Seis internos muertos y dos heridos fue el saldo de una riña
registrada este miércoles en el Penal de Atlacholoaya, en
Xochitepec, Morelos, informó el secretario de Gobierno de la entidad, Pablo
Ojeda Cárdenas.

Precisó que entre los muertos está Raymundo Isidro, «El
Ray», quien era considerado líder del Cartel Nueva Generación en Morelos,
y que fue detenido el pasado 7 de mayo.

Él estuvo involucrado en la balacera contra un restaurante
registrada el 16 de abril en el que fueron asesinadas seis personas, entre
ellas tres niños, en Cuautla, Morelos.

Ojeda Cárdenas agregó que otra riña registrada ayer martes
dejó un muerto y dos heridos más, por lo que suman siete muertos y cuatro
heridos en el penal en 24 horas.

El secretario negó que esto sea un asunto de autogobierno en
el penal y señaló que se trató de «una riña».

Por su parte, el fiscal del estado, Uriel Carmona, dijo que
los internos que fallecieron fue a causa de armas punzocortantes y descartó el
uso de armas de fuego.

En un primer momento se difundieron imágenes de varios
muertos dentro del penal que habrían tomado los propios internos con sus
teléfonos celulares, entre ellos se observaba un hombre decapitado. Al
respecto, las autoridades indicaron que no tienen los elementos para acreditar
esa información, pero tampoco la negaron.

Se agregó que el director del penal está ausente en un curso
de capacitación penitenciaria.

La Cámara de Diputados avaló, con cambios a la minuta que le
envío el Senado, la reforma constitucional que permite que ahora el Presidente
pueda ser acusado de delitos como corrupción y los de carácter electoral.

La reforma al artículo 108 agrega al delito de traición a la
patria otros ilícitos que podrán motivar que el Mandatario sea sujeto de juicio.
Actualmente se señala que también puede ser juzgado por “delitos graves”, pero
este concepto quedó desactualizado con el sistema de justicia penal acusatorio.

Así, ahora se incorporó que el Mandatario podrá ser llevado a juicio por los
delitos previstos en el artículo 19 de la Constitución; es decir los que
ameritan prisión preventiva oficiosa como corrupción (tratándose de
enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones) delitos electorales,
delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro,
trata de personas y uso de programas sociales con fines electorales.

La reforma al artículo 111 precisa que para proceder
penalmente contra el Presidente será el Senado quien avale la declaración de
procedencia.

El Senado aprobó la reforma el pasado 26 de marzo y la envió
a la Cámara de Diputados, que la modificó para retirar el señalamiento de que
los miembros del Congreso de la Unión también podían ser acusados de los mismos
delitos.

La modificación se dio porque se advirtió “una discordancia
entre el texto de la reforma al artículo 108 constitucional y el espíritu de la
propuesta originalmente plasmada en la iniciativa del Ejecutivo”, dijo la
diputada Miroslava Carrillo, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Morena, PT y Encuentro Social festejaron las enmiendas como el “fin del fuero”, pero la oposición
dijo que esta medida sigue viva, pues están intocados los artículos que la
garantizan.

ASÍ LO VEN

“Fuero presidencial sigue vigente”

“Hoy no estamos ante ninguna novedad en esta materia”.

Cruz Juvenal Roa Sánchez, diputado del PRI

“Bajo ninguna circunstancia, ni remotamente elimina el fuero
constitucional. Nuevamente el Presidente y los partidos que lo apoyan están
tratando de engañar al pueblo de México”.

Marcos Aguilar Vega, diputado del PAN.

“Sigue pendiente la eliminación del fuero tal como se
propuso en legislaturas anteriores y fue rechazado por el Senado”.

Gabriela Medina, diputada de MC.

Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional,
presentó este miércoles la relatoría de los hechos en Culiacán, la cual dio
inicio el 2 abril de 2018, cuando una Corte de Estados Unidos giró orden de
aprehensión contra Ovidio Guzmán López.

Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés
Manuel López Obrador detalló que el 13 de septiembre de 2019, Estados Unidos
solicitó a México la detención con fines de extradición del presunto
delincuente, hijo de Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán.

Agregó que el 25 de septiembre, la FGR solicitó detención
provisional; ese mismo día se emite orden de detención.

Aquí la orden de detención provisional con fines de
extradición de Ovidio Guzmán López.

El 4 de octubre, se recibió la denuncia en el MP; tres días
después, el Ministerio Público Federal giró el oficio de investigación a
Guardia Nacional; ese mismo día inició la carpeta de investigación en contra de
Guzmán.

El operativo del 17 de octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa,
inició a las 13:00 h; Ovidio Guzmán llegó una hora después. Fue detenido antes
de las 15:50 h y a las 19:49 h las tropas se retiran una vez liberado el hijo
del Chapo.

Antes de las 15:50 h comenzaron las agresiones, y muchas de
las tropas no lograron llegar a sus puntos.

Diputados aprobaron en lo general y lo particular, con 420
votos a favor, cinco abstenciones y 20 en contra, el proyecto de decreto para
eliminar el fuero constitucional al presidente de la República, así como a
legisladores, por lo que será devuelto al Senado de la República para los
términos correspondientes.

Luego de discutir la reforma a los artículos 108 y 111 de la
Constitución Política, los legisladores aprobaron el dictamen con el que se
permite que el presidente pueda ser juzgado por corrupción, delitos
electorales, así como los enlistados en el artículo 19.

Durante las discusiones, diputados de Morena, Partido Verde,
PRI y PT se pronunciaron a favor de la eliminación del fuero, a fin de que
puedan ser imputados o juzgados tanto la figura presidencial, como a
legisladores; no obstante panistas expresaron que se trata de un marco para
seguir privilegiando al mandatario, ya que, afirmaron, «solo puede ser
juzgado por algunos delitos del fuero común y no por cualquier delito».

En tanto, Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara
de Diputados, expresó que con la eliminación del fuero se logrará cambiar la
figura del presidente. «Ahora tendrá responsabilidad política, penal y
fiscal. Lo que prevalecerá será la voluntad del pueblo».

Añadió que con ello, se cumple con el compromiso del
presidenteen su campaña, «de lo que se trata es que el presidente en
funciones pueda ser juzgado por corrupción, delitos electorales y delitos
graves».

El Poder Judicial de la Ciudad de México y la alcaldía
Miguel Hidalgo buscarán reinsertar en la sociedad, a través del trabajo
comunitario, a aquellos reos que cometieron delitos de bajo impacto,
sentenciados y que recibieron como medida cautelar el resguardo en su propio
domicilio para continuar su pena.

Para ello, firmaron un convenio con el cual se revisará el
estatus de cerca de 500 personas privadas de la libertad con domicilios en la
alcaldía Miguel Hidalgo para que puedan acceder al programa La Empleadora, el
cual tiene 8 mil vacantes para realizar diferentes trabajos comunitarios, con
retribución de 2 mil pesos mensuales.

La lista de sentenciados será proporcionada por el mismo
Poder Judicial local, que en conjunto con la demarcación vigilarán las medidas
cautelares de los sentenciados.

Al respecto, el magistrado presidente del PJCDMX, Rafael
Guerra Álvarez, explicó que con esta firma se le da oxígeno al máximo poder de
la capital, pues cada mes mil 500 personas obtienen medidas cautelares para ser
vigilados en el exterior.

«Es un número enorme y el Poder Judicial sí necesita de
otras instituciones; de esta forma, con la alcaldía, vamos a sentarnos primero
a ver las bases de cómo vamos a trabajar, pero el apoyo que nos dará la
alcaldía, al Poder Judicial lo va oxigenar muchísimo», dijo.

Por su parte, el alcalde Víctor Hugo Romo comentó que es la
primera demarcación que fomentará este trabajo comunitario, como enchular
colonias, prevenir el delito o adicciones y fomentar el deporte, por mencionar
algunas.

Esta mañana el abogado Marco Antonio del Toro informó que la esposa del exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, Karime Macías Tubilla se presentó de manera voluntaria a una audiencia en Londres para atender una orden de aprehensión y extradición en su contra.

De manera extraoficial se presume que la audiencia concluyó y Karime quedó libre previo al pago de una fianza, hasta el momento la Fiscalía General de la República (FGR) no no se ha pronunciado al respecto.

Se logró saber que el pago de la fianza fue por aproximadamente 150 mil libras esterlinas, cerca de 3 millones 687 mil 270 pesos.