por Puebla al Día | Nov 6, 2017 | México
Los líderes de Japón, Shinzo Abe, y Estados Unidos, Donald Trump, escenificaron hoy su unidad total frente a Corea del Norte, y subrayaron que contemplan todas las vías de acción para lidiar con Pyongyang tras dar por terminada la “paciencia estratégica”.
Abe y Trump se mostraron plenamente de acuerdo en aplicar una “máxima presión” sobre Corea del Norte para forzarle a abandonar sus programas nuclear y de misiles, e hicieron gala de una amistad sin precedentes entre mandatarios de estos países aliados, después de celebrar una cumbre en Tokio.
“La era de la paciencia estratégica se ha acabado”, afirmó Trump en una rueda de prensa conjunta para insistir en el cambio de rumbo emprendido por su Administración respecto a las anteriores, lo que incluye contemplar todas las opciones de acción posibles, entre ellas la militar.
“Miren lo que ha pasado con una postura débil durante los últimos 25 años”, dijo Trump, quien recalcó que el régimen continúa con sus tests nucleares ilegales y con sus intolerables lanzamientos de misiles directamente por encima de territorio nipón.
El problema norcoreano fue el asunto central en la agenda de la cumbre celebrada hoy en el palacio tokiota de Akasaka, que tuvo lugar durante la segunda jornada de la visita del líder de la Casa Blanca a Japón y en el marco de su amplia gira asiática.
El primer ministro japonés, por su parte, aseguró que está “al cien por cien” con Washington en su postura de que “todas las opciones están sobre la mesa” y de ejercer la “máxima presión” sobre el régimen de Kim Jong Un.
“Hemos intentando el diálogo con Corea del Norte durante décadas y Pyongyang siempre lo ha roto. No tiene sentido dialogar con ellos”, aseguró Abe, quien pidió una vez más China a que ejerza su influencia sobre Corea del Norte para empujarle a poner fin a sus programas armamentísticos.
Ambos mandatarios, que se encontraron en Tokio por quinta vez desde que el magnate neoyorquino ganara las presidenciales estadunidenses el pasado noviembre, presumieron de mantener unas relaciones cuya cercanía y fluidez no tiene parangón entre sus predecesores.
“Nunca ha habido lazos tan estrechos entre líderes de ambos países durante el último medio siglo”, dijo Abe, quien se refirió a Trump como su ‘querido amigo’.
El presidente estadunidense se mostró de acuerdo en dicha afirmación y calificó de “extraordinaria” sus relaciones tras pasar “mucho tiempo” junto al líder conservador nipón, con quien jugó al golf el domingo durante un encuentro informal poco después de llegar a Japón.
El viaje de Trump se ha visto marcado por la matanza perpetrada en la víspera por una iglesia bautista en Texas, donde han muerto al menos 28 personas, un suceso que el presidente calificó de “espeluznante” y que ha atribuido a “un problema de salud mental de alto nivel”.
Asimismo, el presidente norteamericano asistió hoy a una reunión con familiares de japoneses secuestrados por el régimen norcoreano entre 1977 y 1983 y se comprometió a trabajar “estrechamente” con el Ejecutivo japonés para tratar de lograr su retorno.
“Sería una tremenda señal si el régimen decidiera enviarlos de vuelta. Sería el comienzo de algo”, dijo sobre los al menos diecisiete nipones secuestrados.
En el apartado económico, los dos líderes trataron la posibilidad de negociar un acuerdo bilateral en el futuro, tras la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico (TPP) del que ambas naciones formaban parte.
Trump apostó por un nuevo marco con Japón tras “muchas décadas” de “gigantesco déficit comercial”, que alcanzó los 68 mil 800 millones de dólares (unos 60 mil millones de euros) en 2016, y afirmó que los intercambios entre ambas partes “no son justos, ni abiertos ni recíprocos”.
El presidente estadunidense se pronunció en los mismos términos sobre China, país que visitará entre los días 8 y 10 de noviembre, y con el que Washington “ha mantenido unas relaciones comerciales muy injustas durante décadas” que han arrojado “un déficit comercial masivo” para Estados Unidos.
Trump continuará su gira asiática mañana en Corea del Sur, antes de dirigirse a China, y posteriormente visitará Vietnam y Filipinas hasta el próximo día 14.
por Puebla al Día | Nov 6, 2017 | México
En México operan nueve cárteles del narcotráfico, de acuerdo a un informe de la Procuraduría General de la República (PGR). La cifra supera por tres a los que señaló la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), indicando que hay seis grupos criminales y 11 cabecillas.
La DEA en su informe anual Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2017 detalló que en México operan los cárteles de Sinaloa, de Juárez, del Golfo, Los Zetas, los hermanos Beltrán Leyva y Jalisco Nueva Generación.
Por su parte, la PGR indica, en un documento del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) con fecha del 31 de octubre, que además de los cárteles mencionados por la DEA, en México continúan activos los cárteles de Tijuana o de los Arellano Félix, Los Caballeros Templarios y La Familia michoacana.
Los Arellano Félix mantienen presencia en Baja California bajo la operación de las células de El Chan, El Jorquera y El Kieto. La Familia de Michoacán tiene presencia en México, Morelos y Guerrero.
Los Caballeros Templarios actualmente son dirigidos por Fernando Cruz Mendoza, alias ‘El Tena’ y por Homero González Rodríguez, alias ‘El Gallito’. El grupo delictivo opera en los municipios michoacanos de Aquila, Coahuayana, Coalcomán de Vázquez Pallares, Tumbiscatío y Apatzingán.
La PGR destacó el estado actual del resto de cárteles en el informe. Los Zetas están cada vez más debilitados, manteniendo solo tres células distribuidas en Tamaulipas bajo los nombres Grupo Operativo Los Zetas, Grupo Operativo Zetas y Fuerzas Especiales Zetas.
El cártel del Golfo mantiene siete células. En Tamaulipas tienen cinco, conocidos como Los Metros, Los Rojos, Grupo Dragones, Los Fresitas y Los Ciclones; mientras que en Quintana Roo, Los Pelones y los Talibanes se disputan la plaza.
Los líderes del narcotráfico de los seis cárteles identificados por la DEA son:
- Cártel de Juárez: Carlos Artuno Quinta, ‘El 80’, y Julios César Olvias Torres, ‘El Sexto’.
- Cártel del Golfo: José Antonio Romo López, ‘Don Chucho’, y José Alfredo Cárdenas Martínez, ‘El Contador’.
- Cártel de Sinaloa: Ismael ‘El Mayo’ Zambada. A la organización se ha sumado Rafael Caro Quintero.
- Cártel Jalisco Nueva Generación: Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, y Jorge Luis Mendoza Cárdenas, ‘La Garra’.
- Cártel de los Beltrán Leyva: Fausto Isidro Meza Flores, ‘El Chapo Isidro’, y José Luis Ruelas Torres.
- Los Zetas: Juan Gerardo Treviño Chávez, ‘El Huevo’, quien pelea contra escisiones del grupo que se hacen llamar Cártel del Noreste y Los Zetas Vieja Escuela.
por Puebla al Día | Nov 3, 2017 | México
La aún prófuga de la justicia Mónica García Villegas, dueña del Colegio Enrique Rébsamen, pagó 400 mil pesos en efectivo al abogado que le tramitó el amparo contra la orden de aprehensión y a quien negó conocer para justificar su negativa a presentarse a declarar ante las autoridad capitalina.
El dinero habría sido parte del efectivo que la mujer retiró de sus cuentas bancarias a partir del 25 de septiembre, unos días después del sismo de 7.1 grados que colapsó uno de los edificios del colegio.
De acuerdo con información obtenida, el dinero fue entregado en efectivo al abogado Moisés Castillo, a quien García Villegas conoció por uno de sus tíos, quien se lo recomendó para llevar su defensa.
El litigante planteó un “proyecto integral”, que no sólo incluía la tramitación de un amparo, sino la reparación del daño a víctimas de la tragedia, esto último sólo en caso de que un juez así lo determinara.
El abogado fue quien acusó de recibido el citatorio que la procuraduría capitalina le envió a la dueña del colegio, sin embargo, la mujer no acudió y envió una carta negando que la hubieran citado pues, según ella, no le había llegado ningún citatorio. En el escrito dijo desconocer a Castillo, quien se acreditó como su representante legal.
La procuraduría capitalina obtuvo de un juez la orden de aprehensión contra Mónica García Villegas, a quien acusa del delito de homicidio con dolo eventual, debido a las modificaciones que se hicieron a la estructura del colegio.
Autoridades capitalinas descartaron la detención de la mujer, quien es representada por el exsubprocurador general de la República, Javier Coello.
por Puebla al Día | Nov 3, 2017 | México
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reprobó la operación de 10 cárceles ubicadas en municipios de cuatro estados del país.
De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016, esos penales no garantizan la integridad de mujeres y hombres; una estancia digna; condiciones de gobernabilidad; la reinserción; o no cuentan con instalaciones con requerimientos específicos.
Y en una escala del 1 al 10, los centros de reclusión obtuvieron una evaluación que va de 0.08 al 3. El diagnóstico de la CNDH ubica a la cárcel pública municipal de San Blas, Nayarit, como la peor del país.
Le siguen las prisiones de Rosamorada y Acaponeta, también en ese estado; las cárceles distritales de Tizayuca y de Zacualtipán, Hidalgo; el Reclusorio Preventivo Municipal de Cihuatlán, Jalisco; la distrital de Zimapán y de Atotonilco El Grande, ambas en Hidalgo; la cárcel municipal de Tuxpan, Nayarit, y la cárcel distrital de Bochil, Chiapas.
Nueve de ellas presentan problemas de hacinamiento, destacando las cárceles distritales de Zacualtipán, con 263% de sobrepoblación; y la de Tizayuca, ambas en Hidalgo, donde se presenta una sobrepoblación de 208%. Además, carecen de separación entre hombres y mujeres.
Según la CNDH, los Centros Federales de Readaptación Social Aserradero y Morelos, ubicados en las Islas Marías, son las mejores prisiones evaluadas.
PEORES PENALES ESTÁN EN NAYARIT E HIDALGO
En diez municipios de Chiapas, Hidalgo, Jalisco y Nayarit se encuentran las prisiones más inseguras y con las peores condiciones para los internos de las 298 que hay en las 32 entidades federativas del país, revela un estudio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016 menciona que al realizar una revisión se determinó que las diez cárceles no garantizan la integridad de mujeres y hombres; una estancia digna; condiciones de gobernabilidad; la reinserción; o no cuentan con instalaciones con requerimientos específicos.
De una escala del 1 al 10, los centros de reclusión obtuvieron una evaluación que va del 0.08 al 3. El diagnóstico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ubica a la Cárcel Pública Municipal de San Blas, Nayarit, como la peor del país.
Le siguen la prisión de Rosamorada y Acaponeta, ambas en esa misma entidad. La Cárcel Distrital de Tizayuca y Zacualtipán, Hidalgo; Reclusorio Preventivo Municipal de Cihuatlán, Jalisco; la Distrital de Zimapán y Atotonilco El Grande, ambas en Hidalgo; la Cárcel Pública Municipal de Tuxpan, Nayarit, y la Cárcel Distrital de Bochil, en Chiapas.
Nueve de ellas presentan problemas de hacinamiento, destacando las cárceles Distritales de Zacualtipán, con 263% de sobrepoblación; y la de Tizayuca, ambas en Hidalgo, donde se presenta una sobrepoblación de 208 por ciento.
El documento menciona que las prisiones carecen de separación entre hombres y mujeres, servicios para mantener la salud de las personas privadas de la libertad, supervisión por parte del director, no hay programas para la prevención y atención de incidentes violentos, así como programas para la prevención de violaciones a derechos humanos y la atención en caso de detección.
Insuficiencia en los procedimientos para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos, atención a personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento, no hay manuales o protocolos, el personal penitenciario carece de capacitación, así como una deficiente integración del expediente técnico-jurídico de cada persona privada de la libertad.
El diagnóstico de la CNDH muestra que sólo uno de 19 penales de máxima seguridad, los cuales la federación administra con la iniciativa privada, está entre las diez prisiones con mayores estándares de calidad en el país.
Las prisiones se encuentran en los estados de Aguascalientes, Baja California, Colima, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Querétaro.
Según los datos, el Centro Federal de Readaptación Social Aserradero y Morelos, en las Islas Marías, a cargo del gobierno federal, son las mejores prisiones del país. Le siguen el Centro Penitenciario Femenil de Saltillo, Coahuila; y el de Centro Estatal de Reinserción Social de San Miguel de Allende, Guanajuato.
En estas prisiones, según la CNDH, las instalaciones son adecuadas y el personal tiene la capacitación adecuada, lo que garantiza la estadía del interno (mujeres y hombres), así como su reinserción en la sociedad.
NAYARIT, CON EL PROMEDIO MÁS BAJO
Nayarit se encuentra dentro de los estados con las peores cárceles del país, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Nayarit obtuvo la calificación más baja de 4.37 dentro del estudio, seguido de otros estados como Guerrero, Hidalgo y Quintana Roo.
El estudio se basa en rubros como la garantía de la integridad personal del interno, estancia digna, condiciones de gobernabilidad, reinserción social del reo y grupos de internos con requerimientos específicos, de su libertad, insuficiencia en el personal de seguridad y custodia, entre otras y sólo se observó una apropiada atención a personas indígenas.
EL TATOS NIEGA LA EXTORSIÓN
Luis Alberto González Nieto, El Tatos, negó que haya quemado a un interno en el penal Neza Bordo para extorsionarlo y dijo que esta acción fue porque estaba cobrando una deuda que la víctima tenía con otro reo.
En una tercera parte del video dado a conocer por Ciro Gómez Leyva en Imagen Noticias, González Nieto se dijo molesto con los extorsionadores y secuestradores, pues dijo que por ejemplo a él se le imputa el delito de plagio sin haberlo cometido.
“No fue tanto porque yo lo estuviera sopleteando, sino porque le debía al que contrate, al fallecido que hubo, y él (el quemado) fue el que realmente lo mató, no fue ahorcado”.
El Tatos se va a mantener recluido en el penal de máxima seguridad de Gómez Palacio, en Durango.
Ayer se venció el plazo de 48 horas para que los abogados de El Tatos revirtieran la medida de traslado.
No lo hicieron y el juez que lleva su causa validó el traslado para que González Nieto fuera canalizado al área de tratamiento de secuestradores.
González había sido llevado el pasado martes al Penal Federal Número 14 de Gómez Palacio Durango, una cárcel especial para secuestradores.
DENUNCIAN QUE VIOLARON A REOS CON MACANAS
Durante el motín del pasado 10 de octubre en el penal de Cadereyta, los reos fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Incluso fueron violados con macanas o aventados varios pisos por las escaleras.
Así lo aseguró Consuelo Morales, directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) y reiteró que la información corresponde a entrevistas con familiares de los reclusos.
“Tras los hechos violentos en el penal de Cadereyta, los días 9 y 10 de octubre, Cadhac abrió diferentes vías de comunicación con las familias y las víctimas para conocer y documentar la situación”, explicó.
Agregó que recibieron más de 400 reportes y ante la falta de transparencia del estado, el organismo tiene la necesidad de compartir la información que preocupa tanto a víctimas como familiares.
Luego de que Morales aseguró que la cifra de muertos en los hechos habría sido de 50 y no 18, como lo manejaron las autoridades, el gobierno del estado difundió un comunicado reiterando la cifra oficial.
“Los internos fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos, degradantes tales como golpes, uso de balas de goma, uso de armas letales, fracturas en manos, piernas, cabeza y cráneo, internos violados con macanas e internos aventados varios pisos por las escaleras”, detalló la activista.
RECIBEN PROTECCIÓN AL MENOS 700 PERSONAS
Tras informar que 700 personas defensoras de derechos humanos y periodistas cuentan con medidas de seguridad ordenadas por la junta de gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la CNDH demandó que éste cuente con el presupuesto y el personal necesario y capacitado para llevar a cabo sus labores de manera efectiva.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos planteó que las autoridades hacendarias y legislativas deben asegurar dicho presupuesto a fin de que no se limiten o entorpezcan las funciones del Mecanismo y, al contrario, se pueda hacer frente a la protección de los beneficiarios que cuentan con medidas de seguridad.
En el marco del Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, este 2 de noviembre, la CNDH detalló que del año 2000 al 31 de octubre de 2017 se tiene el registro de 130 homicidios de periodistas, mientras que de 2005 hasta ahora 20 periodistas se encuentran desaparecidos y se han cometido 52 atentados a medios de comunicación de 2006 a la fecha.
En este contexto, la CNDH advirtió que el incremento de agresiones contra informadores en México, la falta de investigación y la prevalencia del 90% en el índice de impunidad de los delitos en su contra exigen atención urgente y decidida de los tres órdenes de gobierno pues debilitan el Estado de derecho.
“La libertad de expresión es un derecho con implicaciones de índole individual y colectiva, por lo que agredir a periodistas y medios de comunicación trastoca los fundamentos de nuestra democracia, ya que se generan zonas de silencio ante el temor de ser asesinados, desaparecidos o amenazados por su ejercicio profesional”, advirtió la CNDH.
Por otra parte, el defensor de los derechos humanos en el Estado de México, Jorge Olvera García, recibió una recomendación por parte de la CNDH por haber concluido una queja sin analizarla adecuadamente, en la que se señala la posible tortura infligida al quejoso y la dilación en la integración de una carpeta de investigación.
Tras un recurso de impugnación promovido por el afectado, la Comisión Nacional consideró fundado el agravio denunciado por el quejoso, que denunció haber sido agredido físicamente por los elementos policiales que lo aprehendieron; además que desconocía el estado que guardaba la carpeta de investigación sobre el caso, lo realizado en ella y si estaba resuelto.
