Con 40 votos a favor, el Pleno legislativo aprobó un Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en materia de igualdad sustantiva, trabajo y explotación infantil, así como perspectiva de la infancia y la adolescencia, presentado por las Comisiones Permanentes Unidas de Derechos de la Niñez y la Familia y Para la Igualdad de Género.

El dictamen establece que, a fin de garantizar la protección de los derechos de este sector poblacional, las autoridades estatales y municipales, así como los organismos autónomos del Estado deberán establecer un enfoque integral, transversal y con las perspectivas de derechos humanos y de la infancia y adolescencia, en el diseño y la instrumentalización de políticas y programas, así como en los códigos de ética de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos autónomos del estado y municipios para su aplicación por parte de los servidores públicos.

Para los efectos de dicha ley –se lee en el capítulo 4-, se entenderá por explotación infantil, también llamado comercio o tráfico de personas, el comercio ilegal de seres humanos con propósitos de esclavitud reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos o cualquier forma de esclavitud moderna.

También se precisa que la igualdad sustantiva es la que se expresa en el goce y ejercicio pleno, irrestricto, integral, cotidiano y en todos los ámbitos de la vida, de los derechos humanos fundamentales universalmente reconocidos a la persona, sin distinción alguna, recibiendo en todo momento un trato incluyente y libre de cualquier forma de discriminación.

Se define asimismo la perspectiva de la infancia y adolescencia como la visión científica, analítica y política que comprende a las niñas, niños y adolescentes desde su particular contexto de vida y características de desarrollo, para visibilizar y eliminar las causas de la opresión, violencia, discriminación, utilización en cualquier clase de conflictos, por razón de su edad y desarrollo progresivo, generadas por estructuras culturales que reproducen conductas, costumbres, prejuicios, lenguaje, estereotipos o roles que limitan, obstaculizan, menosprecian o alteran sus capacidades para disfrutar y ejercer plenamente

sus derechos. Esta perspectiva promueve la igualdad, el sano desarrollo y el bienestar de la niñez y la adolescencia y contribuye a construir una sociedad en donde las niñas, niños y adolescentes tengan el mismo valor, equidad en derechos y oportunidades.

En cuanto al principio de igualdad y no discriminación, se le explica como la posibilidad y capacidad de ser titulares cualitativa y cuantitativamente de los mismos derechos, sin distinción alguna por motivo de edad, origen étnico o nacional, sexo, diferencias biológicas, idioma, creencias, religión, situación migratoria, opinión política o condición social.

El trabajo infantil es entendido como la actividad peligrosa y perjudicial para el bienestar físico, mental o emocional de niñas, niños y adolescentes, que interfiere con su escolarización, puesto que les priva de la posibilidad de asistir a clases, les obliga a abandonar la escuela de forma prematura o les exige combinar el estudio con un trabajo pesado y que consume mucho tiempo, privándoles de aprovechar su potencial, disfrutar su niñez y sano desarrollo, afectando su dignidad.

Finalmente, el ordenamiento establece que corresponde a quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guardia y custodia, así como quienes por razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado a niñas, niños y adolescentes la obligación primordial de proporcionarles un ambiente de desarrollo y crecimiento en armonía y bienestar, tanto en su interacción física como mental, espiritual, cultural y ética y evitar incitarlos o coaccionarlos a participar en cualquier clase de conflicto.

El dictamen aprobado sin votos en contra ni abstenciones es resultado de las iniciativas presentadas por las diputadas Ivonne Trujillo Ortiz, el 20 de junio de 2019, relativa a la igualdad sustantiva; Brianda Kristel Hernández Topete, relativa de la prohibición del trabajo infantil, el 9 de julio de 2019, y Adriana Paola Linares Capitanachi, en materia de perspectiva de la infancia, el 23 de enero de 2020.

Tras conocer el informe de la Secretaría General del Congreso del Estado, en relación con la votación emitida por los ayuntamientos de la entidad, la LXV Legislatura emitió la declaratoria de la reforma constitucional en materia electoral, aprobada por este Pleno el pasado 12 de mayo y que, entre otras disposiciones, reduce los recursos económicos a los partidos políticos.

En la Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada este 22 de junio, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Rubén Ríos Uribe, instruyó al secretario de la misma, diputado Jorge Moreno Salinas, la lectura del informe sobre la votación de los ayuntamientos que, al concluir el plazo de los 30 días, establecido en la Ley Reglamentaria del Artículo 84 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, dio como resultado que 127 ayuntamientos avalaran la reforma.

A su vez, 65 ayuntamientos manifestaron su voto en contra y, en el caso de 16, según lo establecen los artículos 23 y 25 en la Ley Reglamentaria del Artículo 84 constitucional, se configuró la “afirmativa ficta”, toda vez que transcurrió el plazo conferido y no comunicaron su acuerdo, y tres indefinidos, así como uno que no ha sesionado y cuyo acuse no tiene fecha de recibido.

En el Informe, se establece que, al 11 de junio pasado, la Secretaría General había registrado 110 actas de Cabildo con sentido aprobatorio, lo cual refleja el 51.88 por ciento, representando la mayoría del total de los ayuntamientos de la entidad, porcentaje necesario para que el Congreso estatal emita la declaratoria respectiva y esta reforma pueda tener vigencia.

Conforme al procedimiento legislativo y tras la obtención de la mayoría de actas de Cabildo a favor, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Rubén Ríos Uribe, instruyó a la Secretaría General de este Poder remitir el Decreto al Ejecutivo estatal para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

Ante el Pleno de la LXV Legislatura, del Congreso del Estado, el diputado Juan Manuel De Unánue Abascal, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), puso a consideración del mismo un Anteproyecto de Punto de Acuerdo, en el cual afirma que la Secretaría de Salud tiene “abandonado” al personal de salud, ya que éstos no cuentan con las garantías para realizar su trabajo.

El pasado 31 de marzo del año en curso, agregó el diputado del PAN, el Consejo de Salubridad General reconoció como emergencia sanitaria en el país, al virus SARS-CoV2 y su enfermedad Covid-19. Esto ocurrió 32 días después de que se informara oficialmente sobre el primer caso en México.

Esta crisis sanitaria, señaló De Unánue, está cobrando cada vez más vidas humanas, y ha dejado al descubierto la vulnerabilidad de nuestro sistema de salud y principalmente, la vulnerabilidad de nuestro personal médico. A la fecha, en el país, han muerto más de 271personas del sector salud por causa de esta enfermedad, siendo Veracruz el cuarto estado con más de 10 fallecimientos de personal de salud y tenemos más de 116 médicos, enfermeras y personal de servicios sanitarios contagiados.

El personal de salud, agregó el legislador, que ha perdido la vida “ejerciendo tan noble profesión y todos aquellos que se encuentran arriesgando sus vidas día con día, merecen una leyenda en letras de oro en el muro de este recinto y eso es poco aun. Para esa llamada “primera línea”, a esos héroes de nuestros tiempos, todo el reconocimiento y admiración de esta representación popular, resaltó en su intervención.

Por ello, destacó el diputado, se llame a comparecer ante esta soberanía al titular de la Secretaría de Salud, por conducto del Poder Ejecutivo del Estado, a fin de que explique a detalle en qué consiste el Plan implementado para enfrentar la contingencia sanitaria; así como los recursos materiales, humanos y presupuestarios que ha dispuesto para este fin; así como la planificación que tendremos en el corto y mediano plazo.

Con independencia de lo anterior, concluyó, se exhorte al titular del Poder Ejecutivo, a efecto de que disponga lo necesario para dotar de equipo e insumos de protección personal y laboral al personal médico de todos los centros hospitalarios y médicos ubicados en el territorio del estado de Veracruz, con el fin de reforzar la loable labor que

vienen realizando el personal de “primera línea”; y que disponga lo necesario para otorgar estímulos salariales o bonificaciones como reconocimiento a su esfuerzo y entrega, tanto al personal médico en activo, como a los familiares directos de aquellos que han dado su vida procurando nuestra salud. Asimismo, se ordene la colocación, en el muro de honor de este recinto legislativo, la siguiente leyenda en letras de oro: “A los héroes de los servicios de salud de Veracruz”.

Este Anteproyecto de Punto de Acuerdo fue turnado a la Junta de Coordinación Política, de la LXV Legislatura, del Congreso del Estado.

Mediante un anteproyecto de Punto de Acuerdo, la diputada Deisy Juan Antonio, integrante del Grupo Legislativo de Morena, exhortó a los 211 presidentes municipales del estado y al Concejo Municipal de Mixtla de Altamirano, a implementar y, en su caso, incrementar las medidas preventivas de contingencia, en contra de enfermedades transmitidas por vectores.

Luego de referir la pandemia de coronavirus, habló de las enfermedades de infección por vectores, específicamente dengue, zika, chikungunya, cuya tasa de morbilidad y mortalidad, dijo, va en crecimiento y debe ser atendida de manera inmediata.

Señaló que este tipo de enfermedades ocasionan más de 700 mil muertes al año en el mundo y su contagio que se relaciona directamente con el saneamiento del ambiente doméstico y de las áreas más cercanas a las comunidades, en donde se reproducen o protegen los vectores y facilitan su transmisión.

Al recordar que en Veracruz han sido confirmados 774 casos de dengue y que en los últimos cinco años se confirmaron dos mil 104 casos de zika, consideró que mientras el sistema sanitario se encuentra enfocado en el combate del Covid-19, consideró que “todos debemos responsabilizarnos para que no colapse y que tampoco tengamos consecuencias en nuestros organismos”.

En este sentido, la legisladora dijo que, si bien la intervención de las autoridades municipales es primordial, también es necesaria la participación de la ciudadanía en la identificación y destrucción de las larvas y criaderos en su propia casa.

“Promover acciones de autocuidado en la población expuesta en todo el territorio veracruzano, reducir los riesgos y mantener bajo control epidemiológico las enfermedades o contagios en los municipios, será la forma de contribuir a despresurizar nuestro sistema de salud, que en estos momentos enfrenta uno de los episodios más sensibles de nuestro país”, concluyó.

Los integrantes del Grupo Legislativo de los Partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) en el Congreso de Veracruz, presentaron al Pleno la iniciativa, ante el Congreso de la Unión, que busca reformar el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto que el delito de extorsión quede señalado entre las conductas delictivas que ameritan oficiosamente la imposición de la prisión preventiva por parte de los jueces.

En la sesión, cuarta ordinaria del segundo periodo, el Pleno conoció la iniciativa y, como parte del proceso legislativo, instruyó turnarla a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales; en caso de aprobarse por esta Soberanía, sería turnada al Congreso de la Unión para continuar el trámite correspondiente.

En el texto de la iniciativa se establece que con esta reforma el Constituyente Permanente Federal podría reflejar en la Carta Magna una realidad social imperante en el país. “La de miles de mexicanos que tienen que entregar a delincuentes parte importante del fruto de su trabajo, pues de lo contrario corren el riesgo de perder sus vidas o sus bienes, entre éstos los inmuebles y los productos con que honradamente se ganan la vida y que permiten su contribución al desarrollo económico nacional”.

Expone que la extorsión es un delito que tiene características especiales, ya que no sólo produce un daño patrimonial sino que, adicionalmente, genera en la víctima una afectación emocional desde el momento mismo en que el agente activo se comunica para obligarla a hacer o dejar de hacer determinada conducta.

De esta manera, el artículo 19 de la Carta Magna Federal indicaría que el Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.

El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores o personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no puedan resistirlo, delincuencia organizada,

homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, extorsión, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones.

Robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.

La propuesta legislativa fue signada por las diputadas Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, así como por los legisladores Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes.

Debido a la reciente aprobación, por parte del Congreso de la Unión, de la reforma que eleva a rango constitucional los programas sociales, entre ellos la pensión a adultos mayores, el legislador Wenceslao González Martínez, presentó al Pleno la iniciativa que abroga la Ley 223 que reconoce el Derecho de Personas Físicas Mayores de 70 años a recibir una pensión por parte del Gobierno del Estado de Veracruz.

Lo anterior, indicó el diputado del Grupo Legislativo de Morena, toda vez que resulta infundado tener en Veracruz una legislación semejante a la aprobada por el Constituyente Federal.

El diputado González Martínez puntualizó que la reforma al artículo 4 de la Constitución General, impulsada por el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, reconoció el derecho a una pensión para los adultos mayores de 68 años y, tratándose de comunidades indígenas a partir de los 65 años, además de establecer un sistema de salud para el bienestar entre otros derechos para grupos vulnerables.

Añadió que la citada reforma exhibe, a su consideración, una generosa e igualitaria universalidad para las personas adultas mayores, que no opone limitantes o restricciones al ejercicio de este derecho como lo hace la norma local que se propone abrogar.

Por tal razón, la propuesta del legislador es abrogar la Ley 223 que reconoce el derecho de las personas físicas, mayores de setenta años de edad, que no tengan ingreso alguno y sin la protección de los sistemas de seguridad social del Estado o de la federación, a recibir una pensión alimenticia del gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado y de Seguridad Social.