El coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Mario
Delgado, presentó una iniciativa para agregar la extorsión en el catálogo de
los delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa y que regula el
artículo 19 de la Constitución.

«El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente,
en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia
organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, extorsión,
trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines
electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y
ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de
sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o
petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y
desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos
como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de
uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos
graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre
desarrollo de la personalidad, y de la salud», describe la modificación
planteada.

En su exposición de motivos, Mario Delgado dijo que si bien
la extorsión no genera un daño a la vida o integridad física de las personas,
en función de la muy alta incidencia de ese delito en nuestro país y de los
cuantiosos daños que genera al patrimonio y a la integridad de las y los
mexicanos, «creemos que debe ser considerado como un delito de alto
impacto social, por lo que se propone a esta honorable Cámara de Diputados
dotar a la autoridad investigadora de un instrumento adicional para el combate
y erradicación de la extorsión, por medio de la prisión preventiva
oficiosa».

«Esta medida contribuirá a limitar los casos de
impunidad por la comisión del delito de extorsión. Por supuesto, reiteramos que
no lo hará por sí misma, sino que debe formar parte de la renovación del
esquema de persecución del delito e impartición de justicia en materia penal,
que está en curso por la vía legislativa y también administrativa, tras la
constitución de la Fiscalía General de la República», agrega Mario
Delgado.

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF), informó que se detectó una transferencia de dos mil millones
de pesos desde la Secretaría de Gobernación (Segob) hacia una empresa
relacionada con Genaro García Luna, y que es parte de las cuentas bloqueadas
luego de su aprehensión en Estados Unidos.

“Se le informó (al presidente) y el definió que
presentáramos la información a la Fiscalía General de la República, y esa
transferencia es lo que nos ampara, porque al final de cuentas tenemos una
triangulación entre recursos de Gobernación, una empresa en la que García Luna
es accionista”, señaló Nieto Castillo.

Durante la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel
López Obrador reveló este miércoles que se investiga dicha transferencia de
dinero de la Segob.

Explicó que el caso involucra a la secretaría que estaba a
bajo la responsabilidad del senador Miguel Ángel Osorio Chong.

“Se conoció de una transferencia a una cuenta particular o
de la familia, de un recurso que surgió en Gobernación y al parecer se
transfirió una parte a una cuenta personal de un familiar de García Luna”, dijo
el presidente.

Añadió que en la investigación del exsecretario de Seguridad
Pública en Estados Unidos, colaboraran en brindar lo que se solicite.

“Lo que soliciten lo tenemos que hacer y hay una
comunicación permanente, sobre todo en el área de inteligencia financiera del
manejo del dinero”, detalló López Obrador.

La bancada de Morena propuso una reforma constitucional para
garantizar el derecho de todo ciudadano a contraer matrimonio sin
discriminación alguna, es decir entre personas del mismo sexo, con un régimen
transitorio que obligará a todas las entidades a adecuar sus legislaciones en
tres meses.

La propuesta presentada través de la diputada morenista
Reyna Celeste Ascencio Ortega establece que a diferencia de muchas otras
iniciativas, de aprobarse ésta se obligaría a generalizar la decisión en todo
el país y cobrarían vigencia las uniones que ya se hayan celebrado antes de la
entrada en vigor de estas enmiendas.

Expresamente se señala que, a partir de la entrada en vigor
de la reforma, las disposiciones federales y/o locales que limiten el derecho
de las personas a contraer matrimonio por condiciones de género, preferencias
sexuales, religión o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana no
serán aplicables en perjuicio de persona alguna.

También se establece que no serán aplicables las
disposiciones que restrinjan o anulen el ejercicio de algún derecho como
cónyuge de un matrimonio que se haya celebrado entre personas del mismo sexo.

La propuesta de reforma a la Constitución modifica el
artículo 4o. que indica que «la mujer y el hombre son iguales ante la ley.
Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia» y se agrega
que «toda persona mayor de edad tiene derecho a contraer libremente
matrimonio, sin discriminación alguna».

Se plantea un régimen transitorio en el que se obligaría a
esos cambios en todo el país, por lo que se establece que el Congreso de la
Unión y las legislaturas locales «deberán adecuar la legislación
correspondiente conforme lo previsto en este decreto, dentro de los tres meses
siguientes a su entrada en vigor».

En tanto, en un tercer transitorio se establece que a partir
de la entrada en vigor del decreto, las disposiciones federales o locales que
limiten el derecho de las personas a contraer matrimonio por condiciones de
género, preferencias sexuales, religión o cualquiera otra que atente contra la
dignidad humana «no serán aplicables en perjuicio de persona alguna».

Las uniones civiles entre personas del mismo sexo que no
tengan el carácter de matrimonio, cualquiera que sea su denominación y régimen
legal, que se hayan celebrado con anterioridad a la entrada en vigor del
decreto, «tendrán el carácter, derechos y obligaciones de un matrimonio
desde la fecha en que tales actos jurídicos fueron celebrados y gozarán de
plena validez en toda la República», indica la propuesta.

El Senado turnó a las comisiones de Gobernación y Estudios
Legislativos una iniciativa de reforma a la Ley de Asociaciones Religiosas y
Culto Público que plantea eliminar de la norma el principio histórico de la
separación del Estado e Iglesias, en la que está fundada.

La iniciativa presentada el pasado 11 de diciembre por
Soledad Luévano Cantú, senadora morenista por Zacatecas, propone modificaciones
a la ley en materia de acceso a medios de comunicación, justificar la objeción
de conciencia para abstenerse de actuar en aquello que contravenga a sus
convicciones éticas y colaboración Estado-Iglesias en materia de desarrollo
social, entre otros puntos.

Además, plantea que las autoridades municipales, estatales y
federales podrán asistir «en su carácter» a actos de culto público,
así como a las actividades que tengan motivos o propósitos similares, situación
prohibida por la ley vigente.

Pretende establecer que las organizaciones de culto puedan
«usar en forma exclusiva, para fines religiosos, bienes propiedad de la
nación y ofrecer asistencia espiritual en los centros de salud o de reinserción
social, instituciones de asistencia social, estancias o estaciones migratorias,
incluso en instalaciones de las Fuerzas Armadas», dice el texto.

Así, plantea cambios al primer artículo de la ley para
eliminar la frase «principio histórico de la separación del Estado y las
Iglesias». Propone que la ley esté fundada «en el derecho humano a la
libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión».

La iniciativa prevé que se pueda justificar «motivos
religiosos» para evadir responsabilidades civiles y pretende que cualquier
persona pueda expresar sus creencias religiosas en asuntos con carácter social
y difundir las mismas «a través de cualquier medio de comunicación».

Mantiene la disposición de que las asociaciones religiosas
«no podrán poseer o administrar concesiones para la explotación de
estaciones de radio, televisión o cualquier tipo de telecomunicación»,
excepto publicaciones impresas y digitales.

Pero garantiza que «las asociaciones religiosas podrán
transmitir o difundir mensajes para su promoción, así como actos de culto
religioso a través de cualquier tipo de medios masivos de comunicación. En
ningún caso éstos podrán difundirse en los tiempos de radio y televisión del
Estado».

La ley vigente establece que lo anterior sólo lo pueden
hacer, «de manera extraordinaria», previa autorización de la
Secretaría de Gobernación. Este precepto es eliminado de la propuesta que será
debatida en el próximo periodo de sesiones.

Plantea que en todo el país cualquier persona pueda
justificar objeción de conciencia para abstenerse de actuar en aquello
«que contravenga a sus convicciones éticas», y que sólo en caso de
que se trate de trabajadores del Estado, éste garantizará el acceso a derechos
humanos de terceras personas afectadas por la objeción de conciencia.

Aunque señala que el Estado no podrá establecer ninguna
preferencia por una religión, eso «no impedirá la colaboración entre éstas
y el gobierno para la promoción conjunta de desarrollo cultural y social».

Otro aspecto que pretende reformar la iniciativa es que el
Estado garantice el derecho a toda persona a «prestar servicios
voluntarios y contribuir con dinero o en especie al sostenimiento de cualquier
asociación religiosa».

Se busca garantizar el derecho a las organizaciones
religiosas para que la formación de sus asociados y ministros de culto tenga
validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública.

La iniciativa mantiene que los ministros de culto no podrán
asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de
candidatos, partidos o asociaciones políticas.

Es decir, las asociaciones religiosas no podrán inducir a
sus fieles de manera expresa «a votar por un candidato o partido político,
o a no hacerlo por cualquiera de ellos, en los lugares destinados al culto, en
los locales de uso público o en los medios de comunicación».

La propuesta flexibiliza que el patrimonio de las órdenes
religiosas pase de ser «el exclusivamente necesario» a «el
necesario» para desempeñar sus labores.

Además, le resta funciones a la Secretaría de Gobernación
para poder autorizar la compra de bienes inmuebles a las organizaciones
religiosas, y sólo menciona que tendrán que darle aviso a la dependencia.

Y faculta a las autoridades para que brinden «el apoyo
necesario a las asociaciones religiosas, cuando así lo soliciten, para
preservar, salvaguardar, mejorar y conservar en su integridad dichos
bienes».

De igual manera facilita que las organizaciones de culto
puedan realizar eventos en lugares públicos sin tener que pedir permiso, sólo
notificando a la entidad federativa donde se vaya a realizar el evento, en un
plazo mínimo de cinco días hábiles.

Ante el rechazo que académicos y personajes de la sociedad
civil mostraron en redes sociales a la propuesta, el coordinador de Morena en
la Cámara Alta, Ricardo Monreal, dijo que «todas las voces serán
escuchadas» y que los senadores sólo «ejercen su derecho de
iniciativa, pero éste tiene que ser discutido en el grupo legislativo para su
aval.

«Así sucederá con la iniciativa presentada por la
senadora Soledad Luévano sobre libertad religiosa, sin precipitación ni
regresión, todas las voces serán escuchadas», señaló Monreal Ávila.

La senadora advierte que «la complejidad de la sociedad
y del contexto internacional que nos rodea exige un nuevo y respetuoso diálogo
intercultural, un reconocimiento más amplio de la libertad y también del
diálogo interreligioso».

Puntos destacados de la iniciativa:

Cambio al primer artículo de la Ley de Asociaciones
Religiosas y Culto Público para eliminar la separación del Estado e Iglesias.

Se podría justificar motivos religiosos para evadir
responsabilidades civiles.

Podrán transmitir mensajes para su promoción y actos de
culto religioso a través de cualquier tipo de medio de comunicación.

No podrán poseer o administrar concesiones para la
explotación de los medios.

Propone que se pueda justificar objeción de conciencia para
abstenerse de actuar en aquello contrarios a sus convicciones éticas.

No impide la colaboración entre Iglesias y gobierno para la
promoción de desarrollo social.

Faculta a las personas a contribuir con dinero al
sostenimiento de cualquier asociación

Garantiza que la formación religiosa de sus ministros tenga
validez oficial ante la SEP.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a los
gobernadores levantarse más temprano para atender el problema de inseguridad
que hay en cada estado, así como participar con más frecuencia en las Mesas de
Coordinación Estatal de Seguridad.

El titular del Ejecutivo Federal respondió así a los
gobernadores que aseguraron que no participar en las Mesas de Coordinación no
afecta su estrategia de seguridad. Así lo advirtió, por ejemplo, el gobernador
de Guanajuato, Diego Sinhue, quien dijo que en esas reuniones «no se toman
las decisiones».

En respuesta, López Obrador mencionó en su conferencia
matutina que respeta mucho esas ideas, sin embargo dijo que «por la mañana
se reparten pedacitos de suerte y el que se levanta tarde ya no alcanza
boleto».

Dijo que asistir a las Mesas de Coordinación es una decisión
de cada quien y voluntaria. Además defendió las cifras presentadas el día de
ayer martes en torno a que los mandatarios de Campeche, Guanajuato, Tamaulipas,
Michoacán, Aguascalientes y Querétaro son quienes menos asisten a estas
reuniones.

El exsecretario mexicano de Seguridad Pública, Genaro García
Luna, seguirá en una prisión del sureño estado de Texas desde donde será
trasladado a Nueva York, para enfrentar tres cargos en una corte federal de
distrito.

El exfuncionario que perteneció al gabinete del expresidente
mexicano Felipe Calderón, compareció este martes en una corte local tras su
detención justo hace una semana por agentes de la agencia antinarcóticos
estadunidense (DEA).

En la audiencia de este martes al acusado de 51 años de edad
se le negó la posibilidad de seguir en libertad su proceso, por lo que deberá
esperar en prisión su traslado a Nueva York, donde iniciará el proceso.

García Luna enfrenta tres cargos de conspiración para
tráfico de cocaína así como por falsas declaraciones. Antes ya había renunciado
a la audiencia para certificar su identidad, recordaron medios locales.

El derecho a fianza le fue negado luego de que los
funcionarios judiciales estadunidenses encargados del caso, alegaron ante el
juez que representaba un peligro de fuga por la posible protección de
funcionarios, exfuncionarios y miembros del cártel de Sinaloa.

El juez David Horan en vista de la evidencia rechazó darle
la libertad bajo fianza y ordenó que siga en prisión hasta su traslado a la
corte del distrito este de Brooklyn.

Esa corte es la misma donde se enjuició a Joaquín “El Chapo”
Guzmán este mismo año, fue encontrado culpable y condenado a cadena perpetua.

Será el juez Brian Cogan, quien llevó el juicio contra
Guzmán, el que ahora se haga cargo de este proceso.