por Puebla al Día | May 1, 2019 | Congreso
La Cámara de Diputados aprobó, con 413 votos a favor y cinco abstenciones, adicionar un párrafo al artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social, a fin de que las reglas de operación de los programas en la materia se sujeten a los principios de la Política de Desarrollo Social.
El objetivo es posibilitarles a los beneficiarios, el pleno goce y ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política, así como en las demás disposiciones vigentes aplicables y en los instrumentos internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte.
El documento, remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, refiere que las reglas de operación son instrumentos jurídicos en donde se establecen criterios generales y específicos para la operación de los programas sociales del gobierno federal. Su objetivo fundamental es garantizar que dichos programas se apliquen de tal manera que permitan alcanzar las metas de la política social en aras de cumplir con los derechos de los mexicanos.
Precisa que los programas sujetos a reglas de operación no son exclusivos del gobierno federal, porque las entidades federativas también tienen la atribución de diseñar y desarrollar los que consideren pertinentes para apoyar a grupos poblacionales, sectoriales y actividades productivas particulares.
El dictamen considera que al elaborarse las reglas de operación de los programas sociales, debe existir un razonable equilibrio entre la rendición de cuentas sobre el uso y destino de los subsidios otorgados, así como una flexibilidad en los requisitos para con los beneficiarios de tales subsidios.
Subraya que el padrón de beneficiaros, más allá de ser un trámite burocrático, es una fuente de información que permite proyectar las políticas públicas de Desarrollo Social y por ende de los programas, resultando necesario que el personal a cargo de actualizarlo, tome en consideración la situación o caso especial de cada posible beneficiario para ayudarlo en su pre-registro o registro al padrón.
por Puebla al Día | May 1, 2019 | Congreso
La Cámara de Diputados aprobó con 419 votos a favor y 2 en contra, el dictamen que incorpora al Premio Nacional de Deportes, las modalidades de actuación y trayectoria destacada en el deporte mexicano, y el fomento, protección o impulso de la práctica de los deportes.
El documento reforma diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, y precisa que el Consejo de Premiación se integre por el secretario de Educación Pública, quien lo presidirá, y titulares de las comisiones de Deporte de la Cámara de Diputados y de Juventud y Deporte del Senado de la República, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Comité Olímpico Mexicano y del Comité Paralímpico Mexicano.
Las candidaturas se propondrán al Consejo de Premiación dentro del periodo comprendido del 1 de septiembre al 15 de octubre de cada año. El Consejo integrará los expedientes que procedan dentro de los 10 días siguientes y a continuación los pondrá a consideración del Jurado, el cual entregará su dictamen a más tardar el 10 de noviembre.
Los premios se entregarán el 20 de noviembre de cada año en el marco de los festejos conmemorativos del aniversario de la Revolución Mexicana.
La diputada Ana Laura Bernal Camarena (PT) expresó que el dictamen valora la conmemoración de la Revolución Mexicana, retornando la entrega del Premio Nacional de Deporte a la fecha auténtica, y unificando los premios, tanto del Premio Nacional como de Mérito Deportivo en un esquema único, con la finalidad de que sea sobresaliente con siete categorías.
Estas categorías son: deporte no profesional, profesional, paralímpico, entrenador, juez árbitro, por la actuación y trayectoria destacada en el deporte mexicano y, por el fomento a la protección o el impulso de la práctica de las disciplinas.
Bernal Camarena precisó que el Premio Nacional de Deporte será entregado el 20 de noviembre de cada año, por el Presidente constitucional de México.
Es la oportunidad de tener una herramienta jurídico-social que otorgue unión y fomento deportivo. “Sumemos al cambio transformador que México requiere, una nación de valores, de historia, de infinitas riquezas, pero también de muchos deportistas que dan el máximo esfuerzo para dar orgullo nacional en todas las competencias donde nos representan”.
Con la aprobación del dictamen, se manda una señal positiva a todos los deportistas del país y “regresaremos la entrega del premio a la fecha histórica que nunca debió cambiar”.
La diputada del PT precisó que en los últimos años se ha suspendido y existe descoordinación entre autoridades educativas, militares y deportivas. Recientemente, en 2016 y 2017, la fecha de entrega del premio se aplazó, haciéndolo hasta 4 meses después, restando el valor que merece, al demeritar a los galardonados deportivos.
por Puebla al Día | May 1, 2019 | Congreso
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 419 votos, reformas al primer párrafo del artículo 390 del Código Penal Federal, para imponer de 10 a 25 años de cárcel y de 250 a mil Unidades de Medida y Actualización, a quien cometa extorsión.
El documento, enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, refiere que ese delito tiene fuerte impacto social y es uno de los que más ha aumentado en últimos años, sólo colocándose abajo del robo en el transporte público y asalto.
Indica que la extorsión es una conducta recurrente de la delincuencia organizada, por lo que resulta viable elevar el castigo, pues es un crimen que inhibe el desarrollo, llega a afectar las inversiones y causa pérdida de empleos.
Al fundamentar el dictamen, el diputado Rubén Cayetano García (Morena) subrayó que ese delito tiene que castigarse con mayor severidad, porque es uno de los que más laceran a la sociedad.
Dijo que, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a noviembre de 2018 se registraron 5 mil 820 víctimas de extorsión en el país.
Estimó que las cifras encierran las historias de miles de mexicanos que han perdido su tranquilidad y la de sus familias, porque los delitos de extorsión generalmente se cometen con mayor frecuencia contra pequeños comerciantes, quienes manejan establecimientos de sostenimiento familiar.
“Expresamos nuestra voluntad de que el delito de extorsión sea castigado con severidad y con ello contribuyamos a liberar de la presión y angustia en la que viven cientos de familias, a raíz de este terrible flagelo. Ya no más al pago del impuesto criminal”, expresó.
Por su parte, la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas (PES) estimó urgente actualizar la norma penal, sobre todo en aquellos casos donde existan vacíos. “Esta asamblea debe aprobar las modificaciones para que haya penas más severas”.
Agregó que los errores de las políticas de seguridad y justicia de las administraciones pasadas, más las fallas de nuestro sistema judicial, hacen que la impunidad esté cercana al 97 por ciento, lo que ocasiona que delinquir sea sumamente fácil y buen negocio para algunos.
por Puebla al Día | May 1, 2019 | Congreso
El Pleno de los diputados aprobó con 441 votos a favor y una abstención, reformar el Código Penal Federal en materia de delitos cometidos contra servidores públicos y castigar con dos a 12 años de prisión a quien agreda a un funcionario.
El dictamen que modifica la denominación del capítulo IV y el artículo 189 del ordenamiento, establece que si el daño se comete en contra de un servidor público encargado de la prevención, investigación o persecución de los delitos, en el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas, se impondrá también la pena que le corresponda por lo cometido.
Al fundamentar el dictamen que se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales, la presidenta de la Comisión de Justicia, María del Pilar Ortega Martínez (PAN), dijo que los diputados se identifican con las demandas ciudadanas que exigen justicia ante diversos delitos que vulneran la paz social, por lo que es necesario fortalecer las instituciones de prevención y procuración de justicia, “tarea inacabada que necesita ser trabajada día con día”.
Subrayó que la seguridad pública es una función de naturaleza compleja a cargo de los tres órdenes de gobierno. Agregó que entidades federativas registran altos índices de violencia contra funcionarios.
“Nos parece muy atendible llevar a cabo la modificación planteada. La justicia es uno de los más altos ideales que definen a toda la República, no existe un sistema democrático que no haya sido fundado sin la pretensión de cumplir el viejo adagio del jurisconsulto romano Ulpiano: la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde”, agregó.
La diputada promovente, Carmen Julia Prudencio González (MC), puntualizó que con este dictamen se perfecciona lo contemplado en el Código Penal Federal en favor de los servidores públicos encargados de la prevención, investigación y persecución de delitos en el acto de ejercer lícitamente sus funciones porque al que cometa un delito en contra de estos será sancionado.
Además, salvaguarda la integridad física y la vida de los servidores públicos durante el desempeño de sus funciones porque “es nuestra obligación proteger a quienes nos protegen”.
Cifras de la Comisión Nacional de Seguridad señalan que en los últimos 20 años, dos mil 220 policías fueron asesinados en el cumplimiento de su deber, de los cuales 534 eran elementos estatales y 998 formaban parte de las instituciones municipales.
En la Ciudad de México, de enero de 2012 a septiembre 2016, dos mil 633 elementos de la policía preventiva fueron agredidos con golpes, quemaduras, mordeduras, pateados, con rocas y con aerosol y 210 sufrieron ataque por arma de fuego y blanca.
Mencionó que su tarea es vulnerable debido a situaciones de confrontación que a diario se percibe en las calles, por lo que debe de ser atendida.
Prudencio González hizo un llamado para seguir avanzando y garantizar mejoras en las condiciones de trabajo para los servidores públicos encargados de la seguridad pública y a quienes beneficia de manera directa esta reforma.
Juan Carlos Villarreal Salazar (MC) presentó una modificación, que aceptó el Pleno, porque consideró que ningún servidor público puede tener la función de prevención, investigación y persecución al mismo tiempo, por lo que la propuesta es de coherencia jurídica y dice: “prevención, investigación o persecución de los delitos”.
por Puebla al Día | May 1, 2019 | Congreso
La Cámara de Diputados aprobó con 434 votos, el dictamen a la minuta que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social, en materia de las personas trabajadoras del hogar.
El documento devuelto al Senado de la República para sus efectos constitucionales, busca reglamentar la figura de estas personas, entendiéndolas como las que de manera remunerada realicen actividades de cuidados, aseo, asistencia o cualquier otra inherente al hogar, en el marco de una relación laboral que no importe beneficio económico directo para la persona empleadora.
Dichas personas trabajadoras pueden residir o no en el domicilio donde realicen sus actividades, y trabajar para una o más empleadoras. El trabajo del hogar debe fijarse mediante contrato por escrito, que incluya, como mínimo, referencias de la persona empleadora y de la persona trabajadora del hogar; domicilio; inicio y duración del contrato; tipo de trabajo a realizar; remuneración; horas de trabajo; vacaciones; alimento y alojamiento, cuando proceda; debiendo contemplarse también el régimen obligatorio del seguro social.
Al fundamentar el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, la diputada Martha Tagle Martínez (MC) señaló que con estas reformas se da un paso más en el reconocimiento de los derechos de las empleadas del hogar.
“Esta es una lucha que inició hace casi 30 años y que ahora, a través del Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar, se está haciendo realidad, para por fin llevar a la Ley Federal del Trabajo el reconocimiento que tienen las mujeres que laboran en el hogar, porque mayoritariamente son mujeres quienes se dedican a hacer esta labor”, afirmó.
Con el dictamen, dijo, se busca que el trabajo doméstico tenga los mismos derechos que poseen otros sectores; definir a la persona trabajadora del hogar como toda aquella que de manera remunerada realice actividades de aseo, asistencia y demás, propios o inherentes al hogar en el marco de una relación laboral y no lucrativa, que no importe para el patrón beneficio económico directo conforme a las horas diarias o jornadas semanales establecidas en la ley.
Se establecen tres modalidades: planta, de entrada por salida y de las personas trabajadoras del hogar con diferentes patrones y no residen en el domicilio de ninguna de ellas.
Además, se prohíbe la contratación de personas menores de 15 años. Tratándose de adolescentes mayores de 15 años, el patrón deberá fijar jornadas que no excedan las seis horas diarias y 36 horas semanales, así como evitar la contratación de adolescentes mayores de 15 años que no hayan concluido, al menos la secundaria.
Tagle Martínez expuso que el trabajo del hogar deberá fijarse mediante un contrato escrito que incluya como mínimo dirección del lugar del trabajo, fecha de inicio y duración de término, tiempo de trabajo a realizar, remuneración y periodicidad de los pagos, horas de trabajo, pago de vacaciones, periodos de descanso diario y semanal, sea cual sea el caso, suministro de alimentos y alojamiento como procede.
Dota a las personas trabajadoras migrantes de protección y seguridad y de no ser discriminadas. Plantea que las personas trabajadoras del hogar, que residan en el domicilio, sus jornadas no excedan de 8 horas diarias, y cuando estas excedan, deberán ser consideradas como horas extras.
También, plantea que las personas trabajadoras del hogar cuenten con las prestaciones establecidas en la ley, tales como vacaciones, prima vacacional, pago de días de descanso, acceso a la seguridad social y aguinaldo.
Explicó que las modificaciones que se están haciendo a la minuta son importantes para garantizar los derechos de las trabajadoras del hogar. Se establece que no debe haber una obligatoriedad con respecto a la inspección laboral dentro de los hogares.
“Sabemos ya que la Secretaría del Trabajo está haciendo un protocolo para que la inspección laboral se pueda dar en el sentido de verificar que efectivamente las personas que se dedican a este empleo, cuentan con las condiciones y realmente puedan estar garantizados sus derechos”, añadió.
Se incluye un transitorio para reconocer que desde el Instituto Mexicano del Seguro Social, se está trabajando con el programa piloto que mandató la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene como fin que en un año y medio, se pueda entregar un informe al Congreso de la Unión y a partir del mismo, se haga la revisión legislativa a fin de que todos los derechos de las trabajadoras del hogar no sólo queden garantizados, sino que además, sean accesibles.
En los posicionamientos, la diputada Ana Patricia Peralta de la Peña (Morena) subrayó que se deben fortalecer los derechos de las trabajadoras del hogar, pues el hecho de contar con un marco jurídico laxo, las mantiene desprovistas de la protección de las leyes en materia laboral. “Han sido relegadas a trabajar dentro de la informalidad, sin seguridad social ni estabilidad en sus empleos”.
Su compañera de bancada, diputada Ana María Rodríguez Ruiz señaló que las trabajadoras del hogar permanecen en una realidad injusta e inequitativa, porque de acuerdo con el Inegi, el 98 por ciento de los trabajadores o trabajadoras del hogar, tienen extensas jornadas laborales, falta de seguridad social y salarios bajos. También detalló que sólo el 2.4 por ciento tienen contrato laboral, y el 40 por ciento de las mujeres ganan entre uno y dos salarios mínimos.
La diputada María Liduvina Sandoval Mendoza (PAN) consideró el dictamen como un paso histórico para reivindicar los derechos de millones de mujeres trabajadoras del hogar, a quienes a lo largo de los años se les han negado sus derechos laborales, han sido discriminadas, sufrido abusos y han sido explotadas injustamente. “Con la correcta implantación de esta reforma, será posible que estas mujeres, que la mayoría son sustento de su hogar, accedan a derechos fundamentales para ellas y sus familias, como el de la seguridad social”.
Lourdes Erika Sánchez Martínez, diputada del PRI, sostuvo que contar con un trabajo digno y con una remuneración suficiente para cubrir las necesidades básicas, constituye un derecho fundamental reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos y por la legislación nacional. “Contar con un empleo es la base para acceder y para disfrutar a otros derechos humanos, como la salud, educación y alimentación, así como para tener una vida digna y plena”.
María Rosete, diputada del PES, dijo que el trabajo doméstico en nuestro país ha sido una actividad muy poco valorada y minimizada, a pesar de la importancia de esta labor. “Durante muchos años, la labor del trabajo en el hogar no recibió la atención que requiere, ya que se considera como una actividad que no genera ganancias ni plusvalías. “El dictamen garantiza los derechos constitucionales de las trabajadoras, dotándolas de certeza jurídica y laboral que aseguren su trabajo y sus beneficios inherentes a sus actividades”.
La diputada del PT, Margarita García García, indicó que, según ONU Mujeres, 2.4 millones de personas laboran en al menos dos millones de hogares en México como trabajadores y trabajadoras del hogar. El reconocimiento del trabajo productivo va más allá de alguna remuneración por realizar alguna tarea. “Ellas lograron evidenciar el desprecio social patriarcal hacia la prestación de los servicios de aseo, asistencia, al hacer que en un primer momento ellas no sean reconocidas. Eso es lo que atiende este dictamen”.
Fabiola Loya Hernández, diputada de MC, refirió que en materia de trabajadoras del hogar, la Suprema Corte de Justicia emitió una resolución, pero no es suficiente. “Para que los derechos de las mujeres sean respetados y reconocidos, deben estar en las leyes. Es una lucha que se debe seguir impulsando, y dejar los colores afuera para que sea una realidad la construcción de paz en este país”.
Del PRD, la diputada Guadalupe Almaguer Pardo explicó que con las reformas legales, ahora deberá formalizarse la prestación de servicios a través de un contrato escrito. También se establece como obligación del patrón, otorgar lineamientos de servicios a través del mismo contrato, alimentos higiénicos y nutritivos, la prohibición de pedir pruebas de gravidez y de despedir a una trabajadora por embarazo.
por Puebla al Día | May 1, 2019 | Congreso
El Pleno cameral avaló el dictamen que reforma el primer párrafo del artículo 13 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria. Establece que su titular será nombrado por el Presidente de la República y estará sujeto a la ratificación de la Cámara de Diputados o, en su caso, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Con el documento aprobado por 419 votos a favor y una abstención, se busca hacer congruente este ordenamiento con la reforma constitucional que dio esa facultad a la Cámara de Diputados. Además aporta claridad y seguridad jurídica a la ratificación de los funcionarios superiores de la Secretaría Hacienda y Crédito Público.
Al referirse al dictamen enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, la diputada Dulce María Sauri Riancho (PRI) recordó que la semana pasada el Pleno de esta Cámara aprobó una reforma constitucional para eliminar una antinomia (contradicción entre dos leyes) que quedaba rezagada desde la aprobación de la reforma político-electoral de 2014, para dar certeza sobre la ratificación de los empleados superiores de Hacienda.
Indicó que este dictamen es pieza clave para dar por concluidas las contradicciones constitucionales y legales respecto del tema.
“Si bien es cierto que la ratificación del secretario, por parte de la Cámara de Diputados, es un procedimiento novedoso en el sistema constitucional, en el caso de los empleados superiores de Hacienda la situación es diferente, toda vez que esta atribución la realizaba el Senado de la República desde 1987”.
Precisó que a partir del uno de diciembre la Cámara de Diputados generó su primer acuerdo para ratificar a los empleados superiores de Hacienda.
De los nombramientos establecidos en esos acuerdos sólo uno se encontraba previsto en una ley secundaria, toda vez que el artículo 13 de la ley vigente del SAT establece que el jefe de dicho servicio será nombrado por el Presidente de la República con la ratificación del Senado o, en su caso, de la Comisión Permanente.
Sauri Riancho puntualizó que la disposición en la ley secundaria anteriormente carecía de relevancia, toda vez que era armónica con el texto constitucional entonces vigente, ya que el Senado de la República tenía la facultad para ratificar al jefe del Servicio de Administración Tributaria, pero con la reforma política el escenario ha cambiado.
Por ello, es necesario modificar el artículo 13 a efecto de armonizar la legislación secundaria con el texto constitucional, y subsanar la antinomia legal y evitar cualquier confusión en el proceso de ratificación de los empleados superiores de Hacienda, particularmente con lo relacionado con el jefe de la Oficina del Servicio de Administración Tributaria.
