El Grupo Legislativo Mixto PRI-PVEM presentó una Iniciativa para que las iniciativas de ley o decreto presentadas por las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México ante las Cámaras del Congreso de la Unión sean dictaminadas y discutidas en el Pleno en un plazo máximo de seis meses, debido a que el porcentaje de iniciativas de ese tipo que no son dictaminadas es alto.

Para tal efecto, las diputadas Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes y los diputados Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes pusieron a consideración de esta Soberanía la Iniciativa ante el Congreso de la Unión con Proyecto de Decreto que adiciona un párrafo quinto al Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Señalan que, durante las últimas cinco legislaturas, es decir, de septiembre de 2006 a la fecha, los congresos de las entidades federativas han presentado a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 573 iniciativas de ley o decreto, con la intención de que se diera origen al proceso legislativo para realizar modificaciones a los ordenamientos jurídicos de la competencia exclusiva del Poder Legislativo Federal o, en su caso, del Poder Revisor Constitucional. Sin embargo, del total mencionado, 389 iniciativas no fueron dictaminadas en las Legislaturas LX, LXI, LXII y LXIII y 85, presentadas en la actual LXIV Legislatura, tampoco han sido dictaminadas hasta el momento, para un total de 476 iniciativas, cantidad que representa el 83.07 por ciento del total.

Además, en las relativamente escasas ocasiones en que las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados sí han elaborado dictámenes sobre las iniciativas presentadas por los congresos locales en el período de referencia, la inmensa mayoría, el 76.28 por ciento, es en sentido negativo, es decir, se resuelven, por causas diversas, como improcedentes. En las legislaturas LX, LXI, LXII, LXIII y en la actual LXIV se han dictaminado negativamente 74 iniciativas, cifra equivalente apenas al 12.91 por ciento del gran total presentado en el lapso mencionado.

Por cuanto hace a los dictámenes en sentido positivo respecto de las iniciativas presentadas por los poderes legislativos de los estados de la República y por el del antes Distrito Federal y hoy Ciudad de México, advierten las y los proponentes, sólo se han elaborado 23 en las últimas cinco legislaturas, pero en 20 casos se trata de dictámenes

que se corresponden con diversas iniciativas, es decir, que no sólo se refieren a las presentadas por los congresos de las entidades federativas, sino que, generalmente, por abordar temas semejantes, se incluyeron éstas pero sobre la base de proyectos sometidos a la consideración de la Cámara de Diputados por el Ejecutivo o legisladores federales.

Detallan que, de un total de 573 iniciativas, en sólo tres casos las comisiones de la Cámara Baja del Congreso de la Unión han formulado dictámenes en sentido positivo y que están referidos únicamente a proyectos presentados por las entidades federativas.

En la Cámara de Senadores, sólo en la actual LXIV Legislatura se han presentado 72 iniciativas de ley o decreto por parte de 11 Congresos locales, de las cuales en 69 casos, 95.83 por ciento, aún no han sido dictaminadas. En los restantes tres, dos dictámenes se formularon en sentido negativo y uno en sentido “positivo”, pero sólo para ordenar su archivo, junto con otras iniciativas presentadas para proponer modificaciones a dicho ordenamiento.

Consideran que una norma como la que proponen abonará a reforzar la participación de los congresos locales en el perfeccionamiento del orden jurídico nacional. “Si los órganos depositarios de los poderes legislativos de las entidades federativas procuran acuerdos políticos para aprobar la presentación ante el Congreso de la Unión de sus propuestas de reformas o adiciones al texto constitucional, a las leyes nacionales o únicas, a las generales y a las federales, en correspondencia a ese espíritu democrático y federalista que dio origen a esas iniciativas, se debe establecer la obligatoriedad de su valoración y dictamen”.

Para su análisis y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

La Diputación Permanente de la LXV Legislatura realizó la declaratoria del decreto que reforma los párrafos segundo y tercero del artículo 72 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, tras conocer el informe de la Secretaría General, mediante el cual la mayoría de los ayuntamientos de la entidad lo aprueban.

Esto, de conformidad en el procedimiento establecido en la Ley Reglamentaria del Artículo 84 de la Constitución Política del Estado, en materia de reformas constitucionales.

De esta manera se dio a conocer que 199 ayuntamientos avalaron el decreto (27 que enviaron su acta de Cabildo y en 172 se configuró la afirmativa ficta). Además de nueve que la rechazaron y se registró una acta con inconsistencia, por lo cual se determinó como “indefinida”.

De acuerdo al decreto, resultado de la iniciativa presentada el pasado 28 de enero por el Gobernador del Estado, los ingresos que reciban las dependencias centralizadas y entidades paraestatales en concepto de derechos, aprovechamientos y productos, deberán ingresar a la Oficina Virtual de Hacienda (OVH), de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan). Se establecen reglas especiales respecto del Presupuesto de Egresos, con la finalidad de cumplir con el principio de sostenibilidad del Balance presupuestario y del Balance presupuestario de recursos disponibles.

Las finanzas públicas del Estado, deberán estar apegadas a un criterio de racionalidad y de estricta disciplina fiscal, de manera que para cada año el nivel de gasto que se establezca en el presupuesto de egresos sea igual o inferior a los ingresos previstos para el mismo ejercicio fiscal, con el propósito de mantener la sostenibilidad del balance presupuestario, atendiendo a las reglas especiales establecidas para ello.

En el caso de órganos, organismos autónomos del Estado, o entes públicos que tengan asignados porcentajes específicos del presupuesto general del Estado, la base para su cálculo será el total de los ingresos de libre disposición.

En el mismo sentido, cuando las participaciones federales anuales al Estado se vean afectadas durante el ejercicio fiscal en curso, Sefiplan hará los ajustes en las ministraciones estatales correspondientes a las dependencias centralizadas y entidades

paraestatales del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos autónomos y demás entes públicos, en la misma proporción y periodicidad que lo haga la Federación.

Por excepción, ante situaciones financieras extraordinarias o imprevistas de carácter general que disminuyan los ingresos estatales, declaradas y fundamentadas por el Poder Ejecutivo o el Congreso del Estado, previo a la aprobación al presupuesto de egresos, podrá realizar los ajustes necesarios a efecto de cumplir con los principios de balance presupuestario de recursos disponibles.

Tras esta declaratoria, el presidente de la Diputación Permanente, diputado Rubén Ríos Uribe, instruyó remitir el decreto al Ejecutivo estatal para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

El diputado José Manuel Pozos Castro presentó una iniciativa de decreto que declara la entrada en vigor de la Ley Nacional de Extinción de Dominio en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y, por ende, declarar abrogada la Ley estatal en la Materia.

El documento señala, que toda vez queen los distritos judiciales del Estado, la Ley Nacional de Extinción de Dominio entró en vigor el 10 de agosto de 2019, es necesaria su entrada en vigencia en la entidad para dar cumplimento con los estatutos Federales.

En consecuencia quedaría abrogada la Ley Número 307 de Extinción de Dominio publicada en la Gaceta Oficial del Estado número Extraordinario 476, de fecha 28 de noviembre de 2014; dando continuidad a los procedimientos penales que ya se encuentran en trámite, de conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de los mismos.

En este sentido, en medida en que cada uno de los procesos vigentesestén sustanciados, la vigencia de la Ley de Extinción de Dominio que se venía aplicando previamente, será cesada.

La iniciativa también señala que a partir de la entrada en vigor de esta ley, dependencias, entidades, Poder Judicial y organismos autónomos relacionados con esta materia, contribuirán con la Legislatura local para armonizar la respectiva con la ley en comento.

“Se deberán incluir en las páginas de Internet, públicas y privadas, y en sus listados de leyes el texto de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la leyenda que la Ley Estatal queda abrogada”, finaliza el texto.

Para su estudio y dictamen la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

La diputada María Candelas Francisco Doce presentó a la Diputación Permanente una iniciativa de reforma a diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Veracruz, que tiene como finalidad dar certeza jurídica a los poseedores de predios que, por alguna razón, no han sido regularizados.

En su intervención durante la Tercera Sesión Ordinaria, la legisladora subrayó que actualmente existen miles de terrenos e inmuebles irregulares por causas ajenas a quienes los ocupan o por motivos indirectos, en los que la autoridad no puede hacer más, al encontrar muy poco espacio en el ámbito de la Ley para su regularización.

Indicó que en Veracruz grandes extensiones de tierra, con el paso del tiempo, han sido fraccionados e incorporados a zonas urbanas sin regularizarse, “zonas donde habitan familias que, en su mayoría, no cuentan con recursos para costear un juicio”.

De esta manera, la legisladora plantea adecuar el Código Civil con la finalidad de dar certeza jurídica a los actuales poseedores de estos predios y así puedan mejorar sus condiciones socioeconómicas. “Ser propietario con pleno derecho permite utilizar el bien de que se trate para emprender cualquier iniciativa económica individual o familiar”, refirió.

La Diputada expuso que actualmente, el Código Civil, en su Capítulo del Registro Público de la Propiedad, reglamenta que las informaciones testimoniales de posesión y propiedad deben inscribirse dentro de los documentos y sean provenientes de juicios en jurisdicción voluntaria.

También establece cuándo procede la inscripción provisional de documentos y sus efectos, así como el término perentorio para su cancelación o inscripción definitiva, esto último en estricto sentido; en lo que respecta al capítulo de las informaciones ad perpetuam de posesión, prevé la forma de adquirir la propiedad del bien material de la inscripción, estableciendo un término condicional para la realización de la gestión de dicho procedimiento.

La diputada Candelas Doce manifestó que esta reforma ofrece también seguridad en el derecho de propiedad de los titulares de inmuebles sujetos a regularización, que además es garantía de patrimonio familiar y posibilidad de los titulares de los inmuebles

regularizados, para realizar la transmisión onerosa vía contrato de compraventa o gratuita por contrato de donación y por vía sucesión testamentaria o intestamentaria.

Además, que los titulares de los predios regularizados cuenten con bienes para darlos en garantía en la obtención de créditos otorgados a su favor por parte de la banca o por programas gubernamentales de fomento al campo o empresarial.

Para su análisis y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares presentó a la Diputación Permanente un anteproyecto con Punto de Acuerdo, por el cual se prevé exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que, en el ámbito de sus competencias, incorporen en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 los recursos necesarios y suficientes para culminar el proyecto del corredor Interoceánico de la región del Istmo de Tehuantepec.

En su intervención, durante la Tercera Sesión Ordinaria, el legislador del Distrito XXX, Coatzacoalcos II, habló de lo que –consideró- serán grandes beneficios de este proyecto en la zona. “el Corredor está destinado a convertirse en una infraestructura de enorme trascendencia para el desarrollo de la región Sur- Sureste del país, posibilitando la intensificación y diversificación de las actividades económicas en la zona y convirtiéndose en una infraestructura que arrojará beneficios sociales de importancia en los municipios y comunidades istmeños”, agregó.

Previamente, expuso que este proyecto consiste en la conversión de la antigua ruta ferroviaria que comunica actualmente a las ciudades de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca; cuyo fin es que sea una ruta de transportación (de pasajeros y de carga) que contribuya al desarrollo del Istmo de Tehuantepec y a la modernización de esos dos importantes puertos.

Por ende, el diputado Guízar Valladares destacó que este Corredor Interoceánico no debe concebirse como un proyecto solitario, sino como un punto de inicio para otras obras como la remodelación y acondicionamiento de puertos, carreteras y aeropuertos en la zona. “Ofrecerá una mejor conectividad, múltiples ofertas de servicios, una red mundial de medios y, desde luego, un sistema de transporte”, indicó.

Asimismo, subrayó que traerá mejores condiciones de vida para la población, una economía incluyente y sustentable, respecto a la integridad de los pueblos indígenas, así como al medio ambiente, un nuevo modelo de crecimiento económico, nuevas bases de economía social y solidaria, proyectos productivos generadores de empleo e ingresos para la población local, entre otros.

Detalló que dicho proyecto tiene como finalidad otorgar diversos estímulos y beneficios como: crear una cortina de desarrollo en un tramo de 304 kilómetros para frenar la migración de mexicanos hacia el país vecino del norte; empleo con un enfoque de sustentabilidad ambiental y protección de la reserva de la biósfera de los Chimalapas; baja en los precios de los combustibles y reducción en el cobro de impuestos para quedar en tasas de 8 por ciento del IVA y 20 por ciento del ISR.

El legislador dijo que este proyecto pretende beneficiar a un millón 200 mil habitantes ubicados en 76 municipios de Oaxaca y Veracruz, en donde se ubican 788 localidades urbanas, de los cuales 11 mil 884 son hogares indígenas y 104 mil personas que viven en condiciones de alta marginación.

Por último, el diputado confió en que el Gobierno Federal impulse este proyecto, ya que –indicó- coincide con los que actualmente están previstos como la construcción del nuevo aeropuerto internacional en la base militar de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas, en Tabasco; las cuales significan progreso para México.

El anteproyecto fue turnado por la Mesa Directiva a la Junta de Coordinación Política para el trámite legislativo correspondiente.