El Pleno de la LXV Legislatura aprobó, con 45 votos, sin abstenciones o votos en contra, el dictamen con proyecto de Ley de los Derechos de las Personas Mayores para el Estado de Veracruz cuyo objeto es promover, proteger y asegurar el reconocimiento, goce y ejercicio, en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades públicas de las personas mayores.

Esta Ley, resultado de la iniciativa presentada el 14 de noviembre de 2019 por las diputadas de Morena, Mónica Robles Barajas, Ana Miriam Ferráez Centeno, Rosalinda Galindo Silva y María Esther López Callejas, tiene como finalidad mandatar a las instituciones y órdenes de gobierno, al cumplimiento de todas las acciones, planes, programas, distribución de recursos públicos necesarios, que impulsen efectivas políticas públicas en beneficio de este sector de la sociedad.

En este dictamen de Ley se establece que el Consejo Estatal para la Atención de la Persona Mayor, deberá ser instalado en un plazo no mayor a 90 días hábiles, contados a partir del inicio de la vigencia de la Ley.

El Consejo elaborará un proyecto de Reglamento Interior y lo someterá a la aprobación del Gobernador del Estado, dentro de los 60 días hábiles siguientes a la instalación de dicho Consejo; estableciendo, el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, que incluyan las previsiones necesarias en sus respectivos presupuestos, para desarrollar e implementar los programas y acciones en beneficio de las personas mayores a partir del Ejercicio Fiscal siguiente al inicio de la vigencia de esta Ley.

Esta Ley, compuesta por 38 artículos, prevé prevenir, sancionar y eliminar cualquier tipo de discriminación que ratifique el compromiso de la sociedad, los gobiernos y los poderes públicos, para garantizar que el envejecimiento se viva con dignidad y plenitud de derechos, con el máximo nivel de calidad de vida posible, abrogando la Ley 863 concerniente a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Veracruz.

En el debate del dictamen, la diputada Mónica Robles Barajas, integrante del Grupo Legislativo de Morena y autora de la Ley, señaló que esta es una Ley novedosa que reconoce a las personas mayores como titulares de derechos, sin estereotipos, sin asistencialismos; que previene, sanciona y elimina cualquier tipo de discriminación y que combate el abandono, el maltrato y la violencia.

Asimismo, indicó asegura mejores servicios de salud integral, cuidados paliativos, protección social y acceso a la vivienda, al empleo y autoempleo y, sobre todo, salvaguarda el acceso a la justicia.

También, dijo que esta legislación reconoce las desigualdades de género y promueve la autonomía e independencia de las personas mayores veracruzanas, así como la solidaridad intergeneracional y cimienta bases para que continúen aportando y participando activamente en la sociedad, en el mercado laboral, en la vida política, social, económica y cultural de Veracruz.

La diputada Robles Barajas precisó que en Veracruz el 13 por ciento de la población total son adultos mayores, es decir, un millón 68 mil 102; de las que, el 46 por ciento son hombres y el 54 por ciento son mujeres. De este registro, el 28 por ciento no goza de seguridad social; el 21 por ciento tiene pobreza alimentaria; el 16 por ciento, no cuenta con vivienda y el 20 por ciento, no tiene un empleo.

Las personas mayores que viven en los 47 municipios donde más de 600 mil personas hablan alguna lengua indígena, el 16 por ciento de ellas, tienen 60 años y más, lo que agrava su situación de calidad de vida, añadió.

El Grupo Legislativo del PRI-PVEM en el Congreso de Veracruz presentó ante el Pleno la iniciativa que busca reformar diversas disposiciones al Código Penal, con la finalidad de establecer que las sanciones por el delito de discriminación podrán incrementarse al doble, cuando se cometa en contra de personal de instituciones públicas o de establecimientos particulares de salud, así como quienes atienden emergencias, seguridad pública, protección civil y bomberos, con motivo del cumplimiento de sus funciones o por consecuencia de su encargo.

Al presentar esta propuesta, durante la apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, el diputado Antonio García Reyes subrayó que también se plantea que en las disposiciones comunes para los delitos de homicidio y lesiones, se adicione la hipótesis de que dichos ilícitos serán calificados si se cometen en contra del personal ya citado, “esto al ser una clara e injusta manifestación de odio, que atenta en contra de quienes brinda servicios fundamentales a la sociedad, sobre todo en una contingencia como la que vivimos”, agregó.

Asimismo, se propone que al servidor público que, en ejercicio de su función, incurra en algunas de las conductas señaladas o niegue o retrase a una persona un trámite o servicio al que tenga derecho, además de las sanciones previstas, se le impondrá la destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, hasta por el mismo lapso de la prisión impuesta.

En Tribuna, el legislador indicó que se han observado en México diversas expresiones de odio hacia el personal médico y de enfermería de instituciones de salud, quienes además de lidiar con la posibilidad de ser contagiados del coronavirus, como resultado de su labor, tienen que enfrentarse a las manifestaciones de intolerancia de algunas personas, “ciertamente producto de la ignorancia y el miedo, pero de que en ningún modo pueden justificarse ni permitirse en nuestra sociedad”.

Recordó el comunicado emitido el pasado 30 de marzo por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) en relación al llamado ciudadano para no estigmatizar, ni realizar acciones discriminatorias o violentas en contra del personal de salud que encabeza la respuesta del país a la contingencia actual por el coronavirus Covid-19. Esto, debido a las múltiples conductas que han llegado al extremo de la agresión, ya no solo verbal, sino física, incluyendo arrojar cloro al personal antes señalado.

En tanto, expresó que el Grupo Legislativo PRI-PVEM coincide plenamente con lo afirmado por el Conapred en el sentido que las y los trabadores de las instancias de salud hacen un gran esfuerzo para atender a las personas afectadas por la pandemia y ponen al servicio de todas y todos sus conocimientos y profesionalismo, “por lo que lejos de rechazarles y agredirles, la sociedad mexicana debe reconocer y agradecer su entrega y compromiso”, abundó.

Dijo que no sólo el personal médico y de enfermería está expuesto a las manifestaciones de intolerancia ya descritas, ya que también esas conductas se han hecho en contra de elementos de instituciones de seguridad pública y protección civil en el ejercicio de sus funciones, “sobre todo al hacer llamados a la población a respetar las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias federales y locales para prevenir el aumento del número de personas contagiadas del coronavirus”.

La iniciativa, que adiciona una fracción VIII al artículo 144 y un párrafo, que será el segundo, con el corrimiento de los actuales párrafos segundo y tercero a tercero y cuarto, respectivamente, al artículo 196, ambos del Código Penal para el Estado, fue enviada para su estudio a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXV Legislatura emitió las convocatorias para las y los ciudadanos mexicanos, organismos no gubernamentales, asociaciones e instituciones presenten propuestas para ocupar los cargos de Fiscal General y Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, ambos del estado de Veracruz, para un periodo de nueve y cinco años respectivamente.

De acuerdo con las bases de ambas convocatorias, publicadas este jueves 30 de abril de 2020 en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, quienes acudan al llamado de la convocatoria deberán mantener, en todo momento, el cumplimiento de requisitos; en caso contrario, la Jucopo descartará la propuesta.

Las y los aspirantes deben ser ciudadanas o ciudadanos mexicanos, por nacimiento, en ejercicio de sus derechos y no tener otra nacionalidad; tener, cuando menos, 30 años cumplidos al día de la designación; poseer, al día de su designación, título y cédula profesional de Licenciado en Derecho, con antigüedad mínima de cinco años, expedido por autoridad o institución mexicana legalmente facultada para ello.

Así también, no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; si se tratare de robo, fraude, falsificación o abuso de confianza, esto le inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; y no pertenecer al estado eclesiástico, no ser ministro de algún culto religioso, a menos que se separe conforme a lo establecido en la Constitución federal y la ley de la materia.

En ambos casos, deberán entregar una exposición de motivos, de máximo cinco cuartillas, donde exponga debilidades y fortalezas del organismo al que aspira representar; estrategias, líneas de acción y objetivos para fortalecer la procuración de justicia en el Estado y el combate a la corrupción, según sea el caso.

Asimismo, copia certificada de acta de nacimiento con una antigüedad máxima de expedición de tres meses, Currículum Vitae con documentación comprobatoria, dos fotografías recientes a color, tamaño infantil, copia certificada del título de Licenciado en Derecho y Cédula Profesional, Constancia sobre Antecedentes Penales expedida por la autoridad competente, Constancia de No Inhabilitación expedida por la Contraloría General del Estado y Declaración bajo protesta de decir verdad, con firma autógrafa del participante.

La documentación deberá entregarse en el orden señalado y en archivo digital en formato PDF, del 1 al 10 de mayo de 2020, de 09:00 a 18:00 horas en las oficinas de la Jucopo, en el Palacio Legislativo, ubicado en Avenida Encanto esquina Lázaro Cárdenas, colonia El Mirador, Código Postal 91170, Xalapa-Enríquez, Veracruz.

Todas las notificaciones se harán en la misma página web y las de carácter personales, mediante el correo electrónico que hayan proporcionado y que deberán ser acusadas de recibido por las y los aspirantes de forma inmediata a su recepción, en la inteligencia que quienes no lo hagan dentro de las 24 horas posteriores a su envío, se tendrán por debidamente notificados.

La Jucopo será la encargada de desarrollar el proceso de selección de las ternas para ambos cargos. La Presidencia de este órgano de gobierno será la responsable de concentrar los registros y documentación correspondiente para la integración de los expedientes, que estarán bajo resguardo de dicha Presidencia.

Cerrada la recepción de propuestas, dicha Presidencia identificará a las y los aspirantes que cumplan con los requisitos y los citará de inmediato, por un término no mayor de 10 días naturales, a comparecer ante la Jucopo a fin de que aporten mayores elementos que permitan conocer sus objetivos de trabajo en la materia.

Se advierte que, en atención a la contingencia por COVID-19, se podrá citar a comparecer a las y los aspirantes, aunque no haya concluido la recepción de propuestas. Quienes no hayan cumplido con los requisitos podrán solicitar que se les dé a conocer la razón de incumplimiento y serán atendidos por los integrantes de la Jucopo o por el servidor público que designe la Presidencia, levantándose la constancia correspondiente.

En la siguiente etapa, las y los aspirantes que cumplieron con los requisitos serán entrevistados personalmente en las fechas y horarios aprobados. La comparecencia será inamovible y quienes no se presenten a la entrevista serán descartados para la integración de la terna.

Finalizadas las entrevistas, la Jucopo emitirá en un plazo no mayor a tres días naturales el Proyecto de Punto de Acuerdo que contendrá una terna de candidatos a ocupar el cargo de Fiscal General y el Proyecto de Punto de Acuerdo que contendrá una terna de candidatos a ocupar el cargo de Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, que serán sometidos dentro de un plazo de cinco días hábiles al Pleno del Congreso del Estado, para que se realice el nombramiento correspondiente.

En la última etapa, el Pleno del Congreso del Estado elegirá, de entre los integrantes de la terna, a quienes deban ocupar ambos cargos conforme a la votación prevista en la Constitución Política del Estado. En la sesión de designación deberán estar presentes los integrantes de ambas ternas, para que a las personas designadas les sea tomada la protesta de los cargos conferidos.

Para que las personas que hayan perdido su empleo y visto mermados sus ingresos económicos ante la imposibilidad de realizar sus actividades laborales, debido a la ocurrencia de una situación especial, tal como se está viviendo con la contingencia sanitaria, derivada del coronavirus, Covid-19, la diputada Ivonne Trujillo Ortiz presentó al Pleno del Congreso su iniciativa con proyecto de Ley de Ingreso Mínimo Vital para Situaciones Especiales para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Esta propuesta, refirió la legisladora del Grupo Legislativo Mixto de los Partidos Movimiento Ciudadano y De la Revolución Democrática (MC-PRD), reconoce el derecho de las personas a recibir un Ingreso Mínimo Vital, de carácter temporal, mediante una compensación monetaria, ante la ocurrencia de situaciones especiales en las que pierdan su empleo.

Al participaren la tercera sesión ordinaria, del Segundo Año de Labores, la diputada Trujillo Ortiz subrayó que la aplicación de esta Ley correspondería al Ejecutivo estatal, a través de las Secretarías de Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP) y la de Finanzas y Planeación (Sefiplan), en el ámbito de sus competencias. Para el cumplimiento y objetivos, se coordinarán con las dependencias de la Administración Pública Federal.

De esta manera, la propuesta legislativa considera al Ingreso Mínimo Vital como el sistema de protección social para las personas en desempleo, residentes en el estado de Veracruz, instituido para crear condiciones subsidiarias de protección por una Situación Especial, en tanto se logra su incorporación al mercado de trabajo y al goce del derecho constitucional de empleo digno y socialmente útil.

Asimismo, se establece en los artículos transitorios que, para la elaboración del Reglamento, así como de las Reglas de Operación del Ingreso Mínimo Vital, las STPSP y la Sefiplan deberán entablar una mesa de coordinación con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el Reglamento se deberán expresar los grupos de población y ocupaciones que, con base en el Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones del Instituto, serán elegibles para recibir este beneficio.

En su intervención en la tribuna, la diputada informó el Ingreso Mínimo Vital sería entregado durante tres meses a las personas beneficiarias y podrá ser renovado por dos meses adicionales en caso de que sea necesario para casos específicos en donde sea observable que su situación económica no ha podido mejorar.

De acuerdo a su propuesta, el valor del Ingreso Mínimo Vital será equivalente al valor mensual del salario mínimo, que para este 2020 es de 123 pesos con 22 centavos al día, “es decir, tres mil 696 pesos con seis centavos mensuales y poco más de 11 mil pesos durante los tres meses”, añadió.

El contenido completo de este proyecto de ley, que consta de 17 artículos, integrados en cuatro capítulos, puede consultarse libremente en la Gaceta Legislativa número 93, publicada en la página oficial de este poder, www.legisver.gob.mx.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado y de Trabajo y Previsión Social.