La diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui presentó ante la Diputación Permanente una iniciativa que reforma la Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz, cuya finalidad es que las comisiones legislativas dictaminen, a favor o en contra, las propuestas y de no hacerlo exista la determinación del Pleno, previa votación, para que se proceda al desechamiento correspondiente de las mismas.

En su intervención, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) indicó que las comisiones de este Congreso tienen la encomienda de analizar el contexto de la iniciativa presentada, su vialidad jurídica, social y económica; el impacto que tendría en los destinatarios, las acciones que habrán de llevar a cabo las autoridades para concretarla, las consecuencias que acarrearía en su implementación, entre otros muchos factores que se ponderan al momento de dictaminar.

De esta manera, la diputada Lagunes Jáuregui propone reformar el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para establecer que si presentada una iniciativa, de ley o decreto y transcurrido un año, contado a partir de que fue turnada a la comisión respectiva, no es discutida en el Pleno del Congreso -siempre que no conste excitativa presentada para la elaboración del dictamen- se podrá considerar desechada.

Asimismo, de solicitarse prórroga para la dictaminación referida y en caso de concederse, se fijará un plazo para la presentación del dictamen respectivo.

Transcurrido el lapso referido o negada la prórroga solicitada, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso informará al Pleno para que se determine el desechamiento de la iniciativa.

También se prevé incorporar en el citado artículo que tras ser desechada alguna iniciativa de ley o decreto, no podrá ser propuesta de nuevo en el mismo periodo de sesiones. Pero esto no impedirá que alguno de sus artículos forme parte de otra. Esta disposición no regirá tratándose de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos.

La iniciativa contempla adicionar un último párrafo al artículo 66 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo para señalar que: presentada la excitativa correspondiente o por la solicitud de una prórroga para la dictaminación referida y en caso de concederse la misma por el Pleno, se fijará un plazo para la presentación del dictamen respectivo.

De no presentarse el mismo, el presidente exhortará de nueva cuenta a la comisión o comisiones correspondientes para motivar su omisión, en el caso de persistir la negativa de dictaminación o cumplirse el plazo establecido en el artículo 51 de la Ley, informará al Pleno para que se determine sobre el desechamiento de la iniciativa.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Gobernación para su estudio y dictamen correspondiente.

La diputada Margarita Corro Mendoza propuso, mediante una iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Protección Ambiental del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la formulación y ejecución de acciones relativas a la venta y el uso de productos sólidos urbanos plásticos de un solo uso.

Durante la octava sesión ordinaria, del segundo receso, del primer año de ejercicio constitucional, la presidenta de la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático presentó dicha Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman los artículos 1, 3, 6, 7, 173, 174, 175, 176, 177 y 178 de la referida ley.

Bajo el concepto de productos plásticos de un solo uso, la propuesta enumera: bolsas, vasos, popotes, recipientes de comida, cubiertos, aplicadores de todo tipo, globos, embalajes y todo objeto cuyo uso es momentáneo y que tarda cientos o miles de años en degradarse contaminando al planeta.

Define también los plásticos de un solo uso como los objetos fabricados de diferentes polímeros, artefactos o utensilios cuyo uso es temporalmente muy corto y cuya degradación en el medio ambiente es muy larga (de décadas a cientos de años) y contaminante.

Precisa, además, que los residuos sólidos urbanos son los generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que se utilizan en las actividades domésticas, de los productos que se consumen y de sus envases, embalajes o empaques, así como los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública con características domiciliarias y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por la referida ley como residuos de otra índole.

La adición al Capítulo V, titulado Manejo y Disposición de Residuos Sólidos No Peligrosos y Plásticos de Un Solo Uso, indica en el artículo 174 que “para el manejo y disposición final de residuos sólidos no peligrosos y de plásticos de un solo uso, los municipios podrán coordinarse o asociarse en la creación de un organismo operador, sentando ellos mismos los lineamientos para su funcionamiento y administración que conlleven a la mejor prestación de sus servicios públicos, bajo la figura jurídica que estimen pertinente”.

El artículo 178 permitirá al Gobierno del Estado y a los ayuntamientos celebrar acuerdos de coordinación y asesoría con las instituciones correspondientes para: la implantación y mejoramiento de sistemas de recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos municipales y de plásticos de un solo uso.

Así como la identificación de alternativas de minimización, reutilización, reciclaje y disposición final de residuos sólidos municipales y de plásticos de un solo uso, incluyendo la elaboración de inventarios de los mismos y sus fuentes generadoras. Además la instalación y operación de centros de acopio de residuos sólidos municipales y de plásticos de un solo uso domésticos orgánicos o inorgánicos, para su clasificación, reúso, tratamiento y reciclaje.

La integrante del Grupo Legislativo de Morena añadió que, de acuerdo con el segundo transitorio, los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán adecuar sus reglamentos en un plazo no mayor a 360 días siguientes al día de su publicación en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para dar cumplimiento al Decreto.

Y el tercero transitorio dispone que este Congreso, en coordinación con el Poder Ejecutivo y la Federación, considere un plazo perentorio para que en 2021 esté prohibida la comercialización y el uso de residuos sólidos plásticos de un solo uso.

Finalmente, precisó que esta ley tiene por objeto la conservación, la preservación y la restauración del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, así como la prevención, la reducción en la generación, comercialización y uso de residuos sólidos plásticos de un solo uso y la procuración del desarrollo sustentable.

Esta iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.

En el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada, del Congreso del Estado, el activista y defensor de los derechos humanos, José Alejandro Solalinde Guerra, presentó el libro Paradigmas del Nuevo Sistema Penal Acusatorio: Los Dilemas de su Implementación, realizado en coautoría con Teresita Reyes Alpirez, Magda Zayas Muñoz, Adriana Morales García, José Alfredo Gómez Reyes y Ángel Rosas Solano.

Ante la presencia del diputado Augusto Nahúm Álvarez Pellico, del magistrado Raúl Pimentel Murrieta, así como de estudiantes de la carrera de Derecho de diversas instituciones educativas y público en general, cada uno de los coautores hizo una breve reseña de los temas abordados en su artículo, coincidiendo en la necesidad de mejorar la operación de este sistema, instaurado a partir de 2008.

Con el propósito de homologar disposiciones de la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad para el Estado con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en relación con incluir los trastornos de talla como un elemento por el que no debe hacerse distinciones para gozar de los derechos establecidos en el orden jurídico, el diputado Jorge Moreno Salinas, presentó una iniciativa de decreto ante la Diputación Permanente.

El integrante del Grupo Legislativo Mixto de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) informó que el 12 de julio de 2018 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma el párrafo primero de la citada Ley General, mediante el cual se agregaron los trastornos de talla a las condiciones o características que no deben motivar distinciones para que las personas con discapacidad gocen de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano.

Refirió que la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad del Estado, que tiene por objeto promover, proteger y asegurar -en condiciones de igualdad- el goce pleno de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, no ha sido reformada en ese mismo sentido.

Por lo anterior, el legislador priista propone en su iniciativa reformar los artículos 2, fracción XI, y 4, primer párrafo, de la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad de la entidad, a fin de contribuir a crear una cultura de respeto e inclusión plena de las personas con trastornos de talla en los sectores social, laboral, cultural, educativo y deportivo, entre otros.

Dijo que todo esto se origina a partir del principio constitucional de no discriminación y que las personas con esa condición deban ser, no sólo visualizadas, sino también atendidas para facilitar su vida digna en la sociedad.

“Las personas con talla baja padecen limitantes físicas que les generan exclusiones, marginación y hasta rechazo, que como sociedad civilizada no podemos permitir, como tampoco que su condición les impida una vida plena en igualdad de condiciones que el resto de la población”, detalló.

En el mismo sentido el también secretario de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura recordó que en abril pasado presentó la iniciativa, misma que fue aprobada por unanimidad del Pleno el pasado 6 de junio, mediante la cual se declaró que cada 25 de octubre es el Día Estatal de las Personas de Talla Baja.

La iniciativa fue turnada, para su estudio y dictamen, a la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.

La diputada Adriana Paola Linares Capitanachi presentó, durante la octava sesión ordinaria, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código Civil del Estado de Veracruz en materia de identidad de género autopercibida.

Esta propuesta tiene como finalidad permitir a quienes ostentan una identidad de género autopercibida, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado en el acta primigenia, obtener sus documentos identitarios a través de un procedimiento administrativo, ajustando la norma a los principios constitucionales federal y local.

En su exposición de motivos, la legisladora aseguró que esta problemática provoca un escenario de potenciales violaciones graves a derechos humanos que, por la interdependencia e indivisibilidad, merman la dignidad, integridad, libre desarrollo de la personalidad y proyecto de vida, al no contar con documentos identitarios que reflejen su real identidad.

La Diputada del distrito V de Poza Rica, añadió que parte de las reformas y adiciones propuestas contempla que las copias expedidas de estas actas no deberán contener referencia de la anotación realizada en el apéndice en el acta original correspondiente.

Asimismo, destacó que los efectos de la nueva acta de nacimiento de identidad de género autopercibida, son oponibles a terceros desde su levantamiento y que no constituye extinción o desconocimiento de los derechos, obligaciones y responsabilidades contraídas con anterioridad al proceso administrativo, los cuales permanecerán inmodificables.

Del mismo modo, que la solicitud de la nueva acta deberá estar basada en el consentimiento libre e informado, confidencial, expedito, tendiente a la falta de fundamento y sin la exigencia de intervenciones quirúrgicas, hormonales o que atente contra la dignidad.

Los requisitos para llevar a cabo este trámite administrativo son: ser de nacionalidad mexicana, tener acta de nacimiento registrada en Veracruz, presentar ante el Registro Civil estatal la solicitud debidamente requisitada en la que se especifiquen el nombre completo y los datos del acta primigenia y el nombre solicitado sin apellidos y, de ser el caso, el género auto percibido.

Además de presentar copia certificada del acta primigenia para efecto de realizar la reserva correspondiente.

Finalmente la legisladora aseguró que tanto la Constitución Federal como la Local, impone a todas las autoridades promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las que personas.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

–Propone la creación de la Fiscalía Especializada en Violencia Contra las Mujeres por Razón de Género-

La diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, presentó también una iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz en materia de atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, la cual propone que la Fiscalía General del Estado (FGE) cuente con fiscales especializadas que atiendan de manera exclusiva los delitos de género, feminicidio y violencia familiar, cuando las víctimas sean niñas o mujeres.

En su intervención la legisladora precisó que en la investigación de estos delitos se requiere de un grado de especialización mayor que comprenda y analice el contexto de la discriminación contra las mujeres por razón de su género, de ahí la necesidad de esta reforma.

Agregó que esta propuesta pretende el fortalecimiento del personal a cargo de estos casos, calidad de la investigación penal, recaudo y protección efectiva de la prueba y la participación efectiva de las víctimas y sus representantes, apegado a los estándares internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, garantizando el derecho al acceso a la justicia.

Precisó que actualmente estos delitos son investigados por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas. Sin embargo, -señaló- estas fiscalías tienen que atender diversos delitos que por su propia naturaleza deberían ser atendidos por fiscales con una mayor especialización formal y material, debido a los factores jurídicos, sociales y culturales que intervienen.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas para la Igualdad de Género y de Procuración de Justicia, para su análisis y dictamen.

Como parte de las actividades del seminario de actualización para asesoras y asesores legislativos en materia de derechos humanos, que coordina la doctora Mónica Mendoza Madrigal, titular del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y los Derechos Humanos (CEIGDH), del Congreso del Estado, se realizó la presentación del tema: Derecho a la Protección de Datos Personales y Acceso a la Información Pública, a cargo del doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, miembro del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones, de la Universidad de Xalapa (UX).

El doctor Vázquez Azuara señaló que este tema es de la más alta relevancia frente al andamiaje que se está forjando sobre derechos humanos, toda vez que obliga a todas las autoridades, en sus respectivos ámbitos de competencia, a poder esgrimir ordenamientos jurídicos, disposiciones normativas, que respondan a la cada vez más creciente exigencia de la sociedad.

Dijo que en concreto, desde una visión legislativa, se ponderen cuáles derechos humanos, giran en torno a esta estructura de acceso a la información y protección de datos, y sobre todo, cuáles son las recomendaciones que se pueden generar, para que desde el Congreso, se consoliden normas locales que se armonicen adecuadamente a los espectros nacionales, internacionales.

Sobre todo –abundó- para que las disposiciones contenidas en dichas normas no violen derechos humanos que bajo el principio de interdependencia de los mismos, son también de la más amplia relevancia.

-Derecho a la Inviolabilidad de las Comunicaciones Privadas-

Por otra parte, el doctor Martín Cadena Barajas, quien actualmente funge como catedrático de la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana (UV) y de la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública en el Colegio de Veracruz (Colver), habló sobre Derecho a la Inviolabilidad de las Comunicaciones Privadas, en el que subrayó que es un tema que ha tenido su interés debido a su experiencia laboral y por su relación con áreas de tecnologías de la información.

Además –agregó- porque las comunicaciones privadas están dentro del celular, en los correos electrónicos, en el correo impreso y están protegidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 16, el párrafo doceavo de dicho ordenamiento legal, nos dice que “las comunicaciones privadas son inviolables”.

Manifestó que la ley sanciona cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas, excepto, cuando sean aportadas, en forma voluntaria, por alguno de los particulares que participen en ellas.

Por lo anterior hizo un llamado a la responsabilidad con que se deben manejar las comunicaciones privadas y con los contenidos de los correos institucionales.

Durante el desarrollo de ambas ponencias, los asesores y asesoras legislativos participaron activamente presentando sus dudas y comentarios, en un enriquecedor diálogo e intercambio de ideas con los ponentes, de esta onceava fecha del Seminario.