La LXV Legislatura nombró a Verónica Hernández Giadáns, Fiscal General del Estado, y a Clementina Salazar Cruz, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz. En sesión ordinaria, rindieron protesta al cargo ante el Pleno, luego de la aprobación, con 38 votos en el primer caso y 38 votos en el segundo, de los dictámenes respectivos emitidos por la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Para el acto protocolario respectivo, en primer término, la diputada Erika Ayala Ríos y los legisladores José Manuel Pozos Castro y Alexis Sánchez García acompañaron hasta el Recinto Oficial de Sesiones a la ciudadana Verónica Hernández Giadáns para asumir la titularidad de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

Posteriormente, la diputada Ivonne Trujillo Ortiz y los legisladores Augusto Nahúm Álvarez Pellico y Jorge Moreno Salinas condujeron a la ciudadana Clementina Salazar Cruz a la misma sala para, de igual manera, rendir protesta al cargo de Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz.

En ambos casos, el procedimiento tuvo cabal cumplimiento en cada una de sus etapas, desde la emisión, aprobación y publicación de las respectivas convocatorias, en las que se establecieron las etapas, los requisitos y plazos a cumplir por cada ciudadana o ciudadano aspirante a los cargos en mención.

Posterior a la etapa de recepción de los documentos y formatos requeridos, la diputada y los diputados integrantes de la Jucopo: Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la misma, Omar Guillermo Miranda Romero, Erika Ayala Ríos y Alexis Sánchez García, analizó cada caso, integró cada expediente y citó a las y los aspirantes que cumplían los requisitos para proceder a la etapa de entrevistas.

Los días 19 y 20 de mayo, en cumplimiento de la base quinta de la convocatoria, publicada el pasado 26 de marzo en la Gaceta Oficial del Estado, las y los 21 aspirantes que cumplieron los requisitos de la Convocatoria presentaron, en entrevista ante la Jucopo, sus propuestas para asumir la titularidad de la Fiscalía General del Estado (FGE).

En el caso de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la diputada y los diputados integrantes de la Jucopo entrevistaron, este 20 de mayo, a las y los 12 aspirantes a la titularidad de dicho organismo, conforme a la base quinta de la convocatoria emitida por esta Soberanía.

El nombramiento de Fiscal General contempla un periodo de nueve años y el de Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, ambos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, un periodo de cinco años, ambos a partir de la fecha del nombramiento y la toma de protesta.

La Comisión Permanente de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto dio a conocer la lista de aspirantes al cargo de Comisionado que integrará el Pleno del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) y el calendario de entrevistas a realizarse con las y los 22 ciudadanas y ciudadanos que cumplieron con todos los requisitos detallados en la Convocatoria emitida por esta Soberanía el pasado 5 de marzo.

En sesión de trabajo, el diputado Henri Christophe Gómez Sánchez y las diputadas María Graciela Hernández Iñiguez y Adriana Paola Linares Capitanachi, presidente, secretaria y vocal respectivamente de esta Comisión, acordaron aprobar el calendario de entrevistas para las y los aspirantes, la metodología y el formato de las entrevistas, la difusión de la información en la página web del Congreso y llevar a cabo una sesión al término de las entrevistas para la emisión del Informe que deberá rendirse a la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Establecieron que, una vez concluida la etapa de recepción de los documentos y según lo acordado por esta instancia dictaminadora, las entrevistas se realizarán este viernes 20 de marzo de 2020, de 10:00 a 15:25 horas, en la Sala Venustiano Carranza del Palacio Legislativo; cada una tendrá una duración de 10 minutos por aspirante y serán transmitidas en vivo en la página web del Congreso: www.legisver.gob.mx.

La misma Comisión informó haber recibido un total de 22 expedientes de igual número de aspirantes que respondieron a la Convocatoria. El día 17 de este mes, sus integrantes llevaron a cabo la revisión exhaustiva de cada expediente y, a juicio de dicha instancia, las y los 22 aspirantes cumplieron a cabalidad con los requisitos establecidos en la Constitución Política local y la Base Cuarta de la Convocatoria.

Las y los aspirantes que deberán presentarse a entrevista son: Ana María Aguilar Hernández, Eunice Caldelas Alcántara, Janett Chávez Rosales, Olga Jacqueline Lozano Gallegos, Natalia Paulina Martínez Griego, Beatriz Méndez Basulto, José Guadalupe Altamirano Castro, Irma Rodríguez Ángel, Hugo Santiago Blanco León y Virgen María Guadalupe Bouret Flores.

Del mismo modo, las y los ciudadanos Rocío Luna García, Christian Trejo y Cruz, Cinthya Nimbe González Arriaga, José Manuel Rodríguez Melgarejo, Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, Liliana López Coronado, Ileana Junue Magaña Cabrera, Elizabeth Ramzahuer Villa, Gloria Yanet Teresa Velázquez Vallejo, Emilio Ortiz Medina, Ana Josefina Bello Jiménez y Jorge Guillermo Pérez Alarcón.

Una vez concluida esta etapa, con apoyo en el informe de dicha Comisión y en las propuestas efectuadas por los grupos legislativos, la Jucopo formulará un proyecto de punto de acuerdo en el que se propondrá el nombramiento de la persona que como Comisionada o Comisionado integrará el Pleno del IVAI.

El Congreso del Estado de Veracruz aplica con diligencia y de manera responsable las medidas preventivas ante la emergencia por la pandemia de coronavirus (COVID-19), afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Juan Javier Gómez Cazarín.

En el acceso principal del Palacio Legislativo, personal de la Oficina de Servicio Médico, a cargo de la doctora Claudia del Rosario García Pérez, realiza a cada persona que ingresa al inmueble, la revisión de la temperatura corporal y le proporciona gel antibacterial. A las y los trabajadores del Congreso les dan indicaciones precisas para mantener la higiene en el lugar de trabajo y en las áreas comunes.

Luego de someterse a esta revisión junto a demás colaboradores, el legislador señaló como “de vital importancia mantenerse atentos a las instrucciones de las autoridades sanitarias y seguirlas con responsabilidad y de manera escrupulosa, porque lo que está de por medio es la salud y la vida propia y de quienes nos rodean”.

Subrayó que aún se analiza si es necesario tomar otras medidas, como la suspensión de sesiones, limitar el ingreso al público en general e incluso suspender todas las actividades dentro del Congreso local; “estamos analizando la situación y, con base en ello, tomaremos una decisión responsable en su momento, misma que será informada oportunamente”.

También aseguró que “como medida preventiva, los trabajadores de más de 60 años podrán ausentarse por los tiempos que la Jucopo irá determinando de acuerdo con las fases del COVID-19”.

Si bien –comentó Gómez Cazarín- al momento, no se ha reportado a ninguna persona trabajadora del Congreso con síntomas que pudieran corresponder al COVID-19, “no bajaremos la guardia, nos mantenemos atentos; porque cuando se trata de la salud no hay medida que sobre. La prevención será siempre la mejor medicina, sobre todo cuando vemos cómo en otros países el número de infectados y de fallecimientos aumenta exponencialmente”.

Al advertir que en el Congreso algunos signos de interacción como el saludo se han limitado, el Diputado consideró que la presente emergencia es una oportunidad para revisar y analizar nuestro comportamiento habitual y el trato hacia los demás, sin embargo, llamó a no recurrir a las llamadas “compras de pánico” y mantener la calma, para no contribuir a la psicosis colectiva.

Ante esto último, invitó a la población a la responsabilidad en lo cotidiano, a no salir de casa, excepto cuando sea necesario, evitar las aglomeraciones, mantenerse informados, seguir las medidas básicas de higiene y no automedicarse. “Confiamos en que esta contingencia pase pronto y en que salgamos bien, pero para eso hay que cuidarse”, concluyó.

El Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Juan Javier Gómez Cazarín, aseguró que ante la declaratoria del Covid-19 como pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Congreso del Estado de Veracruz reforzará las medidas preventivas sanitarias al interior del recinto, con la finalidad de proteger a las y los veracruzanos trabajadores y visitantes.

Señaló que entre las medidas que se implementarán será la suspensión de la toma de la huella digital a las y los trabajadores en su ingreso o salida al Palacio Legislativo.

En el mismo sentido, aseguró que se aplicará gel antibacterial a toda persona que ingrese al Congreso, además, con el apoyo del servicio médico, se realizará la toma de temperatura con el objetivo de detectar si alguien pudiera ser portador de Covid-19, para así ser remitido a las instituciones de salud competentes para su atención.

Gómez Cazarín, puntualizó que al igual que en el Congreso de la Unión y en el Senado de la República, el H. Congreso de Veracruz, limitará la entrada a todo personal externo al recinto legislativo, no siendo aplicable para los reporteros de la fuente, además, se pospondrá la realización de foros, exposiciones, congresos, y demás actos que conlleven a la aglomeración de personas.

Asimismo, el legislador solicitará a los coordinadores de cada bancada sensibilizar a sus equipos de trabajo para dar seguimiento a los protocolos de prevención que se han venido promoviendo a través de los organismos internacionales y la Secretaría de Salud del Gobierno de México, evitando el contacto cercano con personas, no tocar ojos, nariz y boca, quedarse en casa si se está enfermo y limpiar y desinfectar los objetos de uso cotidiano.

Del mismo modo, hizo un llamado a todas las áreas del Congreso, para procurar la reducción de personal en mesas de trabajo, juntas, sesiones del pleno y de las comisiones legislativas, para evitar el contacto físico, privilegiando, de esta forma, el trabajo a distancia, siempre con la consigna de garantizar la labor legislativa.

El presidente de la Jucopo, señaló que hasta el momento se sabe que no se han detectado casos positivos de Covid-19 en Veracruz, y los casos sospechosos han sido descartados, sin embargo, aseguró, que resulta necesario reforzar la cultura de la prevención como el medio idóneo para evitar cualquier tipo de contagio, toda vez que las autoridades sanitarias han estimado que en 15 días, México podría entrar a la fase 2, es decir, la fase de transmisión comunitaria.

“Confiamos en la prevención como el mejor tratamiento de cualquier enfermedad; con estas medidas damos muestra que el Congreso de Veracruz se encuentra comprometido con la emergencia de salud pública que padecemos a nivel mundial y afirmamos que se trabajará de manera coordinada para cuidar la integridad de la ciudadanía”, dijo el legislador, Gómez Cazarín.

Finalmente, destacó que estas medidas se llevarán a cabo, en tiempo y forma de acuerdo a las recomendaciones que giren las autoridades estatales, nacionales e internacionales, y estarán vigentes hasta que se supere la crisis sanitaria.

En la actual administración, se han registrado dos mil 720
desapariciones de niñas y niños

• Se requiere un sistema de Alerta Amber que atienda de
manera coordinada y eficiente la búsqueda y localización: López Cisneros

• Las autoridades de seguridad y ministeriales retrasan o
impiden la activación

El diputado José Martín López Cisneros (PAN) planteó
exhortar a la Fiscalía General de la República, a la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana, junto con las fiscalías y secretarías de Seguridad de las
entidades federativas, a trabajar en la creación y operación de un sistema de
Alerta Amber que atienda de manera coordinada y eficiente la búsqueda y
localización de niñas y niños robados, desaparecidos o extraviados.

Indicó que en lo que va de la actual administración federal
se han registrado dos mil 720 desapariciones de niñas y niños, lo que
representa siete cada día. Las autoridades federales de seguridad señalan haber
localizado a mil de estos menores; sin embargo, no aclara cuántos fueron
encontrados vivos y cuántos fallecidos.

En un punto de acuerdo que analiza la Comisión de Seguridad
Pública, precisó que en México para la Alerta Amber, aparte de no existir una
coordinación, “las autoridades de seguridad y ministeriales establecen
formalidades que retrasan o impiden su activación, llegando a tardar en
promedio cuatro días”.

López Cisneros precisó que la desaparición y muerte de la
pequeña Fátima, evidencia “el fracaso de nuestro sistema de Alerta Amber; la
burocracia, indolencia y falta de sentido común de las autoridades encargadas
condenaron a muerte a la pequeña”.

Un sistema de Alerta Amber eficiente y eficaz como el de
Estados Unidos, relató, tiene protocolos de actuación que permite a sus
autoridades no sólo enviar de manera inmediata mensajes con los datos generales
de los menores de edad, la foto a los celulares de la zona donde se registró la
desaparición, sino incluso, cerrar plazas comerciales, parques de diversiones,
cines, aeropuertos, caminos, etcétera.

Además, la investigación y búsqueda se activa con la simple
denuncia a cualquier agente de policía, mientras que en el país “resulta una
odisea lograr conseguir que se active la Alerta Amber; deben pasar días para
que esto ocurra, lo cual, no implica que las autoridades estén trabajando
activamente en la investigación y ubicación del menor, ni antes ni después de
activarla”.

Puntualizó que una de las herramientas que ha permitido
elevar la eficiencia de dicho sistema del gobierno norteamericano es el envío
de mensajes de texto a los celulares que se localizan en la zona donde se
presentó la desaparición del menor, esta medida ha contribuido a elevar
considerablemente la localización más pronto y con vida de los menores.

Ante ello, también propuso que la Fiscalía General de la
República firme un convenio con todas las empresas de telefonía celular para
que en cuanto se active la Alerta Amber se puedan mandar los datos generales de
los niños a los equipos celulares de la zona en donde ocurrió el incidente, con
el fin de poder localizarlos lo antes posible.

El diputado Rubén Ríos Uribe presentó un Anteproyecto con Punto de Acuerdo, por el cual exhorta al Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para que realicen una investigación respecto a la adquisición de las torres de seguridad violentadas en días pasados, en el municipio de Córdoba, toda vez que no cumplían con las condiciones de blindaje necesarias.

Asimismo, solicitó que, a través de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR), se deslinden o finquen las responsabilidades a que haya lugar a los funcionarios responsables, para que los actos no queden impunes.

En su exposición de motivos, el legislador del distrito XIX de Córdoba señaló que “la muerte de cuatro elementos de seguridad pública enfrentando a la delincuencia en el municipio de Córdoba y la existencia y utilización de una costosa torre de seguridad que se presentó como blindada, cuando no lo era, pone a la vista uno de los más abominables actos de corrupción en la memoria reciente de esa ciudad”.

Asimismo, destacó que la inseguridad es uno de los primeros compromisos de la agenda pública de los tres poderes y de los tres órdenes de gobierno, y señaló la inadmisible falta de compromiso de autoridades y funcionarios, quienes, a su parecer, comprometieron la vida de las y los veracruzanos y la restitución de la paz en el estado.

El Presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura consideró inaceptable “jugar con la exigencia ciudadana de seguridad pública, sin mencionar, el poner en riesgo la integridad de los elementos policiacos, que son nuestra primera línea de defensa contra la delincuencia”.

Finalmente, indicó que uno de los principales postulados en la actual administración es la cero tolerancia a los actos de corrupción, lo que obliga a poner especial atención en la utilización de recursos públicos, bajo la supuesta adquisición de bienes o servicios con una calidad que no corresponda a las especificaciones facturadas.

Con la adhesión de los grupos legislativos PRI-PVEM, Morena y Del Lado Correcto de la Historia, el Anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política.