El diputado Omar Guillermo Miranda Romero presentó una iniciativa de decreto, ante el Congreso de la Unión, que busca reformar el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la finalidad de que el Estado garantice la protección y se alcance un estado de bienestar a las personas, principalmente a los grupos en situación de vulnerabilidad como son mujeres, hombres y las niñas y los niños que padecen alguna enfermedad catastrófica.

La propuesta del legislador, puesta a consideración durante la octava sesión ordinaria, busca señalar en la Carta Magna Federal que el Estado garantice la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan alguna enfermedad crónica o discapacidad permanente, en los términos que fije la ley.

Para recibir esta prestación tendrán prioridad las y los menores de dieciocho años, las niñas y niños con cáncer, las y los indígenas y las y los afromexicanos hasta la edad de 64 años y las personas que se encuentren en condición de pobreza.

El Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública, con prioridad a las y los niños con cáncer y a los pertenecientes a las familias que se encuentren en condición de pobreza, para garantizar con equidad el derecho a la educación.

En su intervención, el coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), indicó que el cáncer en las niños y niños en México es uno de los problemas más importantes de salud pública. “Su incidencia se ha incrementado en las últimas dos décadas y es actualmente la segunda causa de muerte en el grupo de 5 a 14 años”, añadió.

Dijo que el diagnóstico clínico del cáncer está basado en la historia clínica, el examen físico y un alto índice de sospecha. “Sin embargo, no todos los hospitales cuentan con la infraestructura, personal especializado ni recursos para realizar estudios y dar la atención adecuada”.

Agregó que si existe sospecha de cáncer, el paciente debe ser remitido a una institución especializada puesto que la sobrevivencia de un paciente con cáncer depende de un

diagnóstico temprano y remisión oportuna, de la atención por personal especializado, del adecuado funcionamiento del sistema de salud y de los factores tecnológicos.

Resultado de lo anterior, expuso el diputado Miranda Romero, resulta prioritario la defensa de los derechos humanos, pues de conformidad a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Estado tiene como obligación principal la tutela de estos, innatos a su integridad y dignidad, así como a la salud como protección social en el ámbito de los derechos sociales. “No hay ni puede haber desarrollo humano sin un sistema de salud y seguridad social universal e integral”.

De acuerdo a la iniciativa, en su segundo transitorio, los gastos y erogaciones necesarios para la entrada en vigor del presente Decreto se realizarán con el presupuesto asignado a la Secretaría de Salud o entidades del Gobierno Federal que correspondan, por lo que dichas instituciones deberán realizar los ajustes presupuestales para dar viabilidad financiera a lo establecido en el presente decreto.

Las legislaturas de las entidades federativas, dentro del plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberán realizar los ajustes constitucionales y legales, a efecto de garantizar la protección y alcanzar el estado de bienestar de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad como lo son las mujeres, hombres y las y los niños que padecen una enfermedad catastrófica.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

Mediante un Anteproyecto de Punto de Acuerdo, la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui hizo un exhorto a la Secretaría de Salud de Veracruz para la implementación del Programa de Jornadas de Mastografías para los Municipios, con las medidas de cuidado, higiene y prevención ante la emergencia sanitaria.

Al invocar el contenido de la Ley para la Prevención y Atención del Cáncer de Mama del Estado de Veracruz, la integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional dijo que ésta contempla todas las fases del programa de prevención y atención integral: acciones de promoción de la salud, prevención, consejería, detección, diagnóstico, referencia, tratamiento y rehabilitación.

Recordó que la detección de un cáncer de mama en su etapa inicial reduce 25 por ciento la probabilidad de muerte, en virtud de lo cual, dijo, la atención a la salud de las mujeres no puede esperar. En razón de esto, urgió a las autoridades correspondientes a garantizar el acceso gratuito y de calidad a los servicios y acciones contempladas en el programa, como son las jornadas de salud en los hospitales y clínicas ubicadas en los municipios y en los centros de reinserción social.

Nora Lagunes reconoció que para muchas mujeres esas jornadas podrían ser la única oportunidad de detección oportuna del cáncer, sobre todo para las que viven en zonas apartadas. Por lo que, al ser el municipio el ámbito más cercano a la población, consideró que es más fácil que las mujeres acudan a la cabecera municipal a realizarse una mastografía a que se desplacen a las clínicas y hospitales urbanos, sobre todo quienes no cuentan con seguridad social.

Durante su exposición en la Octava Sesión Ordinaria del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, la legisladora señaló que Veracruz se coloca en un nivel “intermedio” de mortalidad por cáncer de mama, con una incidencia de entre 13 y 18 defunciones por cada 100 mil mujeres mayores de 20 años.

En 2017, Veracruz registró más de 450 defunciones por este tipo de cáncer, precisó la Diputada, y de acuerdo con el Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS), las jurisdicciones sanitarias con mayor mortalidad por cáncer de mama para ese año fueron:

Veracruz (105), Xalapa (70), Coatzacoalcos (63), Córdoba (44), Poza Rica (33) y Martínez de la Torre (31).

También mencionó lo dicho por el director de Salud Pública en Veracruz, Salvador Beristáin Hernández, en mayo de 2020: cada año se detectan entre 400 y 500 nuevos casos entre la población femenina, aunque también hay casos entre hombres.

El anteproyecto de la diputada Nora Jessica fue turnado a la Junta de Coordinación Política para su análisis.

La diputada María Candelas Francisco Doce presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Turismo del Estado de Veracruz, para instalar como obligación legal que los municipios, al cambio de administración, den continuidad a los programas o proyectos turísticos iniciados por las autoridades salientes, vigilando su permanencia y operación.

Para tal fin, la reforma establece que los Consejos Municipales de Turismo seguirán siendo encabezados por el Presidente Municipal, integrándose la, o el, edil encargado de la Comisión de Turismo y la, o el, titular de la Dirección de Turismo, que a su vez fungirá como secretario técnico.

Además, también deberán estar conformados por cuatro representantes de los sectores público y social y de Cámaras y organismos empresariales con incidencia en la actividad turística de cada municipio; a excepción de los municipios con vocación turística, cuyos Consejos deberán incluir a ocho miembros, que en cualquiera de los casos, tendrán una duración en el cargo de cinco años, sin derecho a reelección hasta una vez concluido el mismo periodo inmediato.

Asimismo, la iniciativa presentada, por la también secretaria de la Comisión de Turismo, integra entre las funciones de los Consejos Municipales diseñar productos turísticos estratégicos emergentes para la activación económica ante cualquier agente perturbador hidrometeorológico, geológico, químico tecnológico, sanitario o de cualquier otra índole fortuita.

Para los municipios con vocación turística, se propone que los Consejos comparezcan trimestralmente ante el Cabildo, con la finalidad de informar el avance de sus actividades, propuestas y evaluación de acciones.

“El turismo está cambiando y Veracruz debe ser parte de ese cambio; los tiempos que se avecinan exigen ideas, decisión, integración y sobre todo, trabajo constante y de calidad”, apuntó.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Turismo, para su estudio y dictamen.

Debido a la destacada participación que tienen las mujeres, principalmente las que habitan en zonas rurales, en la vida económica del estado y del país y con el objetivo de lograr igualdad de oportunidades, en relación con los hombres, la diputada Brianda Kristel Hernández Topete presentó una iniciativa que buscar reformar la Ley de Fomento Económico para el Estado a fin de incrementar el presupuesto destinado al empoderamiento de la mujer.

En su iniciativa, presentada a la Diputación Permanente este 29 de octubre, la legisladora vicepresidenta de la Mesa Directiva explicó que su propuesta es mantener los porcentajes de 10 por ciento del recurso para jóvenes, 10 por ciento a personas con discapacidad. Asimismo, distribuir equitativamente el restante 80 por ciento, correspondiendo 40 por ciento a mujeres y 40 por ciento para hombres.

La diputada señala como necesario este cambio, toda vez que la actual redacción del artículo 14 de la citada Ley refiere que los Fondos se destinarán al otorgamiento de apoyos, estímulos e incentivos; sin embargo, la distribución corresponde a un 10 por ciento para financiar proyectos productivos de jóvenes, 10 por ciento para personas con discapacidad y, por lo menos, un 10 por ciento para proyectos de mujeres, dando preferencia a madres solteras, a través de microcréditos.

Al participar en Tribuna, puntualizó que a pesar de los avances que existen en materia de igualdad de género éste no se ve reflejado en el nivel de desarrollo económico que las mujeres tienen, en relación con los hombres. “Las mujeres a pesar de ser económicamente activas aún tienen muchos obstáculos que les impide el máximo nivel de bienestar y la equitativa distribución de la riqueza”.

Indicó que, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) se observa que la condición de empleo informal por sexo, 57.6 por ciento de las mujeres y 55.3 por ciento de los hombres se encuentran en esta situación; sin embargo, por grupo de edad, las personas más jóvenes y las adultas mayores están en mayor proporción en la informalidad: 82.1 por ciento de jóvenes de 15 a 29 años y 72.5 de la población de 60 y más años.

Asimismo, expuso que “sabemos que las mujeres hoy por hoy ya no cumplimos una jornada doble, sino que con la llegada de la pandemia ejercemos la triple jornada laboral,

es decir, el trabajo de casa, el trabajo laboral y la educación de hijas e hijos que se encuentran en el hogar”.

Manifestó que lo anterior produce estrés y un fuerte desgaste emocional hacia las mujeres. “Si lo llevamos al peor de los escenarios donde miles de mujeres en México sufren algún tipo de violencia por parte de sus parejas, podemos concluir que en este país necesitamos de leyes y políticas públicas que lleven a un real empoderamiento femenino”.

Dijo que el ingreso que obtienen las mujeres debe verse reflejado en la mejora de sus condiciones de vida y su plena autonomía. Por otra parte, subrayó que en el ámbito rural se agrava la situación para las mujeres dado que impera el machismo en las comunidades, por la falta de oportunidades y porque la mayoría de programas sociales están dirigidos a la población masculina.

“Las mujeres de las zonas rurales requieren de esa confianza del estado para que las apoyen económicamente en el emprendimiento, por lo que resulta indispensable que sus autoridades les brinden las facilidades para desarrollar estos procesos productivos y aumenten presupuestos para ellas”, añadió la diputada.

De acuerdo a la iniciativa de la legisladora Kristel Hernández del presupuesto anual autorizado para la operación de los fondos de fomento económico, se destinará, el 10 por ciento para jóvenes y 10 por ciento para personas con discapacidad. El resto del recurso se destinará equitativamente a mujeres y hombres, es decir, como mínimo un 40 por ciento para proyectos productivos de mujeres, dando preferencia a madres solteras y mujeres que habitan zonas rurales a través de microcréditos, mismos que deberán ser entregados en forma directa y sin intermediarios.

La iniciativa fue turnada, para su estudio y dictamen, a la Comisión Permanente de Corredor Interoceánico, Zonas Libres y Desarrollo Económico.

La Mesa Directiva de la Diputación Permanente tomó conocimiento de la solicitud de licencia de la diputada del Distrito XXI, Ciudad Mendoza, María Candelas Francisco Doce, por el periodo comprendido del 30 de octubre del presente año al 31 de enero de 2021, conforme a la ley será sometida dicha licencia en la próxima sesión.

Por otra parte, en los asuntos desahogados en la correspondencia, se dio entrada a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado la solicitud, planteada por el Gobernador del Estado, que busca autorización para enajenar a título gratuito y condicional, una superficie deducida de una superficie mayor, correspondiente a “La Parcela 8” de la ex hacienda Jalapilla, ubicada en el municipio de Orizaba, a favor del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, para la edificación de una ciudad Judicial, tipo A.

Ante el fallecimiento del ciudadano Julián Carlos Rodríguez Bernal, que fungió como regidor quinto propietario del ayuntamiento de Tlacotalpan, este Congreso aprobó, por obvia resolución, llamar al suplente para que, previa protesta ante el Cabildo, asuma el cargo.

En tanto, el Secretario General de este Congreso, Domingo Bahena Corbalá, presentó a consideración de la Diputación Permanente el informe del Departamento de Capacitación, Asesoría, Revisión y Supervisión a Municipios, de la Secretaría de Fiscalización, en el que se detallan la entrega en tiempo y forma de los 212 proyectos de Leyes de Ingreso y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021 de los ayuntamientos de la entidad. Este Informe fue remitido a la Comisión Permanente de Hacienda Municipal para su estudio y dictamen.