La LXV Legislatura del Estado de Veracruz dio entrada a comisiones a la iniciativa, autoría de las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), leída en tribuna en voz de la diputada Érika Ayala Ríos, coordinadora del Grupo Legislativo PRI-PVEM, la cual prevé incorporar el capítulo denominado “Lesiones Cometidas Contra la Mujer en Razón de Género”, y que tiene como propósito combatir la violencia de género en todas sus manifestaciones.

En la iniciativa, presentada durante la séptima sesión ordinaria, se contempla en el artículo 367 quater: al que infiera alteración en la salud o daño, producido por causa externa, que deje huella material en el cuerpo de una mujer en razón de su género, se le impondrán de diez a quince años de prisión.

Se considera que existen razones de género, cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias: la alteración o daño sea infamante o degradante; existan datos que establezcan que se ha cometido cualquier tipo de violencia relacionada con el hecho delictuoso, por parte del sujeto activo en contra de la víctima; o la víctima haya sido incomunicada.

Si entre el activo y la víctima existe o existió una relación sentimental, afectiva, de confianza, de parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad, se impondrán de quince a veinte años de prisión.

Asimismo, en el artículo 367 quinquies se establece que las penas, previstas anteriormente, se aumentarán en dos tercios, en los siguientes casos: cuando de la alteración o daño resulte una enfermedad incurable; o la inutilización permanente o la pérdida de cualquier órgano, extremidad o función orgánica; o cuando la alteración o daño ponga en peligro la vida de la mujer.

La diputada Ayala Ríos señaló que la LXV Legislatura, histórica en Veracruz por su integración paritaria de géneros, al margen de las naturales diferencias políticas e ideológicas, ha coincido en impulsar un trabajo parlamentario que promueva el respeto a los derechos humanos y que combata la violencia de género en todas sus manifestaciones.

Indicó que la presente iniciativa, suscrita por los representantes de todas las fuerzas políticas de esta Soberanía, es dado que la suma de voluntades y esfuerzos permitirá sentar las bases jurídicas para una sociedad más justa y garante del ejercicio de las libertades fundamentales de las mujeres veracruzanas.

Asimismo, refirió que este proyecto, no sólo representa la posibilidad de establecer penas más severas a quienes agredan físicamente a las mujeres con motivo de su género, sino que además contribuye a visibilizar una de las expresiones más extremas de la violencia contra ellas, muchas veces resultado de la posición de subordinación de la víctima en relación con su agresor.

Por otra parte, recordó que las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, relativas a que tan sólo en el primer semestre de 2019 se registraron 34 mil 463 casos de lesiones dolosas en contra de mujeres en el país, cantidad que representa un aumento del 11.7 por ciento respecto del mismo semestre del año anterior.

Destacando que en mayo del presente año se contabilizaron 7 mil 318 casos, la cifra mensual más alta desde 2016, anualidad en que se inició el registro oficial de ese tipo de delitos.

“No puede ser concebida en modo alguno como sociedad civilizada, una sociedad que no garantiza los derechos fundamentales de las mujeres; que perpetúa esquemas o roles de supuesta supremacía jerárquica de hombres sobre mujeres”, concluyó.

La iniciativa fue turnada, para su estudio y dictamen, a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y para la Igualdad de Género. Se adhirieron los integrantes de los Grupos Legislativos de Acción Nacional Veracruz y MC-PRD, así como las diputadas Adriana Paola Linares Capitanachi y María Francisco Candelas Doce, y los legisladores Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes.

Con el fin de dar a conocer la reforma al Código Civil para el Estado de Veracruz, el Congreso del Estado y la diputada Mónica Robles Barajas, organizaron el Encuentro por la igualdad y la no discriminación. Hacia un Código Civil más incluyente, en la ciudad de Poza Rica de Hidalgo.

Se trata del primero de varios encuentros informativos de carácter regional con la sociedad civil; colectivos, redes y asociaciones civiles de mujeres y de grupos de diversidad sexual en el estado, así como a especialistas, juristas, barras de abogados y abogadas, estudiantes de leyes, docentes y público interesado, para dar seguimiento y cumplimiento de las temáticas prioritarias de la Agenda Legislativa en materia de Derechos Humanos.

La también presidenta de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, diputada Mónica Robles Barajas, sostuvo que la intención de la realización de este foro es construir un espacio ciudadano para extender conocimiento sobre esta Iniciativa que propone garantizar los Derechos Humanos, la Igualdad y la No discriminación en el Código Civil estatal que, lo convertirá en un marco jurídico más igualitario, justo, actualizado y útil a la sociedad veracruzana, que reclama respeto irrestricto a los Derechos Humanos de todas las personas, sin ninguna distinción, ni condición.

Durante la presentación de la Reforma Integral al Código Civil, en el que estuvieron presentes las y los diputados Elizabeth Cervantes de la Cruz, Adriana Paola Linares Capitanachi, Eric Domínguez Vázquez, Wenceslao González Martínez, León David Jiménez Reyes y la magistrada en retiro, Irma Dinorah Guevara Trujillo, Robles Barajas reveló que, la iniciativa para reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, fue producto de diversas reuniones con organismos de la sociedad civil, la Oficina de ONU Mujeres de Naciones Unidas y grupos de abogadas expertas en género y derechos humanos, por lo que, este encuentro “es una extraordinaria oportunidad de coincidir, en la garantía y respeto que reclama nuestra sociedad, desde nuevas legislaciones que se fortalecen más, con la participación ciudadana”.

En el contenido de las reformas al articulado destacan que se otorgará a las personas, a todas y todos los integrantes de la familia, la protección más amplia; la opción de cambia el orden de apellidos en el registro de hijas e hijos; y la redefinición del concepto de matrimonio, que ya ha sido aprobado en 18 estados de la República; eliminar los preceptos discriminatorio para las mujeres; reconocer el trabajo que se realiza en el hogar, como una aportación económica al patrimonio familia.

También, estas reformas proponen otorgar el reconocimiento de la relación de concubinato, en la que se encuentran miles de parejas, otorgando ciertos derechos similares a la figura del matrimonio, cuando la convivencia sea constante y permanente, por un periodo de dos años.

Asimismo, contemplan incorporar el llamado Divorcio Incausado que significa que, podrá solicitarse el divorcio por uno o ambos cónyuges, sin que sea necesario señalar alguna causa por la cual se solicita. Esta nueva figura jurídica garantiza la responsabilidad de padre y madre frente a las hijas e hijos, sus derechos a alimentos, convivencia, educación y otras necesidades y se asegura la Pensión Alimenticia y Compensatoria para aquél o aquella cónyuge que se haya dedicado a las labores del cuidado de la familia.

Promueven diversas modificaciones al artículo 254 Bis en materia de violencia de género y de violencia familiar, protección a las víctimas y reparación del daño causado. Así como en el artículo 255 se garantiza el interés superior de la infancia, al establecer que se presumen hijas e hijos de los cónyuges, las y los nacidos a partir de la celebración del matrimonio o dentro del concubinato.

Asistieron también Lilia Christfield Lugo en representación de la diputada Érika Ayala, así como Martha Mendoza Parissi, Mónica Mendoza Madrigal y la Sindica de Poza Rica, María del Carmen Carvallo Vicencio.

El Congreso del Estado recibió del gobernador Cuitláhuac García Jiménez una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 7 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, por la que se busca dar certidumbre a la distribución justa de los recursos que la entidad recibe cada año por concepto de participaciones federales.

Durante la Séptima Sesión Ordinaria del Primer Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, el Pleno se dio por enterado de la propuesta, que propone actualizar dicha ley, que establece y regula el Sistema Estatal de Coordinación Fiscal y tiene por objeto regular los fondos para la distribución de las participaciones, aportaciones y otros ingresos federales que corresponden a los municipios del estado.

En sus capítulos I y II –se lee en la iniciativa-, se establece la forma de distribución de las participaciones federales y, desde 2004, anualmente ha sido reformado el artículo Tercero Transitorio para dar vigencia a los factores de dicho año, con la finalidad de mantener para cada municipio un porcentaje de participaciones federales igual o mayor al del ejercicio fiscal anterior, omitiendo el uso de las variables y fórmulas correspondientes a cada fondo, lo que conllevaría un incumplimiento a las disposiciones jurídicas aplicables.

Para superar esta deficiencia, el titular del Ejecutivo propone que en la distribución de las participaciones federales se precisen y actualicen las variables, fuentes de información, los valores y el método de cálculo mediante los que se determinan los coeficientes para la distribución de las participaciones federales a los municipios.

En virtud de esto, se deberá utilizar la información estadística más reciente publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), así como la información que sobre recaudación de ingresos federales, estatales y municipales proporcione la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y los municipios a la Legislatura.

El referido Artículo 7, señala que de las participaciones que le correspondan anualmente a la entidad de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, cuando menos el 20 por ciento corresponderá a los municipios que la integran.

Así también, que las participaciones federales que el estado reciba y deba hacer efectivas a los municipios, se repartirán de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en esta Ley y en las demás disposiciones aplicables.

La propuesta del Gobernador añade que para la distribución conjunta de las participaciones federales correspondientes a todos los municipios, con excepción de las establecidas en el artículo 4o.-A de la misma ley, se tendrá como referencia el monto nominal recibido en el ejercicio fiscal 2019 (año base), y la aplicación de la fórmula de distribución de la misma ley se realizará de manera exclusiva al monto excedente de fondos participables que sea recibido durante el ejercicio fiscal correspondiente.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Hacienda Municipal.

El coordinador del Grupo Legislativo Del Lado Correcto de la Historia, diputado Gonzalo Guízar Valladares, puso a consideración del Pleno una iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado de Veracruz en materia de autonomía presupuestal para los Organismos Autónomos de la entidad.

En su iniciativa, publicada en la Gaceta Legislativa número 73, el diputado aseguró que, después de un análisis a los presupuestos asignados en años anteriores, esta propuesta nace ante la necesidad de dotar a los Organismos Públicos Autónomos de las herramientas posibles, entre ellas su propio presupuesto, acorde a un porcentaje del Presupuesto General del Estado, el cual pudiera aumentar de acuerdo a las actividades del ente durante ese año.

En su exposición de motivos, argumentó que con esta iniciativa se tiene como objetivo permitir mayor eficacia financiera y planeación estratégica, toda vez que en años anteriores, el presupuesto otorgado a los organismos ha sido el mínimo pudiendo comprometer sus labores, lesionar y vulnerar su autonomía, dificultando su cumplimiento de las necesidades con la sociedad.

La propuesta del legislador considera lo siguiente:

El representante del distrito XXX de Coatzacoalcos, señaló que los Organismos Públicos Autónomos tienen un papel fundamental con tendencia a fiscalizar, transparentar y democratizar la vida política en un Estado de Derecho, a través de la propia autonomía.

Agregó que en Veracruz, existen organismos con autonomía presupuestal como es el caso de la Fiscalía General del Estado y la Universidad Veracruzana, por lo que resulta necesaria la regulación, para que los organismos puedan alcanzar mayores objetivos, concluyó.

Esta iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y Hacienda del Estado.

El diputado Augusto Nahúm Álvarez Pellico, integrante del Grupo Legislativo de Morena del Congreso del Estado, puso a consideración del Pleno una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo tercero transitorio de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz, con lo que se busca dar certidumbre a los municipios en cuanto a la distribución de las participaciones federales y por lo que resulta necesario reformar a finales de año este ordenamiento.

En vista de la proximidad de la aprobación de los dictámenes con proyecto de Leyes de Ingresos de los 212 Municipios del Estado, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, -expone la propuesta, publicada en la Gaceta Legislatura número 73- es necesario que dicha Ley esté reformada antes de esa aprobación.

La iniciativa refiere que la Ley de Coordinación Fiscal regula la participación de las haciendas públicas estatal y municipales sobre los ingresos de la federación, a la vez que se establecen las bases que rigen los fondos a distribuirse, la aplicación de las denominadas aportaciones y la asignación de ingresos federales transferidos, así como las relaciones en la materia entre el Gobierno del Estado y los ayuntamientos, cuya principal fuente de ingresos se constituye por dichos recursos.

De acuerdo con esta Ley los recursos que integran los Fondos General de Participaciones y de Fomento Municipal, así como los provenientes del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, deben distribuirse mediante la aplicación de porcentajes equivalentes del Índice Municipal de Pobreza y del Coeficiente de Participación Municipal, calculado el primero de éstos sobre las variables de población analfabeta mayor de quince años de edad, de población ocupada sin ingresos o con ingresos mínimos y de población que habita en viviendas particulares sin disponibilidad de drenaje y electricidad.

Asimismo, determinado el segundo en función de la capacidad recaudatoria del municipio durante los dos ejercicios fiscales que precedan al del año para el que se realiza el cálculo respectivo.

Detalló que la Ley de Coordinación Fiscal vigente se expidió en 1999 y se previó entonces que la aplicación inmediata de los porcentajes descritos provocaría una disminución sensible en los ingresos de la mayoría de los municipios veracruzanos, en razón de la capacidad recaudatoria de los ayuntamientos respecto de distintas contribuciones, que resulta un elemento fundamental para la asignación de recursos, por lo que en los artículos transitorios de la misma se dispuso que esos porcentajes se utilizarían hasta el año 2010 y se establecieron fórmulas sustitutivas de éstos para su aplicación gradual.

No obstante dicha previsión, en el ejercicio fiscal del 2000, que fue el primero en el que se aplicaron las fórmulas sustitutivas, un considerable número de municipios, sobre todo los que registraron mayores índices de marginación y dependencia de esos recursos, sufrió decremento en sus percepciones de participaciones federales, lo que obligó, desde el año 2001, a reformar cada año los artículos tercero y cuarto transitorios de la Ley mencionada, para mantener vigentes los factores de distribución de ejercicios anteriores.

Por esa razón que en junio de 2008 y con la finalidad de dar certidumbre a los municipios, en cuanto a la distribución de esos recursos, se derogó el artículo cuarto transitorio y se reformó el artículo 15 de la Ley mencionada, para trasladar a este precepto los referidos factores de distribución, que se contenían en la disposición transitoria derogada, por lo que ahora únicamente es necesario reformar el artículo tercero transitorio de dicho ordenamiento.

Así, para el ejercicio fiscal del año 2020 los fondos de participaciones que establecen los artículos 9 y 14 de esa Ley, el Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, los Fondos de Fiscalización y el Fondo de Extracción de Hidrocarburos se distribuirán a los municipios mediante la aplicación de los factores vigentes en 2019, en sustitución de los porcentajes referidos en el artículo 10 de este mismo ordenamiento.

La recaudación derivada de la aplicación de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios al consumo de gasolina y diesel, en su porcentaje correspondiente al 9/11, concluyó, se distribuirá a los municipios de la entidad en 70% con base en el factor de distribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las DemarcacionesTerritoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), y en 30% con base en el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), vigentes en 2019.

Esta Iniciativa con Proyecto de Decreto fue turnada, para su atención, a la Comisión Permanente de Hacienda Municipal.

Al reiterar que la igualdad de género es fundamental para la realización de los derechos humanos de todas las personas, el diputado Enrique Cambranis Torres puso a consideración del Pleno la iniciativa de reforma a diversas disposiciones del Código Civil del Estado de Veracruz, con el fin de sustituir el término “concubinario” por el de “concubino”, al considerarlo más acorde con la realidad actual.

En su iniciativa, -publicada en la Gaceta Legislativa número 73- el integrante del Partido Acción Nacional (PAN) señaló que el término “concubinario” está definido en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (RAE) como “Hombre que tiene una concubina”, mismo que, al denotar posesión, tiene una connotación negativa hacia la persona del género femenino.

De esta manera, subrayó que una de las principales razones de su propuesta es la discriminación en todas sus formas de expresión. “La discriminación puede definirse como la distinción o diferenciación que se hace en favor o en contra de una persona o cosa en comparación con otras”.

Expuso que se discrimina socialmente cuando se hacen distinciones entre personas por motivos de clase o categoría, sin considerar el mérito individual o la capacidad. Agregó que algunos ejemplos de categorías de discriminación social son la raza, el género, la edad, nacionalidad, religión, incapacidad, orientación sexual, altura y peso, entre otras.

Detalló que las mujeres realizan dos tercios de las horas laborales de todo el mundo y producen la mitad de los alimentos mundiales; sin embargo, éstas perciben únicamente el 10 por ciento de los ingresos mundiales y poseen menos del uno por ciento de la propiedad mundial.

Refirió que, con la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos, los textos internacionales adquirieron gran fuerza. En especial –expuso- el primer artículo de la Constitución que dicta “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección”.

La propuesta legislativa plantea modificar los artículos 254 ter, 33 párrafo primero, 313 fracción II, 1301 fracción V, 1306 fracción III, 1535 fracción I, 1568 fracción II y VI, y 1582, en todas estableciendo disposiciones que atañen a la concubina o al concubino.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.