Dando cumplimiento al artículo 40 de la Constitución Política del Estado, 41 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo y 72 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, y tras
clausurarse los trabajos del segundo periodo ordinario de sesiones de la LXV Legislatura
del segundo año de ejercicio constitucional, quedó instalada la Diputación Permanente
que funcionará durante el Segundo Periodo de Receso del Segundo año de Ejercicio
Constitucional.

En sesión Solemne el órgano legislativo quedó integrado por el diputado Rubén Ríos
Uribe y las diputadas Erika Ayala Ríos y Brianda Kristel Hernández Topete como
presidente, vicepresidente y secretaria respectivamente.
Como vocales fungirán las diputadas Adriana Esther Martínez Sánchez, María Esther
López Callejas, Nora Jessica Lagunes Jáuregui, así como los diputados Henri Christophe
Gómez Sánchez, Augusto Nahúm Álvarez Pellico, José Andrés Castellanos Velázquez y
Enrique Cambranis Torres.
Asimismo, fueron convocados los legisladores Elizabeth Cervantes de la Cruz, Rosalinda
Galindo Silva, Vicky Virginia Tadeo Ríos, Magaly Armenta Oliveros, Jorge Moreno
Salinas, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, Wenceslao González Martínez, Omar
Guillermo Miranda Romero, Bingen Rementaría Molina y Ricardo Arturo Serna Barajas,
en carácter de sustitutos.

Siendo las 17:15 horas fue declarada legalmente instalada la diputación permanente, la
cual tendrá su primera sesión ordinaria el día martes 18 de agosto del año en curso, a las
14 horas en la sala Venustiano Carranza del Palacio Legislativo.

A nombre del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, la diputada María de Jesús
Martínez Díaz, presentó un Anteproyecto con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a
diversas autoridades a tomar medidas urgentes relacionadas con los servicios y
tratamientos oncológicos destinados a niñas y niños con cáncer.

La legisladora expresó que si bien el Interés Superior del Niño en cualquier situación debe
ser salvaguardado, las autoridades están obligadas a ofrecer alternativas efectivas e
idóneas, para cumplir con el derecho fundamental a la salud.
Aunado a esto, continuó Martínez Díaz, la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19
ha puesto al sistema de salud en México, en una situación extrema toda vez que ha
desplazado los demás padecimientos, entre ellos el cáncer.

Asimismo, puntualizó que al no contar con suficientes medicamentos oncológicos para
suministrar a las niñas y niños, resulta determinante “ya que de detectarse a tiempo y con
el tratamiento completo, la supervivencia de los pequeños suele ser de 80 por ciento, pero
si se interrumpe, por lo menos un día, la tasa se reduce a la mitad”.

La diputada hizo un llamado a las autoridades Federales y Estatales competentes a realizar
una investigación en los hospitales públicos y determinar qué medicamentos oncológicos
faltan, además de garantizar el debido abasto de medicamentos sin interrupción.

En el mismo sentido, solicitó que a través del titular de la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, instrumente los procedimientos para agilizar la
comercialización y distribución de dichos medicamentos bajo supervisión y control sanitario.
Finalmente, exhortó a que a través de la titular de la Oficialía Mayor de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Finanzas y Planeación de la entidad
Veracruzana, agilice los procesos de compra de medicamentos para tratamientos
oncológicos y, con ello se garantice el abasto.

La diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, presentó un Anteproyecto de Punto de
Acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que remita a la
brevedad al Senado de la República del H. Congreso de la Unión, la Convención
Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, aprobada por la Conferencia
Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, para su ratificación.

En el mismo sentido, solicita a la instancia legislativa que interprete y reserve el artículo 1
de la Convención, a la luz del derecho nacional y bajo la definición del principio pro
persona, en razón de edad, toda vez que la legislación de Veracruz es más protectora al
ejercicio de este derecho.

En su exposición de motivos, la legisladora destacó que la Convención Iberoamericana
de Derechos de los Jóvenes, es el primer tratado internacional centrado en los derechos
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas jóvenes, lo que lo
convierte en una normativa obligatoria interna de cumplimiento para los Estados que la
han ratificado.

Asimismo, es en documento orientador para el diseño e implementación de políticas,
programas, proyectos e iniciativas en materia de juventud, con enfoque de derechos, que
puede ser referenciado y aplicado tanto por los gobiernos como por las y los ciudadanos.

La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes fue suscrita por el
representante de México, estampando a un lado de su firma la leyenda ad referéndum,
que de acuerdo a la normatividad requiere de la ratificación o aprobación por el Senado
de la República.

Sin embargo, Senado de la República ha aprobado 9 Puntos de Acuerdo, entre 2007 y
2019, mediante los cuales ha exhortado a los titulares en turno del Poder Ejecutivo
Federal para que por conducto de la Secretaria de Relaciones Exteriores remita la
Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes para ratificación.

Sin embargo, “la Secretaría de Relaciones Exteriores ha argumentado que no ha podido
enviarse al Senado de la República la ratificación de la Convención debido a que hay un
desfase sobre el rango de edades planteadas con lo establecido en el marco jurídico
nacional”.

Ante este panorama, y debido a la respuesta que ha dado la Secretaría, Martínez
Sánchez hizo un llamado al Senado de la República a que, una vez haya sido enviada la
Convención para su ratificación, analice y genere una reserva para que se ponderen los
derechos reconocidos en nuestro marco jurídico nacional.

Durante los trabajos efectuados en la Séptima Sesión Ordinaria del Segundo
Periodo Ordinario, fue turnado a la Junta de Coordinación Política un Anteproyecto
de Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a los 212 Ayuntamientos de Veracruz,
así como a los 3 poderes de Gobierno en Veracruz a implementar acciones de
concientización sobre el uso de cubrebocas, con el fin mitigar las infecciones
ocasionadas por el COVID-19.

El documento, autoría del diputado Omar Guillermo Mirando Romero, expone que la
Organización Mundial de la Salud, ha referido que el uso de cubrebocas forma parte
de un conjunto integral de medidas de prevención y control que pueden limitar la
propagación de determinadas enfermedades respiratorias, causadas por un virus, y
en el caso concreto por el virus SARS-Cov-2 o COVID-19.

Ante este contexto, reconoció que es necesario que el uso de este instrumento de
salud sea obligatorio, tanto para lugares públicos, como para oficinas y comercios,
por lo que las autoridades deben reglamentarlo mediante medidas provisionales
claras e incluyentes.
En el mismo sentido, continúa el documento, se deben de emprender campañas
inmediatas de concientización en medios masivos de comunicación; y otorgar los
cubrebocas de manera gratuita a las personas que conforman grupos vulnerables,
para así poder mitigar la propagación de la enfermedad.

Finalmente, concluye el Anteproyecto, es un hecho que la probabilidad de contagio
disminuye en más de un noventa por ciento por el uso correcto de un cubrebocas,
de modo que, derivado de la presente pandemia, su uso obligatorio debe de ser
adoptado como medida personal y comunitaria.

El Pleno de la LXV Legislatura, aprobó con 46 votos, el dictamen presentado por la
Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, por la que se reforma y
adiciona diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, la Ley de Responsabilidades Administrativas, el Código Electoral, la Ley
Orgánica del Poder Judicial y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General, todas del estado
de Veracruz, en materia de paridad de género y violencia política contra las mujeres.

La iniciativa presentada por la diputada Mónica Robles Barajas, en nombre de diputadas y
diputados de diferentes partidos políticos, respalda que la creciente participación política
de las mujeres ha visibilizado otras caras de la violencia de género y de discriminación en
contra de quienes aspiran y contienden como candidatas, gobiernan, legislan, dirigen y
militan en partidos políticos, extendiéndose a servidoras públicas que deciden y
encabezan instituciones, organismos o grupos ciudadanos.

Además, tiene como propósito fortalecer la participación política de las mujeres en
Veracruz y garantizar su acceso a una vida libre de violencia antes, durante y después de
los procesos electorales en el desempeño de sus cargos públicos, y en todo tipo de
participación o actuación en dicho ámbito.

El documento considera que la reforma federal aprobada en el Congreso de la Unión, en
febrero y frente al Proceso Electoral 2021, permitirá que más de siete millones de
electores en la entidad decidan mediante el voto la integración de 30 diputaciones locales,
20 diputaciones federales de mayoría relativa y los gobiernos de los 212 municipios.

Con la aprobación del dictamen, se inscribe en la régimen local, hacer efectivo el derecho
a la igualdad y no discriminación en materia político y electoral para las mujeres
inscribiendo que en Veracruz, se previene, atiende y sanciona la violencia política contra
las mujeres que pudieran impedir el acceso, en condiciones de igualdad, a los puestos de
elección popular y de toma de decisiones a las mujeres por razón de género.

Los partidos políticos o coaliciones deberán postular a mujeres en el 50 por ciento de sus
candidaturas, tanto en la elección para diputaciones como para la conformación de los
ayuntamientos en los que también deberá prevalecer la paridad vertical, es decir, la
alternancia de género en los cargos edilicios y en la conformación de las direcciones de
los ayuntamientos.

Además mencionó que en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
y en el Código Electoral se renueva el concepto de Violencia Política, dotando de nuevas
atribuciones al OPLE como procurar el respeto de los derechos humanos de las mujeres,
promover una cultura de la no violencia, prevenir, atender, sancionar y, en su caso,
erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género.

Con la armonización al Código Electoral estatal, la persona que haya sido sancionada o
sentenciada por violencia política en razón de género no podrá cubrir el requisito de
elegibilidad, si se postula a una candidatura, y se considerará como una falta grave si
comenten violencia política contra mujeres que ejerzan un cargo público o político.

La propuesta es resultado de un trabajo de análisis y consulta con los diversos
representantes de instituciones competentes en la materia, como el OPLE, el Tribunal
Electoral de Veracruz, la Fiscalía General del Estado (FGE) y representantes de la Sala
Regional Xalapa de la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.

También, con el Centro de Estudios para la Igualdad de Género y los Derechos Humanos
del Congreso del Estado, el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), entre otros, que
permitió enriquecer la propuesta con todas las perspectivas.