Las y los diputados de la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado avalaron, con 46 votos, la abrogación de la Ley de División Territorial del Estado de Veracruz para la elección del Poder Legislativo del Mismo, toda vez que carece de aplicación en el territorio estatal, al estar sus normas superadas constitucionalmente.

La iniciativa, autoría de las diputadas Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, así como de los diputados Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes, fue presentada el pasado 7 de Julio y turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para su estudio.

La dictaminadora coincidió con los diputados iniciantes, que la Ley en comento carece de positividad, toda vez que la determinación del número de distritos electorales locales y su integración ya no es atribución de las entidades federativas sino del Instituto Nacional Electoral (INE), de acuerdo al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2014.

En dicho decreto se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, derivando en la inaplicabilidad para la entidad, de Ley de División Territorial del Estado.

En este sentido, dice el dictamen, con la abrogación de esta Ley, se evitarían confusiones acerca de la conformación de los distritos electorales uninominales, que incluye el establecimiento de las demarcaciones territoriales ya que es una materia en la que no pueden legislar las entidades federativas, detalla.

Con estas disposiciones, finaliza el texto, “se evitarán confusiones acerca de la conformación de los distritos electorales uninominales, por lo que es necesario expulsar del marco jurídico veracruzano un ordenamiento, que aunque vigente, ya no tiene aplicación en la entidad al estar sus normas superadas constitucionalmente.

Los padres o tutores de los menores de edad que participen en un accidente de tránsito tendrán responsabilidad legal solidaria de los daños que hayan causado, con independencia de que el vehículo siniestrado pertenezca a otra persona.

Diputadas y diputados integrantes del Pleno del Congreso, en sesión extraordinaria, aprobaron este miércoles una reforma en ese sentido al artículo 148 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial del Estado de Veracruz, propuesta en julio de este año por la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez.

La diputada Magaly Armenta Oliveros y el diputado Wenceslao González Martínez, presidenta y secretario, respectivamente, de la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad, postulantes del dictamen a favor, tomaron en cuenta que los menores de edad, entre 16 y 18 años, son susceptibles de recibir permisos de conducir, a pesar de que no han adquirido la ciudadanía.

Hasta ahora la Ley consideraba la responsabilidad solidaria del propietario del vehículo, pero no era explícita en el caso de los padres o tutores cuando las y los jóvenes estuvieran al volante de un automóvil ajeno.

Con esta reforma se busca “fomentar en la sociedad mejores prácticas educativas viales para fortalecer una convivencia ciudadana a través de los principios de respeto, tolerancia y atención”, consideraron los postulantes.

Este dictamen registró 38 votos a favor, siete abstenciones, sin votos en contra.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó el dictamen por el cual se reforma el cuarto párrafo del artículo 66 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz con lo que se reorientará el trámite de las excitativas, plasmando reglas claras y precisas en torno a este procedimiento, con lo cual se evitará dilatar las sesiones de este Poder Legislativo.

La excitativa (exhorto que se realiza a alguna comisión para agilizar la presentación de un dictamen, o en su caso, conocer el motivo del retraso) deberá ser formulada por el autor de la iniciativa y entregada a la Junta de Trabajos Legislativos, por lo menos con 48 horas previas a la celebración de la siguiente sesión.

De acuerdo a la Comisión Permanente de Gobernación, instancia dictaminadora, con la medida citada, al reunirse la Junta de Trabajos Legislativos, se podrá tener conocimiento de la excitativa y se estará en condiciones de proceder al respecto en la sesión conducente. Además que el presidente de la Comisión -a la que esté dirigida- participará con la debida preparación, toda vez que quien coordine el Grupo Legislativo al que pertenezca le dará aviso sobre el particular.

Además, con esta modificación se suprime la intervención del secretario de la Comisión, ya que, en apego a lo enunciado en el artículo 53 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, quien resulta responsable de los expedientes que les son turnados por el Pleno o la Permanente, es el presidente y no el secretario.

De este modo, la redacción del cuarto párrafo del artículo 66 queda de la siguiente manera: “Si mediare excitativa del Presidente para la presentación de un dictamen, entregada por el autor de la iniciativa a la Junta de Trabajos Legislativos, por lo menos con cuarenta y ocho horas previas a la celebración de la siguiente sesión, el presidente de la comisión explicará al Pleno o a la Permanente las razones de la demora”.

“Si no se cumpliera el requisito del término, el presidente de la comisión, remitirá el escrito de su respuesta al Presidente, dentro de los dos días hábiles siguientes al de la notificación de la excitativa, quien la enviará al interesado y ordenará su publicación en la página de Internet del Congreso”.

Esta reforma, resultado de la iniciativa presentada el 5 de noviembre de 2019 por el diputado Henri Christophe Gómez Sánchez, registró 33 votos a favor, 12 en contra, sin abstenciones.

En el debate de este dictamen participaron los diputados Omar Guillermo Miranda Romero y Judith Pineda Andrade, quienes argumentaron su voto en contra.

Los Informes de Gobierno que las y los presidentes municipales de Veracruz presenten en el mes de diciembre deberán hacer referencia a los cumplimientos de metas de sus respetivos Planes Municipales de Desarrollo y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.

Lo anterior, debido a que el Pleno del Congreso del Estado aprobó este jueves, en sesión extraordinaria, una reforma al artículo 33 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que añade nuevas obligaciones de los Ayuntamientos en ese sentido.

Hasta ahora, la Ley sólo mandataba a informar “sobre el estado que guarda la administración pública”, ambigüedad que era aprovechada en algunos casos para presentar informes sin sustento metodológico.

La iniciativa presentada el 10 de septiembre pasado por el diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos y que fue aprobada sin modificaciones, incluye además la nueva obligación de que el “contenido íntegro (del Informe) deberá publicarse, a más tardar el día siguiente de su presentación, en los medios de difusión con los que cuente el Ayuntamiento”.

La diputada Adriana Paola Linares Capitanachi y el diputado Raymundo Andrade Rivera, presidenta y secretario, respectivamente, de la Comisión Permanente de Gobernación fueron los encargados de dictaminar favorablemente la iniciativa. Ellos contaron con la opinión técnica, también a favor, de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que preside la diputada Mónica Robles Barajas.

Toda la actividad municipal debe estar sustentada en su Plan Municipal de Desarrollo, como lo mandata la Ley Estatal de Planeación y las Constituciones federal y local.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, por su parte, es un instrumento de las Naciones Unidas de la que México forma parte y que incluye una serie de compromisos de los Estados en 17 objetivos y 169 metas en materia ambiental, social y económica.

Este dictamen registró 45 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra.

El Congreso del Estado aprobó este jueves en sesión extraordinaria del pleno la Ley que Regula la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en el estado de Veracruz.

Con la aprobación de esta Ley se solventa una obligación que Veracruz tenía pendiente desde el 2012, mandatada por el Congreso de la Unión, de homologar los ordenamientos locales con la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil, surgida a raíz de la tragedia de la Guardería ABC de Sonora.

De hecho, la propuesta contó con la aprobación de las y los 46 diputados asistentes a la sesión, sin abstenciones y sin votos en contra.

Al establecer el posicionamiento del Grupo Legislativo de Morena, la diputada Cristina Alarcón Gutiérrez señaló que la nueva Ley otorga “un conjunto de disposiciones en las que se establecen bases y procedimientos de regulación específica para la creación, funcionamiento y vigilancia de los servicios” donde se brinde atención a niñas y niños.

El objetivo de la Ley, que consta de 73 artículos y nueve transitorios, es “garantizar el acceso de niñas y niños a dichos servicios en condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad, salud y protección adecuadas”, apuntó la Legisladora.

El dictamen de la Comisión Permanente de Derechos de la Niñez y la Familia, condensó y armonizó sendas iniciativas presentadas, por un lado, por el titular del Ejecutivo, Cuitláhuac García Jiménez, y por otro lado, por diputadas y diputados integrantes de la bancada de Morena.

La nueva legislación señala que “la rectoría de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, corresponde al Estado y a los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, quienes tendrán una responsabilidad indeclinable en la autorización, funcionamiento, monitoreo, supervisión y evaluación de dichos servicios”.

Asimismo, crea el Consejo Estatal de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, presidido por el titular de la Secretaría de Salud y en el que concurren, además, Secretarías como la de Gobierno, de Desarrollo Social, de Protección Civil, de Educación y de Trabajo, Previsión Social y Productividad.

Su objetivo será diseñar políticas públicas, estrategias y acciones coordinadas para la atención integral a las niñas y los niños.

Otro aspecto de la Ley es crear el Registro Estatal a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado, en el que los centros públicos y privados tendrán la obligación de inscribirse. Dicho Registro se orientará por los principios de máxima publicidad, transparencia y legalidad.

Además, cuenta con un capítulo especial para las medidas de seguridad y protección civil, donde se establece, por ejemplo, la necesidad de una zona de seguridad de mínimo 50 metros de cualquier establecimiento de riesgo, la obligación de contar con instalaciones de seguridad física acordes con las Normas Oficiales Mexicanas.

Los prestadores de servicios que ya estén funcionando tendrán un plazo de 90 días hábiles para adecuar sus instalaciones.

El Congreso de Veracruz aprobó este jueves la Ley de Juntas de Mejoras para el Desarrollo y Bienestar de las Comunidades del Estado. La nueva legislación abroga a la que existía del año 2018.

Con el nuevo ordenamiento, propuesto por la diputada Deysi Juan Antonio, se fortalece la articulación entre el Gobierno del Estado, los Municipios y esta forma de organización social.

El dictamen favorable de las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal tomó en cuenta que “es necesario continuar con el fortalecimiento de los valores cívicos, culturales y morales que abonen al trabajo y participación colectivos de la ciudadanía en su propio beneficio”.

Asimismo, reconocieron que las Juntas de Mejoras son un “mecanismo organizado de participación social, que actúan de forma conjunta y auxilian a las autoridades en el mejoramiento de sus localidades, por lo que es necesario fortalecerlas a través de una participación estatal y municipal más articulada y coordinada”.

La Ley de siete capítulos y 30 artículos, puntualiza que la Coordinación Estatal de las Juntas de Mejoras para el Desarrollo y Bienestar de la Comunidades será a partir de ahora un órgano administrativo de la Secretaría de Gobierno.

Entre sus facultades estará emitir las convocatorias donde se establecerán los requisitos y procedimientos para la elección de las y los integrantes de las Juntas de Mejoras, así como llevar un registro de las Juntas constituidas en el Estado.

Además, deberá brindar capacitación a los miembros de las Juntas a fin de que realicen un adecuado desempeño de sus funciones.

Un artículo transitorio de la nueva Ley prevé que al entrar en vigor “quedan sujetas a las disposiciones de la misma aquellas Juntas legalmente constituidas que se encuentren en funciones, acrediten su correcta integración y hayan cumplido con oportunidad la obligación de haber rendido sus informes financieros y de actividades”.

El Poder Ejecutivo tendrá 60 días hábiles, a partir de la publicación del correspondiente Decreto, para expedir el Reglamento de la citada Ley.

El dictamen, registró 34 votos a favor, 10 en contra, sin abstenciones.

Al participar en nombre del Grupo Legislativo de Morena, la diputada Florencia Martínez Rivera señaló que la base fundamental de toda transformación es la participación ciudadana, por lo que con esta nueva ley se dota a la Coordinación Estatal de Juntas de Mejoras de un nuevo esquema de atribuciones, otorgándoles la rectoría sobre las diversas acciones a implementar, ello en beneficio de las comunidades de la entidad.