por Puebla al Día | Jul 16, 2019 | México
El exabogado de Javier Duarte de Ochoa, Marco Antonio del
Toro Carazo confirmó, en una carta enviada a medios de comunicación, que el
vídeo revelado anoche por el periodista Ciro Gómez Leyva es apenas una parte de
todo lo que posee su excliente contra funcionarios de la pasada administración.
Asimismo, aseguró que todo el material que lograron recabar
para demostrar en su momento la «inocencia» del exgobernador, está
bajo absoluto resguardo.
Del Toro Carazo hizo llegar, esta mañana, la misiva a medios
de información, réplica exacta de la carta que mandó al medio nacional, donde
además de confirmar que él fue quien le pidió a Duarte que grabara el vídeo,
las presiones que hiciera el gobierno federal con amenazas directas a la
familia del exmandatario, terminaron por optar el abandono del caso.
A continuación, la carta íntegra:
A los medios de comunicación:
Me permito transcribir la carta que ayer por la noche le
hice llegar al periodista Ciro Gómez Leyva y su equipo de colaboradores con
relación a las revelaciones que hiciere el ex Gobernador de Veracruz, Javier
Duarte de Ochoa:
“Hice público el 16 de marzo de 2018 mi decisión de dejar la
defensa del Licenciado Javier Duarte de Ochoa. Por secrecía profesional no
proporcioné detalles precisos de los motivos que me llevaron a tomar esa
decisión. Únicamente señalé que ello obedeció a razones ajenas al cliente.
Agregué que deseaba que prevaleciera el Estado de Derecho por encima de
cualquier otra circunstancia, sin que ello se viera entorpecido por otras
motivaciones o prácticas viciadas (en esas líneas se asoma, como se narra
líneas abajo, lo substancial de lo ocurrido).
Sigo sujeto a la secrecía profesional. Sin embargo, me
encuentro autorizado para confirmar categóricamente lo que Javier Duarte de
Ochoa les reveló. Es cierto que realizó una videograbación -el 15 de abril de
2017-, de manera previa a que fuera “supuestamente detenido” en Guatemala.
Confirmo también que es cierto lo que Javier Duarte les manifestó a ustedes en
el sentido de que fui yo quien le pidió hiciera dicha videograbación en
Guatemala. Lo confirmo, ya que le indiqué entonces que debía generar una prueba
fehaciente de la existencia de presiones ilegales y probablemente delictivas
-que afectaban a su familia, incluyendo sus hijos-, por parte de las
autoridades federales involucradas en aquel momento. Y es que entonces no era
posible hacerlas públicas o siquiera pensar en denunciarlas, por razones
obvias. Hoy no me corresponde hacerlo.
Javier Duarte no fue detenido. La verdad es que tuvo que
sucumbir ante extraordinarias presiones para que se redujeran las ilegales
presiones a su familia. Ello, a fin de satisfacer exigencias, que de no
“aceptarse”, hubieren entonces acarreado consecuencias que ningún padre de
familia podría conocer y no sacrificarse para evitarlas. A partir de ese
momento decidió defenderse ante las autoridades judiciales -en lo que coincidí
ya que era evidente la fragilidad de las imputaciones-, sin en ese momento
contar que surgirían más dificultades a propósito de nuevas presiones de
funcionarios gubernamentales y otros, que se imprimieron en su contra.
De hecho, ese video no es el único medio de prueba que
acredita las ilegales presiones -que como dije ocurrieron antes y también
después de que se llevara a cabo la pseudo detención en Guatemala-. Existe
evidencia documental e informática -por llamarle de algún modo-, que así lo
acredita, la que por ahora se encuentra sujeta al secreto profesional y que
está debidamente resguardada.
Y es que incluso mi salida de su defensa también obedeció a
presiones ilegales que resintió Javier Duarte de Ochoa. Se le exigió mi salida
en tanto la defensa técnica planteada no cabía en el plan que se orquestó en su
contra para incriminarlo, haciendo de él un chivo expiatorio y enemigo público
en el ámbito mediático. Esto es, la actitud de mantener siempre una posición
jurídica y litigiosa que asumí en defensa de mi entonces representado frente a
los altos funcionarios en las diversas reuniones -con interlocutores de
Gobierno y otros-, “no les “gustaba”; así como la defensa material planteada
(incluyendo aquella relativa a que las pruebas en su contra se recabaron de
manera ilícita), les resultó sumamente “incómoda”.
Fue así que decidí dejar el caso, ya que las presiones que
enfrentó Javier Duarte y su familia eran de tal magnitud, que seguir actuando
como defensor les hubiera acarreado consecuencias indudablemente graves e
injustas. En ese momento fue sin asomo de duda la mejor decisión. Fue por ello
que de común acuerdo abandoné esa defensa jurídica, sucediéndome el colega
Ricardo Sánchez Reyes Retana, de probada capacidad profesional y que en algún
momento tuve directo conocimiento de un gesto que tuvo que denota además, su
calidad humana.
A partir de mi salida, no he intervenido en ningún asunto de
Javier Duarte en México (sea federal o local en Veracruz). Por tanto, no podría
naturalmente abordar aspectos que hayan acaecido en forma posterior. Desconozco
los planteamientos técnicos y el detalle del desarrollo mismo del caso.
Dentro de los límites éticos de la profesión, es sólo esto
lo que puedo confirmar, cerrando en definitiva así mi intervención, con la
anuencia de mi entonces cliente. Todo lo antes expuesto tiene sustento en los
artículos 16, 17, 18 y 22 de los Principios Básicos Sobre la Función de
Abogados, emitidos por la Organización de las Naciones Unidas el 7 de
septiembre de 1990 -siendo México parte-, así como 1, 2, 10, 11 y 31 del Código
de Ética de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados.”
por Puebla al Día | Jul 16, 2019 | México
El exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong,
negó este martes que hubiese un acuerdo en el arresto del exgobernador de
Veracruz Javier Duarte.
Osorio Chong fue señalado por el exgobernador veracruzano
como uno de supuestos los negociadores de su entrega a las autoridades en abril
de 2017 en Guatemala. Duarte fue extraditado a México en julio de ese mismo
año. Desde entonces, permanece preso en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte
de la Ciudad de México.
Otros de los señalados por el exmilitante del PRI son los
entonces funcionarios Eugenio Ímaz (Cisen) y Felipe Muñoz (subprocurador de la
Procuraduría General de la República).
«No fue un acuerdo, fue una petición de darle
gobernabilidad a Veracruz», indicó en entrevista para Grupo Fórmula.
Osorio Chong descartó haber tenido contacto con familiares o
abogados de Duarte.
«No tuve ningún contacto con absolutamente nadie ni de
él ni de sus abogados», dijo
Sobre el video dado a conocer el lunes sobre la detención
del exgobernador, el ahora senador hizo hincapié en que él no realizó ningún
acuerdo.
«Al negar, como lo estoy haciendo públicamente, pido
pruebas, que las presente. Dice que las tiene; yo estoy contundentemente
negando. Hay que buscar a las otras autoridades», puntualizó.
Osorio Chong comentó que tampoco conocía si la Procuraduría
General de la República realizó ese supuesto trato.
«Tampoco conocía que tuviera algún acuerdo, y si lo
hicieron, lo hicieron sin que yo me enterara», mencionó.
por Puebla al Día | Jul 15, 2019 | México
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a
trámite las dos impugnaciones restantes de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) contra el contenido de las leyes reglamentarias de la Guardia
Nacional.
Se trata de las acciones de inconstitucionalidad 63/2019 y
64/2019 sobre uno de los 36 artículos que conforman la Ley Nacional de Registro
de Detenciones y tres artículos de la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza.
Vistos el escrito y los anexos de quien se ostenta como
presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante los cuales
promueve acción de inconstitucionalidad. Se tiene por presentado al promovente,
se admite a trámite la acción de inconstitucionalidad que hace valer”, señala
el acuerdo.
Fue el pasado 5 de julio el máximo tribunal del país admitió
a trámite las acciones de inconstitucionalidad de la propia CNDH contra tres
artículos de los 51 que integran la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y 13 de la Ley de la Guardia Nacional.
por Puebla al Día | Jul 15, 2019 | México
La Fiscalía General de la República (FGR) publicó en el
Diario Oficial de la Federación (DOF) los acuerdos por los que se instalan la
Fiscalía Especializada de Asuntos Internos y en Materia de Derechos Humanos.
En el documento se señala que el acuerdo tiene por objeto
instalar la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos que tendrá a su cargo
las funciones previstas en el artículo 30 de la Ley Orgánica de la FGR, entre
las que se encuentran la de investigar los asuntos o casos relacionados con
hechos de corrupción cometidos por servidores públicos de la Institución.
Indica que la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos
para el ejercicio de sus facultades se auxiliará de la estructura siguiente:
I. Las unidades de investigación y litigación en delitos
cometidos por el personal adscrito a los órganos sustantivos y administrativos
de la Fiscalía General de la República, en ejercicio de sus funciones;
II. El área encargada de la elaboración de lineamientos técnico-jurídicos,
necesarios para el cumplimiento de sus funciones; así como la supervisión,
revisión y control de la actuación de los servidores públicos de la Fiscalía
General de la República;
III. El área encargada del monitoreo y supervisión de la
prestación del servicio a los usuarios en la Fiscalía General de la República;
IV. Las unidades de análisis estratégico y de contexto a que
se refiere el artículo 49 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la
República;
V. Agentes del Ministerio Público de la Federación en
funciones de investigación y persecución de los delitos, y
VI. El personal administrativo y de apoyo que le sea
asignado por la Coordinación de Planeación y Administración.
En los transitorios, el documento precisa que el presente
acuerdo será publicado en el DOF y entrará en vigor el día en que surta sus
efectos el nombramiento que realice el Fiscal General de la República del
Fiscal Especializado de Asuntos Internos, en términos de lo dispuesto en el
artículo 19 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
Precisa que hasta en tanto se expida el Reglamento de la Ley
Orgánica de la Fiscalía General de la República, se entenderá que las unidades
administrativas que se enlistan a continuación son aquellas a las que se
refiere el artículo segundo del presente Acuerdo, lo anterior, con fundamento
en los artículos tercero y décimo segundo transitorios del Decreto por el que
se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República:
I. Dirección General de Evaluación Técnico Jurídica;
II. Dirección General de Asuntos Internos;
III. Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores
Públicos de la Institución, y
IV. Visitaduría General.
En caso de ausencia del titular de la Fiscalía Especializada
de Asuntos Internos será suplido por los titulares de las unidades
administrativas señaladas en el párrafo anterior, en el ámbito de sus
respectivas competencias.
Por otro lado, la FGR publicó el acuerdo por el que se
instala la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos.
Explica que “el presente instrumento tiene por objeto
instalar la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos que tendrá a
su cargo las unidades administrativas previstas en el artículo 14, párrafo tercero,
de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República”.
La Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos
para el ejercicio de sus facultades de investigación, prevención y persecución
de los delitos, se auxiliará de la estructura siguiente:
I. Unidades de análisis estratégico y de contexto a que se
refiere el artículo 49 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la
República;
II. Agentes del Ministerio Público de la Federación en
funciones de investigación y persecución de los delitos, y
III. El personal administrativo y de apoyo que le sea
asignado por la Coordinación de Planeación y Administración.
En sus transitorios apunta que el acuerdo será publicado en
el DOF y entrará en vigor el día en que surta sus efectos el nombramiento que
realice el FGR del fiscal especializado en Materia de Derechos Humanos, en
términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Fiscalía
General de la República.
Por último, la FGR publicó el acuerdo por el que se abroga
el Acuerdo A/051/14, por el que se crean cuatro fiscalías regionales para el
Estado de Tamaulipas y se establecen sus facultades, y circunscripción
territorial, publicado en el DOF el 26 de mayo de 2014.
por Puebla al Día | Jul 15, 2019 | México
El exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, impugnó
la negativa de un juez de amparo de citar a declarar a Enrique Peña Nieto y
Luis Videgaray como testigos en el caso de Agronitrogenados por el que la
Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de «lavado» de
dinero.
El pasado viernes, el Juez Octavo de Distrito de Amparo en
materia Penal en la Ciudad de México tuvo por presentado el recurso de queja
que la defensa de Lozoya, encabezada por el abogado Javier Coello Trejo,
promovió en contra de su decisión del cinco de julio.
En tal fecha, el juez rechazó la solicitud de citar a
declarar, además de al ex presidente de la República, Peña Nieto y al ex
Secretario de Hacienda, Videgaray Caso; a ocho ex funcionarios más de la
administración pasada involucrados en la implementación de la reforma
energética y en la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados a la
empresa Altos Hornos de México, S. A., propiedad de Alonso Ancira.
Entre los ex funcionarios que la defensa de Lozoya pretendía
citar para utilizar sus testimonios como pruebas a su favor, está Pedro Joaquín
Coldwell, ex Secretario de Energía; Enrique Ochoa Reza, ex titular de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Miguel Messmacher, ex subsecretario de
Ingresos de la SHCP.
El recurso será enviado a un tribunal Colegiado para que
sean los magistrados quienes decidan si es posible o no citar a los ex
funcionarios a declarar ante el juez de amparo.
Por este caso, la FGR obtuvo una orden de aprehensión
librada por un juez de control en el Reclusorio Norte en contra de Lozoya, su
hermana Gilda Lozoya y el dueño de AHMSA, Alonso Ancira.
por Puebla al Día | Jul 15, 2019 | México
El gobierno de Estados Unidos anunció este lunes que
impedirá otorgar el asilo a los migrantes que no lo soliciten antes en un
“tercer país seguro”, en un nuevo intento de reducir el flujo migratorio en la
frontera con México, procedente principalmente de Centroamérica.
“Un extranjero que entre o intente entrar en EE.UU. a través
de la frontera sur después de no haber solicitado protección en un tercer país
fuera de sus países de ciudadanía, nacionalidad o de última residencia legal
habitual que hubiese transitado en camino a EE.UU. no es apto para asilo”,
señaló la nueva orden publicada en el Registro Federal y que entrará en vigor
este martes.
La normativa fue presentada por el Departamento de Justicia
y el de Seguridad Nacional.
La orden se da a conocer el mismo día en el que estaba
previsto que el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, se reuniera con su
colega estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca entre rumores acerca de
la posibilidad de que firmara un acuerdo para convertir a Guatemala en tercer
país seguro para los migrantes que buscan el asilo en EE.UU.
Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad (CC) de
Guatemala otorgó la noche del domingo un amparo provisional para que Guatemala
no sea convertida en un tercer país seguro para migrantes.
En un comunicado, el secretario interino de Seguridad Nacional,
Kevin McAleenan, defendió que esta medida rebajará en última instancia las
“abrumadoras cargas” sobre el sistema nacional “causadas por los solicitantes
de asilo que no buscan protección urgente en el primer país disponible,
migrantes económicos que carecen de un miedo legítimo a ser perseguidos”.
La legislación estadounidense permite a los solicitantes de
asilo hacerlo al llegar a la frontera sin tener en cuenta su ruta, pero cuenta
con una excepción para aquellos que lo hacen a través un tercer país
considerado “seguro”.
En la actualidad, sin embargo, EE.UU. solo cuenta con un
acuerdo específico al respecto en el que reconoce como “tercer país seguro” a
Canadá.
