El pleno de la LXV legislatura del Congreso del Estado, aprobó con 45 votos el dictamen
presentado por las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos
Constitucionales y Hacienda del Estado referente a la Iniciativa con Proyecto de Decreto
que reforma los párrafos segundo y tercero del artículo 72 de la Constitución Política del
Estado, enviada a esta Soberanía por el titular del Poder Ejecutivo estatal, el ingeniero
Cuitláhuac García Jiménez.
En la propuesta presentada el pasado 28 de enero, se establece que los ingresos que
reciban las dependencias centralizadas y entidades paraestatales en concepto de
derechos, aprovechamientos y productos, deberán ingresar a la Oficina Virtual de
Hacienda (OVH), de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), y establecer
reglas especiales respecto del Presupuesto de Egresos, con la finalidad de cumplir con el
principio de sostenibilidad del Balance presupuestario y del Balance presupuestario de
recursos disponibles.
Todos los caudales públicos pertenecientes al Estado, deberán ingresar a la Secretaría
del Despacho competente en materia de Finanzas, salvo en los casos que establezca
esta Constitución y las leyes.

Todos los ingresos derivados de derechos,
aprovechamientos y productos que tengan las dependencias centralizadas o entidades
paraestatales en ejercicio de sus atribuciones deberán ingresar a la oficina virtual de
hacienda de esa Secretaría.

Las finanzas públicas del Estado, deberán estar apegadas a un criterio de racionalidad y
de estricta disciplina fiscal, de manera que para cada año el nivel de gasto que se
establezca en el presupuesto de egresos sea igual o inferior a los ingresos previstos para
el mismo ejercicio fiscal, con el propósito de mantener la sostenibilidad del balance
presupuestario, atendiendo a las reglas especiales establecidas para ello.
En el caso de órganos, organismos autónomos del Estado, o entes públicos que tengan
asignados porcentajes específicos del presupuesto general del Estado, la base para su
cálculo será el total de los ingresos de libre disposición.

En el mismo sentido, cuando las participaciones federales anuales al Estado se vean
afectadas durante el ejercicio fiscal en curso, Sefiplan hará los ajustes en las
ministraciones estatales correspondientes a las dependencias centralizadas y entidades
paraestatales del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos autónomos y
demás entes públicos, en la misma proporción y periodicidad que lo haga la Federación.

Por excepción, ante situaciones financieras extraordinarias o imprevistas de carácter
general que disminuyan los ingresos estatales, declaradas y fundamentadas por el Poder
Ejecutivo o el Congreso del Estado, previo a la aprobación al presupuesto de egresos,
podrá realizar los ajustes necesarios a efecto de cumplir con los principios de balance
presupuestario de recursos disponibles.
Las dependencias centralizadas y entidades paraestatales de la administración pública
estatal, los Poderes Legislativo y Judicial, los organismos autónomos y demás entes
públicos que ejerzan recursos y no hubieran devengado al 31 de diciembre del
correspondiente ejercicio fiscal, deberán reintegrarlos a Sefiplan dentro de los 10 días
hábiles siguientes al cierre del ejercicio.

Mediante una Iniciativa, la diputada Deisy Juan Antonio propuso la creación de la Ley de
Junta de Mejoras para el Desarrollo y Bienestar de las Comunidades del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, cuyo propósito principal es promover la participación
activa de la ciudadanía organizada representada en las instituciones gubernamentales.
Durante la Sexta Sesión Ordinaria del Segundo Período de Sesiones Ordinarias del
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, se puso a consideración del pleno la propuesta
de la legisladora, que parte de la necesidad de generar y aplicar mecanismos para
asegurar una gobernabilidad bajo los principios de inclusión social, pluralidad y
conciliación.

Plantea que la Coordinación Estatal de Juntas de Mejoras de la Secretaría de Gobierno
del Estado, que tiene la finalidad de fomentar el desarrollo de las comunidades
veracruzanas, se encargue de organizar, capacitar, dirigir e instrumentalizar mecanismos
de inclusión y contraloría social entre las Juntas de Mejoras Municipales.

Esta Coordinación Estatal, según la propuesta, tendrá como encomienda promover y
fortalecer los valores cívicos y culturales, mediante la construcción de una estructura de
participación social cuyo alcance incluya fomentar mejores niveles de vida en las
comunidades del estado.
Las acciones que se promueven en la Iniciativa, de acuerdo con su promovente,
fortalecerán la coordinación entre el gobierno estatal y los ayuntamientos en la
elaboración y ejecución de proyectos de carácter material y económico.

La propuesta,
además, privilegia la cultura de la gestión y la vinculación de los tres poderes del Estado
en los distintos órdenes de gobierno, con los sectores privado y académico.
Busca también generar objetividad, transparencia, imparcialidad y certeza jurídica en la
conformación de las Juntas de Mejoras, y comprende la conformación de mecanismos de
inclusión social que fortalezcan la fiscalización tanto de las Juntas de Mejoras como del
Gobierno del Estado, tratándose de obras y acciones realizadas.
La referida ley consta de seis capítulos: I. Disposiciones generales, II. De la Coordinación
Estatal de las Juntas para el Desarrollo y Bienestar de las Comunidades, III.

De las Juntas
de Mejoras para el Desarrollo y Bienestar de las Comunidades, IV. De las atribuciones de
los integrantes de las mesas directivas de las Juntas para el Desarrollo y Bienestar de las
Comunidades, V. Del patrimonio de las Juntas de Mejoras para el Desarrollo y Bienestar
de las Comunidades y VI. De las responsabilidades y sanciones.

Esta Iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal.

La diputada Montserrat Ortega Ruiz presentó al Pleno de la LXV Legislatura una
propuesta de reforma a la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad del
Estado que tiene como finalidad establecer que las autoridades estatales y municipales
deberán incorporar en todas las transmisiones en vivo que realicen el recuadro destinado
para la interpretación del contenido a lengua de señas mexicana.

En su participación, la diputada del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN)
señaló que, además, con esta propuesta se busca incorporar a los organismos públicos, a
los que la Constitución Local otorga autonomía. “Así todas las personas pueden acceder
a la información que generan el Organismo Público Local Electoral, el Tribunal Electoral
de Veracruz, la Fiscalía General, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entre otros”.

De esta manera, las autoridades estatales y municipales deberán garantizar la
accesibilidad a la información, para ello, todas las transmisiones en vivo en los medios de
comunicación televisiva, plataformas digitales o redes sociales de tipo audiovisual que
difundan; deberán proyectar, de manera simultánea, un recuadro que incluya la
interpretación en lengua de señas mexicana.
El recuadro para la interpretación en lengua de señas se ubicará en la parte inferior
derecha de la pantalla, ocupando al menos una sexta parte de ésta.
La imagen del intérprete debe abarcar desde la cabeza hasta la cintura y debe contar con
espacio a los lados y por encima de la cabeza a fin de que la visibilidad de las señas no
sea eliminada o disminuida, respetando los Lineamientos del Instituto Federal de
Telecomunicaciones en la materia.

Al participar en la sexta sesión, la legisladora puntualizó que las barreras de
comunicación impiden a las personas con discapacidad auditiva comprender
adecuadamente los mensajes que reciben, ocasionando aislamiento de los grupos
sociales en que se desarrollan y segregándolos de la sociedad en general, lo que resulta
en un acto de discriminación masiva, al ser excluidos de los mensajes de comunicación
oficial de los distintos espacios del poder público.

Recordó que, de acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica
Demográfica de 2018, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), 6.3 por ciento de la población son consideradas como personas en situación de
discapacidad, de los cuales presentan discapacidad auditiva el 18.4 por ciento, esto es,
un millón 449 mil 516 personas.
Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de
Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.

Debido a que el turismo es un motor que moviliza la economía del país y procura mejores
condiciones de vida para la población, el diputado Alexis Sánchez García presentó al
Pleno una iniciativa con la cual propone que el Fondo de Garantía para la Promoción de
la Actividad Turística y Cultural del Estado, se destine a la inversión física con un impacto
social, ambiental y de desarrollo urbano positivo.
En su propuesta, el legislador plantea reformar diversas disposiciones de la Ley de
Turismo del Estado de Veracruz para implantar programas de fomento y desarrollo del
turismo en la generación de micro, pequeñas y medianas empresas turísticas y culturales
en la entidad.

De acuerdo al diputado del Grupo Legislativo Mixto MC-PRD y el Diputado Sin Partido los
recursos del citado Fondo de Garantía serían distribuidos de conformidad con los
lineamientos que apruebe la Comisión Ejecutiva para el Fomento del Turismo de
Veracruz, a propuesta de la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado (Sectur), teniendo
como objetivo apoyar a los municipios con vocación turística, con inversión física, impacto
social, ambiental y de desarrollo urbano positivo.

Lo anterior, deberá incluir: la construcción, remodelación y equipamiento de centros
escolares; la pavimentación y mantenimiento de calles y caminos locales, así como la
instalación y mantenimiento de alumbrado público; la construcción y/o rehabilitación de
rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de agua, instalación y mantenimiento de obras
de drenaje público, manejo de residuos sólidos, y mejora de calidad del aire; en tres otras
obras tendientes al mejoramiento de la salud pública y para el fomento a la vivienda
digna.

Al participar durante la sexta sesión ordinaria, el legislador Alexis Sánchez manifestó que
para determinar en qué municipios deba aplicarse, se utilizará la información disponible
en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como en los registros estadístico de
producción turística que para tales efectos elabore anualmente la Sectur.
Subrayó que estas modificaciones son necesarias ya que la mayoría de los municipios
turísticos, más que una derrama económica.

“Sufren un efecto embudo, por el que el
grueso de los ingresos que genera el sector turístico se concentra en algunas zonas de
las poblaciones, creando a su alrededor cinturones de miseria”.
El contenido íntegro de la iniciativa puede consultarse libremente en la Gaceta Legislativa
número 96, publicada en la página oficial www.legisver.gob.mx
La iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente Unidas de
Turismo y Hacienda del Estado.

Con el propósito de ampliar los supuestos de configuración del delito de feminicidio en la entidad, el Grupo Legislativo Mixto de los Partidos Revolucionario Institucional y Del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), presentó la iniciativa de decreto que reforma las fracciones I y V y que adiciona la fracción V Bis al artículo 367 Bis del Código Penal para el Estado de Veracruz.

El texto de la iniciativa refiere que el fenómeno de la violencia feminicida debe ser combatido en diversos frentes, pues como sociedad que aspira a la convivencia civilizada no puede ser indolente ni permitirse jamás la perpetuación de la normalización de las violencias contra las mujeres.

Añade que, por el contrario, deben reforzarse las acciones y políticas públicas, destinar los recursos materiales, financieros y humanos necesarios y, como lo propone la iniciativa, reformar el marco jurídico, todo ello orientado a hacer realidad la justicia, la igualdad y el derecho de las mujeres veracruzanas a una vida libre de violencia.

De esta manera, considera pertinente la incorporación al Código Penal de una nueva circunstancia que actualice la existencia de razones de género en la comisión del delito de feminicidio, consistente en el ocultamiento, la incineración o inhumación clandestinas, la colocación en lugares inaccesibles o la desintegración con cualquier tipo de sustancias, actos realizados sobre el cadáver o los restos mortales de la víctima.

Previamente, expone que la violencia feminicida es definida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado, que puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.

Agrega que esto es un fenómeno inaceptable en cualquier Estado democrático, porque surge de actos de discriminación y poder, fomentados desde las propias estructuras sociales.

Asimismo, detalla que el incremento en el número de feminicidios en México y Veracruz en los últimos años es una constante llamada de atención no sólo a las autoridades en materia de seguridad pública y de procuración e impartición de justicia, sino también para todo el conjunto social. “Pues no podemos permitir que este flagelo siga avanzando y cobrando cada vez más víctimas ni que ante su recurrencia se genere la normalización de ese tipo de violencia”.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.

La diputada Brianda Kristel Hernández Topete, presentó ante el Pleno de la LXV Legislatura un decreto que reforma el primer párrafo y las fracciones IV y V del artículo 21; y se adiciona la fracción VI al artículo 21, de la Ley de Educación del Estado de Veracruz para que las autoridades estatales y municipales garanticen en forma permanente el acceso, disposición y saneamiento del agua en los planteles educativos.

En su intervención en tribuna, la legisladora señaló que el objetivo de su propuesta radica en que las escuelas se encuentren en condiciones de sanidad óptimas para un buen desempeño escolar, “que todas las niñas, niños y jóvenes que asistan tengan acceso al agua potable y al saneamiento, entendiéndose este como las instalaciones, tecnología y servicios básicos que permitan tener un medio ambiente limpio y sano”, destacó.

Asimismo, enfatizó que en el marco de la pandemia por COVID-19, la estrategia inicial de la Secretaría de Educación Pública fue la suspensión de clases presenciales en los niveles básicos, media y media superior, implementando clases en línea y por televisión, a efecto de llevar educación a miles de niñas y niños mexicanos hasta los rincones más alejados de nuestro país.

Sin embargo, continuó, se ha anunciado por parte de esta misma Secretaría que para el 10 agosto las y los niños de este país iniciarán este nuevo ciclo escolar de manera presencial, dependiendo del semáforo epidemiológico que emitan las autoridades de salud y con base en un protocolo para evitar contagios.

La representante del distrito XXIV de Santiago Tuxtla, detalló que entre los puntos del protocolo para el reinicio de clases presenciales en la nueva normalidad, se contempla garantizar el acceso a jabón y agua o gel antibacterial en la institución educativa, por lo que será necesario establecer las garantías procurando el bienestar de los estudiantes veracruzanos.

En este sentido, añadió, todas las escuelas de la entidad deberán contar con acceso a agua y salubridad, toda vez que son fundamentales para el desarrollo y el bienestar humano.

Finalmente la legisladora puntualizó que “el derecho al acceso al agua debe ser incluido en las leyes educativas tanto federales como estatales, pues siendo un derecho humano de las y los estudiantes, el Estado debe asegurar la dotación de este vital líquido para un buen desarrollo educativo y para el cuidado de su salud de niñas, niños y jóvenes”.

La iniciativa fue turnada a la Comisión permanente de Educación y Cultura, para su estudio y dictamen.