por Puebla al Día | Ene 29, 2019 | Congreso
El diputado José Manuel Pozos Castro, presidente de
la Mesa Directiva de la LXV Legislatura, asistió al foro “Opciones de
Financiamiento y Aplicación de Fondos Federales para Municipios”, realizado por
el Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez y el Secretario de Finanzas
y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco.
El Foro fue celebrado en las instalaciones del Museo
Interactivo de Xalapa (MIX), con la finalidad de brindarles
información, a los integrantes de los ayuntamientos veracruzanos, que les
permita fortalecer su crecimiento y una mejor gestión de los recursos
federales. Se contó con la asistencia de funcionarios de los gobiernos federal
y estatal, así como ediles de los 212 ayuntamientos de la entidad.
por Puebla al Día | Ene 29, 2019 | Congreso
El
gobernador Cuitláhuac García Jiménez puso a consideración de la LXV
Legislatura, una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas
disposiciones a la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los municipios
de Veracruz.
La
iniciativa publicada en la Gaceta Legislativa número 17, propone la adición de
los artículos 8 Bis, 8 Ter y 17 Bis, que quedarían como sigue:
Artículo
8 Bis.El Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría, deberá publicar
anualmente en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, el «Acuerdo
por el que se da a conocer el Calendario de Entrega, Porcentaje, Fórmulas y
Variables utilizadas, así como los montos estimados que recibirá cada municipio
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave», mismo que señalará de
manera clara y didáctica, la información completa y detallada de las
participaciones que el Estado tenga obligación de participar a sus municipios,
las variables, fuentes de información, valores y métodos de cálculo utilizados
para distribuir las participaciones, por cada uno de los fondos e incentivos.
Artículo
8 Ter. El Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría, pondrá a
disposición de los municipios que lo requieran, la información necesaria que les
permita comprobar la correcta determinación de sus factores de participaciones
e incentivos económicos derivados del Convenio de Colaboración Administrativa
en Materia Fiscal Federal, así como el monto
de
los mismos.
Artículo
17 Bis. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría, participará el 100%
de la recaudación del impuesto sobre la renta, correspondiente a los municipios
y a sus organismos municipales que lo hayan enterado a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, por salarios pagados con recursos propios o
participaciones federales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3-B
de la Ley de Coordinación Fiscal.
La
participación correspondiente a los municipios se realizará de conformidad con
la información de montos que proporcione la Unidad de Coordinación con Entidades
Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que en caso
de ajustes derivados de diferencias en el entero de dicho impuesto respecto de
algún municipio o municipios, la Secretaría realizará los descuentos con cargo
a la ministración correspondiente a las ministraciones subsecuentes, informando
a dichos municipios de la instrucción recibida por la Unidad de Coordinación
señalada.
En
la exposición de motivos, el Ejecutivo del Estado cita el penúltimo párrafo del
artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, que establece que los Gobiernos de
las entidades federativas, a más tardar el 15 de febrero, deberán publicar en
su periódico oficial, así como en su página de internet, el calendario de entrega,
porcentaje, fórmulas, variables utilizadas y los montos estimados de las
participaciones que las entidades reciban y de las que tengan obligación de
participar a sus municipios;
En
tanto, La Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de
Veracruz de Ignacio de la Llave, en sus artículos 9, 10, 11, 12 y 14, establece
los porcentajes, variables y fórmulas, mediante los cuales deben repartirse
entre los municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, los recursos
provenientes del Fondo General de Participaciones Municipales, del Fondo de
Fomento Municipal, Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios, Fondo de Fiscalización y Recaudación, Ingresos
derivados de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal y Fondo
de Extracción de Hidrocarburos.
El
diputado presidente de la Mesa Directiva, José Manuel Pozos Castro, turnó la
iniciativa a la Comisión Permanente de
Hacienda del Estado para su análisis y dictamen.
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Ante la Comisión Permanente de Vigilancia del
Congreso del Estado, presidida por el diputado Eric Domínguez Vázquez, compareció
el titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), Lorenzo Antonio
Portilla Vásquez, quien, además de rendir un informe sobre las actividades
realizadas en el ejercicio 2018, respondió las preguntas de las diputadas y los
diputados de la LXV Legislatura.
A las 16:00 horas, en la sala Venustiano Carranza
del Poder Legislativo, la Comisión de Vigilancia dio inicio a la comparecencia,
en cumplimiento a lo que marca la Constitución Política del Estado y la
legislación secundaria en la materia.
En
la primera ronda, el diputado del Grupo Legislativo de Morena, Eric Domínguez Vázquez, preguntó
sobre los procesos de adquisición e instalación de las 6 mil 476 cámaras que
integran el sistema estatal de video vigilancia, que anunció el ex Gobernador
Miguel Ángel Yunes Linares, con una inversión superior a los 700 millones de
pesos y que dicho sistema se encuentra operando en tan solo un 40 por ciento de
su capacidad, al respecto solicitó al titular del ORFIS un informe de los
avances que se tienen de este tema o bien, en su caso, cuál es el programa de
trabajo para realizar dicho informe.
El
titular del ORFIS contestó que se ha iniciado una revisión al proceso de
adquisición e instalación de las cámaras del sistema de video vigilancia, de la
cual la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en el contrato que elaboró con
el proveedor en relación a la adquisición, suministro, electrificación, instalación
y puesta en operación del sistema de circuito cerrado y televisión CCTV con un
costo de mil millones de pesos con la empresa COMTELSAT S.A. de C.V, misma que se comprometió a dar el servicio de
electrificación hasta por un máximo de 116 municipios.
El
proyecto propone la instalación de cerca de 6 mil 500 cámaras de video
vigilancia de 3 tipos, y que tendrían como objetivo dotar de la tecnología a 6
centros regionales de monitoreo en las ciudades de Pánuco, Poza Rica, Xalapa,
Boca del Río, Fortín y Cosoleacaque, de acuerdo con las adecuaciones técnicas
correspondientes.
Portilla
Vásquez, aseguró que con base en todo lo especificado en el contrato se está realizando una revisión al anexo técnico y al mismo contrato de acuerdo
a lo que describe el proyecto como solución integral en tema de seguridad, por
lo que será responsabilidad del proveedor proporcionar el equipamiento
necesario para el funcionamiento adecuado de las video cámaras.
Sostuvo
que se ha solicitado a la SSP los documentos y anexos que conlleva este
contrato para realizar la revisión a profundidad y verificar el cumplimiento de
las cláusulas del mismo, además de la
revisión física de postes y cámaras pero de la calidad de la imagen, es decir, que
sean nítidas y visibles desde los
diversos sistemas de monitoreo.
Por
su parte el diputado Domínguez Vázquez, agregó que el programa cumple con las
expectativas de seguridad de la ciudadanía, sin embargo es importante saber su
real utilización y funcionamiento, además que se ha hecho referencia que la
empresa proveedora tiene una inhabilitación, sancionada por la
Secretaría de la Función Pública en el 2013,
por lo que hizo un exhorto al titular del ORFIS para realizar una
investigación al respecto.
Por
el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada María
Graciela Hernández Iñiguez solicitó la opinión técnica del titular del ORFIS al
plantear que derivado de las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) en favor de algunos municipios, por el cual otorga
hasta 90 días para cumplir con la sentencia de pago y que se podría fincar
alguna responsabilidad a las autoridades correspondientes en caso no atender
este fallo.
El
auditor Lorenzo Antonio Portilla respondió que este tema se deriva que durante
el ejercicio fiscal 2016, la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN)
dejó de ministrar en el último trimestre recursos hacia los 212 Ayuntamientos, lo que significó
una cantidad de mil 478 millones de pesos, por lo cual los municipios
interpusieron las denuncias correspondientes y que ante los cuestionamientos
del Órgano Fiscalizador la SEFIPLAN confirmó
que la SCJN falló a favor de 80 municipios, con lo cual se les deberá
pagar dichos recursos con los intereses generados a la fecha, por lo que al
haber una resolución definitiva pudiera existir una responsabilidad penal ya
que se debe cumplir con la sentencia en su totalidad.
Por
otra parte, la diputada Hernández Iñiguez cuestionó que si al existir una firma
de convenio que disminuye el monto de la devolución podría ser considerado como
un presunto delito de daño patrimonial; a lo que el auditor del ORFIS aseguró
que lo que ya se sentenció se debe reintegrar a los municipios por parte de SEFIPLAN de acuerdo al monto
señalado por la resolución, señaló que siendo un recurso destinado al fondo
social y pobreza extrema debe ser aplicado a ese fin, -añadió- que ya se tiene
planeado reuniones con los municipios involucrados en este proceso para
asesorarlos en cómo deben aplicarse dichos recursos.
La diputada Florencia Martínez Rivera, del Grupo
Legislativo Mixto “Del Lado Correcto de la Historia”, preguntó cuánto ha
invertido el ORFIS en el desarrollo de diversas herramientas informáticas y qué
acciones preventivas ha desarrollado para el fortalecimiento de la gestión
pública municipal.
El compareciente detalló que todas las herramientas
tecnológicas del ORFIS han sido desarrolladas por un equipo multidisciplinario
que trabaja en el organismo, por lo que no han significado gasto alguno.
Respecto a las acciones preventivas, dijo que dentro
del Plan Maestro 2012-2019 se establece que la prevención es fundamental para
evitar y contener actos de corrupción, razón por la que se implementaron el
Sistema de Información y Gestión Municipal Armonizado de Veracruz (SIGMAVER) y
el Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER); además de mecanismos
de acceso a la información como el Sistema de Consulta de Obras y Acciones
Municipales de Veracruz (COMVER).
Durante su intervención, la diputada Magaly Armenta
Oliveros, del Grupo Legislativo de Morena, preguntó si la Comisión Permanente
de Vigilancia de la Legislatura anterior, solicitó al ORFIS alguna opinión
técnica sobre las observaciones determinadas a 64 municipios que comparecieron
y solventaron de manera total y parcial diversas observaciones por un monto
total de 326 millones de pesos.
Lorenzo Antonio Portilla respondió que sí fue
convocado; sin embargo, explicó que su función en ese proceso es únicamente
aclaratoria y explicativa, sin que ello implique la reapertura de los informes.
“El procedimiento de fiscalización superior concluye en el momento en que son
entregados los informes a este Honorable Congreso”, puntualizó el funcionario.
Tomando en cuenta la experiencia del ORFIS en el
procedimiento de fiscalización superior, la diputada Magaly preguntó si en un
par de horas, sin contar con el personal especializado en auditorías
financiera, presupuestal y técnica a la obra pública, sea posible solventar
observaciones por posible daño patrimonial a las arcas públicas municipales,
aún cuando dichos ayuntamientos tuvieron 30 días para solventar el pliego de
observaciones emitido por el ORFIS y no lo hicieron.
No obstante, el titular del ORFIS se abstuvo a dar
respuesta, considerando que su posición podría influir en los criterios sobre
los cuales caerá la resolución que en su momento se emita, con motivo de la
denuncia presentada ante el Órgano Interno de Control del Congreso del Estado,
por el decreto número 784 publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 2 de
noviembre de 2018, por medio del cual, la LXIV Legislatura aprobó los informes
individuales y el informe general ejecutivo de las cuentas públicas del
ejercicio 2017.
Al hacer uso de la voz, la diputada Nora Jessica
Lagunes Jáuregui, representante del PAN, se refirió a una denuncia de habitantes
de Comapa y señaló la aparente dificultad que enfrentan los ciudadanos para
utilizar los mecanismos de transparencia y denuncia que el ORFIS pone a
disposición de la sociedad. Dijo que es deseable que el Organismo refuerce su
marco normativo a fin de facilitar la presentación de quejas y obtengan una
respuesta clara.
El Auditor aseguró que la queja señalaba una red de
energía eléctrica que está funcionando y una red hidráulica, en ese caso,
mencionó que la autoridad municipal reportó que estaba operando, pero no
dijeron la verdad, por lo que se presentó la denuncia correspondiente.
No obstante, la legisladora refutó, asegurando que
la ampliación de red eléctrica no se encuentra funcionando y que las
fotografías que aparecen en el COMVER pertenecen a otra localidad, por lo que
consideró el Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales de Veracruz no
es una herramienta que dé certeza de las obras.
El Auditor General, del ORFIS, Lorenzo Antonio
Portilla Vásquez dio respuesta a los cuestionamientos del diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, del Grupo
Legislativo de Morena, sobre las graves faltas administrativas detectadas en la
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), por un monto de 800 millones de pesos.
Sobre lo anterior, el titular del ORFIS, respondió
que el órgano a su cargo detectó en la Cuenta Pública 2017, y en esos
contratos, un conflicto de intereses, lo que hizo del conocimiento de la SIOP
para que actuara en consecuencia.
El diputado Wenceslao González Martínez,
integrante del Grupo Legislativo de Morena, cuestionó al Auditor en torno a las
observaciones hechas a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV),
sobre el daño patrimonial detectado por 361 millones de pesos.
Portilla Vásquez señaló que se hizo lo conducente
para que la UPAV realizara la determinación de responsabilidades y fincará las
medidas necesarias a fin de conocer el destino de los recursos recaudados por
el patronato; y actualmente esa institución educativa solicitó la reconsideración
de las medidas a aplicar.
La legisladora Mónica Robles Bajaras, del Grupo Legislativo de Morena, preguntó
cuál fue la opinión del Orfis sobre la reestructuración de la deuda pública,
realizada en 2017, así como el proceso y seguimiento a la licitación de la
misma y respecto al presunto daño patrimonial, en la cuenta pública 2017, del
ayuntamiento de Coatzacoalcos por un monto de 142 millones de pesos (mdp).
El
auditor respondió que la reestructura no resolvía la crisis financiera de ese
momento y agregó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) avaló
esta reestructura y se cumplió con la normatividad y las disposiciones de los
bancos. De igual forma confirmó el presunto daño patrimonial del ayuntamiento
de Coatzacoalcos y señaló que en este momento está la fase de solventación y
que será hasta marzo cuando se tenga una respuesta; en caso contrario
recurrirán al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa o a la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción.
La
diputada Rosalinda Galindo Silva, del Grupo Legislativo de Morena, cuestionó
sobre la disparidad en las cifras sobre los bienes recuperados por la anterior
administración estatal y que correspondían al monto de mil 522 mdp. Además
preguntó si realizan revisiones de campo a los bienes recuperados.
Al
respecto, Portilla Vásquez refirió que la fiscalización se realizó con base en
documentos de la cuenta pública y, sobre la cifra recuperada de 793.4 mdp en
efectivo, expuso que fue auditada en cheques y el rendimiento generado. Detalló
que el Orfis pretende en este año revisar la cuenta pública 2018 y revisar al
momento 2019 para ver las diferencias. También dijo que van a revisar si los bienes
recuperados están registrados en patrimonio del estado, que cuenten con su
documento notarial y estén incorporados legalmente.
Por
último, el legislador Rodrigo García Escalante, del PAN, agradeció al auditor
la labor que ha realizado al frente del Orfis y la coordinación que se ha
establecido con la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado.
A
las 18:25 horas, el diputado Eric Domínguez Vázquez, presidente; con la
participación de las legisladoras Mónica Robles Barajas, secretaria y Florencia
Martínez Rivera, María Graciela Hernández Iñiguez y Florencia Martínez Rivera,
vocales, concluyó la comparecencia.
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Las pensiones son el agradecimiento que la sociedad
da a quienes más han trabajado a su servicio y representan un derecho de
quienes entregaron sus mejores años a Veracruz, afirmó el diputado Víctor
Emmanuel Vargas Barrientos, integrante del Grupo Legislativo de Morena, al
realizar un exhorto los Ayuntamientos del Estado, para que realicen el pago de
las cuotas y aportaciones que tienen pendientes con el Instituto de Pensiones
del Estado (IPE).
El legislador subrayó que el IPE garantiza el
cumplimiento del derecho humano a la seguridad social, se encarga de
administrar las cuotas y aportaciones de los trabajadores de manera eficiente,
garantizando a largo plazo las pensiones y jubilaciones a sus agremiados;
contribuyendo de esta forma, al sano desarrollo de las políticas públicas del
Gobierno del Estado.
Dijo que desde su creación a la fecha se han
incorporado Organismos Públicos Centralizados, Descentralizados y Autónomos,
así como un total de 137 municipios de la entidad.
“El IPE sufre, desde hace algunos años, una de las
peores crisis de su historia, donde los malos manejos de administraciones
anteriores son la principal causa, sin embargo, no es la única, existen otros
factores que han contribuido al detrimento de este Instituto”.
Destacó que esta grave crisis económica, con un
déficit de más de 700 millones de pesos anuales, pone en peligro al sostén de
miles de pensionados y jubilados del Estado.
Sostuvo que la causa más importante de la crisis del
Instituto se origina por la falta del pago de las cuotas y aportaciones de los
diferentes organismos públicos incorporados a él.
Los ejemplos más claros, dijo, son 78 municipios del
Estado que adeudan cuotas y aportaciones de sus trabajadores, lo que sumado nos
arroja la cantidad de 231 millones 729
mil 045 pesos.
Por lo anterior, exhortó a pagar las cuotas y
aportaciones que adeudan al Instituto de Pensiones del Estado los Ayuntamientos
de: Acayucan, Actopan, Acultzingo, Altotonga, Amatitlán, Amatlan de los Reyes,
Ángel R. Cabada, Atoyac, Atzacan¸ Banderilla, Camarón de Tejeda, Camerino Z.
Mendoza, Carrillo Puerto, Castillo de Teayo, Catemaco, Cazones de Herrera,
Cerro Azul, Coetzala, Córdoba, Cosamaloapan, Cosautlan de Carvajal,
Coscomatepec, Cosoleacaque, Cotaxtla, Coxquihui, Cuichapa, Chacaltianguis,
Chalma.
Así como los de: Chiconquiaco, Chinameca, Las
Choapas, Fortin, Hidalgotitlan, Huayacocotla, Ixcatepec, Ixmatlahuacan,
Ixtaczoquitlan, Jamapa, Jesús Carranza, Jilotepec, José Azueta, Juchique de
Ferrer, Lerdo de Tejada, Malio Fabio Altamirano, Mariano Escobedo, Medellín de
Bravo, Minatitlán, Moloacan, Naolinco, Nogales, Omealca, Ozuluama, Pajapan,
Papantla, Paso de Ovejas, Playa Vicente, Saltabarranca, San Juan Evangelista,
Santiago Tuxtla, Soconusco, Sochiapa, Tamalin, Tampico Alto, Álamo Temapache,
Teocelo, Tepatlaxco, Tepetzintla, Tihuatlan, Tlacojalpan, Tlilapan, Tomatlán,
Tres Valles, Xico, Yanga, Yecuatla, Zentla, Zongolica y Zozocolco de Hidalgo.
Vargas Barrientos invitó a los integrantes de la LXV
Legislatura a sumar esfuerzos para salvar de la crisis económica al IPE, y
pidió su gestión en los municipios que pertenecen a sus distritos, para que se
realice el pago de cuotas y aportaciones que adeudan, lo que permitirá abonar,
destacó, a la causa y encaminar a la salvación del pilar que sostiene la
economía de los más de diez mil derechohabientes pensionados y jubilados.
No vamos a claudicar en dar todo nuestro esfuerzo,
por moderar las desigualdades sociales, y en pugnar por hacer de Veracruz, un
estado libre y justo, que nos llene de orgullo, concluyó.
El anteproyecto fue turnado a la Junta de
Coordinación Política.
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El Pleno de la LXV Legislatura de Veracruz, con base
en las atribuciones señaladas en el artículo 33, fracción II y II y 38 de la Constitución
Política del Estado, aprobó el Decreto de Interpretación Auténtica de Ley, de
los artículos 134 y 135 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.
Este Dictamen, presentado por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos
Constitucionales, establece “El artículo 134 del Código Financiero de Veracruz
de Ignacio de la Llave, establece cuál será la base del gravamen: el pago de
derechos e impuestos previstos en el propio ordenamiento financiero y que, para
su justipreciación, esto es, establecer el monto a pagar, deberá calcularse con
base en los mismos, adicionando 15% a la base del cálculo”.
De igual forma, “en cuanto al artículo 135 del
Código Financiero de Veracruz de Ignacio de la Llave, este establece el momento
en que se debe erogar, que es en el mismo acto de pago de los impuestos y
derechos, así también especifica el destino que tendrán estos ingresos, estando
etiquetados al rubro presupuestal que corresponde al fomento a la educación”.
Por cuanto hace a la constitucionalidad de este, no corresponde a este H.
Congreso del Estado, en términos del artículo 94 párrafo décimo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 56 de la
Constitución del Estado.
La exposición de motivos del Dictamen indica que
este decreto es resultado de la solicitud presentada ante este Congreso, por el
ciudadano Ulises Álvarez
Molina, el 11 de junio de 2018, en la cual pide que el Congreso del Estado se
pronunciara sobre la interpretación auténtica de los artículos 134 y 135 del
Código Financiero para el Estado de Veracruz.
Detalla que el Pleno de la Sexagésima Cuarta Legislatura, en sesión
ordinaria celebrada el 28 de junio de 2018, conoció de la petición, misma que
fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales
correspondiente a esa Legislatura.
El ciudadano Ulises Álvarez Molina, al no obtener respuesta a su
solicitud por parte del H. Congreso del Estado, interpuso una demanda de
garantías.
El 9 de enero del presente año el Juzgado Primero de Distrito en el
Estado notificó el acuerdo en el que se ordena dar contestación en breve
término, congruente, completa, fundada y motivada a la petición que formuló el
quejoso.
Este
Decreto registró 43 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra.
por Puebla al Día | Ene 29, 2019 | Congreso
El diputado Eric Domínguez Vázquez presentó una
iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la fracción XXIX, del artículo
18 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en la que señala que las leyes,
normas, reglamentos y demás disposiciones que rigen al Estado de Veracruz,
deben tener armonía con la Constitución Política Local, con la finalidad de
evitar ciertos errores de interpretación del Derecho y superar las
contradicciones existentes entre las diversas leyes.
Con la armonización de las Leyes, agregó el
integrante del Grupo Legislativo de Morena, se busca que el sistema legal opere
de manera integral, mediante normas, reglamentos y demás disposiciones con
contenidos similares, a fin de garantizar el correcto funcionamiento del
Estado. “Por lo tanto, es imperante generar una armonía entre diversas leyes ya
que permite identificar y resolver algunas incongruencias o contradicciones y,
sobre todo, revertir ciertas lagunas legales como es el caso que nos ocupa”.
Un ejemplo de lo anterior, destacó Domínguez
Vázquez, se presenta entre la Constitución Política del Estado Libre, en la
Sección Segunda denominada “De las Atribuciones del Congreso”, y la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, en su Título Segundo denominado “De la
organización y funcionamiento del Congreso del Estado, Capítulo Primero “De las
atribuciones del Congreso”, derivado de que el 2 de octubre de 2017 se realizó
una reforma a diversas fracciones del artículo 33 de la Constitución Local,
entre las que destaca la reforma a la fracción XXIX del mismo artículo.
Lo relevante y la importancia que tiene la armonización
del artículo 33 fracción XXIX de la Constitución Política del Estado y el
artículo 18 fracción XXIX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, radica en
que, abundó, el primer ordenamiento faculta al Congreso para revisar las
Cuentas Públicas de todos los Entes Fiscalizables y en el segundo sólo da
facultades para que el Congreso revise las Cuentas Públicas del Gobierno del
Estado y los Ayuntamientos.
Por lo anterior, el objeto de la homologación es
crear la armonización entre ellas y evitar lagunas, contradicciones e
incongruencias entre las leyes, finalizó.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones
Permanentes Unidas de Vigilancia y de Gobernación.
