Los birmanos volvieron a protestar el jueves en las calles del país pese al miedo y la sangrienta represión, que ha dejado al menos 54 personas muertas, según la ONU, que pidió a las fuerzas del orden que deje de «asesinar» a los manifestantes.
Naciones Unidas alzó el tono e instó a la junta militar, que llegó al poder tras derrocar el 1 de febrero al gobierno civil de Aung San Suu Kyi, a dejar de «asesinar» a los manifestantes prodemocracia.
«Estoy consternada también por los ataques registrados contra el personal médico de los servicios de emergencia y las ambulancias que intentan socorrer a las personas heridas», declaró la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet.
Las protestas continúan en el país. En Rangún, la capital económica, se formaron pequeños grupos. «Estamos unidos», corearon los manifestantes, protegidos detrás de barricadas construidas con viejos neumáticos, ladrillos, sacos de arena, bambú y alambre de púas.
No lejos de allí, los comerciantes trataban de vender rápidamente su mercancía. «Es peligroso permanecer aquí. La policía y el ejército disparan también en las calles. Más vale regresar a casa y volver a salir de noche», contó a la AFP un vendedor de comida.
Algunas protestas fueron dispersadas con gas lacrimógeno y se escucharon disparos, según un medio local.
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Los transeúntes caminaban sobre carteles del jefe de la junta Min Aung Hlaing, pegados en el suelo, un ardid para molestar a las fuerzas del orden que no osarán hacer lo mismo.
El ejército parece más determinado que nunca a apagar los vientos de revuelta que soplan en el país desde el golpe de Estado del 1 de febrero.
«Todo va a ir bien»
El miércoles, las fuerzas de seguridad dispararon munición real en varias ciudades para dispersar las manifestaciones prodemocracia. La imágenes difundidas en las redes sociales muestran a manifestantes cubiertos de sangre y heridos de bala en la cabeza.
Al menos 38 personas perdieron la vida, según la emisaria de la ONU para Birmania, la suiza Christine Schraner Burgener
«Ayer fue un día horrible (…) Es muy triste constatar que el ejército birmano no ha cambiado» después de 60 años, dijo a la AFP la activista Thinzar Shunlei Yi, quien continuará protestando en San Chaung, un barrio de Rangún.
Al menos 54 civiles fueron abatidos desde el golpe, según la ONU. Entre las víctimas, cuatro menores, uno de ellos un adolescente de 14 años, según la oenegé Save the Children.
Por su parte, el ejército asegura que un policía murió.
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«El recurso a la fuerza letal (…) muestra lo poco que temen las fuerzas de seguridad que las responsabilicen de sus actos», subrayó Richard Weir, de Human Rights Watch (HRW).
Los birmanos siguen enterrando a sus muertos.
Una muchedumbre se congregó el jueves en Mandalay, segunda ciudad del país, para los funerales de una joven de 19 años, muerta la víspera. «No habrá perdón para vosotros hasta el fin del mundo», coreó la muchedumbre, reunida en torno al féretro cubierto de flores.
Ma Kyay Sin se convirtió en un símbolo en el país. En una foto tomada poco antes de que un disparo acabara con su vida se la puede ver con una camiseta con un mensaje que se volvió viral en las redes sociales: «Todo va a ir bien».
El partido de Aung San Suu Kyi anunció que pondrá las banderas a media asta en respeto a los muertos.
Condena internacional
La violencia del miércoles volvió a suscitar la condena internacional y Washington instó a China a «ejercer su influencia» con los generales.
Pekín y Moscú, aliados tradicionales del ejército birmano en Naciones Unidas, no han condenado el golpe, al considerar que la crisis es un «asunto interno» del país.
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El Reino Unido solicitó una nueva reunión del Consejo de Seguridad de la ONU el viernes.
La represión también tiene lugar en el terreno judicial.
Aung San Suu Kyi, que sigue detenida en un lugar secreto por el ejército, está acusada de cuatro delitos, entre ellos, «incitación a los disturbios públicos». El expresidente Win Myint está acusado, por su parte, de violar la Constitución.
Seis periodistas birmanos están acusados de «propagar el miedo entre la población, difundir informaciones falsas (…) o incitar a los empleados del gobierno a la desobediencia». Se exponen a tres años de cárcel.
Más de mil 700 personas han sido detenidas desde el 1 de febrero, según la ONU.
Los militares ya reprimieron con sangre las últimas revueltas populares de 1988 y 2007.
El ejército, que refuta los resultados de las elecciones de noviembre que ganó por mayoría aplastante el partido de Aung San Suu Kyi, ha prometido una nueva elección, sin ofrecer fechas.
Se elevó a siete el número de detenidos, al momento, en la investigación luego de la tragedia en una universidad de Bolivia que dejo u saldo de siete fallecidos tras el desprendimiento de una baranda del quinto piso.
Las últimas detenciones corresponden a tres guardias de seguridad privada y se suman al arresto de cuatro dirigentes estudiantiles que habrían propiciado la desgracia.
Ayer miércoles fueron detenidos cuatro organizadores de la asamblea estudiantil que desencadenó el incidente, aglomerando estudiantes pese a las restricciones por el COVID-19 en el plantel educativo.
Fue emitida alerta de tsunami después del terremoto de magnitud 6,9 que azotó la Isla Norte de Nueva Zelanda.
Luego del sismo con magnitud preliminar de 7,3, Autoridades neozelandesas informaron que el sismo provocó un tsunami que podría afectar al país y Onemi.
En tanto que informaron que el epicentro se localizó a 414 km al este de la ciudad, con una profundidad de 10 km, a las 02:27 am hora local.
Mientras que la Agencia Nacional de Manejo de Emergencias de Nueva Zelanda publicó en twitter que “el sismo provocó un tsunami que podría afectar” al país.
Asimismo, desde el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico también alertaron sobre un posible tsunami.
El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la presentación de un plan de protección a candidatas y candidatos a cargos de elección popular con el objetivo de evitar amenazas, agresiones o intimidaciones antes y durante las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 6 de junio.
“Queremos enfrentarlo para que se garantice la libertad de todos y que sean los ciudadanos los que elijan, no los grupos de intereses creados, no la delincuencia organizada, no la delincuencia de cuello blanco. Que no haya candidatos a modo, que no haya grandes electores”, remarcó.
En conferencia de prensa matutina indicó que el gobierno federal dialoga con los gobiernos estatales de las 32 entidades federativas para cuidar de manera conjunta a las y los candidatos; asimismo, convocó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a participar en estas acciones.
Aclaró que la protección será voluntaria “porque no puede ser una intromisión por la fuerza a un proceso electoral. Eso no. Tiene que ser de acuerdo con las autoridades, con los organismos electorales”.
El mandatario pidió a las y los candidatos actuar con firmeza rumbo al ejercicio democrático y reiteró su convicción de llevar a cabo elecciones limpias y libres.
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, detalló que la Estrategia de Protección en Contexto Electoral tiene el propósito de prevenir y sancionar la violencia política y proteger a candidatos amenazados por el crimen organizado.
El plan, dijo, consiste en un llamado a los partidos políticos y autoridades electorales para que los candidatos cumplan con los requisitos de ley y el establecimiento de mesas de trabajo entre las secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana, partidos políticos, así como fiscalías y autoridades locales a fin de compartir alertas que permitan prevenir y atender casos de registro de candidatos que tengan vínculos con la delincuencia organizada o de cuello blanco.
Además, se consulta a los gobernadores la aplicación de la estrategia en sus entidades con énfasis en las medidas de protección a personas candidatas amenazadas.
Destacó que se reforzará la estrategia de seguridad en las entidades y municipios de alto riesgo.
Se brindará atención y protección a candidatos amenazados por el crimen organizado con previa apertura de carpetas y determinación de niveles de riesgo.
“Es conveniente evaluar el avance semanal de esta estrategia y presentar un informe en el Gabinete e ir haciendo la evaluación de en dónde se necesita más apoyo, por eso hemos acordado tener reuniones periódicas en la mesa de estrategia y en la que participarán todas las instituciones que están colaborando en la elaboración con acuerdos específicos”, enfatizó.
Informó que entre febrero de 2020 a febrero de 2021 se han registrado 73 delitos relacionados con acontecimientos políticos en los que 64 personas fueron víctimas de homicidio.
“A más de tres meses de la jornada estamos trabajando para frenar el incremento de estos delitos porque las organizaciones criminales buscan fortalecer su operación mediante la intimidación y el aumento de su influencia política”, explicó.
Los delitos relacionados con la violencia política se han presentado en siete entidades federativas: Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco.
“En los estados de Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Jalisco vemos más riesgo de que los aspirantes y candidatos tengan cooptación por parte de la delincuencia”, precisó.
Recordó que el 6 de junio se elegirán más de 21 mil cargos: 500 diputaciones federales, 15 gubernaturas, más de mil 900 presidencias municipales, mil 63 cargos en congresos locales y más de 17 mil regidurías, sindicaturas y concejales.
En este esfuerzo de defensa de la democracia colaboran la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Centro Nacional de Inteligencia.
“Se heredó el partido de la delincuencia organizada y no permitiremos que ellos decidan o amenacen. Haremos todo lo necesario para proteger a los aspirantes en este proceso electoral para que quien decida sea el pueblo, sea la ciudadanía”, subrayó la secretaria.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el gobierno federal, a través de Petróleos Mexicanos, alcanzó un acuerdo con la empresa Odebrecht sobre la planta de polietileno en Coatzacoalcos, Veracruz. La modificación del contrato de suministro de gas etano generará ahorros de hasta 13 mil 749 millones de pesos.
En conferencia de prensa matutina indicó que la empresa brasileña tendrá permitido seguir operando en el país pero en condiciones de justicia y legalidad, y deberá reparar daños.
El mandatario aseguró que se castigará a quienes respaldaron la firma de contratos, perjudiciales para México y lucrativos para Odebrecht, lo que derivó en una apropiación indebida del presupuesto.
“Hemos optado por hablar con estas empresas y decirles: ‘Hubo un tiempo en que les permitieron cometer atrocidades, abusos, actos de corrupción. Eran los tiempos del soborno, del moche, ya eso terminó y en ese tiempo tú firmaste un acuerdo leonino, es decir, perjudicial para el pueblo de México y lucrativo para tu empresa. No se puede llamar ni siquiera negocio”, expresó.
Con los acuerdos se procura beneficiar a la Hacienda pública y evitar acudir a tribunales internacionales, precisó el jefe del Ejecutivo.
Recordó que “nuestro propósito ha sido no permitir la corrupción, no permitir la impunidad y procurar recuperar todo lo que se pueda, que se repare el daño”.
“No estamos cerrados, sí queremos que haya acuerdos y en todos los casos no va a haber abusos de autoridad, nada. Todo legal, por eso optamos por la reforma a la ley eléctrica, porque si no, con el mismo marco legal pero con amenazas o con otros métodos los hubiésemos convencido. No, por la fuerza nada. Auténtico Estado de Derecho”, enfatizó.
El director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, informó que desde diciembre de 2020 se establecieron mesas de trabajo para modificar el contrato de suministro de gas etano entre Pemex y Braskem-Idesa.
Las negociaciones concluyeron el 26 de febrero con la firma del Memorando de Entendimiento. En las modificaciones destaca el suministro de obligatorio, que pasó de 66 mil barriles diarios en 20 años a 33 mil barriles diarios en 3 años.
Asimismo se indica que a partir de 2024 no hay obligación de suministro para Pemex. En el contrato de 2010 se establecía la obligatoriedad del suministro de 66 mil barriles diarios de común acuerdo y prórrogas por 15 años adicionales.
El acuerdo también establece que el gas etano que no utilice Pemex puede venderlo a Braskem-Idesa. A su vez, la empresa nacional acepta colaborar para que Braskem-Idesa invierta en una terminal de importación de gas etano “que ya le va a permitir autosuministrarse de materia prima ya sin que se cargue en el gobierno mexicano”, explicó el titular de Pemex.
Resaltó que se negoció el pago del 100 por ciento del gas etano, ya que en 2010 el contrato señalaba que el precio era de 30 por ciento debajo de la referencia internacional.
El director de Pemex resaltó que se negoció el pago del 100 por ciento del gas etano, ya que en 2010 el contrato señalaba que el precio era de 30 por ciento debajo de la referencia internacional.
El costo del transporte del gas etano nacional e importado correrá a cargo de Braskem-Idesa. En el anterior contrato se estipulaba que el cargo era para Pemex.
Como resultado de la negociación se logró un incremento en el precio de venta de gas etano nacional de 73 por ciento y el 185 por ciento del importado, reconociendo todos los costos de Pemex.
Anteriormente, la penalización a Pemex por no entregar suficiente etano era de hasta 200 por ciento. Ahora las penas son equitativas y bilaterales, en condiciones justas de mercado, que garanticen la consecución del contrato. Además, se eliminaron las cláusulas que establecen penas desproporcionadas.
El presidente López Obrador indicó que en la Fiscalía General de la República se mantienen las investigaciones de sobornos por parte de la empresa a altos funcionarios públicos de administraciones anteriores.
El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la aprobación de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica en el Senado de la República.
Sostuvo que permitirá al país negociar con las empresas condiciones justas en beneficio de la Hacienda pública.
En conferencia de prensa matutina afirmó que el objetivo de la iniciativa para modificar la ley es defender el interés público a través del marco legal.
“Ya no es el tiempo de que los políticos estaban al servicio de las empresas. Ahora tenemos que cuidar el patrimonio público, el presupuesto que es dinero del pueblo y hacer negocios, nada más que al servidor público le deben interesar mucho los negocios públicos, no los negocios privados. Entender eso”, enfatizó.
El mandatario aclaró que el gobierno federal está a favor de la inversión privada porque contribuye al desarrollo y el progreso, “pero no ayuda la corrupción. No estamos en contra de los empresarios, estamos en contra de la corrupción”.
“Se puede seguir haciendo negocios con legalidad, sin sobornos y con ganancias razonables”, subrayó.
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