en un expediente.

Este organismo –prosiguió su titular- recibió 34 solicitudes de Procedimientos de Atención bajo la vertiente de ayuda social y apoyo de periodistas del estado de Veracruz, de las cuales 12 fueron sobreseídas por no cumplir requisitos.

En cuanto a asesorías jurídicas y acompañamientos legales, se iniciaron 65 carpetas internas, en las que se proporcionó a los periodistas que lo solicitaron asesoría jurídica y acompañamiento, además de dar seguimiento a casos de años anteriores de los que conoce la Comisión.

Por su parte, se presentaron 28 denuncias o querellas ante la Fiscalía Especializada y se da seguimiento a tres denuncias interpuestas por periodistas en fiscalías diversas. En materia laboral, las 13 carpetas iniciadas han sido por asesorías, demandas por despido injustificado, dos en trámite y una de posible conciliación.

En asuntos de periodistas desaparecidos o privados de la vida, habló del estado en que se encuentran los casos de los periodistas Víctor Manuel Báez Chino, José Moisés Sánchez Cerezo, Anabel Flores Salazar, Ricardo Arturo Monlui Cabrera y Celestino Ruiz Vázquez, por homicidio, y de Gabriel Manuel Fonseca Hernández, Miguel Morales Estrada, Raúl Alfonso Rivera, por desaparición.

Añadió que se han gestionado 42 constancias de víctimas directas e indirectas ante las diversas autoridades judiciales, a fin de dar de alta a los periodistas y familiares en el Registro Estatal de Víctimas de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV), de los cuales, en 2019, fueron entregados 10 registros de víctima directa y 32 de víctima indirecta. Aunado a lo anterior, se gestiona la constancia de la autoridad judicial para posteriormente realizar el trámite en la CEEAIV de dos registros más.

Ana Laura Pérez informó también que se realizaron 19 gestiones para atender temas relacionados con la salud y asistencia social de los periodistas, toda vez que sólo algunos cuentan con seguridad social.

Por cuanto hace a la rendición de cuentas, de acuerdo con el Informe General Ejecutivo de la Fiscalización Superior en este ente Fiscalizable, esta Comisión Estatal no recibió observaciones por irregularidades de carácter resarcitorio en la actuación de los servidores o ex servidores públicos, ni inconsistencias de carácter administrativo.

Asimismo, conforme a las revisiones efectuadas a los Informes Trimestrales que se remiten al Congreso del Estado sobre el Ejercicio del Gasto Público 2019, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado no encontró inconsistencias relevantes, agregó.

Con respecto a actividades de profesionalización, del 1 de enero a la fecha, se ha capacitado a mil 104 personas (707 hombres y 397 mujeres), en 41 acciones de capacitación dentro de las cuales se capacitaron a 481 periodistas, 95 servidores públicos, 468 mandos policiales y 60 estudiantes.

Además de los talleres Géneros fotoperiodísticos, práctica y proyectos y Metodología de investigación periodística; el simposio Los nuevos retos del periodismo en Veracruz; los diplomados en Periodismo y la función del periodista en el Sistema Penal Acusatorio; el curso Cómo aprovechar la fuente judicial al máximo, en coordinación con la Organización Nacional Anticorrupción AC, y el foro Temas actuales de la función policial, buenas prácticas en materia de derechos humanos y medios de comunicación, en coordinación con la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Xalapa.

Estas acciones del Plan Formativo para Periodistas 2019, tuvieron verificativo en diversos puntos del estado de Veracruz como Coatzacoalcos, Poza Rica, Córdoba, Orizaba, Veracruz, Xalapa, Martínez de la Torre, Jamapa y Coscomatepec.

La funcionaria destacó también que, durante el año, la Unidad de Transparencia de la CEAPP atendió y respondió 127 solicitudes de acceso a la información.

A su vez, personal de la Comisión Estatal ha recibido capacitación en transparencia, acceso a la información, datos personales y archivos, con la finalidad de obtener la certificación Sujeto Obligado 100% Capacitado, del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), y ha actualizado en tiempo y forma su Portal de Obligaciones de Transparencia.

La Contraloría Interna –agregó la Comisionada- realizó revisiones, evaluaciones y seguimiento al ejercicio de los recursos ministrados durante el ejercicio 2019 por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) a la Comisión, corroborando que el proceso de planeación, programación, presupuestación y contabilidad, así como el control del gasto público se realizaran de acuerdo con la normatividad de la materia y a los principios de contabilidad aceptados.

En materia de transparencia y rendición de cuentas, se realizaron dos auditorías, a fin de evaluar y verificar la aplicación del presupuesto asignado a la Comisión Estatal y la documentación soporte que lo comprueba.

Por último, se dio seguimiento a la integración a la cuenta pública 2018, que estuviera bajo la supervisión del despacho externo auditor acreditado ante el Orfis y cuyo resultado se encuentra pendiente de informar por el mismo órgano.

En la última parte de su exposición, la titular de la CEAPP, informó que en 2019 se recibió un total de 45 Declaraciones Patrimoniales y de Intereses, de las cuales seis son Iniciales, 36 de Modificación y 3 de Conclusión.

En cuanto al régimen de responsabilidad de servidores públicos, durante el mismo ejercicio, en la Contraloría Interna de esta Comisión quedaron integrados dos expedientes administrativos a igual número de servidores públicos.

En cumplimiento a lo establecido en los artículo 40 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 153 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del mismo Poder, la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto recibió la comparecencia del comisionado presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección a Datos Personales (IVAI), José Rubén Mendoza Hernández.

En la segunda jornada de Comparecencias de los Órganos Autónomos, en el Auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo, el diputado Henri Christophe Gómez Sánchez y la legisladora Adriana Paola Linares Capitanachi, presidente y vocal de la referida comisión, coordinaron los trabajos consistentes en la presentación del informe a cargo del servidor público y las dos rondas de preguntas y respuestas.

El titular del IVAI informó que, durante 2019, de los 329 entes públicos obligados a constituir su Comité de Transparencia, el 87 por ciento cumplió con dicha obligación, un porcentaje mayor al del año anterior en el que cumplió el 84 por ciento, es decir, 279.

Se logró que en 2019 aumentara la participación de la sociedad en la cultura de transparencia y rendición de cuentas. A diferencia de 2018, en que se recibieron 101 denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia, en 2019 llegaron 930, nueve veces más.

En este rubro, los ayuntamientos fueron los sujetos obligados más denunciados, con el 28 por ciento, seguidos de las entidades paraestatales, con 24 por ciento, y los organismos autónomos con 20 por ciento.

Destacó que se resolvieron 203 denuncias, atendiendo parte de las que quedaron pendientes en 2018 y de las que se presentaron en 2019 y que el número de denuncias resueltas este año fue el doble que las del año anterior.

Luego de los requerimientos realizados por el IVAI en 2018, añadió, se sancionó a 27 sujetos obligados con amonestación pública por incumplimiento en generar y remitir sus avisos de privacidad y a 23 por no remitir su informe anual en materia de datos personales.

En el mismo periodo, la sociedad utilizó su derecho presentando 36 mil 383 solicitudes de información más que en 2018, por Infomex y PNT y se presentaron ante el IVAI un total de seis mil 671 solicitudes de acceso a la información pública, cuatro veces lo recibido en 2018, donde se tuvieron mil 637. Un aumento de 308 por ciento.

De las seis mil 671 solicitudes recibidas, seis mil 633 fueron atendidas en términos de la ley, y solo en 38 solicitudes se ejerció el derecho a la prórroga, lo que representa el 0.57 por ciento, cifra menor a la solicitada el año anterior que fue de 4 por ciento.

Rubén Mendoza informó que el IVAI ha promovido el ejercicio del derecho de protección de datos personales, por lo que durante 2019 se recibieron 134 denuncias relacionadas con diversas temáticas.

En cuanto al fomento a la cultura de autocuidado y respeto, a través de conferencias el IVAI se acercó a cuatro mil 301 personas, 33 por ciento más que el año anterior.

Por otra parte, el Instituto elaboró el Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2019, atendiendo a lo establecido en los Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia.

Como parte del cumplimiento en materia de archivos y transparencia, el 30 de abril del

2019 se validó por parte del Archivo General del Estado la actualización del Cuadro General de Clasificación Archivística, del Catálogo de Disposición Documental y de la Guía de Archivo Documental.

De acuerdo con el Consejero Presidente del IVAI, Veracruz destacó en la región sureste como uno de los estados donde más personas se interesaron y comprometieron en capacitarse en materia de archivos a través del curso en línea puesto a disposición por la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia y el Archivo General de la Nación.

Precisó también que la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas es el sujeto obligado en contra del cual se interpusieron más recursos de revisión durante 2019. De los 20 mil 105 asuntos recibidos, el 85 por ciento fueron por inconformidad con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, 9 por ciento por la falta de respuesta a su solicitud y en el 6 por ciento restante el inconforme manifestó posteriormente estar satisfecho con la respuesta.

Dentro de las acciones tomadas por este órgano, se determinó instar a servidores públicos en 491 expedientes, en 157 se ordenó dar vista al contralor interno del ente obligado, en 32 se impuso apercibimiento y en 2 se dio vista al Cabildo.

El servidor público explicó la dinámica de los Jueves de Capacitación, donde se impartieron 78 sesiones, a las cuales asistieron dos mil 730 personas, 533 más que en 2018. Eso significó un incremento del 24 por ciento.

Con el programa de certificaciones Sujeto Obligado 100 % Capacitado y Comité de Transparencia 100 Capacitado, se lograron impartir 294 cursos a 42 sujetos obligados con un total de 23 mil 172 asistentes.

Refirió también que, a raíz de un convenio específico de colaboración, el IVAI y El Colegio de Veracruz lanzaron, el 5 de noviembre de 2019, el Diplomado denominado Transparencia, Acceso a la Información y Gobierno Abierto. Además, se han llevado a cabo reuniones de los capítulos Sistemas educativos / PREPArate y Construyendo ciudadanía en Veracruz.

En materia de actualización, todo el personal del IVAI tomó el curso en línea Sistema Nacional Anticorrupción-El nuevo régimen de responsabilidades administrativas y penales vinculadas a hechos de corrupción.

Además, prosiguió el funcionario, el IVAI ha colaborado en la publicación y presentación de obras académicas que abordan el tema de la corrupción (causas, consecuencias y propuestas para su combate) y ha dado capacitación y orientación a los integrantes de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

Como parte de su compromiso con las acciones a emprender, el Instituto ha asistido y participado de manera activa en las sesiones del Comité Coordinador del Sistema

Estatal Anticorrupción del estado de Veracruz.

Junto con el OPLE Veracruz, el Instituto Veracruzano de las Mujeres, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas y la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, el IVAI firmó un convenio de colaboración a favor de los grupos vulnerables.

En términos del inclusión, el órgano autónomo hizo entrega de una de las leyes 875 de transparencia en braille a la Sala Braille del Centro de Servicios Bibliotecarios y de Informática “José Mancisidor” de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, un ejemplar quedó en la biblioteca del IVAI para consulta del público en general y otro más se entregó a la Universidad Veracruzana.

Además, organizó el Encuentro Intercultural por el Derecho de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales e implementó la interpretación en Lengua de Señas Mexicana para la transmisión de sus sesiones públicas y acercar la materia a grupos vulnerables.

En el mismo sentido, el IVAI lanzó la convocatoria de su concurso de dibujo infantil en totonaco y náhuatl de la Sierra de Zongolica, a fin de acercarlo también a grupos vulnerables e incorporó a sus filas a una persona con discapacidad. En cuanto a su conformación, el Instituto está integrado por 94 personas: 49 mujeres y 45 hombres.

Mendoza Hernández concluyó su exposición ponderando que el IVAI ha obtenido resultados positivos durante los ejercicios 2017, 2018 y 2019 en los resultados del Sistema de Evaluación de Armonización Contable (Sevac), que contiene reactivos relativos a la transparencia, así como de las obligaciones de registros contables, presupuestales y administrativos.

El Congreso del Estado, a través de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, atendió el informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), presentado a esta Soberanía, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 67 de la Constitución Política local, 40 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 154 del Reglamento para el Gobierno Interior de este Poder.

Ante el diputado Alexis Sánchez García y las legisladoras Deisy Juan Antonio y Montserrat Ortega Ruiz, presidente, secretaria y vocal de dicha Comisión, la titular del organismo, Namiko Matzumoto Benítez, dio cuenta de las acciones y actividades llevadas a cabo durante 2019.

En el tema de igualdad entre mujeres y hombres, dijo que se actualizaron los instrumentos de recolección del monitoreo realizado durante 2018, lo que derivó en la modificación de 21 instrumentos de recolección, de los cuales se enviaron 20 a entidades de la administración pública estatal y uno a los 212 municipios del estado. A finales de diciembre de 2019, se contó con la respuesta de 55 municipios y de 20 entidades de la administración pública.

Además, con la finalidad de obtener información interseccional, se generó un instrumento para los 52 municipios con población mayoritariamente indígena, los cuales fueron enviados a los ayuntamientos. A finales de diciembre de 2019, se contó con la respuesta de 46 municipios.

Este año, la carga de trabajo de los visitadores de la CEDH fue en promedio de 359 solicitudes de intervención y 49 quejas por cada visitador.

Al hablar de la restructuración del organismo, destacó el inicio de operaciones de las áreas de Contención y Valoración de Impacto, Unidad para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes y la Unidad de Archivos, así como la regulación explícita de las atribuciones de áreas ya existentes en la estructura orgánica de la Comisión.

Expuso que, en 2019, la Unidad de Transparencia recibió tres mil 319 solicitudes de acceso a la información, que fueron atendidas a través de los procedimientos correspondientes, de acuerdo con la normatividad aplicable.

En materia de rendición de cuentas, señaló la funcionaria, la Contraloría Interna de la CEDH ejerció sus facultades legales para prevenir, corregir, investigar y sustanciar los actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas y, en su caso, sancionar aquellos distintos de las que son competencia del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

Junto con esto, las correspondientes revisiones al ingreso, egreso, manejo y custodia en la aplicación de los recursos públicos, en apego a lo establecido en el artículo 76 Bis de la Constitución Política del estado.

En la defensa y protección de los derechos humanos, en 2019, la CEDH atendió un total de 10 mil 767 solicitudes de intervención: 40 por ciento en oficinas centrales y 60 por ciento en delegaciones regionales y étnicas, 65 por ciento correspondieron a orientaciones, 15 por ciento a gestiones, 14 por ciento a quejas y 6 por ciento a antecedentes y ayudas humanitarias.

De acuerdo con Matzumoto Benítez, en 2019, esta administración resolvió 81 quejas a través de recomendaciones que se encuentran en etapa de cumplimiento y recomendó a las autoridades la adopción de las medidas necesarias.

Mientras los derechos que acreditaron un mayor número de violaciones fueron: derecho a la integridad personal (50); derechos de la víctima o de la persona ofendida (37) y derecho a la seguridad jurídica (12), las recomendaciones fueron dirigidas a 26 autoridades, dentro de las cuales tuvieron mayor número de señalamientos: Fiscalía General del Estado (37), Secretaría de Seguridad Pública (18) y distintos ayuntamientos (16).

De los 81 casos determinados, en 66 se acreditaron violaciones a derechos de grupos en situación de vulnerabilidad y se identificó a 278 víctimas.

La funcionaria detalló que la CEDH emitió 30 recomendaciones por violaciones graves a derechos humanos: tres por desaparición forzada, dos por desaparición forzada y ejecución extrajudicial, 15 por omisiones en la investigación de personas desaparecidas, seis por la comisión de actos de tortura y cuatro por discriminación. En cuanto a las quejas de oficio, se emitieron cinco recomendaciones.

Mencionó también la realización de 38 recomendaciones dirigidas a 10 autoridades estatales y municipales, así como entrevistas a 27 personas, entre ellas, integrantes de colectivos de familiares de víctimas de personas desaparecidas en la entidad e integrantes de organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional.

Con el objeto de promover y difundir la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) entre las organizaciones de la sociedad civil y actores interesados, el 1 de octubre de 2019 se instaló el Mecanismo Estatal de Monitoreo sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Respecto a la atención a familiares de personas desaparecidas, mencionó acciones de acompañamiento de búsqueda en los municipios de Úrsulo Galván, San Andrés Tlalnelhuayocan, Acultzingo, Amatitlán, Alvarado y Coatzacoalcos, en los 17 ceresos de la entidad y en dos hospitales psiquiátricos.

Asimismo, se llevaron a cabo 39 reuniones de coordinación con colectivos de la entidad y se realizaron jornadas de atención a familiares de personas desaparecidas en los municipios de Córdoba, La Antigua y Veracruz.

En 2019, continuó la Presidenta, la CEDH atendió solicitudes de intervención planteadas por personas privadas de su libertad. Destacan: 168 para conocer su situación jurídica, 83 sobre trámites de liberaciones anticipadas, 47 para interponer amparos y 43 para gestionar traslados.

La Comisión visitó los 17 ceresos del estado, un módulo preventivo de 72 horas y el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (CIEPA). En estos recorridos, la Dirección de Asuntos Penitenciarios emitió 119 observaciones, de éstas, 75 fueron solventadas y 44 se encuentran en trámite.

Del mismo modo, mencionó la presencia del organismo en 198 cárceles municipales a través de 335 visitas a sus instalaciones y 549 observaciones, de las cuales 21 se subsanaron y 528 se encuentran en proceso de atención.

También informó que en enero y febrero, la CEDH dio acompañamiento a las caravanas que ingresaron a territorio veracruzano. Personal de las delegaciones de Coatzacoalcos, Acayucan, Veracruz y Córdoba tuvieron presencia en los puntos de reunión y verificaron que durante el traslado por la entidad fueran respetados los derechos humanos de las personas migrantes.

A partir de una estrecha coordinación con los consulados en el estado –añadió la servidora pública-, se ha dado acompañamiento en los casos de migrantes en situación de riesgo o en los casos más graves en que las personas migrantes han perdido la vida.

Además, la Comisión atendió 280 solicitudes de intervención de personas migrantes, registrando 126 gestorías, 103 orientaciones y 11 quejas; se iniciaron dos quejas de oficio y se emitieron 162 constancias de vulnerabilidad a nacionales de 10 países.

Por otra parte, la capacitación ofrecida durante 2019 alcanzó un registro de ocho mil 613 personas a través de 494 cursos, y en la vinculación con el orden municipal, se llevaron a cabo Jornadas de Capacitación de Derechos Humanos para Autoridades Municipales. Se visitaron 12 diferentes sedes, con 264 personas que participaron representando a 75 municipios. Igualmente, se capacitó a 549 elementos de la SSP.

Igualmente, recibieron atención 63 organizaciones que año se acercaron a la CEDH, que, a su vez, estableció vínculos con autoridades de 43 entidades, organismos y dependencias de los tres órdenes de gobierno, mediante la celebración de 59 reuniones de coordinación ejecutiva y tuvo presencia en 158 actividades a las que fue convocado.

La Presidenta de la Comisión Estatal, concluyó destacando el trabajo realizado con 11 organizaciones internacionales y representaciones diplomáticas de distintos países, que derivaron en el fortalecimiento de acciones de protección a derechos humanos, junto con las nueve firmas de convenio realizadas a solicitud de ayuntamientos, organismos públicos y/u organizaciones de la sociedad civil.

El diputado José Manuel Pozos Castro, la legisladora María Josefina Gamboa Torales y el diputado Raymundo Andrade Rivera, presidente, secretaria y vocal respectivamente de la Comisión Permanente de Procuración de Justicia de la LXV Legislatura, recibieron la comparecencia de la encargada de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns, sobre el estado que guardan los asuntos que son competencia de este organismo autónomo durante el período septiembre-diciembre de 2019.

En presencia de autoridades municipales, representantes de las fuerzas armadas, notarios, empresarios, abogados, representantes de la sociedad civil y medios de comunicación, la funcionaria informó que, a su llegada a la Fiscalía, inició la revisión de todos los asuntos, la verificación de los registros oficiales y la identificación de rezagos.

Durante 2019, se iniciaron 80 mil 326 carpetas de investigación, de las cuales se encontraron aproximadamente 30 mil que no habían sido ingresadas en las bases de datos e instrumentos oficiales. En cuatro meses, se logró abatir en 96 por ciento el rezago en el registro de la información y la judicialización de tres mil 299 carpetas.

Al cierre de ese mismo año –prosiguió Hernández Giadáns-, se contabilizó un total de 49 mil 729 expedientes y se estableció un seguimiento semanal de los detenidos que son llevados a control de detención, para una mayor certeza de las vinculaciones a proceso.

“También encontramos diversos compromisos que no fueron atendidos a cabalidad con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, principalmente en el registro de vehículos robados y recuperados, así como en el de mandamientos judiciales, lo que originó que los resultados de las evaluaciones fueran negativos”, agregó.

En relación con los hallazgos en la gestión administrativa, se encontró un gasto excesivo en rentas de edificios para oficinas por un total anual de 33.6 millones de pesos (mdp), 3.8 mdp sin comprobar de fondo revolvente, pasivos por más de 251 mdp a favor de diversas instancias como SAR, IMSS, IPE, proveedores, contratistas, obra pública, retención y contribución a pagar.

Asimismo, excesiva dotación de combustible a altos mandos hasta por 125 mil pesos mensuales; en personal de ayudantía asignada a altos mandos, hasta 45 elementos a su cuidado personal y de sus familias; sueldos en altos mandos de casi 300 mil pesos mensuales, personal que no cubre el perfil de puestos autorizados y otros que cobraban sin presentarse a laborar en áreas administrativas.

En todos los casos, añadió Verónica Hernández, se dio vista y se puso del conocimiento a las instancias competentes para que inicien y den trámite a los procedimientos y denuncias a que haya lugar. Además, se encontraron irregularidades como falta de controles internos de auditorías en recursos humanos, financieros y materiales, así como proveedores y contratistas favorecidos sin pasar por el proceso de licitación y asignaciones directas.

A esto se añade deficiencia en obra pública del 2018, obra de mala calidad por más de 316 mdp, por lo que, en coordinación con el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) se realizan visitas a las obras para la determinación de las observaciones correspondientes.

En materia de los servicios periciales, los servicios médicos forenses se encontraban en condiciones deplorables ya que ningún semefo contaba con los requisitos mínimos para ser certificado.

Respecto al proceso de evaluación y control de confianza, prosiguió la servidora pública, 87 servidores públicos no lo aprobaron, por lo que instruyó a las áreas competentes iniciar los procedimientos correspondientes.

Además, se fortalecieron los protocolos del Centro de Evaluación y Control de Confianza. Al 31 de diciembre de 2019, se excedió la meta programada y se tienen pendientes de evaluar sólo a seis servidores públicos.

“Habiendo encontrado una distribución dolosa por cuanto hace a percepciones, manejo de combustibles y un manejo discrecional y con dispendio de los recursos públicos, se instruyó la reducción de sueldos excesivos y compensaciones para altos mandos, iniciando un proceso de dignificación y homologación en las percepciones del personal operativo”, destacó.

También determinó la distribución de 400 plazas para el fortalecimiento de áreas operativas. Una vez agotados los requisitos formales para el concurso y reclutamiento del personal, se destinarán 200 plazas a la policía ministerial (incremento de 27.17 por ciento), 130 posiciones se canalizaron para la contratación de fiscales (incremento del 26.4 por ciento).

Se añaden 30 para fortalecer los cuadros de los servicios periciales (incremento de 10.34 por ciento) y 40 se destinaron a fortalecer a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, a los que también se ha sumado el apoyo de 22 elementos de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase): un total de 164 elementos a partir de septiembre (incremento de 60.78 por ciento).

Dijo también haber instruido a la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, una atención inmediata, responsable y de respeto a todos colectivos que buscan justicia. Reportó la participación en nueve operativos de búsqueda, asistencia en 19 reuniones con diversas autoridades estatales y federales y el nombramiento de seis nuevos fiscales.

Además del acceso a las carpetas de manera inmediata cuando así lo solicitan y reuniones periódicas para su revisión, se han tenido 10 reuniones regionales con colectivos en Poza Rica, Coatzacoalcos, Veracruz, Córdoba, Orizaba y Xalapa, se han realizado cuatro reuniones estatales con colectivos y el Gobernador del Estado, se les ha invitado a que conozcan las condiciones de los semefos y se da seguimiento a todos los casos de larga data.

Desde septiembre, inició el estudio de cada una de las mil 155 carpetas que se encontraban en el sistema, que corresponden a mil 240 desaparecidos del año 2019. De acuerdo con la investigación, al 31 de diciembre, 588 personas ya habían sido localizadas, quedando 652 personas por localizar.

De igual manera, en la Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas y a la luz de las alertas de violencia de género emitidas al estado de Veracruz, se activaron 68 cédulas de Alerta Amber, se logró recuperar a 54 niñas, niños y adolescentes y se solicitaron cuatro colaboraciones con Alerta Amber México.

Destacó también la puesta en marcha, el pasado 25 de noviembre, del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz.

Como resultado de la aplicación del protocolo para la clasificación del delito de feminicidio, de un total de 142 carpetas de investigación iniciadas, se hizo una reclasificación exhaustiva resultando únicamente 100 carpetas de feminicidio. Las restantes derivaron en homicidios, muertes no delictivas, suicidio y muerte por omisión de cuidado, entre otros.

En cuanto a la atención a los pueblos originarios, dijo que la Fiscalía Coordinadora Especializada en Asuntos Indígenas y Derechos Humanos incrementó en 28 por ciento las visitas itinerantes en Huayacocotla, Chicontepec, Tantoyuca, Papantla, Orizaba, Zongolica, Hueyapan de Ocampo y Uxpanapa, y se atendió las 309 quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

De la actividad de la policía ministerial, detalló que en este año se cumplimentaron casi tres mil mandamientos judiciales relativos a órdenes de aprehensión, reaprehensión y comparecencia y que, de septiembre a diciembre, se ejecutó en promedio mensual 20 por ciento más que lo trabajado en el periodo de enero-agosto.

Para atender de manera frontal a uno de los delitos de mayor impacto social, se conformó la Coordinación Estatal de Homicidios.

En la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, durante el periodo que se reporta, se registraron 298 casos y se logró la detención de 147 presuntos culpables, la desarticulación de 22 bandas delictivas, el cumplimiento de 37 órdenes de aprehensión y la obtención de 56 sentencias condenatorias.

Aseguró que “en tan sólo cuatro meses y luego de un intenso trabajo, de un alto compromiso y con el apoyo irrestricto de mujeres y hombres profesionales, comprometidos, con vocación y honestidad, hemos puesto a la Fiscalía General del Estado al servicio de la población veracruzana”.

Verónica Hernández Giadáns concluyó su comparecencia aseverando que la autonomía de la FGE “no se excluye de la coordinación con todos los órdenes y niveles de gobierno, pero sobre todo con la sociedad civil. Coordinación no es subordinación, sino identidad en principios, estrategias y compromisos. En el Veracruz de hoy, se hace cumplir la ley y quien delinque es castigado sin distingos”.