Durante su novena sesión, la Diputación Permanente de la LXV legislatura dio entrada a la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Procedimientos Administrativos y de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa que, en el marco de sus atribuciones legales, envió y puso a consideración de este Poder el magistrado presidente de ese Tribunal, Pedro José María García Montañez.

Esta iniciativa tiene como finalidad la implementación del Sistema de Notificaciones Electrónicas a través del Boletín Jurisdiccional en los Juicios Contenciosos Administrativos, así como del Juicio en Línea, en atención a la dispersión geográfica de la población en el estado.

Así como la centralización de la justicia administrativa en la ciudad capital, el volumen de promociones a las que debe recaer un pronunciamiento por parte del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV) y el universo de acuerdos cuya comunicación debe realizarse a las partes interesadas conforme a la normatividad aplicable.

Una correcta y eficiente impartición de justicia en estas condiciones -destaca la reforma- requiere el uso regulado de las tecnologías de la información, a través de mecanismos que garanticen el acceso a la justicia a aquellas personas que radican en municipios y poblaciones alejados de la ciudad de Xalapa.

Esto permitirá que la justicia en sede administrativa esté al alcance de más personas en la entidad veracruzana, mediante acciones que consideren la reducción en los costos por traslados físicos o envíos por correo –tradicional o escrito- a las oficinas del Tribunal, refiere.

De acuerdo con la iniciativa, resulta fundamental actualizar las disposiciones que permitan la utilización de las tecnologías de la información en los juicios que son competencia de ese Tribunal, como es la Internet, y la realización de notificaciones electrónicas a través del Boletín Jurisdiccional; modalidad que considera conveniente, tomando en consideración que éste funciona de forma adecuada en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por lo que la experiencia y el funcionamiento en el ámbito federal son susceptibles de utilizarse como referente para el caso de Veracruz.

La impartición de justicia en la entidad debe transitar hacia la actualización progresiva de los procedimientos, a fin de permitir la posibilidad de que los justiciables opten por el uso de las tecnologías de la información a su alcance, de forma adecuada, segura y confiable, debidamente instrumentada, en observancia de los principios de objetividad, profesionalismo, certeza jurídica, transparencia, austeridad y excelencia en el servicio, expone el documento.

Esta iniciativa de decreto fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

A rescatar los valores del constitucionalismo transformador, a encontrar la ruta equilibrada entre la fuerza del Estado, los derechos de las personas y la función protectora, bajo los límites del derecho y el beneficio de todos, convocó la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, al darles la bienvenida a los asistentes y ponentes al foro de la Actuación Policial en el Uso Legítimo de la Fuerza, cuyos trabajos son posibles gracias a la actividad conjunta entre los tres poderes de la entidad.

El propósito de este encuentro, destacó Linares Capitanachi, es reconocer y discutir a fondo, desde los diversos enfoques institucionales y académicos, que el uso legítimo de la fuerza del Estado, a través de sus instituciones policiales y el ejercicio de la función de seguridad, deben ser una decisión estratégica y razonada, basada en la utilización de técnicas, tácticas y métodos profesionales y objetivos, exclusivamente para controlar, repeler o neutralizar actos que atacan o amenazan bienes jurídicos protegidos.

Correspondió al presidente municipal de la ciudad de Xalapa, Pedro Hipólito Rodríguez Herrero, hacer la declaratoria inaugural del foro, en el cual agradeció a los ponentes por compartir sus conocimientos.

“El fin es tener excelentes equipos de seguridad, que los conocimientos compartidos este día permitan un mejor desempeño de los cuerpos policiales, que en Veracruz, como en el país, existe el compromiso por impulsar una cultura de paz, una cultura de la legalidad, que nos permita avanzar hacia un Estado en que todas las personas cuenten con seguridad y la protección de sus derechos”, agregó.

Posteriormente, dieron inicio las mesas de trabajo, la primera, Marco jurídico del actuar policial, fue moderada por el doctor Raúl Plascencia Villanueva, y participaron en la misma, el Magistrado Raúl Pimentel Murrieta y el licenciado Ernesto López Portillo Vargas; con los temas La justificación del actuar policial desde el ámbito jurídico penal mexicano y los tratados internacionales y Generalidades y principios jurídicos a los que debe sujetarse el uso legítimo de la fuerza, respectivamente.

En la segunda mesa de trabajo, denominada Uso legítimo de la fuerza policial en México, participaron el doctor Alejandro de la Fuente Alonso, con el tema Significado y consecuencia del uso excesivo de la fuerza policial, y el maestro Bernardo M. Sánchez Vigil, abordó el tema de los Derechos Humanos en México.

La tercera y última mesa, El actuar policial y los Derechos Humanos, contó con la participación del licenciado Francisco Felipe Villa Campa, y abordó El actuar policial desde el punto de vista de las Instituciones de Seguridad Pública.

En cumplimiento a la convocatoria, aprobada el pasado 11 de octubre por el Pleno de la LXV Legislatura, inició el proceso de entrevistas a seis de los once aspirantes registrados para ocupar la titularidad de la Contraloría Interna de la Fiscalía General del Estado (FGE) del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para un periodo de cinco años.

Correspondió a los diputados Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Jorge Moreno Salinas y Alexis Sánchez García, secretario y vicepresidente respectivamente de la Mesa Directiva, entrevistar a Rafael Ambrosio Caballero Verdejo, Luis Ignacio Correa García, Miguel Ángel Cruz Vega, Norberto Mario Gallegos Hipólito, Rolando Guzmán Hernández y José Alberto Hernández Melgarejo.

Reunidos en la sala de sesiones Venustiano Carranza, los legisladores cuestionaron a los ciudadanos mencionados en relación con los principales ordenamientos jurídicos que rigen el Sistema Estatal Anticorrupción, el proceso de entrega-recepción de las unidades administrativas, las principales atribuciones de la Contraloría General de la FGE y qué acciones propondrían para mejorar este órgano, en caso de ser elegidos para el cargo.

Los aspirantes detallaron su formación académica y los principales cargos que han ocupado y que están relacionados con la materia, su participación en la evaluación y el manejo de los recursos públicos, así como con responsabilidades administrativas.

En este ejercicio de transparencia y legalidad, los diputados formularon sus preguntas a los aspirantes, quienes contaron con tres minutos para responder cada cuestionamiento. Al término de cada entrevista, se les agradeció su interés y se informó a cada uno que, en caso de pasar a la siguiente fase, se le notificará con anticipación.

Este procedimiento para elegir al titular de la Contraloría Interna de la Fiscalía General del Estado es resultado de la renuncia, con carácter de irrevocable, que presentó al cargo la ciudadana María del Pilar Beltrán Cisneros.

Este miércoles 30 de octubre, a partir de las 12:00 horas, continuará el proceso de entrevistas con los cinco aspirantes restantes que son: Osbal Moncayo Martínez, Claudia

Pérez Burguete, Carlo Omar Rizo Contreras, David Sánchez Barradas y Hernán Solís Contreras.

Al dar la bienvenida a los asistentes al foro Hacia una Cafeticultura Sustentable en Veracruz, la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui expresó que este espacio tiene como fin discutir, con los representantes de las 10 regiones productoras de café del Estado, los intereses comunes como el precio del café, el bienestar de los productores, los problemas ambientales y la sostenibilidad.

Ante la presencia del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Juan Javier Gómez Cazarín y del titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), Eduardo Cadena Cerón, la legisladora Lagunes Jáuregui dijo que es de alta prioridad atender lo relativo a la renovación de las fincas, el aumento a la productividad, la trasferencia técnica y tecnológica, así como la capacitación, la gestión oportuna y transparente de apoyos y el impulso a la calidad del aromático.

La diputada invitó a los involucrados a aportar experiencias, conocimientos y capacidades para la construcción de una reforma integral a la Ley para el Fomento, Desarrollo Sustentable, Producción, Distribución y Comercialización del Café Veracruzano.

Informó que hay una Comisión de Redacción, instancia encargada de la creación del proyecto de iniciativa para la reforma integral a la Ley, y que con el apoyo de la Comisión Especial se fortalecerán todos los eslabones de la cadena productiva cafetalera de la entidad. “Esta es una oportunidad de unir esfuerzos para que en el campo nos vaya mejor, en particular, le vaya mejor a las y los cafeticultores”, agregó.

La presidenta de la Comisión Especial para la Atención y Comercialización del Cultivo, Transformación, Procesamiento y Comercialización del Café Veracruzano, del Congreso del Estado, Nora Jessica Lagunes pidió aprovechar el foro y revisar las prioridades, sumar capacidades y promover el reconocimiento de la actividad cafetalera. Asimismo convocó a trabajar unidos a favor de la calidad, de la productividad, de la comercialización, sustentabilidad, sostenibilidad de las fincas y de los procesos que fortalezcan al sector.

Con la asistencia de los diputados Jorge Moreno Salinas, Raymundo Andrade Rivera y Omar Miranda Romero, así como las legisladoras Deisy Juan Antonio e Ivonne Trujillo Ortiz, el diputado Juan Javier Gómez explicó que la Comisión Especial del Café fue

creada por acuerdo de todas y todos los diputados de la LXV Legislatura en diciembre de 2018 y que es una instancia plural, toda vez que está representada por las distintas fuerzas políticas.

“Yo creo que el mejor café de Veracruz es el de los Tuxtlas, pero habrá quien piense que el mejor sea de Huatusco, de Misantla, Huayacocotla, Córdoba o Coatepec, pero en lo que sí nos ponemos de acuerdo las y los diputados es en escuchar a los protagonistas de la industria del café”, detalló.

Por lo anterior, el diputado Gómez Cazarín subrayó que habrá de legislarse en coherencia con los desafíos, necesidades y propuestas de los productores de café, “pero esto se logrará escuchando a los especialistas, sus inquietudes y problemáticas que viven todos los días. El segundo estado productor de café en el país merece que construyamos un marco legal que respalde a este sector”.

Manifestó que la industria cafetalera es y ha sido un orgullo de Veracruz por dos siglos, por lo que está en manos de todos impulsarla y protegerla para que las próximas generaciones sigan sintiéndose orgullosos de su café y viviendo de su industria.

Posteriormente se desarrollaron, en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Congreso del Estado, las ponencias La cafeticultura veracruzana en un nuevo escenario agroalimentario, a cargo del doctor Esteban Escamilla Prado; Iniciativa de Ley para el desarrollo sustentable del café, impartida por el diputado federal Juan Enrique Farrera Esponda y Proyecto de reforma integral de la Ley para el Fomento, Desarrollo Sustentable, Producción, Distribución y Comercialización del Café Veracruzano, por la doctora Estela Cessa Flores.

Asistieron la titular de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado (Sedema), María del Rocío Pérez Pérez; la diputada federal Zaira Ochoa Valdivia; el agrónomo e investigador especialista en cafeticultura integral sustentable, doctor Esteban Escamilla Prado, así como funcionarios de los gobiernos federal, estatal y municipales, investigadores y público en general.

“Es momento de construir en la frontera una puerta con doble chapa, una que le permita a México seguir cumpliendo su compromiso de contener el flujo ilegal de personas y estupefacientes, y otra donde los Estados Unidos despliegue su capacidad operativa y tecnológica para frenar el flujo de armas. La frontera no puede ser una puerta que cierre sólo de un lado”, afirmó el diputado federal Héctor Yunes Landa durante su participación en la LIV Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos.

El combate a la inseguridad y la delincuencia organizada exige frenar el tráfico de armas en la frontera con Estados Unidos. “Sólo tendremos éxito si se garantizan esfuerzos compartidos por encima de las responsabilidades individuales”, dijo el legislador veracruzano ante los miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Yunes Landa asistió a este encuentro parlamentario como vicepresidente del Grupo de Amistad con EU y secretario de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.

Explicó que si bien la decisión del gobierno mexicano de desplegar casi una tercera parte de los elementos de la Guardia Nacional al cuidado de nuestras fronteras “ha dado buenos resultados a la política migratoria de los Estados Unidos, ha disminuido de manera muy importante la capacidad del Estado mexicano en tareas de seguridad y combate a la delincuencia.”

Actualmente, informó, 21 mil elementos de los 72 mil que son el total del personal operativo de la Guardia Nacional están concentrados en tareas de vigilancia de nuestras fronteras.

En su intervención, dijo que se requiere de una visión más amplia de la seguridad, en donde el desarrollo tenga un carácter prioritario como solución a la violencia. “La pobreza empodera al crimen; el bienestar empodera a la democracia”.

Dijo que un paso importante en la lucha contra estos grupos delincuenciales se logrará cuando ambos países consoliden una estrategia integral que incluya un verdadero control del tráfico de armas. Actualmente, señaló, la Browning M2 calibre .50 -una de las más poderosas utilizadas por la infantería de Estados Unidos-, la Barret calibre 50 así como los AR15, AK47, bazucas, morteros, granadas y lanzacohetes, todas ellas de origen estadunidense, son ya parte del arsenal básico de la mayoría de los grupos del crimen organizado.

Por otra parte, lamentó que en los casos de criminales que han sido detenidos y extraditados por el gobierno de México, los procesos judiciales se han desarrollado desde una narrativa “que desprestigia más a nuestro país que a las organizaciones criminales. El mismo juicio de Joaquín Guzmán es la prueba más reciente de ello.”

Finalmente, hizo un llamado a sus homólogos estadunidenses para hacer de la circunstancia geográfica un punto de encuentro entre los parlamentarios y no de discordia entre ambos países.

San Diego, CA, Estados Unidos, 27 de octubre de 2019.- El diputado federal veracruzano Héctor Yunes Landa se reunió con el congresista Henry Cuéllar, jefe de la delegación norteamericana, en el marco de la LIV Interparlamentaria México-USA celebrada en San Diego, California, que concluyó este domingo.

El diputado Rubén Ríos Uribe, integrante del Grupo Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz, presentó una iniciativa que propone diversas medidas para otorgar protección a las personas menores de edad, en caso de que sus progenitores se separen mediante el proceso de divorcio.

En su intervención durante la octava sesión ordinaria del segundo receso de la LXV Legislatura, el diputado, vocal de la Comisión Permanente de Procuración de Justicia, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los párrafos tercero y cuarto del artículo 157 del Código Civil y un último párrafo al artículo 329 del Código Penal, ambos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En la adición al Código Civil, se establece que “la sentencia de divorcio fijará en definitiva la situación de los hijos, para lo cual el Juez deberá resolver todo lo relativo a los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad, su pérdida, suspensión o limitación según el caso, y en especial a la custodia y al cuidado de los hijos”.

Detalla que “la protección para los menores incluirá las medidas de seguridad, seguimiento y terapias necesarias para evitar y corregir los actos de violencia familiar, las cuales podrán ser suspendidas o modificadas en los términos previstos por el artículo 58 del Código de Procedimientos Civiles”.

Diversas sanciones por desobediencia y otros delitos

En la adición al Código Penal, el diputado Rubén Ríos plantea la imposición de entre seis meses y un año de prisión y una multa de hasta 20 días de salario a quien rehúse prestar un servicio de interés público y que la ley lo obligue o desobedezca un mandato legítimo de autoridad.

Asimismo, la aplicación de entre seis meses y dos años de prisión y multa hasta de 40 días de salario a quien impida que la autoridad ejerza sus funciones o resista el cumplimiento de una orden cuya ejecución se lleve a cabo en forma legal. De emplearse violencia física o moral –advierte-, la sanción se agravará hasta en un año.

Considera también que “comete de igual forma el delito de desobediencia y resistencia de particulares y se aplicará la sanción mencionada, a quien tenga o detente la guarda y custodia de hecho o por derecho, de un menor de edad, que se niegue a presentarlo sin causa justificada ante el juez que lo ordene, en las audiencias que se requiera su presencia”.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.