“En Veracruz las reformas legales no se imponen, se acuerdan con el pueblo al que servimos obedeciéndolo”, aseveró el presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura, diputado Juan Javier Gómez Cazarín, al asistir al séptimo de los Encuentros por la Igualdad y No Discriminación-Hacia un Código Civil más incluyente.

Durante el inicio de los trabajos realizados en el Auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo, el legislador agradeció la presencia del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez; de la diputada federal Dorheny García Cayetano; del presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, diputado Rubén Ríos Uribe; del presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, de los ponentes y de representantes de diversos sectores sociales y distintos ámbitos.

Dijo que se trata de “un ejercicio de reconocimiento a lo que la sociedad nos tiene que decir, es atender a las expresiones de todas y todos, con respeto y tolerancia, con inclusión a las diversidades étnicas, con garantía a las libertades religiosas y más tratándose de un tema tan sensible como el Código Civil, un ordenamiento que regula temas tan delicados para el ser humano como la familia, los Derechos de las mujeres y el bienestar de las niñas y los niños, un Código que es heredero de una tradición jurídica milenaria.

“Si lo hacemos así, es más fácil avanzar por el difícil camino que nos lleva a las leyes justas, orientados por los expertos en la materia, acompañados por el Gobierno de México, por las Naciones Unidas y, desde luego, por los protagonistas del quehacer social. Que este intercambio sea por el bien de Veracruz, un estado de leyes justas”, concluyó.

La organizadora de estos foros y proponente de la iniciativa de reforma al Código Penal, diputada Mónica Robles Barajas, agradeció al subsecretario Encinas “la presencia, el respaldo, la congruencia y la convicción de tantos años, como un personaje que es parte de la historia política de nuestro país y que será parte de la historia del cambio que estamos haciendo en el estado de Veracruz”.

A su vez, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, dijo que esta iniciativa abonará al ejercicio de los derechos, que cumple no solamente con los estándares internacionales en la materia, sino que, reconoce la realidad de una sociedad que se ha venido transformando en los últimos años, abriendo espacio al ejercicio pleno de las libertades y los derechos”.

Dijo que “si bien son atendibles las preocupaciones de sectores que, a lo largo de muchos años, se han expresado en contra del derecho de las personas que desean libremente ejercer su libertad no solamente para contraer matrimonio, sino para el libre desarrollo de su personalidad, para ejercer libremente su sexualidad y sus convicciones personales éticas, lo más importante es que el Código abre un espacio de reflexión para consolidar los derechos de las mujeres en igualdad de condiciones”.

En su intervención, la diputada federal Dorheny García Cayetano, integrante de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Unión, manifestó el respaldo a la iniciativa que –consideró- responde a necesidades reales de personas que de hecho viven y han vivido sin el reconocimiento de sus derechos, por ello dijo celebrar la realización de estos foros para llegar a acuerdos que sirvan al avance en materia de derechos de la sociedad veracruzana.

Estuvieron presentes las diputadas Deisy Juan Antonio, Adriana Paola Linares Capitanachi, Rosalinda Galindo Silva, Elizabeth Cervantes de la Cruz, Cristina Alarcón Gutiérrez, Margarita Corro Mendoza, Jessica Ramírez Cisneros y Vicky Virginia Tadeo Ríos, así como los diputados Amado Jesús Cruz Malpica, León David Jiménez Reyes, Raymundo Andrade Rivera, Augusto Nahúm Álvarez Pellico, José Magdaleno Rosales Torres y Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, y el secretario general del Congreso del Estado, Domingo Bahena Corbalá.

Al término de las ponencias, las y los asistentes contaron con un espacio para intercambiar impresiones y dialogar con las y los integrantes del presídium, quienes ampliaron la información y respondieron cada una de sus comentarios, preguntas e inquietudes.

El presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz, diputado Rubén Ríos Uribe, recibió en las instalaciones de este Poder al vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes, con quien entabló un diálogo respetuoso sobre el análisis de las reformas al Código Civil de la entidad.

En primera instancia, el legislador Ríos Uribe se pronunció por generar, entre las partes interesadas en la reforma, un diálogo respetuoso y tolerante, que además privilegie la argumentación legal en la construcción de un marco jurídico acorde a las necesidades reales de Veracruz.

Con la participación de los coordinadores de los Grupos Legislativos del Partido Acción Nacional (PAN) y Del Lado Correcto de la Historia, diputados Omar Miranda Romero y Gonzalo Guízar Valladares, respectivamente, el diputado Rubén Ríos destacó que las citadas reformas deberán hacerse en un marco de inclusión, escuchando a las partes interesadas, pero sobre todo –indicó- atendiendo los derechos humanos, establecidos en la Constitución General y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano es parte.

“Es necesario atender lo que establece la Constitución y los Tratados a fin de generar los mecanismos que eviten la no discriminación, por orientación sexual, de las y los ciudadanos”, abundó.

Precisó que las puertas del Congreso de Veracruz siempre están abiertas al diálogo, pero éste siempre deberá ser apegado a legalidad y respetando las ideologías de cada grupo.

Mediante un Anteproyecto de Punto de Acuerdo, el diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos exhortó a los ayuntamientos del estado a cumplir su obligación en materia de transparencia y acceso a la información pública, y señaló que, de acuerdo con el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), casi la mitad de éstos no cuentan con un portal de transparencia, los que lo tienen no cumplen con los criterios mínimos y muchos ni siquiera publican nada.

Al presentar su exhorto, aludió lo dispuesto por los artículos 4, 9 fracción IV, 11 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Municipio Libre ambos para el estado de Veracruz, el integrante del Grupo Legislativo de Morena reconoció entre los propósitos de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y de acceso a la información pública, que se conozca la actuación de la autoridad pública y que se transparente el manejo de recursos.

En dicho sentido, dijo, de nada sirve que alguna autoridad maneje y gaste los recursos públicos de manera legal si no transparenta dicho manejo y gasto, es decir, que es igual de importante que el poder público actúe legalmente como que transparente su actuación.

Citó el mencionado artículo 30, el cual dispone que las actas y los acuerdos de las sesiones de Cabildo deben ser publicados en la página de transparencia municipal y en la tabla de avisos.

Refirió también el inciso h) de la fracción II del artículo 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado, que establece como obligación específica de los ayuntamientos poner a disposición pública las referidas actas de sesiones de cabildo y sus anexos.

Además recordó que la fracción IV del artículo 9 la misma Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado prevé como sujetos obligados a los ayuntamientos y a los concejos municipales, los cuales, de acuerdo con el artículo 11, también están obligados a hechos concretos.

Entre dichas obligaciones, se encuentran: constituir el Comité y las Unidades de Transparencia Municipal y vigilar su correcto funcionamiento, designar a los titulares de las Unidades de Transparencia Municipal y nombrar a los servidores públicos que las integren, así como publicar, actualizar y mantener disponible, de manera proactiva, a través de los medios electrónicos con que cuenten, la información a que se refiere esta Ley y, en general, toda aquella que sea de interés público.

En virtud de esto, el legislador pidió que los ayuntamientos del estado constituyan el Comité y la Unidad de Transparencia de su respectivo municipio y que vigilen su correcto funcionamiento, designen a la o al titular de la Unidad de Transparencia y nombren a los servidores públicos que la integren.

Asimismo, que publiquen, actualicen y mantengan disponible, a través de los medios electrónicos con que cuenten, la información a que se refiere la Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública y que, en términos de la normatividad vigente en la entidad, publiquen en su página de transparencia las actas y acuerdos de Cabildo.

Aclaró que con este anteproyecto, “se pretende abonar a la cultura de la transparencia y al acceso de la información pública, como instrumento o llave que busca generar confianza y respaldo ciudadano en la toma de decisiones gubernamentales”.

Vargas Barrientos señaló finalmente que el incumplimiento por parte de las autoridades municipales redunda en opacidad e incertidumbre en el ejercicio del poder público y en el manejo de recursos económicos.

Además, “abona a la corrupción, porque es obvio que la falta de transparencia y el ocultamiento de información pública, no les permite a los ciudadanos participar siquiera u opinar en las decisiones gubernamentales, por lo que, la autoridad de que se trate, seguirá actuando discrecionalmente de acuerdo a sus propios intereses”.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó el dictamen de acuerdo por el cual se autoriza la intervención de la Tesorería del ayuntamiento de Actopan, Veracruz, a fin de supervisar y evaluar que el gasto programado cumpla con los objetivos establecidos dentro de los criterios de eficacia, eficiencia, responsabilidad y transparencia, con apego al marco legal que le rige.

Las consideraciones del dictamen señalan que los regidores segundo, tercero, cuarto y quinto, del ayuntamiento de Actopan, solicitaron a este H. Congreso del Estado la intervención de la Tesorería Municipal, toda vez que señalan que desde el inicio de la administración municipal 2018-2021 se ha manejado de manera discrecional la Tesorería.

Dejando de observar la normatividad aplicable para hacer un correcto uso de los recursos públicos municipales, precisa el documento y añade que dichos ediles presentan como medio de prueba diversos oficios dirigidos a entes públicos encargados de la revisión y fiscalización de las finanzas públicas municipales dentro del estado de Veracruz.

Refiere que la Secretaría de Fiscalización del H. Congreso del Estado, a través de la Dirección de Auditoría y Revisión Financiera, y derivado de la Revisión en modalidad de Gabinete, realizada en el periodo de revisión enero –abril 2019, se encontraron 28 observaciones de carácter financiero, las cuales resultaron en recomendaciones para su atención.

Habiéndose otorgado para efecto de solventación de observaciones un plazo no mayor de 30 días hábiles, como lo estipula el artículo 52, último párrafo del Reglamento de los Servicios Administrativos del Congreso del Estado, sin que a la fecha haya una contestación por parte del área encargada del ayuntamiento de Actopan.

Asimismo, el dictamen precisa que la Dirección de Normatividad, Control y Seguimiento solicitó al titular del Órgano de Control Interno Municipal, un informe en relación con la existencia o inexistencia del procedimiento de entrega-recepción en la Tesorería Municipal, y habiéndose concedido prórroga a petición de dicho Contralor Interno, la misma fue desatendida y el informe solicitado a la fecha no ha sido rendido, por lo que fue necesario emitir un nuevo requerimiento.

Este dictamen registró 33 votos a favor y 13 en contra.

En el debate, participaron la diputada María Josefina Gamboa Torales y el legislador Eric Domínguez Vázquez.

El diputado del Grupo Legislativo de Morena, Rubén Ríos Uribe, presentó ante el Pleno de la LXV Legislatura una Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un último párrafo al artículo 92 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el estado de Veracruz, que busca exentar, a personas con discapacidad, del pago de parquímetros.

El también presidente de la Mesa Directiva, aseguró que su propuesta pretende que el pago de parquímetros deje de ser un gravamen económico, además de ahorrar tiempo y esfuerzo al realizar el pago a las personas con discapacidad, toda vez, que en algunas ocasiones, las mismas personas con discapacidad son quienes conducen el vehículo, ocasionando un esfuerzo al dirigirse a las máquinas de cobro y regresar al vehículo a dejar su recibo de pago.

Las personas con discapacidad tienen mayores barreras para un desarrollo individual, independiente y digno en todos los ámbitos como lo es en el laboral, escolar, familiar y social, tan solo por citar, dijo el diputado, por lo que requieren aún más esfuerzo para realizar sus actividades cotidianas, además de tener gastos extras referente a sus tratamientos, aparatos ortopédicos, trámites y la atención de diversas necesidades.

“Por lo anterior, esta iniciativa tiene como objetivo garantizar el interés superior de las personas con discapacidad, protegiendo su integridad física, pero en especial, buscando para ellas mayores condiciones con miras de una inclusión social efectiva”, además, señaló, de ir en concordancia a lo establecido dentro de un de los Objetivos de Desarrollo Sostenible denominado “Reducción de las Desigualdades” de la Agenda 2030.

De esta forma se adicionaría un último párrafo al artículo 92 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para Veracruz, donde quedaría inscrito en la Ley la exención del pago de parquímetros a personas con discapacidad cuyos vehículos porten placas o calcomanías en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción I del artículo 42 de la misma Ley, concluyó Ríos Uribe.

A la iniciativa se adhirieron los Grupos Legislativos del Partido Acción Nacional, Del Lado Correcto de la Historia, Morena y PRI-PVEM y fue turnada a la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad para su estudio y dictamen.

Para garantizar mayor protección judicial en los ámbitos civil y familiar, el diputado Raymundo Andrade Rivera puso a consideración del Pleno una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3 y 6 fracción VII y 15 fracción III, todos de la Ley de Defensoría Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

El integrante del Grupo Legislativo de Morena habló desde la tribuna durante la Décima Primera Sesión Ordinaria del Primer Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, para explicar el contenido de su propuesta. Consideró que “en la actualidad, en el estado de Veracruz, el acceso a la justicia presenta una limitación que debemos suprimir”.

Dijo que “la redacción actual del segundo párrafo de la fracción VII del artículo 6 de la Ley de Defensoría Pública establece la condición de que el patrocinio gratuito en materia civil y de procedimientos judiciales no contenciosos no se otorgará a la parte actora en el caso de la reconvención hecha en contestación de demanda”.

Andrade Rivera advirtió que esto significa “un freno normativo, injustificado, que impide o limita la posibilidad del acceso a la justicia, siendo obligación del Estado remover muros que hagan efectiva la protección judicial de los derechos humanos y, en especial, en el tema civil y de familia”.

En virtud de esto, propuso que el Artículo 3 establezca que “la defensoría pública comprende la orientación jurídica y defensa en materia penal, en la de justicia para adolescentes, así como el patrocinio en las materias civil, familiar y mercantil”.

De acuerdo con la reforma al Artículo 6, será atribución del Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública del Estado de Veracruz proporcionar gratuitamente patrocinio de defensa en materia civil, familiar y procedimientos judiciales no contenciosos, siempre que, de acuerdo con el estudio socioeconómico que se efectúe, los solicitantes tengan ingresos inferiores al triple del salario mínimo diario general vigente en el área geográfica donde radique el juicio.

La adición al Artículo15 determina que corresponde a los defensores públicos asumir el patrocinio en los asuntos de orden civil, familiar y mercantil, teniendo las siguientes funciones prioritarias prestar los servicios de asistencia jurídica en los términos previstos por esta Ley y demás aplicables, según el área de su competencia.

También, formular las demandas y contestación de las mismas, así como escritos para el desahogo de los juicios que estén encomendados bajo su responsabilidad, ofrecer las pruebas conducentes y formular los alegatos correspondientes, según proceda, a efecto de realizar una defensa conforme a Derecho y, en las audiencias, utilizar los mecanismos para una defensa integral de los asuntos encomendados a su cargo.

Además, auxiliar a su patrocinado en cualquier diligencia y actuación para la eficiente prestación del servicio, notificarse de las resoluciones emitidas por el Juez de la materia, notificar de ellas al solicitante del servicio e interponer oportunamente los recursos pertinentes y promover los juicios de amparo que sean necesarios cuando los derechos humanos de sus representados se estimen violados por alguna autoridad.

Por último, hacer saber a su representado en qué consisten los mecanismos alternativos de solución de controversias y propiciar que el asunto a su cargo, en caso de que proceda, pueda ser resuelto por esa vía en términos de la Ley aplicable y las demás que coadyuven a realizar una defensa conforme a Derecho, que propicie la impartición de justicia pronta y expedita en beneficio de la parte que represente.

Esta iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Procuración de Justicia.