por Puebla al Día | Ene 29, 2019 | Congreso
La diputada Judith Pineda Andrade, integrante del
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Veracruz,
presentó un anteproyecto con Punto de Acuerdo por el cual se exhortaría al
Ejecutivo estatal y a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) a dar
cabal cumplimiento al pago de Sentencias por Controversias Constitucionales
resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor de
diversos Ayuntamientos.
En su propuesta la legisladora solicita que dichos
pagos deberán ser íntegros, respetando los montos y fechas establecidas en el anexo
XXVIII del Presupuesto de Egresos, del Gobierno del Estado de Veracruz para el
Ejercicio Fiscal 2019.
De igual forma exhorta a los presidentes municipales
y ayuntamientos que ganaron las controversias constitucionales interpuestas
ante la SCJN y cuyas sentencias ordenan el pago de los recursos, que en su
momento fueron desviados o retenidos por el Gobierno del Estado, a asegurarse
de recibir íntegramente el monto que fue determinado en las resoluciones del
máximo tribunal del País, a fin de no afectar la Hacienda Pública Municipal.
También, solicita al Órgano de Fiscalización
Superior del Estado (ORFIS) a que emita lineamientos específicos para realizar
auditorías al 100 por ciento de los recursos que reciban los ayuntamientos con
motivo de la ejecución de las sentencias dictadas por la SCJN, con motivo de
las controversias constitucionales promovidas por la falta de ministración de
recursos federales en que incurrió el Gobierno estatal.
La diputada Pineda Andrade, vocal de la Comisión
Permanente de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, enfatizó que para los
Ayuntamientos que ganaron las controversias, recibir un recurso adicional es
una buena noticia, “pero no debemos olvidar que esos recursos originalmente son
federales, que provenían de un fondo específico para atender un fin
determinado, es decir, que, conforme a las reglas de operación
correspondientes, esos recursos, antes y ahora: están etiquetados”.
Destacó que en apego a las leyes de
responsabilidades y anticorrupción vigentes se hace necesario advertir a los
munícipes, que no pueden negociar los
montos que la SCJN ha ordenado que reciban, porque son recursos públicos que
quedaron pendientes de ser entregados.
“Negociar los recursos etiquetados en beneficio de
pueblo es corrupción, y nadie puede, ni de buena fe o por ignorancia de la ley,
eximirse del cumplimiento de una sentencia”, concluyó.
Su
anteproyecto fue turnado, para su estudio y análisis, a la Junta de
Coordinación Política.
por Puebla al Día | Ene 29, 2019 | Congreso
La
diputada Judith Pineda Andrade, integrante del Grupo Legislativo del Partido
Acción Nacional (PAN) de la LXV Legislatura del Honorable Congreso del Estado,
presentó la iniciativa con proyecto de Decreto que reformaría los artículos 103,
104 y 122 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado
de Veracruz.
Para
una efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y
adolescentes, se propone la creación de la Procuraduría Estatal de Protección,
la cual sería un organismo público descentralizado, con autonomía técnica y de
gestión, sectorizado a la Oficina del Gobernador del Estado.
La
diputada panista dijo que es necesario que la Procuraduría de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes, que opera actualmente en el DIF estatal y cuenta
con representación en los municipios, se fortalezca y deje de estar subordinada
a esta dependencia de carácter asistencialista, acción que mandaría el mensaje
de que la protección especial de niños, niñas y adolescentes con derechos
vulnerados es una prioridad de la política de infancia en Veracruz.
Lo
anterior –expuso-, permitiría a esta Procuraduría coordinar una red
institucional necesaria para proteger integralmente los derechos de niñas,
niños y adolescentes, otorgándole facultades más amplias que favorezcan su
intervención sin las limitaciones que actualmente tiene por depender estructuralmente
del DIF estatal.
Durante
su exposición de motivos, la legisladora del Distrito II de Tantoyuca, refirió
que aunque Veracruz cuenta con la Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y
Adolescentes, su función está encaminada a la atención de las necesidades de
alimentación, salud, educación y protección de los derechos de los menores de
edad en estado vulnerable, es decir, a la asistencia social, cuando el marco
jurídico internacional es mucho más amplio.
Por
esa razón, los integrantes del Grupo Legislativo del PAN, consideraron que el
fortalecimiento de la protección de los derechos de la niñez, debe ser un tema
primordial en la agenda legislativa, atendiendo los vacíos legales que no se han
considerado, para procurar una efectiva y adecuada protección.
Aseveró
que el Procurador Estatal de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Veracruz, debe garantizar y resguardar los derechos humanos y para
ello debe contar con recursos técnicos y herramientas para implementar mecanismos
de protección especial y restitución de derechos.
El
titular de esta Procuraduría –especificó–, debe contar con amplios
conocimientos en materia de derechos humanos, con especialidad en la atención
de los menores, conocer y detectar áreas de conflicto, coordinar acciones de
protección y restitución de derechos de la niñez y adolescencia en el Estado.
Por
lo anteriormente expuesto, el Grupo Legislativo del PAN propuso reformar los
párrafos primero y cuarto del artículo 103; la fracción IV y el último párrafo
del artículo 104; así como el artículo 122 de la Ley de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz.
La
iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de los Derechos de la Niñez y
la Familia para su análisis y dictamen.
por Puebla al Día | Ene 29, 2019 | Congreso
La Sexagésima Quinta Legislatura actúa con estricto
apego a legalidad y respeto a derechos humanos, señaló el diputado Rubén Ríos
Uribe, presidente de la Comisión Permanente Instructora, durante la audiencia
de pruebas y alegatos, celebrada en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del
Poder Legislativo, como parte del proceso de Juicio Político en contra del
titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).
La audiencia tuvo carácter de privada, en atención
al artículo 7 de la Ley de Juicio Política y Declaración de Procedencia para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave que dicta “en el juicio político y la
declaración de procedencia, los acuerdos del Congreso del Estado y las
resoluciones del Tribunal Superior de Justicia se tomarán en sesión pública o
privada, según puedan afectarse las buenas costumbres o el interés general”.
El legislador Ríos Uribe subrayó que la Comisión
Instructora tiene una conformación plural, toda vez que él, en su calidad de
presidente, pertenece al Grupo Legislativo “Del Lado Correcto de la Historia”,
la diputada Jessica Ramírez Cisneros, secretaria, de Morena y el diputado
Enrique Cambranis Torres, vocal, del Partido Acción Nacional (PAN).
Dijo que esta instancia legislativa, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley, tiene la obligación de desahogar los
asuntos que le son turnados por el Pleno y en esta ocasión corresponde escuchar
las pruebas que presenten el denunciante y el denunciado y, con base en el
artículo 22 de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, dictaminar –tres días posteriores a la fecha
de la audiencia- los hechos denunciados.
El diputado Rubén Ríos descartó “tintes políticos o
partidistas” en este proceso de Juicio Político y –aseguró- que se trata del
cumplimiento de la ley. “Como diputados nos corresponde hacer nuestra labor en
el Congreso del Estado, viendo en todo momento por el interés superior de las y
los ciudadanos. Considero que es el pueblo quien juzga y ellos no se
equivocan”.
Por último, el legislador hizo un llamado a los
actores políticos involucrados en el tema a conducirse con civilidad y respeto,
toda vez que la división y el encono perjudican a las instituciones y a la
sociedad en su conjunto.
por Puebla al Día | Ene 29, 2019 | Congreso
La
Comisión Especial para el Seguimiento a la Problemática de la Desaparición de
Personas en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en voz de la diputada
Rosalinda Galindo Silva, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para
reformar el Código de Procedimientos Civiles, el Código de Derechos y el Código
Civil para el Estado de Veracruz
En
la sesión ordinaria del pasado 22 de enero, la Comisión Especial presentó el proyecto
de Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas
para el Estado de Veracruz que permitiría, entre otras cosas, establecer el
procedimiento local para la emisión de la Declaración Especial de Ausencia.
Este
proyecto de Ley –explicó–, obliga a la reforma y adición de normas en los
Códigos Civil, de Procedimientos Civiles y el de Derechos.
De
este modo, la Comisión Especial plantea reformar el Código de Procedimientos
Civiles en el primer párrafo del artículo 117 a efecto que, la competencia para
conocer del procedimiento de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición,
corresponda a los Jueces de Primera Instancia de lo Familiar, toda vez que la
mayoría de los efectos previstos para las declaraciones de dicha naturaleza
atañen al núcleo familiar, como ya ha sido reconocido por el Honorable Tribunal
Superior de Justicia del Estado.
Propone
reformar el Código de Derechos Estatal, a efecto de privilegiar el principio de
gratuidad que debe permear en todos los actos requeridos para la Declaración
Especial de Ausencia por Desaparición; así mismo, en su artículo 60, incluiría que
la expedición de copias certificadas que se requieran, no tengan costo alguno.
Finalmente,
la legisladora del Distrito X de Xalapa, planteó adicionar el artículo 652 Bis
al Código Civil para el Estado, a efecto de remitir al juzgador a observar las
disposiciones de la Ley para la Declaración Especial de Ausencia por
Desaparición de Personas, obligatoriamente aplicables a todos aquellos casos relacionados
con personas cuyo paradero se desconoce y se presuma, por cualquier indicio,
que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito.
Estas
reformas darían operatividad a las disposiciones de la Ley Estatal en materia
de Desaparición de Personas, así como a las del Proyecto de Ley para la
Declaración Especial de Ausencia por Desaparición presentado por la Comisión Especial,
integrada por la diputada presidenta Elizabeth Cervantes de la Cruz, la
diputada secretaria Rosalinda Galindo Silva y el diputado secretario Henri
Christophe Gómez Sánchez.
Así
como por las diputadas vocales, Erika Ayala Ríos, María Esther López Callejas, Nora
Jessica Lagunes Jáuregui, Magaly Armenta Oliveros, Florencia Martínez Rivera, Brianda
Kristel Hernández Topete, Mónica Robles Barajas y Deisy Juan Antonio.
por Puebla al Día | Ene 29, 2019 | Congreso
La diputada María Josefina Gamboa Torales,
integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) presentó la
iniciativa de reforma al artículo 206 Bis del Código Penal del Estado que prevé
elevar las actuales penalidades por el robo de instalaciones eléctricas, así
como el establecimiento de dos agravantes cuando con este ilícito se genere una
afectación a un grupo considerable de personas.
La legisladora recordó que “los amantes de lo ajeno”
no han perdido la oportunidad de obtener un ingreso económico mediante
actividades de hurto, ya que se han dado varios ejemplos del robo de los
materiales que se han adquirido para ser utilizados en la creación o
mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público, “o lo que es más
increíble, se los han robado, ya una vez que están incorporados a las
luminarias públicas”.
De esta manera y de acuerdo a la iniciativa a quien,
con ánimo de dominio, lucro o uso, sin consentimiento de quien legalmente pueda
otorgarlo, se apodere de metales, como cobre, bronce, fierro, aluminio, acero,
níquel y sus aleaciones, utilizados en
monumentos, instalaciones eléctricas o hidráulicas se le sancionará con prisión
de tres a nueve años y multa de hasta 400 Unidades de Medida y Actualización
(UMA) si el valor de lo robado no excediera las 100 UMA.
De igual forma se busca establecer que si el valor
de lo robado excediera de 100 UMA, se sancionará con prisión de cinco a 15 años
y multa de hasta 900 UMA.
En caso que las citadas conductas causen
afectaciones a un grupo mayor de cien personas, las infracciones señaladas
podrán incrementarse hasta en una tercera parte, indica la propuesta
legislativa.
Asimismo, cuando el sujeto activo cometa las citadas
conductas como medio para realizar otro delito, las sanciones previstas se
aumentarán hasta en dos terceras partes.
La diputada Gamboa Torales considera necesario
reformar el Código Penal para que el delito de robo de instalaciones eléctricas
sea penado de una manera ejemplar, y así evitar que se siga dando el hurto de
materiales como el cable de cobre, “debido a que esto trae aparejado la
creación de un campo nocturno de cultivo para la criminalidad”.
Agregó que con este delito se pierde, no solamente
el dinero público invertido en las instalaciones, sino la tranquilidad que se
había generado para un sector de la población con el alumbrado.
La iniciativa, que busca reformar las fracciones I y
II, así como adicionar los párrafos segundo y tercero al artículo 206 Bis del
Código Penal para el Estado, fue turnada para su análisis a la Comisión
Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.
por Puebla al Día | Ene 29, 2019 | Congreso
A nombre del Grupo Legislativo de Morena en el
Congreso de Veracruz, la diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz presentó la
iniciativa de reforma al artículo 44 de la Ley de Desarrollo Integral de la
Juventud que tiene como propósito establecer la obligación del Gobierno estatal
de asignar un presupuesto que permita planear, promocionar y aplicar las
actividades de atención y asistencia que coadyuven al desarrollo integral de la
juventud.
Este presupuesto deberá garantizar el cumplimiento
eficaz y eficiente de los citados propósitos, por lo cual bajo ninguna
circunstancia será menor al del ejercicio fiscal inmediato anterior.
En su intervención, durante la décima cuarta sesión
ordinaria, la legisladora subrayó que de aprobarse esta iniciativa no solo se
contribuirá al desarrollo puntual de las políticas públicas y los programas que
durante la actual administración Estatal se implementen en la materia, sino
también, guardará concordancia con el trabajo que viene realizando el Gobierno
de México, donde como principal acción destaca la denominada: “Jóvenes
Construyendo el Futuro”.
La también presidenta de la Comisión Permanente de
Juventud y Deporte y Atletas con Discapacidad explicó que uno de los
principales activos que tiene Veracruz radica en los jóvenes, ya que –de
acuerdo al censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía- se cuenta con
un millón 959 mil 243 jóvenes, cuyas edades oscilan entre los 15 y 29 años de
edad.
Destacó que en Veracruz el sentir de los jóvenes se
evidencia en su justo reclamo por la falta de oportunidades en diferentes
rubros y que los esfuerzos institucionales efectuados al respecto no han sido
los suficientes.
Agregó que se advierte la necesidad de edificar
mayores condiciones orientadas a cumplir su legítimo anhelo de alcanzar un
futuro promisorio y verdaderamente alentador.
De igual forma convocó a las diputadas y diputados
de la LXV Legislatura a que se sumen a esta propuesta, “sin tomar en
consideración ideologías políticas y sí, en cambio, el bienestar de una de
nuestras más grandes riquezas, la juventud veracruzana”.
La iniciativa fue turnada por la Mesa Directiva a la
Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado y de Juventud y Deporte y
Atletas con Discapacidad.
