Movimientos indígenas, estudiantes y sindicatos de Ecuador
paralizaron la capital durante 12 días, contra las medidas y reformas
económicas anunciadas mediante el Decreto 883 el 1 de octubre, en cadena
nacional, por el presidente Lenín Moreno, como parte de un acuerdo con el Fondo
Monetario Internacional (FMI).
El pueblo ecuatoriano fue golpeado por el llamado
“paquetazo”, que incluyó la liberación de los precios de los combustibles, y al
paro inicial convocado por transportistas por el polémico decreto se sumaron
taxistas, estudiantes y movimientos indígenas que en todo momento demandaron
diálogo con las autoridades.
Sin embargo, el rápido acuerdo alcanzado entre
transportistas y gobierno desató el descontento de los grupos indígenas y
estudiantiles que no quisieron dar un paso atrás y decidieron seguir adelante
en esta lucha con la que buscaban dejar sin efecto las medidas unilaterales del
gobierno.
El 3 de octubre se suscitaron los primeros disturbios en la
capital del país. Una manifestación de estudiantes de la Universidad Central de
Ecuador rompió el cerco policial que le impedía avanzar hasta las cercanías del
Palacio de Carondelet, sede del gobierno central, ubicada en el pleno corazón
de esta ciudad.
Ese fue “uno de los momentos más tensos que se vivió aquel
día, porque la policía respondió con gas lacrimógeno para repeler a los
manifestantes, que tuvieron que salir del lugar y concentrarse en otra plaza a
varias cuadras del palacio presidencial”, aseguró una dirigente indígena que
solicitó a Notimex el anonimato.
Sin vacilar, los uniformados volvieron a levantar las vallas
que impidieron el acceso a las manifestaciones, las cuales se replicaron en
diversas partes del país, con bloqueos de calles, avenidas y autopistas, para
hacer escuchar su voz.
Ese mismo día el presidente Moreno, tras reunirse con los
ministros para analizar la situación del país, decretó el Estado de Excepción
“para precautelar el orden, la seguridad ciudadana y con el fin de controlar a
quienes pretenden provocar caos. No accederemos a chantajes y actuaremos acorde
a la ley”.
Al día siguiente, 4 de octubre, los ecuatorianos amanecieron
con una medida que facultaba al mandatario a disponer en el momento que lo
considerara necesario el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía
Nacional, además de llamar a servicio activo a toda la reserva o a una parte de
ella, así como al personal de otras instituciones.
También contaría con la facultad de trasladar la sede del
gobierno a cualquier lugar del territorio nacional, y disponer censura previa
en la información de los medios de comunicación social, con estricta relación a
los motivos del Estado de Excepción y a la seguridad del Estado.
Al día siguiente, la ministra de Gobierno de Ecuador, María
Paula Romo, daría a conocer el resultado de las protestas: 350 detenidos
“relacionadas con los eventos violentos y vandálicos ocurridos en Guayaquil
(159) y Quito (118), así como 54 en otras provincias fronterizas de Esmeralda,
Zucumbios, Carchi e Imbabura”.
Además fueron detenidos dos dirigentes indígenas y tres
líderes sindicales del transporte; estos últimos por el delito de “paralización
del servicio público”. A esa cifra se sumó el balance del ministro de Defensa
de Ecuador, Oswaldo Jarrín, quien expresó que se registraron cerca de 100
movilizaciones en el país.
Señaló que para ello se cuenta con patrullajes permanentes
en las principales avenidas de Quito y Guayaquil, además de 293 equipos para
resguardar la seguridad de la población y 90 equipos de respuesta inmediata.
El 7 de octubre se suscitaron protestas masivas contra las
medias de Lenín Moreno. La autoridad mantenía cerrada la Plaza Grande y ese día
se registró un enfrentamiento que derivó en gases lacrimógenos contra las
comunidades indígenas, de parte de la Policía Montada, sobre la calle la
Guayaquil.
Por la tarde, elementos de la Policía Nacional patrullaban
las calles de todo el primer cuadro de la ciudad. La tensión crecía, pero aún
no se registraban grandes enfrentamientos y los quiteños esperaban la llegada
de más personas de las comunidades indígenas, que en todo momento demandaban
diálogo.
A las 17:30 horas empezó a llenarse la Plaza Santo Domingo.
Había una tensa calma y una parte de los contingentes pedían a los elementos de
la Policía Montada que se sumaran a la lucha que ellos emprendían en ese
momento, pues a ellos también les afectaba: “¡Ustedes también son hijos del
pueblo!”.
Para las 19:49 horas, la referida Plaza estaba casi llena.
Los efectivos policiacos se mantenían expectantes a la actuación de los
manifestantes. “¡El pueblo unido jamás será vencido!” era la consigna unánime
de los participantes, quienes también gritaban: “¡Vamos pueblo, el pueblo no se
ahueva, carajo!”
A las 20:08 horas, gritos, chiflidos y roces de objetos se
escucharon fuertemente. Grupos de indígenas con los brazos en alto caminaron
por la calle de la Guayaquil, hacia donde se ubicaba la Policía Montada que
cerraba su paso al Palacio de Carondelet.
Los manifestantes se hacían acompañar de vallas de
protección de la propia policía y de aquellas que se utilizan para sujetar las
bicicletas, así como de palos y piedras que tomaron de la plaza, al romper la
acera y muros.
En las ventanas de un hostal se agitaba la bandera
ecuatoriana como símbolo de orgullo y unidad, en apoyo al pueblo. Los elementos
de seguridad dejaron paso libre a los quejosos donde ya lo esperaba un segundo
cerco policial que respondió con gases lacrimógenos para evitar que avanzaran
hacia el referido Palacio.
Los enfrentamientos se suscitaron hasta las 2:00 horas del 8
octubre. En el lugar quedaron como testigos de la batalla piedras, objetos,
llantas quemadas. Ese mismo panorama se repitió los días 8 y el 9 de octubre.
Ese último día, a las 19:40 horas, en el Ágora de la Casa de
la Cultura, la policía lanzó gas lacrimógeno a su interior, donde había niñas,
niños, mujeres y adultos mayores, y hasta cerraron las puertas para evitar que
pudieran salir. Por momentos, la angustia se apoderó de quienes se encontraban
en el lugar.
El sábado 12 la policía y los movimientos indígenas
volvieron a enfrentarse. Ahora el escenario fue el Parque del Arbolito –donde
se debatiría el ofrecimiento al diálogo hecho el viernes por el primer
mandatario- lo que dejó más heridos y el centro de la ciudad paralizado, al
igual que el transporte, además de vías de comunicación.
Ese era el lugar en el que los integrantes de la
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se instalaran a
su llegada a esta capital y donde los quiteños se les entregaron al dar grandes
muestras de solidaridad en todo momento.
En forma paralela a los enfrentamientos, al menos una
treintena de personas encapuchadas lograron ingresar a la sede de la
Contraloría, ubicada frente al Parque del Arbolito, a la cual prendieron fuego
y cuyo interior saquearon y realizaron diversos destrozos.
Ya para estas fechas y desde el inicio de los
enfrentamientos se contabilizaban entre cuatro y cinco personas muertas. Los
integrantes de la Conaie se deslindaron de ese incidente. Además del referido
parque, también las universidades Católica, Saleciana, Politécnica Nacional y
la Central dieron muestra de solidaridad con el movimiento, al abrir sus
puertas y apoyo.
“Fueron días en los que, lamentablemente, se derramó sangre
inocente; una lucha en la que se enfrentaron hermanos y en la que decenas de
madres rezaban porque sus hijos militares no hicieran nada que dañara al pueblo
y, en la que un ciudadano, suplicó a su hermano, también militar: ‘Naño, no me
mates’”.
El mismo 12 de octubre, en cadena nacional se dio a conocer
el Toque de Queda, instaurado mediante el Decreto 893 del Ejecutivo, en aras de
mantener “el orden y la paz social”, por lo que “a partir de las 15:00 horas en
Quito, y posteriormente durante las 24 horas del día mientras dure el Estado de
excepción, regirá en todo el territorio nacional la restricción de movilidad,
en áreas sensibles y de importancia estratégica”.
Por la mañana, Leonidas Iza, dirigente del Movimiento
Campesino de Cotopaxi, informó en el Ágora la Casa de la Cultura Ecuatoriana,
en Quito, la instalación de una Asamblea para informar a las distintas
comunidades sobre las decisiones que han tomado los indígenas de aceptar el
diálogo con el gobierno de Lenín Moreno.
Iza pidió un requisito: que el diálogo debía realizarse en
un espacio neutral “sin la injerencia de actores políticos” y que formen parte
de este proceso la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Amnistía
Internacional y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, al cual se sumó la
Defensoría del Pueblo.
El domingo 13 de octubre fue cuando la restricción de
movilidad en el Distrito Metropolitano de Quito se levantó temporalmente a
partir de las 11:30 horas y hasta las 20:00 de ese mismo día. Ello ante el
inicio del diálogo que se daría entre el Gobierno y la dirigencia de la Conaie,
programada para las 15:00 horas.
“Volveremos a las calles con más fuerza”, sostuvo el líder
indígena, previo a la firma del acuerdo con el presidente Lenín Moreno, que
derogó el Acuerdo 883. Las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal
aplaudieron el inicio del diálogo.
El propio mandatario llamó mediante su cuenta de Twitter
@lenin a la dirigencia indígena a que “dialoguen directamente conmigo. Pongamos
en nuestras manos la solución de las diferencias, para que los recursos vayan a
quienes más necesitan. Es urgente frenar la violencia. ¡El país sabe que
siempre tengo voluntad de diálogo!”.
Por la noche, tras 12 días de disturbios, se dio a conocer
que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y la Conaie alcanzaban un acuerdo
que deroga el Decreto 883 que elimina los subsidios a los combustibles,
obedeciendo a dictados del FMI para acceder a préstamos por cuatro mil 299
millones de dólares.
Durante el diálogo, Leónidas Iza cuestionó al mandatario:
“Tiene ministros vagos que no hacen nada por la patria y le hacen quedar mal
señor presidente (Moreno). Nunca contestan los celulares”. El mandatario no
supo qué contestar.
Al término, el representante de Ecuador de las Naciones
Unidas, Arnau Peral, informó que con ese acuerdo “se terminan las
movilizaciones en el Ecuador y nos comprometemos de manera conjunta a
restablecer la paz en el país”.
El gobierno de México, a través de la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE), informó el 14 de octubre que tres asambleístas y
otras tres personas recibieron “protección y resguardo” en su embajada en esta
ciudad. Se trata de los asambleístas Luis Fernando Molina; Soledad Buendía y su
esposo Edwin Jarrín; el también asambleísta Carlos Viteri y su esposa Tania
Pauker
Además Leónidas Aníbal Moreno, procurador síndico de la
Prefectura de Pichincha, acción que se suma al “resguardo y protección”,
otorgado desde el 12 de octubre a la asambleísta Gabriela Rivadeneira. Todos
ellos ligados al “correismo”.
El 15 de octubre, integrantes de la organización Quiteños
Libres entregaron una carta en la Embajada de México en Quito para demandar al
gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador negar el asilo político a
las “ratas correistas”, a fin de evitar que evadan la justicia.
La carta entregada por Felipe León y Mario Wanderbergy, de
Quiteños Libres, solicitaba a México: “No permita señora embajadora Raquel
Serur que se vayan con salvoconductos y se queden aquí adentro (en la sede
diplomática mexicana), con asilo político (los asambleístas), porque no deben
tener asilo político porque son ellos quienes han atacado a los ecuatorianos”.
El alcalde indígena del Gobierno Autónomo y descentralizado
de Cantón y Cayambe, Guillermo Churuchimbi, opinó que México y los países
hermanos de la región y del mundo son bienvenidos al proceso de reconciliación
que vive Ecuador, cuyos grupos de indígenas y de los sectores sociales deberán
avanzar hacia la conformación de un nuevo modelo económico que ponga fin a
medidas unilaterales e intentos privacioncitas.
“Nunca más que se aplique modelo neoliberal a la espalda y
sin consulta de los pueblos indígenas, de los sectores sociales del país. Este
es un proceso de aprendizaje para el pueblo ecuatoriano.
Yo he visto que ha habido profunda solidaridad. El pueblo de
Quito, no siendo indígena, pero también siente el dolor de los pueblos
indígenas”, expresó.
