por Puebla al Día | May 20, 2019 | Congreso
México ha sido promotor y líder mundial en la instrumentación de políticas públicas para hacer frente al problema del cambio climático. Sin embargo, la evidencia muestra que los logros obtenidos han sido limitados, destacó el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) de la Cámara de Diputados.
Indicó que las emisiones de gases efecto invernadero del sector agropecuario se han incrementado de manera sustancial, pero como los expertos lo han pronosticado, “si no se logran estabilizar las emisiones, el impacto del cambio climático en la producción agropecuaria y en la vida rural tendrá consecuencias negativas”.
En el documento “El cambio climático y el sector agropecuario en México”, el CEDRSSA puntualizó que una recomendación radica en desarrollar estrategias de adaptación, toda vez que el cambio climático es un fenómeno difícilmente revisable y que se intensificará en el futuro.
Las áreas agrícolas de temporal en México, añadió, tienen que adaptarse a un escenario de más temperatura y menos agua; de aquí que las tecnologías de producción actuales y futuras deberán adecuarse a condiciones de escasez.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), la agricultura en México puede verse afectada por la presencia de plagas, insectos y eventos meteorológicos extremos a causa del cambio climático.
Además, el estudio “Variabilidad y cambio climático”, publicado por el INECC, menciona que el aumento de la temperatura afectará el crecimiento de algunos cultivos, sobre todo si crece el consumo de agua y la proliferación de plagas.
Detalla que la agricultura en México está en 22 millones de hectáreas; es decir, 11 por ciento del territorio nacional, de las cuales 5.7 millones son de riego y 16.3, de temporal.
El sector agropecuario es el principal usuario del agua y del suelo, pues el cultivo de riego utiliza 78 por ciento del líquido. Esto refleja el impacto de su disponibilidad en la producción de alimentos.
También la agricultura de temporal y el sector primario en general son vulnerables a los efectos del cambio climático, pues disminuirán las áreas aptas para cultivos y habrá deterioro del rendimiento para una amplia gama de siembras.
El CEDRSSA subrayó que, como medidas de adaptación para México, América Central y el Caribe se ha propuesto la gestión integral de suelos y de recursos hídricos, capacitación a los agricultores sobre el cambio climático, fomento de buenas prácticas agroecológicas, diversificación de cultivos, incluyendo variedades resistentes y rescate de semillas criollas.
Conforme con el documento “México: El sector agropecuario ante el desafío del cambio climático”, citado por el CEDRSSA, se proyectan algunos de los impactos de este acontecimiento en las actividades agropecuarias, estimando a través del impacto de variaciones en la temperatura, precipitación y de la presencia de efectos climatológicos extremos como heladas, sequías, huracanes y lluvias extremas en las diferentes regiones geográficas de México.
por Puebla al Día | May 20, 2019 | Congreso
Con la finalidad de que conozcan y se familiaricen con el uso de las herramientas que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ofrece; el personal que laboran en las diferentes áreas de la Coordinación de Archivo, Biblioteca y Hemeroteca, del Congreso del Estado de Veracruz, participan en el curso-taller Productos de Información Estadística y Geográfica en el Sitio del INEGI en Internet.
Este curso-taller, es impartido por la responsable de Fomento a la Cultura Estadística y Geográfica de la coordinación estatal del INEGI, Amparo Ruiz Delfín, y permitirá al personal de esas áreas, que encabeza Miguel Ángel Andrade Huerta, integrar, construir, consultar, interpretar y analizar la información geográfica y estadística, que ofrece el INEGI en su página Web.
por Puebla al Día | May 20, 2019 | Congreso
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados destacó que los cambios al sistema tributario mexicano han tenido resultados favorables: incrementó su eficiencia y eficacia, e incluso mostró avance en la equidad, así como en su búsqueda por aumentar la disponibilidad de ingresos propios y reducir la pérdida de los fiscales por acciones de evasión.
Sin embargo, precisó, quedan acciones por realizar, porque a pesar de que existe tendencia negativa en la evasión, su persistencia vulnera la estabilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas.
En el estudio “El pago de impuestos y la evasión fiscal en México”, el CEFP consideró conveniente impulsar una política encaminada a ampliar la base de contribuyentes, disminuir la evasión y elusión, revisar las acciones tributarias de regímenes especiales, además de crear medidas de seguridad y certeza jurídica para la autoridad y contribuyentes.
Mencionó que hasta antes de 2014, las fuentes de ingresos mostraron tendencia a la baja, debido, en gran medida, a la magnitud de la informalidad de las actividades económicas, las diversas formas de beneficios fiscales y los altos índices de evasión, lo cual originaba que las finanzas fueran altamente dependientes de la actividad petrolera, y que los ingresos oscilaran según la volatilidad del precio del petróleo.
A partir de 2015, con las reformas energética y la hacendaria, el Estado buscó aumentar su capacidad financiera con ingresos estables y permanentes, mediante una estructura impositiva equitativa que permitiera mejorar la distribución de la carga fiscal y reducir la dependencia de los ingresos petroleros. Durante este periodo, los ingresos petroleros representaron, en promedio, el 18 por ciento del total de los de origen presupuestario.
Puntualizó que después de 2010 y, particularmente, tras la implantación de la reforma fiscal de 2014, la tasa de evasión se redujo del 37.1 al 16.1 por ciento en 2016.
Esta caída se debe, particularmente, al aumento de sanciones aplicadas por defraudación fiscal y por los cambios realizados en materia de los impuestos Sobre la Renta (ISR), al Valor Agregado (IVA) y el Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que fortalecieron el sistema tributario y, por ende, redujeron los niveles de evasión.
El CEFP resaltó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) aplicó acciones para inhibir este delito, que han tenido avances significativos. Por ejemplo, el promedio de evasión de sus 38 países integrantes, en 1999 fue de 6.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), monto que se redujo considerablemente en 2009, al 4.8 por ciento.
Tras la crisis de 2008, la evasión tuvo un incremento considerable de 6.4 puntos porcentuales. Pasó de 34 por ciento, en ese año, a 40.4 por ciento en 2009, producto de un incremento en los incentivos a evadir, derivado de la reducción del ingreso agregado, así como el otorgamiento de facilidades para que los contribuyentes pudieran optar por pagar, en parcialidades mensuales iguales y sucesivas, los impuestos retenidos y trasladados, lo que redujo la eficiencia fiscal.
Además, expone que entre 2010 y 2018 la facturación creció en 31.8 por ciento anual. Pasó de 760.3 millones de facturas a seis mil 928 millones, lo que muestra la eficiencia de la implantación del Comprobante Federal Digital en la formalización de la recaudación, pues está en línea con el crecimiento de los ingresos tributarios.
Entre 2011 y 2013 las declaraciones anuales tuvieron inclinación a la baja, producto de la complejidad del proceso y los bajos incentivos a realizarla, lo que redujo esta actividad en un millón 417 mil 577 declaraciones, en esos dos años.
A partir de 2014, tras la reforma hacendaria, mejoró el sistema de declaración anual, con la incorporación del portal de Internet y las automáticas, que facilitaron el mecanismo de fiscalización, basándose en la información recabada a través de los Comprobantes Fiscales Digitales.
Lo anterior, sumado al incremento en devoluciones y deducciones por pago de transporte escolar, colegiatura y gastos funerarios, médicos y dentales, incentivó el manejo de las declaraciones anuales, que creció a una tasa media anual de 12.5 por ciento, y llegó a nueve millones 56 mil 678 declaraciones, en 2018, cuatro millones 32 mil 87 más que en 2013.
por Puebla al Día | May 20, 2019 | Congreso
El Presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, encabezó la reunión de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, en donde se definió la metodología para el análisis del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
El pasado 30 de abril la Cámara de Diputados recibió del Ejecutivo federal el PND y lo turnó a las 46 comisiones para que, en un plazo de 30 días naturales, procedieran al análisis y estudio correspondiente.
El propósito, subrayó Muñoz Ledo, lo establece con claridad la ley: la Cámara de Diputados podrá aceptar o rechazar el Plan. “En caso de aceptarlo, le puede hacer observaciones. Esa es la visión constitucional y legal que nos compete”.
En la reunión, a la que asistieron presidentes de comisiones ordinarias, se hizo una clasificación de los distintos capítulos y a qué comisiones corresponde dar opinión respecto del documento.
Muñoz Ledo precisó que “se puede emitir una opinión colectiva, o por comisión. De hecho, varias de ellas ya han tenido reuniones, porque el proceso ya arrancó”.
El diputado Presidente expresó que se harán observaciones sobre el texto; es decir, “en esto estoy de acuerdo, aquí le falta tal. Esas observaciones regresan al Ejecutivo, él si las considera, las incorpora al texto. Ese es el procedimiento legal”.
Recordó que el análisis del PND atiende al artículo 26 constitucional el cual se refiere a la soberanía, la independencia y el desarrollo económico.
Finalmente, anticipó que es necesario que en el mes de junio se lleve a cabo un periodo extraordinario para atender puntualmente el tema; sin embargo, dijo, es un asunto que se planteará en la Mesa Directiva. “Yo creo que dos (períodos) sería lo más indicado, pero tenemos que acordarlo con el Senado de la República, porque es bicameral”.
El PND fue enviado a la Cámara de Diputados con fundamento en los artículos 26 de la Constitución Política; 5 y 21 de la Ley de Planeación, así como el Segundo Transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Planeación, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 16 de Febrero de 2018.
por Puebla al Día | May 20, 2019 | Congreso
Es necesario homologar los procesos de atención en el Sistema Nacional de Salud para erradicar la violencia obstétrica y garantizar a las mujeres embarazadas y en labor de parto, calidad, trato humanitario, medicación mínima, consentimiento informado, privacidad, dignidad y confidencialidad.
Así lo señala la diputada María Alemán Muñoz Castillo (PRI) en una iniciativa de reformas a las leyes generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y de Salud, en la cual refiere que, en todas las esferas sociales, durante el periodo de gestación las mujeres son juzgadas, atemorizadas, humilladas o lastimadas física y psicológicamente en los lugares donde reciben servicios médicos y eso constituye un maltrato que genera secuelas, tanto en la madre, como en el recién nacido.
El documento, enviado a la Comisión de Igualdad de Género para su dictamen, con opinión de la de Salud, precisa que son actos constitutivos de ese tipo de violencia las cesáreas sin consentimiento voluntario, expreso e informado de las mujeres, aun existiendo condiciones para un parto; obligarlas a dar a luz acostadas y/o inmovilizadas; negarles u obstaculizares la posibilidad de cargar y amamantar a su bebé inmediatamente al nacer, y no atender oportuna y eficazmente las emergencias que se presenten.
Refiere que la Secretaría de Salud ha identificado situaciones como prácticas invasivas, suministro de medicación injustificada; o bien, cuando no se respetan los tiempos ni las posibilidades de parto biológico, ante lo cual ha emitido recomendaciones.
Propone definir, de manera precisa y formal, la violencia obstétrica en la fracción VI del artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y complementar la de Salud para fortalecer el marco normativo en favor de la mujer.
En la actualidad, la ley contempla diversos tipos de agresión contra las mujeres: psicológica, física, patrimonial, económica y sexual, pero no incluye la que pueden sufrir en el embarazo, parto y puerperio, “una de las etapas más vulnerables de su vida”, y que constituye una violación a los derechos humanos reconocidos también en instrumentos internacionales signados por México.
“Por muchos años, los derechos de las mexicanas, la perspectiva de género y su empoderamiento no fueron una prioridad social, lo que provocó que fueran discriminadas, víctimas de abuso y quedaran desprotegidas bajo argumentos tradicionales, culturales y económicos,. Esta propuesta busca dar un paso adelante en la erradicación de la violencia hacia las mujeres”.
Propone definirla como toda acción u omisión del personal de los servicios de salud, públicos o privados, del Sistema Nacional de Salud, que violenten la igualdad jurídica de las mujeres, su dignidad humana, su libertad; que la discriminen, la denigren o la dañen física o psicológicamente; o que se realicen prácticas que limiten, vulneren o nieguen su capacidad de decisión sobre las acciones a seguir, que no sean urgencias, durante el embarazo, parto, post-parto y puerperio.
Además, plantea llevar a cabo estrategias de sensibilización y capacitación del personal de salud para que la atención del parto sea libre de violencia y se promueva el ejercicio de los derechos de las mujeres.
La propuesta de reformas a los artículos 61, 62, 64 y 65 de la Ley General de Salud busca incluir el trato libre de violencia en la atención materno-infantil, y promover la organización de comités y actividades que prevengan, inhiban y erradiquen la violencia obstétrica.
por Puebla al Día | May 20, 2019 | Congreso
El diputado Sergio Mayer Bretón (Morena) planteó reformar la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en materia de sustitución y remplazo de materiales desechables, con el fin de establecer medidas que disminuyan el consumo de plástico, uno de los contaminantes principales del medio ambiente y mares.
La iniciativa propone incorporar dentro del Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, acciones de toma de conciencia para la población en general sobre los riesgos del uso de materiales de polímeros y generar acciones de identificación, investigación e inversión destinadas a la sustitución y reemplazo de productos que al desecharse se convierten en residuos sólidos urbanos.
Cita que corresponde a entidades federativas y municipios, llevar a cabo acciones de vinculación y toma de conciencia entre los sectores privado, social, académico y de investigación que conduzcan al reemplazo de materiales desechables.
Establece que el Programa implantado por la Secretaría del ramo, deberá tomar en cuenta acciones que conlleven a la sustitución de productos contaminantes, por otros de similares características biodegradables.
Agrega que deberá poner énfasis en productos y materiales de uso desechable para consumo, fabricados a partir de polímeros; para uso de embalaje, empaque y similares fabricados a partir de papel y aluminio, y de material fabricado para envasado de alimentos, líquidos y similares.
Asimismo, considerará dentro de sus acciones la participación de los sectores privado y social con el objeto de implantar medidas de toma de conciencia sobre el uso de estos materiales.
También, deberá contar con la participación de sectores académicos y de investigación con el objetivo de vincular su labor con la planta productiva nacional, para reemplazar los desechables con otros similares de características biodegradables.
La iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria expone que de acuerdo a la Asociación Nacional de Industrias del Plástico, en México, alrededor de 12 por ciento de la basura, es plástico; esto equivale a aproximadamente 10 mil 350 toneladas diarias, de las 86 mil 343 del total de basura que se produce.
De estas, más de 10 mil toneladas de residuos sólidos terminan en tiraderos de basura, así como en cuencas altas, medias y bajas, ocasionando con ello que llegue a los cuerpos de agua.
Considera que el impacto económico que genera esta polución puede ser catastrófica para sectores de la economía como la pesca y el turismo; la pesca se afecta por la desaparición de especies y reducción de las poblaciones debido a la mortalidad que produce la polución en los mares.
La contaminación de playas reduce la afluencia turística de algunos sitios y obliga a los gobiernos a desarrollar grandes planes de inversión para la limpieza de playas. Tanto por el impacto ambiental como el económico, es urgente para nuestro país tomar acciones decididas para limitar el consumo de plástico”.
El documento cita que los bajos costos de producción y accesibilidad, generan que el plástico sea imprescindible en casi todas las industrias y en la mayor parte de los productos de consumo humano, lo que ha disparado su producción global en los últimos 50 años y llevado a una situación delicada en materia de gestión de residuos debido a que tienen un tiempo de degradación de hasta cientos de años.
De acuerdo con la asociación Greenpeace, “como consecuencia de una mala gestión de los residuos o de su abandono, unos 8 millones de toneladas de plásticos acaban en los mares y océanos anualmente, formando 60 a 80 por ciento de la basura marina”, cada segundo, doscientos kilos de basura van a parar a los mares. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los océanos del mundo contienen 18 mil fragmentos de plástico por kilómetro cuadrado.
La iniciativa turnada a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para su análisis, adiciona la fracción XIV del artículo 1, fracción V del artículo 3, fracción XXIX recorriéndose la subsecuente del artículo 7, los párrafos tercero, cuarto y quinto recorriéndose los subsecuentes del artículo 25, fracción IV Bis del artículo 26 y fracción II Bis del artículo 96, todos de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
