El directivo comentó que será este fin de semana cuando se pueda evaluar esta situación, donde se tomará en cuenta la respuesta de las autoridades respecto a si se extenderá el desabasto.

López García indicó que es probable que en los siguientes días haya tortillerías que eleven el precio del producto tomando como pretexto la situación que se vive en el país por la falta de energéticos, y subrayó que será tarea de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) vigilar que no haya abusos.

Blanca Mejía, consejera de la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortilla, indicó que si bien se ha registrado un alza en el producto en algunas ciudades, llegando hasta 20 pesos en algunas regiones, esto tiene que ver con otras circunstancias, como el incremento en el valor de los insumos, pero hasta ahorita el desabasto de gas no ha sido factor.

Foto Cuartoscuro

En Baja California, Baja California Sur, Sonora, Tamaulipas y Yucatán, el precio del kilogramo de tortilla supera los 20 pesos, sin embargo, en promedio en el país el precio promedio ha bajado de 17.35 a 16.86 pesos en las últimas tres semanas, de acuerdo con información del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) de la Secretaría de Economía.

Mejía puntualizó que en el país hay reservas de gas LP, que es el que se utiliza para la producción de tortilla en el país, pero acuso de colusión entre los distribuidores de este combustible en algunas zonas.

Apuntó que el precio del maíz para los productores de tortillas se ha incrementado entre 100 y 200 pesos la tonelada, y que si bien el desabasto de gas natural y de energía eléctrica esta semana no ha tenido afectación en el precio del producto, sí hay una reducción en el margen de utilidad en los últimos años.

Hizo un llamado a las autoridades para revisar probables delitos de colusión en el mercado de insumos como gas LP o maíz para evitar así disparos en el precio del producto final para los consumidores.

El 1 de febrero, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, envió una carta en la que solicitó al gobierno federal y sus homólogos en el gabinete que el sector turístico sea considerado como actividad esencial para acelerar su reapertura.

López Campos criticó que existan empresas consideradas esenciales y que no acaten los protocolos de salud para mitigar los contagios por Covid, por lo que insistió en la necesidad de implementar el modelo de empresas seguras sobre el de sectores esenciales.

“Actualmente hay empresas que pueden estar en giros esenciales, pero que no están reuniendo las condiciones de cumplimiento en los protocolos de seguridad y que sigan siendo fuente de contagio”.

Por el contrario, dijo, pueden haber empresas que en algunos estados no están consideradas como parte de las actividades esenciales y que permanezcan cerradas. Recordó que el sector terciario, que alberga empresas de comercio, servicios y turismo, representó 8.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país en 2019.

El representante de los comerciantes agregó que las empresas del sector turístico están ligadas a cadenas de proveeduría de un modo transversal, “desde la producción de alimentos hasta para servicios especializados más sofisticados. De ahí la importancia de que se considere esencial, o bien, que el concepto de establecimiento seguro funcione ”, insistió.

López Campos agregó que todos los afiliados a Concanaco podrán certificarse como empresas seguras, pues desde el inicio de la pandemia se les capacitó con cursos y pláticas para que implementen los protocolos sanitarios sugeridos por la Organización Mundial de la Salud.

ALERTAN POR SELLOS SIN AVAL

En la conferencia, el subsecretario de Calidad y Regulación de la Sectur, Humberto Hernández Haddad, alertó que algunas empresason sellos que no cuentan con el uso de las autoridades sanitarias para su reapertura.

«Vimos la impaciencia que muchos tenían por adquirir sellos que no traían aval de autoridades sanitarias, esos sellos contribuyeron en alguna medida a los actores de la industria turística, porque el único sello que puede valer es la que traiga la responsiva médica de autoridades sanitarias» , y dijo que la reapertura en México sólo puede avanzar con el aval de la Secretaría de Salud.

“En tanto no exista ese camino validado por autoridades sanitarias, cualquier otro esfuerzo puede conducirnos a terceras olas de propagación y contagio”.

El problema, señala el documento, radica en que además de realizar operaciones cambiarias, sus productos o servicios permiten cierto grado de anonimato, ya que cuentan con un alto volumen de usuarios que operan sin una identificación plena.

Otra problemática es que más de la mitad de sus clientes tienen entre 18 y 30 años, un rango de edad considerado por el organismo como de alto riesgo para el lavado de dinero.

“El sector cuenta con documento de mejores prácticas desde el año 2018; sin embargo, la información remitida se considera deficiente. No se especifica la actividad económica del sujeto o no se remite información, entre otros errores ”, expuso Nieto Castillo el martes durante el Parlamento Abierto para reformar la Ley del Banco de México (Banxico).

RIESGO EN BANCOS

En cuanto a los bancos, según la UIF, son considerados como los corporativos de alto riesgo para el lavado de dinero en el país.

El peligro está asociado a su alta exposición con la población, a pesar de los estándares de seguridad que manejan para evitar estos delitos.

Entre las instituciones identificadas resaltan Banorte, HSBC, Scotiabank, Santander, Citibanamex, BBVA México e Inbursa, considerados como el “G-7” del sistema financiero mexicano, al ser los siete más grandes por la cantidad de dinero que manejan.

Sin embargo, a mediados del 2020, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dejó fuera de este grupo a Inbursa, el gigante financiero de Carlos Slim, por no cumplir con el puntaje necesario.

Actualmente, los bancos del país pueden recibir de cualquier persona de 300 a mil 500 dólares en un mes, pero si se trata del cliente de un banco, el monto asciende a cuatro mil dólares. En el caso de una empresa, se pueden obtener hasta 14 mil dólares.

Posteriormente, deben elaborar un expediente y hacer un informe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Después, en operaciones normales, como cobro de remesas o actividades turísticas, suelen otorgarse estos dólares adquiridos.

“Si queremos avanzar en los mejores estándares para poder tener un mejor flujo de dólares en efectivo y su circulación, los elementos tienen que ser hacia una modificación a los centros cambiarios para disminuir los umbrales que actualmente tienen”, concretó Nieto Castillo.

Los análisis de la UIF también referidos que las casas de bolsa, aseguradoras y otras instituciones, tiene un riesgo medio, mientras que las Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (Afore) son consideradas como las instituciones que menos riesgo tienen para la entrada ilícita de dinero, tanto en dólares, euros u otra divisa. Sin embargo, también están obligados a rendirle cuentas al regulador.