por Puebla al Día | Mar 22, 2019 | Congreso
Durante los trabajos de la
Sexta Sesión, de la Diputación Permanente, de la LXV Legislatura, la diputada
Deisy Juan Antonio, del distrito de XXVII Acayucan, presentó un Anteproyecto de
Punto de Acuerdo donde se exhorta a los Secretarios de Finanzas y Planeación
(Sefiplan) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), así como al Director
General de Transporte, todos del Gobierno del Estado,entreguen un informe por
escrito, a esta soberanía,en el que se precise el estatus en el que recibieron
el Programa de Reordenamiento Vehicular.
La legisladora de Morena,
precisó que dicha solicitud es en virtud de las reiteradas quejasque han
presentado conductores de los diversos municipios que integran su distrito, y que prestan el servicio de transporte público
en la modalidad de taxi, en las que manifiestan presuntas irregularidades en el
cobro de dicho programa, así como los fines reales del mismo.
La legisladora Juan Antonio,
recordó que en sesión celebrada el 20 de marzo de 2017, se aprobó el Dictamen
con Proyecto de Decreto, surgido de la iniciativa del ex Gobernador Miguel
Ángel Yunes Linares, en donde se impulsó un reordenamiento del transporte
público estatal, argumentando el incremento en el número de vehículos que
prestan este servicio en sus tres modalidades.
Sin embargo, abundó, después
de establecerse la obligatoriedad de los concesionarios de inscribir en el
Registro Estatal de Conductores a los operarios de los vehículos autorizados para
la prestación del servicio, iniciaron las inconformidades especialmente entre conductores
de taxis, toda vez que al paso del
tiempo se incrementó el costo en varias regiones del Estado.
El Anteproyecto, fue turnado a la Junta de Coordinación Política.
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La
diputada Jessica Ramírez Cisneros y el legislador Augusto Nahúm Álvarez
Pellico, integrantes del Grupo Legislativo de Morena, en la LXV Legislatura, y
durante la sexta sesión ordinaria, de la Diputación Permanente, presentaron una
Iniciativa de Decreto que reforma las leyes de Ingresos de los municipios de
Minatitlán y Tuxpan, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2019; y los códigos
hacendarios para los municipios de Alvarado, Boca del Río, Coatepec,
Coatzacoalcos, Córdoba, Cosoleacaque, Emiliano Zapata, Medellín, Orizaba, Tierra
Blanca y Veracruz.
El
registro de nacimiento, afirmó el diputado Álvarez Pellico, al hacer uso de la
palabra,debe ser gratuito y oportuno, implica la exención del pago por el
servicio de inscripción y por la expedición de la primera copia certificada del
acta de nacimiento; y el registro deberá efectuarse, de preferencia,
inmediatamente después del nacimiento.
Agregó que aunque este Poder ha
realizado acciones para garantizar el cumplimiento al derecho de identidad, así
como contribuir a que los principios de universalidad, gratuidad y registro
oportuno se alcancen, este año se presentó una nueva acción de inconstitucionalidad
promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ante la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN), en relación a disposiciones contenidas en las
Leyes de Ingresos para el ejercicio 2019, de los municipios de Coatepec,
Coatzacoalcos, Córdoba, Cosoleacaque, Medellín, Minatitlán, Tierra Blanca y
Tuxpan.
Dichos ordenamientos, destacó el
legislador del Distrito XX Orizaba, en el artículo relativo a los cobros por
los servicios prestados en el Registro Civil hace referencia a que dichos
cobros se efectuarán conforme a lo establecido en el Código Hacendario de cada
uno de esos municipios; a excepción de las Leyes de Ingresos de los municipios
de Minatitlán y Tuxpan, las cuales sí contienen una tarifa dentro de la Ley.
Para el caso del registro de
nacimientos, en la práctica los ayuntamientos no realizan el cobro de dicha
acción, así como tampoco la primera copia certificada de acta de nacimiento.
Sin embargo, el cambio de las administraciones municipales en el año 2018, pudo
contribuir a que las leyes de Ingresos contuvieran dicha tarifa en el registro
de nacimientos.
Dado lo anterior, concluyó, “mi
compañera y yo coincidimos con la CNDH, así como con el criterio de la SCJN, y
nos sumamos desde esta Legislatura para que el derecho a la identidad se
respete, y contribuyamos a que el Estado mexicano cumpla con las metas
planteadas”.
La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente
de Hacienda Municipal del Congreso del Estado.
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El
Diputado Henri Christophe, del partido Movimiento de Regeneración Nacional,
presentó una Iniciativa de Decreto que reforma el primer párrafo del artículo
72 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios, relacionados con ellas del
estado de Veracruz, en el que se incluya la perspectiva de protección civil en
la ejecución de Obras Públicas en la entidad.
Destacó, que las obras que
llevan a cabo las administraciones públicas, no necesariamente van acompañadas
de la planeación y visión que requieren para ser funcionales, siendo alarmante
que en su ejecución no se contemplen medidas indispensables para resguardar a
la población como son los provenientes de la protección civil.
Por tal razón, aseguró el
legislador, y con el firme propósito de fortalecer la disposición consistente
en responsabilizar al contratista de la ejecución de los trabajos y que al
hacerlo debe sujetarse a los reglamentos y ordenamientos de las autoridades
competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública,
protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal,
estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale el
ente público, por lo que es necesaria la reforma del artículo 72 de dicha Ley.
Añadió, que la disposición objeto de reforma, estaría
alineada a lo establecido en el artículo 106 de la Ley de Protección Civil y la
Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz, en particular en
sus dos primeras fracciones donde, se establecen como conductas sujetas de
sanción para quien ejecute o autorice la construcción, edificación o
realización de obras de infraestructura o promueva asentamientos humanos en
zonas de riesgo.
Para finalizar, refirió que
como representantes populares deben trabajar con decisión para garantizar en la
población condiciones de bienestar y progreso, y con el firme compromiso de legislar para salvaguardar la vida, integridad
física y el patrimonio de la población, en vista de lo anterior, es la
iniciativa de decreto de reforma del artículo 72 de la Ley de Obras Públicas.
Dicha iniciativa fue turnada
a la Comisiones Permanentes Unidas de Comunicaciones y Protección Civil.
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Los diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido
Acción Nacional (PAN), rindieron homenaje, en la explanada del Palacio
Legislativo y en el marco del 213 aniversario de su natalicio, al Benemérito de
las Américas, Benito Juárez García, a celebrarse el próximo 21 de marzo.
Durante la ceremonia, el diputado Sergio Hernández
Hernández, Coordinador del Grupo Legislativo del PAN, destacó la importancia de
este mexicano, considerado uno de los hombres más importantes en la historia de
nuestro país; ya que el legado que dejó ha sido un parteaguas para la vida
política de México.
Asimismo, dijo que parte de la contribución de
Benito Juárez, en la búsqueda de la democracia para el país, fue “la
consolidación de una República restaurada, el respeto a la Constitución, la
educación gratuita y laica, y las Leyes de Reforma; mediante las cuales se
consumó la separación de la Iglesia-Estado, se concedió el Registro Civil a las
actas de nacimiento, matrimonio y defunción, además de promulgar la libertad de
cultos”.
Hernández Hernández afirmó que Juárez, es considerado un impulsor y defensor
de la democracia como hoy la conocemos, la cual no debe utilizarse para
justificar el fanatismo liberal, donde intereses personales arriesguen la
soberanía nacional.
Destacó, que
“Juárez debe ser visto y recordado en un sentido humano, un hombre de ideales
puros y acciones que marcaron la historia de nuestro país, con aportes
invaluables que conforman la base de nuestro sistema político y jurídico”.
Finalmente, el representante de Acción Nacional
afirmó que este personaje debe ser recordado como un demócrata defensor del
pueblo y representante del indigenismo; un hombre que siempre buscó el progreso
y desarrollo; agregó, que actualmente se deben tomar esas bases para reforzar
la defensa de la justicia y la legalidad, en los contextos políticos, sociales
y culturales de México.
En este acto cívico también estuvieron presentes los
diputados Jorge Moreno Salinas, Enrique Cambranis Torres, y las diputadas María
Graciela Hernández Iñiguez, y Nora Jéssica Lagunes Jáuregui, así como José de
Jesús Rodríguez Hernández, Secretario General del Sindicato Único de
Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, además de Secretarios y
Directores de áreas del Congreso del Estado, entre otros.
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El diputado
Gonzalo Guízar Valladares, integrante del Grupo Legislativo Mixto “Del Lado
Correcto de la Historia” en la LXV Legislatura del Congreso del Estado
presentó, durante la sexta sesión ordinaria de la Diputación Permanente, una Iniciativa
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado, en materia de participación ciudadana y
fortalecimiento de la división de poderes.
El objeto de esta iniciativa de
reforma constitucional, destacó el legislador, es el bienestar social, mediante
la creación de mecanismos para su desarrollo social y espiritual, procurando la
igualdad de condiciones para que todos y todas, dirijan su destino, disfruten
los derechos humanos y alcancen la suprema felicidad social; sin
discriminaciones por motivos de origen étnico, religioso, condición social,
sexo, idioma, opinión política, nacionalidad u origen, edad, posición
económica, condición de discapacidad o cualquier otra circunstancia personal,
jurídica o social, que tenga por resultado anular o menoscabar el
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos.
Con ella, señaló Guízar Valladares, se
pretende impulsar el fortalecimiento de la organización ciudadana, en función
de consolidar la democracia y construir las bases de una sociedad democrática,
de derecho y de justicia, así como fortalecer la cultura de participación
ciudadana en los asuntos públicos para garantizar el ejercicio de la soberanía
popular, enmarcada por los valores, los principios, la ética, la solidaridad,
el bien común, la honestidad, el bien social, la voluntariedad, la defensa y
protección del medio ambiente y los derechos humanos.
En el mismo sentido, se busca
fortalecer una real división de poderes, apuntó, estableciendo que las
propuestas para ocupar las magistraturas sean realizadas por el Pleno del
Tribunal Superior de Justicia y ya no por el Ejecutivo para que de esta manera
se garantice a quienes tienen una verdadera trayectoria dentro del Poder
Judicial, la posibilidad de acceder a una magistratura, valorando su desempeño
a lo largo de su carrera judicial y no atendiendo a un interés meramente
político. De esta manera también contribuimos a combatir la corrupción al
interior de los órganos que imparten justicia en nuestro estado ya que de
constituirse una probable responsabilidad al emitir sentencias o llevar a cabo
procesos judiciales sospechosos no podrían ocupar un cargo tan honorable.
En este contexto, agregó en su
participación el diputado del Distrito XXX Coatzacoalcos, “el espíritu que
anima la presente iniciativa es brindar los espacios suficientes para que los
ciudadanos veracruzanos participen de manera activa en la toma de decisiones de
quienes son sus representantes, modernizando el marco jurídico constitucional
local para ampliar los instrumentos de participación ciudadana y convertir en
realidad los efectos de esta, así como fortalecer la división de Poderes.”
La iniciativa fue
turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.
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El
diputado Rodrigo García Escalante, integrante del Grupo Legislativo del Partido
Acción Nacional, presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo para exhortar al
Gobernador del Estado a que instruya a la Secretaría del Medio Ambiente, a la
Secretaría de Protección Civil y a la Procuraduría del Medio Ambiente a atender
la emergencia ecológica suscitada en el río Pánuco.
Durante
su intervención en la Sexta Sesión Ordinaria, el legislador por el Distrito I de Pánuco, propuso también
identificar a los probables responsables del ecocidio originado por vertir
contaminantes al afluente.
Explicó
que en días pasados, se presentó una inexplicable mortandad de peces,
denunciada por habitantes de las zonas aledañas al río Pánuco, por lo que han
evitado el consumo de agua por temor a enfermarse.
Además,
dijo que el fuerte olor a descomposición se logra percibir a corta distancia
del afluente, situación que se presenta desde el pasado 7 de marzo y que los rumores
acusan al ingenio del municipio vecino.
Dijo
que la tragedia ambiental afecta al sector pesquero, entre cooperativistas y
permisionarios, un total de 767 socios y a una población que rebasa a los 48
mil 200 habitantes de 48 comunidades que se encuentran ubicadas al margen del
río Pánuco.
Agregó
que también se realiza el riego de diferentes cultivos de la zona y que si el
agua está contaminada por químicos, el resultado puede ser devastador para la
productividad, para la ecología y para la salud de muchos habitantes.
