por Puebla al Día | Jul 8, 2020 | Congreso
Con la finalidad de mejorar el desempeño legislativo y evitar cualquier conflicto de interés
en el desahogo de los dictámenes, el diputado José Magdaleno Rosales Torres presentó
ante el Pleno una iniciativa que prevé reformar la Ley Orgánica y el Reglamento para el
Gobierno Interior, ambos del Poder Legislativo.
La propuesta del integrante del Grupo Legislativo de Morena busca señalar que el
diputado o diputada no podrá participar en la discusión y dictaminación cuando la
iniciativa que presente sea turnada a la comisión o comisiones de las que forme parte.
En este sentido, el legislador detalló.
“Se hace evidente que al ser quien promueve, puede
agilizar el desahogo de la iniciativa para lograr el dictamen a favor, o retrasar otras que
contengan propuestas de reformas similares”.
Tras referir que con esta acción se violentaría la legislación interna, manifestó que un
caso distinto será cuando la totalidad de quienes integren una comisión permanente o
especial propongan la iniciativa.
“Por obviedad serán quienes dictaminen, pues hay un
acuerdo previo de entre todas y todos sus integrantes para dar curso a lo que en conjunto
se propone”, abundó.
Por otra parte, al participar durante la quinta sesión ordinaria, el diputado Rosales Torres
propone incorporar en el Reglamento la disposición para permitir el retiro de iniciativas o
anteproyectos con punto de acuerdo, antes de ser dictaminados, a través de un escrito
ante quien presida la comisión o la Junta de Coordinación Política, cual sea el caso.
“La reglamentación interna del Poder Legislativo tiene como propósito regular las
actividades, y funcionalidad, al interior de este órgano, por lo que esta iniciativa en nada
afectaría los derechos que como legisladoras o legisladores tenemos”, concluyó.
Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de
Gobernación.
por Puebla al Día | Jul 7, 2020 | Congreso
Para evitar confusiones acerca de la conformación de los distritos electorales uninominales, que incluye el establecimiento de las demarcaciones territoriales y ya que es una materia en la que no pueden legislar las entidades federativas, el Grupo Legislativo de los Partidos Revolucionario Institucional y Del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), presentó al Pleno la iniciativa que busca abrogar la Ley de División Territorial del Estado de Veracruz-Llave, para la elección del Poder Legislativo del Mismo.
En el texto de la propuesta, se establece que es necesaria la abrogación de la citada Ley, vigente desde el 14 de julio de 1988, debido a que carece de aplicación en el territorio estatal, al estar sus normas superadas constitucionalmente.
Refiere que esta Ley carece de positividad, toda vez que la determinación del número de distritos electorales locales y su integración ya no es ahora una atribución de las entidades federativas sino del Instituto Nacional Electoral (INE), como consecuencia de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2014, por el que fueron reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral.
En la citada reforma constitucional federal fue creado el INE, en sustitución del Instituto Federal Electoral, otorgándosele diversas atribuciones relativas no sólo a las elecciones federales sino también a las del ámbito local, y que anteriormente eran exclusivas de las entidades federativas, entre ellas, “La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos electorales y división del territorio en secciones electorales”.
Resulta indudable que la Ley de División Territorial del Estado de Veracruz-Llave, para la elección del Poder Legislativo del Mismo no tiene aplicación alguna en la entidad, por las razones de incompetencia local para establecer la geografía electoral, así como por el hecho de que la determinación del número de distritos electorales, en lo que sí tienen atribuciones las entidades federativas, ya se encuentra prevista en la Constitución Política del Estado, detalla.
La iniciativa, autoría de las diputadas Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, así como de los diputados Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes, fue
turnada por la Mesa Directiva a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen correspondiente.
por Puebla al Día | Jul 7, 2020 | Congreso
Con el propósito de dar cumplimiento al mandato constitucional de llamar a comparecer a aquel servidor público a fin que explique las razones de sus negativas a cumplir con las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), las y los integrantes del Grupo Legislativo Mixto de los Partidos Revolucionario Institucional y Del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), presentaron al Pleno una iniciativa de decreto.
Con esta iniciativa se plantea reformar los artículos 4, fracción IV, y 28 Bis, de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Veracruz con lo cual se prevé garantizar el respeto a los derechos humanos fundamentales y se acota, mediante normas jurídicas expresas, la discrecionalidad en la actuación de las autoridades en esta materia, al estar sujetas en su desempeño al escrutinio permanente de la sociedad, por conducto de sus representantes populares.
De esta manera, la CEDH tendrá la facultad, no solo de hacer del conocimiento, sino de solicitar al Congreso del Estado o, en los recesos de éste, a la Diputación Permanente, que llame a comparecer a las autoridades o servidores públicos que se nieguen a aceptar o cumplir sus recomendaciones, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.
De igual forma, se plantea señalar que, en su caso, las comparecencias se realizarán, con el formato que acuerde el Congreso o la Diputación Permanente, ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado, y a las mismas deberá asistir, con derecho de intervenir, quien presida la CEDH.
En los casos en que las autoridades o los servidores públicos incumplan las peticiones de la CEDH o entorpezcan las investigaciones, la presidencia de este órgano autónomo rendirá un informe al Congreso del Estado, por conducto de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, así como a las autoridades competentes, sobre los probables delitos o faltas que hubiesen cometido las autoridades o servidores públicos.
Lo anterior, con el propósito de que se les apliquen, en su caso, en términos de las leyes respectivas, los procedimientos y las sanciones correspondientes.
La iniciativa refiere que con esta modificación se contribuirá a fomentar aún más entre las autoridades y servidores públicos una cultura de respeto y protección a los derechos humanos. “Esto, sabedores de que al negarse a cumplir una recomendación podrán ser requeridos por la Representación Popular, si así lo solicitara el organismo protector de tales derechos, para que expliquen las razones de su negativa, lo que reviste singular relevancia, ante la limitante que tienen las recomendaciones de no ser vinculatorias”, detalla.
Cabe destacar que la atribución del Poder Legislativo del Estado de llamar a comparecer a los servidores públicos que se negaren a cumplir las recomendaciones de la CEDH se incluyó en la Constitución Local a través del decreto número 917 de la LXIII Legislatura, publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 4 de noviembre de 2016.
Por lo que esta iniciativa plantea ajustar esta disposición constitucional a la Ley del citado órgano autónomo.
Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.
por Puebla al Día | Jul 7, 2020 | Congreso
El Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (GLPAN), presentó una Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona tres párrafos finales al artículo 38 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz cuyo objetivo es regular la movilidad de niñas y niños abordo de motocicletas, anteponiendo su interés superior, su seguridad y la salvaguarda de su integridad física.
Con esta propuesta quedaría prohibido transportar en motocicletas, triciclos automotores y cuatrimotos a niñas y niños menores de 8 años de edad, aún cuando porten el casco protector.
En el mismo sentido, las niñas y niños de 8 a 16 años de edad, puedan ser pasajeros de motocicletas, siempre y cuando superen los 110 centímetros de altura, porten casco protector, no se exceda el número de pasajeros permitido en la unidad y el conductor del vehículo sea su padre o madre o tutor o tutora legalmente reconocidos o los autoricen de manera confiable.
Asimismo, excepcionalmente las niñas y niños de 8 a 16 años, podrán conducir motocicletas o cuatrimotos en áreas destinadas a la recreación familiar, siempre y cuando sean diseñadas y/o manufacturadas para su edad y desarrollo de conocimiento, las cuales deberán estar registradas ante la autoridad competente local, que verificará el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas que resulten aplicables.
En entidades federativas como Jalisco, Yucatán y Ciudad de México, se han realizado adecuaciones a las leyes que regulan el uso de motocicletas, a fin de garantizar la seguridad de niñas y niños que son trasladados en ellas, refiere la iniciativa, pero con independencia de ello, se considera que en Veracruz se debe atender esta situación desde el ámbito legislativo.
La protección a los niños y jóvenes como sujetos vulnerables ha sido una de las premisas del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, para así poder garantizar su vida, desarrollo y libertades, añade.
La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad para su estudio y dictamen.
por Puebla al Día | Jul 7, 2020 | Congreso
Reforzar la legislación estatal para evitar inequidad en el derecho a la salud y abusos científicos contra las comunidades indígenas es el propósito de la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Derechos y Culturas Indígenas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por el diputado Augusto Nahúm Álvarez Pellico.
De acuerdo con el proponente, el contenido de dicha iniciativa, puesta a consideración del Pleno durante la Quinta Sesión Ordinaria del Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio Constitucional se encuentra fundado y motivado en el reclamo de la población indígena del estado.
Al recordar que el estado de Veracruz habitan un millón 24 mil 709 indígenas, es decir, 11 por ciento de la población total de la entidad, y que son 47 los municipios considerados indígenas en toda la entidad, el legislador consideró primordial proteger los derechos bioculturales de los pueblos indígenas, debido a que son desfavorecidos en el acceso a la salud, así como la protección a su patrimonio genético.
El integrante del Grupo Legislativo de Morena dijo que “se tiene evidencia de que ya ha existido robo de material genético en diferentes nosocomios de la entidad como puede ser el Hospital de la Comunidad de Tlaquilpa y el Regional de Río Blanco”, por lo que enfatizó su propuesta de “integrar una restricción a la extracción ilegal de material genético de nuestra población indígena”.
Asimismo, habló de la necesidad de “coadyuvar con la autoridad de salud estatal, para ser plenamente responsables del cuidado de las enfermedades más frecuentes en las comunidades indígenas” y con ello evitar que se afecte y trasgreda la economía e integridad de las familias indígenas.
Esta iniciativa –dijo el legislador- busca el reconocimiento y protección de los pueblos indígenas: náhuatl, huasteco, tepehua, otomí, totonaca, zapoteco, popoluca, mixe, chinanteco, mazateco, maya, zoque y mixteco; así como a todos aquellos que estén asentados o que de manera temporal o definitiva sienten su residencia en Veracruz.
Para el trámite respectivo, dicha iniciativa fue turnada a las comisiones permanentes unidas de Asuntos Indígenas y de Salud y Asistencia.
por Puebla al Día | Jul 7, 2020 | Congreso
Reforzar la legislación estatal para evitar inequidad en el derecho a la salud y abusos científicos contra las comunidades indígenas es el propósito de la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Derechos y Culturas Indígenas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por el diputado Augusto Nahúm Álvarez Pellico.
De acuerdo con el proponente, el contenido de dicha iniciativa, puesta a consideración del Pleno durante la Quinta Sesión Ordinaria del Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio Constitucional se encuentra fundado y motivado en el reclamo de la población indígena del estado.
Al recordar que el estado de Veracruz habitan un millón 24 mil 709 indígenas, es decir, 11 por ciento de la población total de la entidad, y que son 47 los municipios considerados indígenas en toda la entidad, el legislador consideró primordial proteger los derechos bioculturales de los pueblos indígenas, debido a que son desfavorecidos en el acceso a la salud, así como la protección a su patrimonio genético.
El integrante del Grupo Legislativo de Morena dijo que “se tiene evidencia de que ya ha existido robo de material genético en diferentes nosocomios de la entidad como puede ser el Hospital de la Comunidad de Tlaquilpa y el Regional de Río Blanco”, por lo que enfatizó su propuesta de “integrar una restricción a la extracción ilegal de material genético de nuestra población indígena”.
Asimismo, habló de la necesidad de “coadyuvar con la autoridad de salud estatal, para ser plenamente responsables del cuidado de las enfermedades más frecuentes en las comunidades indígenas” y con ello evitar que se afecte y trasgreda la economía e integridad de las familias indígenas.
Esta iniciativa –dijo el legislador- busca el reconocimiento y protección de los pueblos indígenas: náhuatl, huasteco, tepehua, otomí, totonaca, zapoteco, popoluca, mixe, chinanteco, mazateco, maya, zoque y mixteco; así como a todos aquellos que estén asentados o que de manera temporal o definitiva sienten su residencia en Veracruz.
Para el trámite respectivo, dicha iniciativa fue turnada a las comisiones permanentes unidas de Asuntos Indígenas y de Salud y Asistencia.
