Para que exista la posibilidad que otras fuerzas políticas, diversas a la que ostente la mayoría, puedan acceder a presidir la Mesa Directiva del Congreso del Estado, estableciendo así un equilibrio político para el sano cumplimiento de las responsabilidades legislativas, el diputado Rodrigo García Escalante presentó al Pleno una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.

De acuerdo al legislador, su iniciativa busca establecer un esquema de pluralidad en la integración de la Mesa Directiva, por lo cual prevé que ésta sea elegida por las dos terceras partes de los diputados presentes y, a excepción del primer año de ejercicio legislativo, la presidencia de este órgano de dirección recaería en un diputado o diputada que pertenezca a un grupo legislativo distinto al que presida la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

También, plantea precisar que la presidencia sería alternada en orden decreciente, por un integrante de los grupos legislativos con mayor número de diputados que no la hayan ejercido.

El diputado García Escalante destaca la importancia de la Mesa Directiva, toda vez que es el órgano que tiene facultades para asegurar el adecuado desarrollo y conducción de las sesiones del Pleno o de la Diputación Permanente; realizar la interpretación de las disposiciones de la Ley Orgánica y de los demás ordenamientos relativos a la actividad parlamentaria.

Indica que el artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que la Mesa Directiva se integrará con un presidente, un vicepresidente y un secretario, que funcionarán durante el año legislativo para el que fueron electos por mayoría simple de los diputados presentes. “Actualmente no existe la posibilidad de que participen otras fuerzas políticas en la Presidencia de la Mesa, ya que la decisión recae en aquel grupo legislativo que ostente la mayoría, contrario a lo que ocurre en las Cámaras de Diputados y Senadores”, expone.

En la propuesta legislativa, se propone que la elección de la Mesa Directiva, con excepción de la del primer año de ejercicio, se lleve a cabo durante la sesión preparatoria del año de ejercicio que corresponda, garantizando que la presidencia de este órgano

directivo para tales ejercicios recaiga, en orden decreciente, en un integrante de los dos grupos legislativos con mayor número de diputados que no la hayan ejercido.

El proceso sería conducido por los integrantes de la Mesa Directiva que concluye su ejercicio. Si en dicha sesión no se alcanza la mayoría calificada requerida, esta Mesa continuará en funciones hasta el día 10 del mes de noviembre con el fin de que se logren los acuerdos necesarios.

En ningún caso la presidencia de la Mesa Directiva recaerá en el mismo año legislativo, en un diputado o diputada que pertenezca al grupo legislativo que presida la Jucopo.

En la formulación de la lista para la elección de los integrantes de la Mesa Directiva, los grupos legislativos procurarán que los candidatos cuenten con una trayectoria y comportamiento que acrediten prudencia, tolerancia y respeto en la convivencia, así como experiencia en la conducción de asambleas.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Gobernación.

Veintiún años sería la edad mínima para la venta de bebidas alcohólicas en Veracruz, de acuerdo con la propuesta del diputado Gonzalo Guízar Valladares, que presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

El legislador plantea reformar la denominación del Capítulo III Bis, así como los artículos 177 Bis; 177 Ter, párrafos primero y segundo; 177 Quinquies, párrafo primero; y 177 Nonies, fracciones IV, V y X, todos del referido ordenamiento estatal, donde quede establecida dicha edad para los efectos que se señalan.

Durante la Segunda Sesión Ordinaria del Primer Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, el diputado Guízar Valladares sometió a consideración del Pleno su propuesta.

De acuerdo con ésta, el Capítulo III Bis, pasaría a denominarse “De la prohibición de venta de bebidas alcohólicas a menores de veintiún años de edad” y en el Artículo 177 Bis quedarían expresamente prohibidos el expendio y la venta de bebidas alcohólicas a menores de veintiún años de edad en cualquier establecimiento.

En virtud de esto, el Artículo 177 Ter asentaría como obligación de quien expenda o venda bebidas alcohólicas cerciorarse, en cada ocasión, que el comprador cuente con veintiún años de edad, comprobándolo a través de una identificación oficial. Asimismo, el establecimiento deberá contar en su exterior con un letrero visible, advirtiendo la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, así como la venta a menores de veintiún años de edad.

Asimismo, el Artículo 177 Quinquies establecería que el individuo que venda bebidas alcohólicas a menores de veintiún años de edad en un establecimiento, o que las suministre o provea para su consumo dentro o fuera del mismo, se hará acreedor a la imposición de una multa que no podrá ser menor a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMAs), ni mayor a 600 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.

Entre las acciones prioritarias que el Gobierno del Estado promoverá con la Federación y con los ayuntamientos, relativas a la celebración de acuerdos en materia de prevención del alcoholismo y corrupción por consumo de alcohol en menores de veintiún años de

edad, deberá considerarse la prohibición de acceso a menores de veintiún años de edad a establecimientos específicos para la venta y consumo de bebidas alcohólicas.

Junto con esto, la regulación de horarios y zonas para menores de veintiún años de edad, en establecimientos no específicos, en los cuales puede realizarse en forma accesoria la venta y consumo de bebidas alcohólicas para su consumo en el lugar, así como las sanciones correspondientes a quienes permitan la entrada a menores de veintiún años de edad a los establecimientos con licencia de venta de alcohol.

Esta Iniciativa fue turnada para su análisis y, en su caso, dictaminación a la Comisión Permanente de Salud y Asistencia.

El Pleno de la LXV Legislatura del Estado determinó llamar a la ciudadana Martha Montero Villalvazo para que asuma –previa protesta ante el Cabildo- la presidencia municipal de Jamapa, Veracruz, ante la lamentable pérdida de la vida de la edil propietaria, Florisel Ríos Delfín.

Con esta acción, aprobada por obvia resolución durante la segunda sesión ordinaria, del tercer año de labores, se da continuidad a la gobernabilidad en este municipio y se brinda certidumbre jurídica a los actos de gobierno.

En los temas desahogados durante la correspondencia, el Pleno se dio por enterado del segundo informe de actividades legislativas de la diputada María Josefina Gamboa Torales, representante del Distrito XIV, Veracruz I.

En tanto, será la Comisión de Gobernación la que analice y dictamine sobre el documento del ayuntamiento de Moloacán que informa sobre el fallecimiento de la ciudadana María del Carmen Prieto Mortera, presidenta municipal suplente en funciones.

El ayuntamiento de Álamo Temapache informó a esta Soberanía de la renuncia de Alberto Salas Guzmán y el fallecimiento de Antonio Carrasco Santiago, ambos subagentes municipales propietario y suplente, respectivamente, de la ranchería “Loma Larga”, perteneciente a ese municipio, enviando la convocatoria para la elección de dichos cargos. Será la Comisión de Organización Política y Procesos Electorales, la que analice y dictamen este asunto.

Las Comisiones Unidas de Hacienda Municipal y para la Igualdad de Género estudiarán y dictaminarán la solicitud del ayuntamiento de Benito Juárez, mediante la cual solicita autorización para crear el Instituto Municipal de las Mujeres de ese municipio.

-Da entrada Congreso a proyecto de decreto de Egresos 2021-

En la sesión, la Mesa Directiva, presidida por la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, instruyó remitir a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado la iniciativa de Ley de Ingresos y Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el ejercicio fiscal 2021, presentados a esta Soberanía el pasado 10 de noviembre por el gobierno estatal, a cargo del ingeniero Cuitláhuac García Jiménez.

El diputado Sergio Hernández Hernández puso a consideración del Pleno del Congreso del Estado de Veracruz una iniciativa a efecto de reconocer el derecho a la Seguridad Pública, a la protección de los bienes y a vivir en un entorno de tranquilidad social, libertad, paz y orden públicos, como derechos fundamentales reconocidos y garantizados por la Carta Magna del Estado, en favor de todas las personas.

En el desarrollo de la segunda sesión ordinaria, correspondiente al primer periodo, del tercer año de labores, la Mesa Directiva dio entrada a esta propuesta, cuyo objeto es adicionar un tercer párrafo al Artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para reconocer como un derecho fundamental a la seguridad pública.

En la propuesta, su autor, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), señala que Veracruz vive una crisis de inseguridad que mantiene a todos los habitantes con temor e intranquilidad. “De ahí la urgente necesidad de atender esta problemática, siendo prioritario visualizar a la seguridad pública como una necesidad asociada a la propia existencia del ser humano, donde éste se encuentre y extendiendo su protección a su libertad y bienes”, añadió.

Destacó que entidades como Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Hidalgo, Querétaro, Tabasco y Zacatecas han elevado a rango constitucional el derecho a la Seguridad Pública. En Veracruz no hay mención alguna al respecto, de ahí la necesidad de incluirlo en la Constitución Local para pasar de ser una “función” del Estado a un derecho fundamental del ciudadano, lo que implicaría una obligación del Gobierno para implementar políticas públicas eficientes y de largo plazo, puntualizó.

Expuso que esta iniciativa es resultado de las conclusiones del foro “Ciudades más Seguras”, celebrado en las instalaciones del Poder Legislativo estatal en 2019 y –refirió- que como representante de las y los veracruzanos, es su obligación buscar mecanismos adecuados para atender las necesidades de la población.

Enfatizó que la seguridad como valor intangible es uno de los pilares primordiales de la sociedad que está en la base de la libertad y la igualdad para el desarrollo pleno y equitativo de las personas.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública.

El compromiso social del actual gobierno se ha podido constatar en rubros como autosuficiencia alimentaria, atención a personas en situación de vulnerabilidad, impulso a mujeres emprendedoras, ordenamiento territorial y mejoramiento de viviendas, entre otros, mediante programas y acciones diversas, afirmó el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) del Estado, Guillermo Fernández Sánchez, al presentar su comparecencia ante la LXV Legislatura del Congreso local.

Ante la Comisión Permanente de Desarrollo Social, Humano y Regional, integrada por el diputado José Andrés Castellanos Velázquez y las diputadas Judith Pineda Andrade y Libni Adaelsi Sánchez Núñez, presidente, secretaria y vocal, respectivamente, el titular de Sedesol expuso los avances en materia de bienestar y desarrollo social, como parte de la Glosa del II Informe del gobierno encabezado por el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez.

Bienestar Social – Pueblos Originarios

En el Recinto Oficial de Sesiones del Palacio Legislativo, el servidor público presentó un resumen de las obras, acciones y apoyos que la Secretaría a su cargo ha llevado, durante el reciente año, a las familias que menos tienen. En esto, recordó que la prioridad de esta administración es la atención a los grupos históricamente marginados y vulnerados, como los pueblos y comunidades rurales e indígenas.

La Sedesol –dijo su titular- ha privilegiado los programas de desarrollo social focalizados en el bienestar de los municipios de las regiones más desprotegidas de Veracruz, a fin de superar los rezagos en infraestructura, vivienda y otros servicios, para generar un desarrollo sustentable.

En cuanto a Bienestar Social Pueblos Originarios, Sedesol ha establecido programas específicos: Mujeres emprendedoras, Módulos hacia la autosuficiencia alimentaria, Mejoramiento a las condiciones de la vivienda, Infraestructura social básica y FISE: calidad y espacios de la vivienda, con los que logró atender 36 municipios indígenas, con un total de 15 mil 791 acciones, beneficiando a 60 mil 419 personas con una inversión de 324 millones 332 mil 939 pesos. Derivado de la contingencia sanitaria, añadió, se puso en marcha 8 mil 873 acciones emergentes en 46 municipios indígenas, lo que representó una inversión de 8 millones 873 mil pesos.

Bienestar Social – Vivienda

Guillermo Fernández Sánchez indicó que aproximadamente 140 mil veracruzanas y veracruzanos disponen ya de una vivienda o de mejores condiciones de vivienda y de energía eléctrica que se ha construido con la mano de obra de los habitantes de los municipios beneficiados.

Para mejorar la calidad de las viviendas, se logró beneficiar Zonas de Atención Prioritarias (ZAP) rurales y urbanas en 106 municipios, firmando convenios de coordinación, con una inversión de 694.7 millones de pesos, de los cuales 71.9 millones de pesos se destinaron para obras de electrificación rural, con mil 810 viviendas beneficiando a 6 mil 516 personas. Estas acciones han generado aproximadamente 11 mil 549 empleos.

También, se construyeron 5 mil 793 cuartos dormitorio, 4 mil 443 estufas ecológicas, 5 mil 344 pisos, 669 techos, 203 muros firmes y 240 cuartos para baño, a lo que se destinó 622.8 millones de pesos, para 16 mil 692 acciones y beneficio de 61 mil 130 personas.

A esto añadió la dotación de viviendas a los familiares de integrantes de las instituciones de Seguridad Pública abatidos en cumplimiento de su deber. El Instituto Veracruzano de la Vivienda (Invivienda) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) financiaron 20 millones de pesos (10 millones cada uno) para la adquisición de 46 viviendas, beneficiando a 175 personas (105 mujeres y 70 hombres), de conformidad con la Ley 290 del estado.

Además, Invivienda y la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) construyen muros de contención en la zona habitacional Xalapa 2000, para beneficio de más de 2 mil 600 personas, con una inversión de 10 millones de pesos.

Apoyo a sectores vulnerables

A la conformación de 21 Unidades Sociales de Bienestar (USB) y a la elaboración de 15 diagnósticos comunitarios, añadió los alcances de los programas implementados este año. Mujeres Emprendedoras –destacó- apoya este año a 8 mil 937 de ellas en Zonas de Atención Prioritaria, en 56 municipios, con una inversión de 44.6 millones de pesos, beneficiando a 35 mil 748 personas.

Además, este año, se están entregando 2 mil 616 Módulos hacia la Autosuficiencia Alimentaria en 54 municipios, beneficiando a 10 mil 464 personas de manera directa e indirecta, con una inversión de 18.3 millones de pesos. Junto con esto, se creó un Protocolo de Atención a Personas en Situación de Vulnerabilidad, así como un catálogo de instituciones gubernamentales, con los programas sociales que otorgan, para atender y canalizar 29 mil 195 solicitudes que llegaron a la Secretaría.

Destacó también la estrategia Proveer-Desarrollo y Bienestar, iniciativa del Gobernador, en la que, de manera coordinada y transversal, participan 11 dependencias, con el objetivo de fortalecer proyectos comunitarios productivos, favoreciendo el desarrollo humano desde un enfoque de economía social. Durante este año, en coordinación con 20

municipios, con este programa y 22 mil 891 acciones, se ha beneficiado a 42 mil 027 personas, con una inversión de 165.5 millones de pesos.

Habló también de los beneficios del Protocolo de Atención a Personas en Situación de Vulnerabilidad, creado para atender primordialmente las solicitudes de personas que tienen alguna discapacidad, necesidades de salud, alimentación y vivienda.

Bienestar Social – Ordenamiento Territorial

El Secretario también anunció que, este año, por primera vez, Veracruz contará con un Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y 21 ayuntamientos tendrán su Programa Municipal de Desarrollo Urbano, promoviendo la participación ciudadana y garantizando el desarrollo sustentable, participativo y equitativo de la población

En su exposición dijo que, mediante el Consejo para el Desarrollo Metropolitano y la Comisión Estatal de Movilidad, 71 estudiantes de diversas universidades respondieron a la convocatoria para el Proyecto Conceptual del Tren Urbano de la Región Capital. Los trabajos ganadores fueron presentados ante la SIOP y la Dirección General de Estudios, Estadística y Registro Ferroviario Mexicano de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, ambas adscritas a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Asimismo, en la tercera sesión de dicho Consejo, fue aprobada la Cartera de Proyectos 2020 susceptibles de financiamiento por el Fideicomiso del Fondo Metropolitano, con una inversión de 556.5 millones de pesos. Con esto, se contemplan 11 acciones: 4 proyectos de infraestructura pública (Poza Rica, Xalapa, Córdoba y Coatzacoalcos), 6 programas de ordenamiento territorial (Xalapa, Córdoba, Orizaba, Veracruz, Acayucan y Coatzacoalcos), así como equipamiento mobiliario y de cómputo en el Instituto Municipal para la Planeación y Desarrollo (Impladis) en Orizaba.

En el mismo rubro, con recursos estatales, con la celebración de convenios se logró la elaboración de Programas Municipales de Desarrollo Urbano con 15 municipios de norte, centro y sur del estado, con una inversión de 10 millones de pesos. Los municipios son: Naranjos, Nautla, Banderilla, Las Vigas, Ixhuatlán del Café, Orizaba, Alvarado, Agua Dulce, Chinameca, Jáltipan, Moloacán, Nanchital, Pajapan, Sayula de Alemán y Texistepec.

Frente a la pandemia

El titular de Sedesol informó también que, con la instrucción del titular del Ejecutivo, a través del Programa Acciones Emergentes por Contingencia Sanitaria, el gobierno estatal apoyó a las conductoras y conductores de taxi no concesionarios, beneficiando a 25,842 personas, con una inversión de 25.8 millones en 209 municipios.

Sumó a esto que, con una inversión de 30.9 millones de pesos, a través del Programa Apoyo a la Economía Familiar por Contingencia Sanitaria, en coordinación con la Secretaría de Turismo (SECTUR) y el Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC), 30 mil 916 personas prestadoras de servicios turísticos y culturales en 193 municipios recibieron beneficios.

Respecto al programa Bienestar Social Cultura de Paz y Derechos Humanos, informó que, de diciembre de 2019 a noviembre de 2020, se invierten 12.4 millones en promover ambientes libres de violencia en su comunidad, a través de la adquisición de 67 paquetes de juegos infantiles accesibles e inclusivos en localidades de igual número de municipios, que benefician a 46 mil 760 infantes y adolescentes. A esto añadió la entrega de sillas de ruedas a personas con discapacidad motriz en 16 municipios.

El secretario Guillermo Fernández Sánchez finalizó su comparecencia reafirmando el compromiso del gobierno estatal de seguir cumpliendo a las y los veracruzanos “llevando bienestar común a lugares que durante años habían sido olvidados”.

La diputada Ivonne Trujillo Ortiz presentó al Pleno del Congreso del Estado una iniciativa, con proyecto ante el Congreso de la Unión, por la cual prevé reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a fin de apuntalar el procedimiento para que las y los solicitantes de una declaración de Alerta de Violencia de Género (AVG) contra las mujeres, tengan respuesta expedita de las autoridades, en beneficio de la prevención, atención y erradicación de la violencia que viven gran parte de las mujeres en México.

Al detallar su propuesta, la legisladora subrayó que, para darle nitidez e imparcialidad a la selección de las personas que finalmente habrán de investigar la solicitud de AVG, propone la existencia de un Grupo Interinstitucional amplio que tenga como objetivo la elección de las integrantes del Comité de Expertas, quienes a su vez deberán ser electas posterior a una convocatoria pública.

Por otra parte, expuso, se prevé una reestructuración del mecanismo, con la intención de dotarles de mayor eficacia, de tal manera que las modificaciones y adiciones propuestos contemplen cambios en la regulación de las Alertas, en cuanto a las atribuciones y obligaciones del Poder Ejecutivo Federal y las bases de coordinación, entre éste y las entidades federativas y municipios, para su ejecución.

En cuanto al Comité de Expertas, se señala que será un cuerpo técnico colegiado, con independencia de decisión, responsable de la recepción, análisis, evaluación, investigación, información y emisión de un informe en el que se determinen las violaciones a derechos humanos de las mujeres, de acuerdo con los conceptos de la AVG.

La duración del encargo del Comité de Expertas será por un período de dos años, pudiendo reelegirse por una ocasión por otro periodo igual, garantizando la rotación de las integrantes de forma escalonada conforme al reglamento de la presente Ley.

La integrante del Grupo Legislativo Mixto Movimiento Ciudadano-PRD-Diputado sin Partido, precisó que “tradicionalmente” la Secretaría de Gobernación (Segob), a través del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, había tenido una posición negativa para todas las solicitudes de AVG. “Esto, partiendo de una evidente posición política, fincada en una pretensión de proteger al gobierno en turno”.

La iniciativa fue turnada por la Mesa Directiva a la Comisión Permanente para la Igualdad de Género.