El diputado Gonzalo Guízar Valladares, presentó ante la diputación permanente un
Anteproyecto de Punto de Acuerdo donde se exhorta al Gobierno del Estado, a través de
las diferentes dependencias de la Administración Pública Centralizada, a ejercer el
presupuesto de egresos con apego a la normatividad aplicable, y evitar caer en subejercicio
para el presente ejercicio fiscal.

El documento señala que en Veracruz, al cierre de la cuenta pública de 2019, se advirtió
un subejercicio que ascendía a 3 mil 983 millones 910 mil 788 pesos, sin embargo, de
acuerdo al primer informe trimestral 2020 que presentó la Secretaría de Finanzas y
Planeación (Sefiplan), se da como devengada la cantidad de 3 mil 850 millones 991 mil 689
pesos, toda vez que de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y Municipios, aun se cuenta, con el siguiente trimestre para ejercer el refrendo.

Según información publicada por diversos medios informativos, hasta el 30 de junio se
habían devengado 83 mil 743 millones 232 mil 779 pesos, de los cuales, el Poder Ejecutivo
registra un subejercicio de 38 mil 602 millones 793 mil 161 pesos, además de que 13 de
las 17 dependencias centralizadas, también presentan un rezago superior al 50 por ciento
de sus presupuestos asignados.

“El presupuesto público está llamado a ejercerse de manera correcta y racional, de
conformidad con el marco regulatorio que lo define y ser aplicado en las tareas sustanciales
y sustantivas del Estado; más allá de las justificaciones técnicas que implica el
aplazamiento de acciones que requieren ejecución inmediata, como la reactivación
económica de la entidad”.

Al conmemorarse este 25 de septiembre un Día Naranja para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas, la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui hizo un llamado a todas las autoridades responsables de esta materia para que coordinen sus esfuerzos y llegar a los sectores que están en situación de mayor vulnerabilidad.

Al participar durante la Cuarta Sesión Ordinaria, del Segundo Receso, la integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) subrayó que es necesario, desde todos los frentes, promover una cultura de paz que esté encaminada a la prevención de la violencia para que las mujeres vivan en entornos seguros, con la certeza que el Estado les garantiza el ejercicio libre de sus derechos humanos.

Señaló que para su Grupo Legislativo la defensa de los derechos humanos es el principio central de su doctrina y es la base del respeto a la dignidad de la persona, por ello, -agregó- la igualdad sustantiva y la eliminación de todo tipo de violencia en contra de las mujeres, es prioridad de su acción política.

Refirió que conforme a datos de Incidencia Delictiva del Fuero Común, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Veracruz, de enero al 31 de agosto de este año, se han cometido 61 feminicidios. “Seguimos en el segundo lugar a nivel nacional, siendo febrero, marzo, junio y agosto los meses de mayor incidencia con 12, 9, 10 y 9 casos, respectivamente”, añadió.

Además, de los delitos contra la libertad y la seguridad sexual, donde fueron denunciados mil 741 casos, siendo el abuso sexual con 436, la violación con 257 y el hostigamiento sexual con 183 casos, los de mayor incidencia, expuso.

Asimismo, precisó los delitos en contra de la familia, siendo 9 mil 168 denuncias: del delito de violencia familiar, 6 mil 681 casos; del cometido en contra de las mujeres, 720; incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, 675 denuncias y por otros delitos en contra de la familia, 1,092 casos.

Por otra parte, la también vocal de la Comisión para la Igualdad de Género, puntualizó el trabajo hecho por esta LXV Legislatura para avanzar en la igualdad sustantiva y para prevenir, atender y sancionar la violencia en contra de las mujeres.

Entre ellos citó el fortalecimiento del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), dándole atribuciones en su ley, como su vinculación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Poder Judicial, en el ámbito de sus respectivas competencias.

También, respecto a los Institutos Municipales de las Mujeres, el IVM ya tiene la obligación legal de asesorarlos y capacitarlos de manera permanente sobre la atención que deben brindar a las mujeres en materia de derechos humanos y de su acceso a una vida libre de violencia.

La diputada Lagunes Jáuregui manifestó que es una realidad que a medida que las mujeres ocupan espacios de toma de decisiones, las barreras y obstáculos llegan para denostar su trabajo solo por el hecho de ser mujeres. Contamos con protocolos contra el acoso y hostigamiento sexual en todas las dependencias, pero las mujeres siguen siendo objeto de estos actos de violencia en todas partes.

“Los delitos sexuales menoscaban la vida de las mujeres y niñas, el miedo, el terror y la angustia que les genera es un atentado a su integridad y libertad; se vive en un estado de indefensión y de riesgo constante, sea en el transporte público, en la calle, en la escuela o en sus casas”, concluyó.

La diputada María Josefina Gamboa Torales presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo para exhortar a las y los Diputados integrantes de la LXIV Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal 2021, una partida presupuestal destinada al Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (FORTASEG).

El objetivo de dicha propuesta es con la finalidad de favorecer a los municipios y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de acuerdo al problema de inseguridad que aqueja a la sociedad.

En el documento, Gamboa Torales señala que el compromiso como legisladores es crear herramientas que permitan combatir la inseguridad, y recobrar la tranquilidad que todo mexicano merece, lo anterior cobra mayor importancia. “Toda vez que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, ya no está contemplada una partida destinada al Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública, mejor conocido como FORTASEG”.

Además, los recursos se aplican a la compra de equipamiento adecuado, construcción de infraestructura, prevención del delito, así como, a la conformación de bases de datos de seguridad pública y centros telefónicos de atención de llamadas de emergencia.

“Es por ello que solicitamos, respetuosa pero a su vez enérgicamente, a las y los diputados del Congreso de la Unión, que incluyan al FORTASEG dentro del presupuesto de egresos para el año próximo, y cumplan con su deber de generar las vías para la recuperación de la tranquilidad social”, concluye el escrito.

La Mesa Directiva instruyó remitir este Anteproyecto a la Junta de Coordinación Política para el trámite legislativo correspondiente.

La Diputación Permanente aprobó este viernes al Gobierno del Estado la donación gratuita y condicional del terreno de más de 42 mil metros cuadrados que ocupan las instalaciones centrales de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, lo que implicará regularizar a favor de esta última el predio que de por sí ya ocupa.

La extinta Procuraduría General de Justicia del Estado recibió el inmueble el 11 de febrero de 2005 mediante un Acuerdo de Destino de la entonces Secretaría de Desarrollo Regional y la Dirección de Patrimonio del Estado. En 2015, cuando desapareció la Procuraduría y se creó la Fiscalía como organismo autónomo la superficie continuó siendo propiedad del Gobierno del Estado.

Además de cumplir con un elemental orden administrativo, regularizar la propiedad del inmueble permitirá a la Fiscalía cumplir con los requisitos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas a fin de construir, dentro del mismo polígono, los nuevos edificios de la Policía Ministerial y de su Contraloría Interna. Dicha Ley impide a los órganos públicos construir en una finca de cuya propiedad se carezca de certeza jurídica.

Para resolver esta situación, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez solicitó a la Legislatura su autorización para donar el bien.

Todo lo anterior fue considerado por la diputada Rosalinda Galindo Silva y los diputados Alexis Sánchez García y Eric Domínguez Vázquez, presidenta, secretario y vocal, respectivamente, de la Comisión de Hacienda del Estado y ponentes del dictamen favorable a la donación presentado a la votación de la Diputación Permanente.

La diputada María Candelas Francisco Doce presentó a la Diputación Permanente una iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz con la finalidad de permitir que menores de edad, veracruzanos y residentes, tengan acceso a un documento único de identidad con fotografía, lo cual sería una medida de protección en algunas circunstancias.

La legisladora expone que su iniciativa busca que sea el Gobierno estatal, mediante el Consejo Estatal de Población, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno (Segob) y la Dirección General del Registro civil, las dependencias encargadas de emitir este documento exclusivo para menores.

Indicó que sería de esta manera, porque el Consejo Estatal de Población tiene su equivalente para todos los efectos en el Gobierno Federal y al Registro Civil tienen acceso todas las personas en cualquier municipio de la Entidad.

Detalló que su propuesta legislativa cuida que no se trate de una medida obligatoria, pero sí adecuada a la forma de vida que se tiene hoy en día y que lleva a buscar mayores márgenes de seguridad en el cuidado de los menores en cualquiera de sus movimientos o cuando se colocan al cuidado de terceras personas con relación a sus familias.

“Hay adolescentes a pocos meses de cumplir la mayoría de edad, que por falta de un documento de este tipo, ven negado su ingreso a lugares adecuados para ellos, o cuando abordan un autobús foráneo y se les exige identificarse, cuando no van acompañados de mayores se suscitan problemas”, citó la legisladora.

Recordó que a nivel federal hubo una propuesta en 2010 para crear una Cédula de Identidad para todos los mexicanos. “Quedó truncado en 2012, sin embargo, esto no debe ser impedimento para que en Veracruz logremos este objetivo con voluntad política y total apego a la Ley”, añadió.

De acuerdo a la iniciativa, se adicionaría un párrafo quinto con el corrimiento del actual quinto a sexto al artículo 18 de la Ley de Los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para establecer que el Consejo Estatal de

Población, en coordinación con la Dirección General del Registro Civil, emitirán el documento de identificación con fotografía.

Mismo que incluiría el nombre completo; nombre de padres y en su caso, también tutor; fecha y lugar de nacimiento destinado exclusivamente a menores de edad nacidos o residentes en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y denominado: Cédula de Identidad Única para Menores Veracruzanos; del que llevarán registro, administrarán con debida custodia sus datos y contenido. Su emisión se llevará a cabo a petición de padres, madres o quienes ejerzan la tutoría del destinatario.

La Mesa Directiva, presidida por el diputado Rubén Ríos Uribe, instruyó turnar la iniciativa a la Comisión Permanente de Derechos de la Niñez y la Familia para su análisis y dictamen correspondiente.

La Diputación Permanente del Congreso de Veracruz aprobó hoy las dispensas legales a seis personas trabajadoras del sector salud para que cada una de ellas pueda desempeñar dos encargos públicos cuyos horarios de labores resultan compatibles.

Y es que el artículo 82 de la Constitución del Estado señala que “no podrán reunirse en una sola persona dos o más cargos de carácter remunerado del Estado, de este y la Federación, del Estado y el municipio, y de éste último y la Federación, salvo previa autorización del Congreso o la Diputación Permanente en los términos que señale la ley”.

En este caso se trata de los médicos Gerardo Bajonero Saavedra, Armando Demetrio Romero, Jorge Guerrero Alarcón y Érik Torres Mora; la auxiliar de enfermería Laura Isabel Sánchez Tovar y el enfermero Óscar Arión Cervón Cárdenas, quienes trabajan en diversas dependencias de salud mayoritariamente estatales –sólo dos de ellos laboran también en el IMSS-.

Con la aprobación votada en la Cuarta Sesión del Segundo Receso del Segundo Año de la Sexagésima Quinta Legislatura ahora tienen vía libre para contar con dos empleos en jornadas que no interfieren: por ejemplo, si trabajan de lunes a viernes en un hospital y sábado y domingo en otro; o si tienen un empleo por las mañanas y otro por las tardes.

Los dictámenes de las Comisiones Permanentes Unidas de Salud y Asistencia y de Trabajo y Previsión Social, que se tramitan y se votan por separado, tomaron en consideración las declaraciones escritas de sus superiores jerárquicos en cada empleo avalando lo anterior.