El Pleno de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz aprobó el acuerdo de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo), por el cual se determina la existencia de dos vacantes
definitivas de magistraturas del Poder Judicial del Estado, al aplicarse el retiro forzoso, por
haber cumplido los 70 años de edad, a los ciudadanos Roberto Dorantes Romero y Marco
Antonio Lezama Moo.
Por ende, y a través del numeral segundo, se establece que esta Soberanía determina
iniciar de manera oficiosa el procedimiento contemplado en el artículo 205 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado, con el fin de cumplir lo exigido por la Constitución
Política local.

De igual forma, este Congreso exhorta al titular del Poder Ejecutivo a cumplir la
Constitución acatando lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 59 de la Constitución
Política del Estado de Veracruz y por la fracción III del artículo 205 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado, e inicie el procedimiento de nombramiento de los magistrados,
enviando a esta Legislatura la propuesta respectiva, para que, a su vez, esta Soberanía
pueda cumplir con el mandato legal y proceda a nombrar a magistrados del Poder Judicial
del Estado.

Asimismo, este Poder Legislativo exhorta al Poder Judicial para que acate las
consecuencias jurídicas y administrativas del presente, particularmente que garantice la
pensión, jubilación y haber de retiro que en derecho proceda, pues es evidente que la
declaración de vacancia se hace en beneficio de quienes han servido al Poder Judicial fiel
y eficazmente y se encuentran de manera objetiva en un punto en el que ha quedado
demostrado su compromiso y entrega a la función judicial.
Previamente y debido a la conclusión del periodo de diez años, el Pleno determinó no
ratificar a los ciudadanos Fernando Charleston Salinas, Gladys de Lourdes Pérez
Maldonado, Edel Humberto Álvarez Peña y Víctor Manuel César Rincón, como
magistrados del Poder Judicial para un segundo periodo de cinco años, previsto en la
Carta Magna estatal.

La diputada Jessica Ramírez Cisneros, presentó ante el Pleno de la LXV Legislatura un
Anteproyecto de Punto de Acuerdo por el que exhorta al Cabildo del Minatitlán a atender
la problemática en materia tributaria por la contribución del uso y disfrute del derecho del
agua de los pobladores de la localidad, en el contexto de la contracción económica ante la
actual contingencia sanitaria por Covid-19.

Asimismo, realizó un llamado a la Tesorera de este municipio para poder generar un
esquema financiero que prevea y dé solución a esta problemática, además solicitó al
Director Municipal de Agua y Alcantarillado de esta ciudad, a que informe, sobre el
consumo de agua y si éste ha incrementado a partir de la contingencia sanitaria,
elaborando un padrón y proyecto, coadyuvando a la solución de este conflicto.

En su exposición de motivos, la legisladora señaló que ante el contexto que se vive por la
pandemia generada por Covid-19, es necesario tomar conciencia sobre la importancia del
suministro de agua a los hogares y negocios, toda vez que el lavado correcto de manos
es una de las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud.

Sin embargo, continuó, esta situación también ha generado que se incremente el uso del
vital líquido, incidiendo directamente en el alza del cobro, circunstancia que afecta la
economía de la población que al no poder cumplir con el pago correspondiente, los deja
en estado de indefensión ante la posibilidad de corte en el suministro.

“A fin de que se apoye a la economía familiar, y de los pequeños negocios que han
resultado afectados por el aislamiento social por esta pandemia, exhorto a que se
condone el cobro por el servicio de agua potable en el municipio de Minatitlán, medida
que debe ser aplicada urgentemente”, enfatizó Ramírez Cisneros.
Asimismo, la representante del distrito XXVIII de Minatitlán indicó que el Cabildo de este
municipio está facultado para emitir el acuerdo de subsidio sobre el rubro referido, “pues
recientemente ha sido municipalizada el agua, lo que da margen a ser una medida de
carácter urgente y pronta resolución, sin que obste que haya sido aprobada con
anterioridad la ley de ingresos de dicho Ayuntamiento, pues estamos en presencia de una
causa justificada para su modificación”, dijo.

Finalmente, puntualizó la legisladora, con estas medidas se podrá implementar un método
para que los usuarios puedan acceder a ese beneficio por un periodo determinado, así
como aquéllos usuarios que ya estén en mora, les sean condonados los créditos fiscales
que se hayan generado por el retraso o la falta de pago del servicio.

Piden diputada atender problemática por
costos excesivos de agua en Minatitlán

En representación del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, la diputada Judith
Pineda Andrade presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo para exhortar a diversas
autoridades en materia de acciones en combate a la violencia feminicida.
En su intervención, solicitó la implementación de las acciones necesarias a fin de
garantizar la viabilidad financiera para la operación de las Alertas de Violencia de Género
declaradas en Veracruz, así como el correcto funcionamiento de todos los Refugios para
la Mujer en la entidad.

Durante la Quinta Sesión Ordinaria del Segundo Período Ordinario del año, la legisladora
expuso que las diferentes modalidades y expresiones de esta violencia impiden el
desarrollo de las mujeres y las niñas, menoscaban su libertad y derechos, limitan el pleno
desarrollo de sus capacidades y su participación política, económica y social.
Desde la tribuna, la legisladora señaló que “la violencia contra las mujeres y las niñas es
inaceptable.

Se puede prevenir y ponerle fin, pero necesitamos que nuestras autoridades
volteen a ver la problemática y dejen a un lado sus discursos políticos para
verdaderamente enfrentar el problema”.

Esto, agregó Judith Pineda Andrade, nos convoca a la acción colectiva, por lo que
“seguiremos trabajando desde nuestras atribuciones reafirmando así nuestro compromiso
para hacer realidad el acceso de todas las mujeres y las niñas a una vida libre de
discriminación y violencia, para lograr la igualdad de género en todas las dimensiones del
desarrollo humano, porque es urgente y necesario para alcanzar el bien común”.

La LXV Legislatura aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), por
el cual se exhorta a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para que, como ente
rector del Sistema Educativo Veracruzano, conjunte, dialogue y en su caso, celebre
convenios con las instituciones públicas, privadas y autónomas de Educación Superior,
con sede en la entidad, con la finalidad de homologar el costo de titulación en todo el
Estado.

Este Acuerdo es resultado del anteproyecto presentado el pasado 12 de mayo por la
diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui, integrante del Grupo Legislativo del Partido
Acción Nacional (PAN).
La Jucopo refiere que la propuesta analizada demanda atender en Veracruz uno de los
problemas por los cuales los estudiantes no completan la etapa final de sus estudios
universitarios: el alto costo de titulación, así como la disparidad de precios, dependiendo
de la institución académica de que se trate.

Asimismo, refiere que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior determinó que el promedio nacional de eficiencia terminal referida a
la titulación de las y los egresados era del 56 por ciento.

Esto revela que 4 de cada 10
estudiantes que concluyen sus estudios no realizan los trámites correspondientes para la
obtención de su título, añade.
Se pretende –agrega- que mediante la suscripción de convenios, la SEV convoque a las
universidades en el Estado para homologar un costo único de titulación del nivel
profesional en la entidad, que contemple la obtención del título y el certificado de estudios,
con el fin de favorecer y proteger la economía de los estudiantes, garantizándoles concluir
sus estudios de manera completa y satisfactoria.
-Crean Comisión Especial para la Atención e Inclusión de Personas con Discapacidad A propuesta de la diputada Montserrat Ortega Ruiz, el Pleno de la LXV Legislatura aprobó
el acuerdo de la Jucopo, por el cual se crea la Comisión Especial para la Atención e
Inclusión de Personas con Discapacidad, misma que tendrá como objetivos el impulsar la
debida y oportuna atención a una parte de la población que requiere leyes, acciones y
programas de gobierno permanentes, que les garanticen el pleno ejercicio de sus
derechos humanos y su incorporación a la vida social y productiva.
Esta instancia legislativa quedó conformada por la diputada Montserrat Ortega Ruiz, como
presidenta; el legislador Jorge Moreno Salinas, secretario, así como Florencia Martínez
Rivera y Alexis Sánchez García, vocales.

Esta Comisión Especial será el enlace entre los integrantes de ese sector de la población
y las instituciones públicas, a efecto de propiciar mejores condiciones para su desarrollo,
así como promover y garantizar el goce pleno de todos sus derechos humanos, en
concordancia con lo señalado en los diversos tratados internacionales suscritos por el
Estado mexicano, refiere el acuerdo.

Las diputadas y diputados de la LXV Legislatura de Veracruz aprobaron el dictamen,
resultado de la iniciativa presentada el pasado 12 de mayo por la Comisión Permanente
de Educación y Cultura, en voz del diputado León David Jiménez Reyes, por el cual se
reforman los artículos 10 y 16 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, a fin de
armonizar diversas disposiciones de la Carta Magna local a la llamada reforma educativa,
aprobada por el Congreso de la Unión en 2019.
Durante la quinta sesión ordinaria, del segundo periodo ordinario de sesiones, fue
aprobado este dictamen con 48 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra.

La Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, instancia dictaminadora,
refiere que uno de los propósitos de esta reforma es coincidente también con los objetivos
de la Nueva Escuela Mexicana, caracterizada por una estructura abierta que integra a la
comunidad, pero sobre todo que prioriza la atención de poblaciones en desventaja, con la
finalidad de brindar los mismos estándares, para garantizar las mismas oportunidades de
aprendizaje a todas y todos los mexicanos.
Asimismo, coincide en cuanto al impulso de acciones que mejoren las condiciones de vida
de los educandos, con énfasis en las de carácter alimentario.
De esta manera, se establece en el artículo 10 que todas las personas tienen derecho a
recibir una educación inclusiva, y laica.

El Estado y los municipios la impartirán en forma
pública y gratuita. La inicial, la preescolar, la primaria y la secundaria conforman la
educación básica; ésta y la media superior son obligatorias.
La educación superior se regirá y será obligatoria en términos del artículo 3° de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La educación inicial es un
derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia.

El sistema educativo de Veracruz se integra por las instituciones del Estado, de los
municipios, sus entidades descentralizadas, las instituciones de educación superior
dotadas de autonomía conforme a la ley como la Universidad Veracruzana y los
particulares que impartan educación, en los términos que fije la ley.
Se incorpora al texto constitucional que las instituciones de educación superior del Estado
dotadas de autonomía conforme a la Ley, como la Universidad Veracruzana (UV), tendrán
la facultad de auto gobernarse, expedir su reglamentación y nombrar a sus autoridades;
realizarán sus fines de conservar, crear y transmitir la cultura y la ciencia, a través de las
funciones de docencia, investigación, difusión y extensión, respetando las libertades de
cátedra, de investigación, de libre examen y discusión de las ideas.

En el caso de la UV, el presupuesto asignado no podrá ser menor al cuatro por ciento del
total del presupuesto general del Estado, previsto para el ejercicio anual respectivo, el
cual deberá ministrarse conforme al calendario autorizado en los términos que establezca
la legislación aplicable y, en ningún caso, el monto del presupuesto asignado será inferior
al otorgado en el ejercicio inmediato anterior.

Por último, se establece como responsabilidad para las madres y los padres de familia o
tutores, de que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años concurran a las escuelas
para recibir la educación obligatoria en los términos de la Constitución, así como participar
en su proceso educativo, al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su
bienestar y desarrollo.
Cabe destacar que previo a la discusión de este dictamen, el Pleno avaló el
procedimiento especial de reformas constitucionales, por lo que, tras ser aprobado por el
Pleno, se remitirá el decreto al Ejecutivo estatal para su publicación en la Gaceta Oficial
del Estado.

En nombre del Grupo Legislativo de Morena, el diputado León David Jiménez manifestó
que al armonizar su Constitución Local con la Federal, Veracruz sienta las bases para
implementar, “lo que será una reforma de gran calado, que se distinguirá por desarrollar
principios diseñados para garantizar la obligatoriedad y universalidad de la educación”.
En la discusión en lo general y particular participaron el diputado Víctor Emmanuel Vargas
Barrientos y la legisladora Ivonne Trujillo Ortiz, quienes manifestaron sus posturas a favor.

Las diputadas y diputados de la LXV Legislatura aprobaron diversas reformas mediante
las cuales se incorpora al Código Civil del Estado de Veracruz la figura jurídica
denominada “Derecho a la Superficie”, misma que otorgará mayor certeza a las y los
veracruzanos.

El referido dictamen, presentado por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos
Constitucionales, determina que se trata de un derecho real, al tratarse de bienes y no de
relaciones entre personas, toda vez que busca atribuir a una persona los derechos de
propiedad sobre bienes incorporados a él a un terreno que no es suyo, más nunca en el
terreno el cual continuará en el poder jurídico de su titular.

Otra de las características, expone el dictamen, es que solo puede crearse de acuerdo a
voluntades con la consigna positiva de ambas partes, y que puede constituirse a título
oneroso o gratuito, tratándose de un derecho temporal, sin excepción.

Al incorporarse el Derecho de Superficie en la legislación civil veracruzana se abre la
posibilidad de poder resolver conflictos particulares, permitir asociaciones en negocios, en
zonas urbanas o rurales y dar forma a proyectos inmobiliarios.

La incorporación de esta figura jurídica estará dada en el libro Segundo del Código Civil,
relativo a “Los Bienes”, donde se prevén las características, clasificaciones que regulan la
posesión, así como la propiedad, insertándolo en el título Quinto referente a la regulación
de los diversos derechos de “Usufructo, Uso y Habitación”.
El dictamen fue aprobado por 45 votos, sin abstenciones o votos en contra.