Este jueves el Pleno de la LXV Legislatura avaló la propuesta del diputado Gonzalo Guízar Valladares y, como consecuencia, remitirá al Congreso de la Unión la iniciativa que reforma el artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para establecer que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) pueda exentar de pago a quienes comprueben la calidad de residentes, aledaños a casetas de peaje.

Esta medida aplicaría cuando no haya vías alternas que garanticen el libre peaje para las y los residentes.

En la sesión, tercera ordinaria, del primer periodo, correspondiente al tercer año de labores, la Mesa Directiva dio a conocer el dictamen de la Comisión Permanente de Comunicaciones y que, tras ponerlo a consideración del Pleno, registró 36 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra.

La Comisión considera necesario que la LXV Legislatura haga suya esta propuesta y la presente al Congreso Federal, ya que representa un acto de justicia social para miles de familias mexicanas que, al haberse construido en los alrededores de sus localidades vías terrestres de comunicación, generalmente en mejor estado, sufren afectaciones económicas al verse obligadas a transitar por las mismas y a cubrir las altas tarifas que cobran.

Además, coincide con el autor, el legislador Gonzalo Guízar, toda vez que esta reforma contribuiría a detonar el desarrollo económico de las regiones en las que estén instaladas casetas de peaje, al permitir a las familias residentes evitar pagos para poder movilizarse hacia sus centros de trabajo o a los establecimientos que prestan los servicios públicos o privados que requieren.

Asimismo, señala que la actual medida de pagar por el uso de las carreteras pone en desventaja a los residentes, en comparación con las personas que no habitan en localidades cercanas y que no padecen esa problemática cotidiana para realizar sus actividades.

Por otra parte, en el texto del dictamen se precisa que los incrementos en los servicios y sobre todo en los pagos de peajes para poder circular en vías terrestres, aunado al constante aumento de la gasolina, trae repercusiones de gran magnitud en la economía de

las familias, ya que disminuye su capacidad adquisitiva para solventar sus necesidades básicas.

Conforme al trámite legislativo, y tras haberse aprobado por el Congreso de Veracruz, la Mesa Directiva, presidida por la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, instruyó mandar a publicar el presente decreto en la Gaceta Oficial del Estado, y a su vez, remitir la propuesta al Congreso de la Unión para su consideración.

La LXV Legislatura aprobó el dictamen, resultado de la iniciativa presentada el pasado 29 de octubre por el diputado Omar Guillermo Miranda Romero, por el cual se propone al Congreso de la Unión reformar los párrafos 14 y 16 del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objeto de establecer que el Estado deberá garantizar la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan cáncer o alguna discapacidad permanente.

Para recibir esta prestación tendrán prioridad las y los menores de 18 años, las niñas y niños con cáncer, las y los indígenas y las y los afromexicanos hasta la edad de 64 años y las personas que se encuentren en condición de pobreza, refiere el dictamen avalado por el Pleno de la LXV Legislatura de Veracruz, con 33 votos, sin abstenciones o votos en contra.

De igual forma, se precisa que el Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública, con prioridad a las y los niños con cáncer y a los pertenecientes a las familias que estén en situación de pobreza, para garantizar con equidad el derecho a la educación.

El dictamen refiere, en el segundo transitorio, que los gastos y erogaciones necesarios para la entrada en vigor de la reforma se realizarán con el presupuesto asignado a la Secretaría de Salud o entidades del Gobierno Federal que correspondan, por lo que dichas instituciones deberán realizar los ajustes presupuestales para dar viabilidad financiera a lo establecido en el decreto.

Por otra parte, se prevé que las legislaturas de las entidades federativas, dentro del plazo de un año, a partir de la entrada en vigencia del decreto, tendrán que realizar los ajustes constitucionales y legales, a efectos de garantizar la protección y alcanzar el estado de bienestar de las personas que padezcan cáncer.

El dictamen, emitido por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, expone que, de acuerdo a información del Centro Nacional para la Salud de la Infancia, se estima que en México existen anualmente entre cinco y seis mil casos nuevos de cáncer en menores de 18 años. El promedio anual de muertes por cáncer infantil en la última década es de dos mil 150 defunciones.

Añade que el cáncer infantil se ha convertido en la principal causa de muerte por enfermedad en mexicanos entre 5 y 14 años de edad, conforme a las cifras preliminares 2013 reportadas en el Sistema Estadístico Epidemiológico de las Defunciones.

En representación del Grupo Legislativo de Morena, la diputada Margarita Corro Mendoza, confió que el Congreso Federal estudie y dictamine esta propuesta para que a la brevedad sea un derecho reconocido en la Carta Magna. Asimismo adelantó el voto a favor de este dictamen, toda vez que –consideró- va en concordancia para salvaguardar el derecho a la salud de las y los mexicanos, pero sobre todo de las niñas y niños.

Tras su aprobación por parte del Pleno del Congreso de Veracruz, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, instruyó remitir el presente decreto a la Gaceta Oficial del Estado para su publicación, y a su vez, enviarlo al Congreso de la Unión para el trámite legislativo correspondiente.

Mediante una Iniciativa ante el Congreso de la Unión, el diputado Juan Manuel de Unánue Abascal propuso una nueva medida económica consistente en eliminar el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en productos como el cubrebocas y en todos aquellos necesarios para mantener la higiene y prevenir el contagio del Covid-19.

En la Tercera Sesión Ordinaria del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional, el integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) presentó una Iniciativa ante el Congreso de la Unión por la que adiciona el inciso j) a la fracción I, del artículo 2° A; de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

El referido Artículo dispone los actos o actividades en los que el impuesto se calculará aplicando la tasa del 0 por ciento. La propuesta del diputado De Unánue Abascal propone incluir sanitizantes, desinfectantes, gel o líquido antibacterial, cubrebocas y guantes quirúrgicos, además de los productos que la autoridad competente considere pertinente para hacer frente a una situación de emergencia declarada por el Consejo de Salubridad General en términos de la Ley General de Salud.

Desde la Tribuna, consideró que esta medida es una forma de apoyar la economía de las y los mexicanos que se preocupan por disminuir el contagio de esta pandemia. Recordó que el IVA es un impuesto que paga todo el pueblo y que implica 567 mil 435 millones de pesos anuales.

De Unánue Abascal hizo “un llamado a la sensatez” y apeló a la sensibilidad de las y los legisladores, para que esta iniciativa sea dictaminada y votada favorablemente por el Pleno, “por el bien de todas y de todos, por el bien común e interés general que anima nuestra representación popular y justifica la razón de ser de los parlamentos”.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado.

El Pleno de la LXV Legislatura, recibió del Gobernador del Estado, ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, la iniciativa de Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con la cual se crean los Centros Conciliación Laboral para el estado, como instancia prejudicial obligatoria de conciliación.

El texto de la iniciativa refiere que ante la necesidad de mejorar la impartición de justicia laboral, en todos los ámbitos de las relaciones humanas, y garantizar efectivamente la tutela judicial efectiva del nuevo sistema de justica laboral, prioriza la conciliación como obligatoria, a reserva de sus excepciones; convirtiéndose en un requisito indispensable para pasar a la fase judicial, resultando de gran importancia en la solución de conflictos entre trabajadores y patrones.

En concordancia con la reforma de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la entidad, con fecha 4 de febrero del presente año, fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política local, en referencia al nuevo Sistema de Justicia Laboral y que, en uno de sus transitorios, señala la obligación de expedir y reformar las leyes locales necesarias para su cumplimiento, de ahí la propuesta para la creación de dichos Centros.

Los Centros de Conciliación Laboral del estado de Veracruz, tendrán personalidad jurídica y patrimonio propio, contarán con plena autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión. Basarán su operación a los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad.

El nuevo organismo público descentralizado, tendría su dirección oficial en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, contando con las delegaciones necesarias conforme a la disposición presupuestaria correspondiente, a fin de cumplir con su objeto.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social.

Durante la tercera sesión ordinaria de la LXV Legislatura, los diputados Bingen Rementería Molina y Gonzalo Guízar Valladares hicieron uso de la Tribuna para presentar, por separado, anteproyectos con punto de Acuerdo, cuyo propósito es exhortar –respetuosamente- al Poder Ejecutivo Federal y al Senado de la República para que consideren la suscripción de la Declaración del Consenso de Ginebra, sobre el fomento de la salud de las mujeres y el fortalecimiento de la familia.

En primer orden, el diputado del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), Bingen Rementería, pidió que esta LXV Legislatura exhorte al Poder Ejecutivo de la Federación a suscribir la citada Declaración, al considerar que el contenido y compromisos de este documento deben ser incorporados al derecho interno, de conformidad con lo que establece la Carta Magna Federal.

Dijo que la Declaración del Consenso de Ginebra resulta congruente con los derechos humanos reconocidos en la Constitución y es concordante con otros tratados internacionales firmados por México, en materia de derechos humanos como la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijín.

Indicó que la Declaración sobre el fomento de la salud de las mujeres y el fortalecimiento de la familia reconoce que la cobertura sanitaria universal es fundamental para alcanzar los objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la salud y el bienestar. Además de que reafirmar la importancia de la titularidad nacional y la función y responsabilidad que tienen los gobiernos para determinar su manera de lograr dicha cobertura sanitaria universal.

Destacó que además se comprometería a los Estados firmantes, entre otros aspectos, a: garantizar a las mujeres el pleno goce de los derechos humanos y la igualdad de oportunidades en todos los niveles de la vida política, económica y pública. Así como fomentar la capacidad del sistema de salud y movilizar recursos para implementar programas que atiendan las necesidades de mujeres y niños en situación de vulnerabilidad.

Por otra parte, el diputado Gonzalo Guízar Valladares señaló que la familia es y seguirá siendo una institución fundatoria de la sociedad, por lo que –consideró- que garantizar los derechos del más débil constituye un reto y obligación para el Estado.

Recordó que el 22 de octubre, Estados Unidos fue sede de la firma de la Declaración del Consenso de Ginebra, que establece varios puntos en materia de salud y protección a la vida de los nacidos y no nacidos, a lo cual se unieron diversos representantes de las regiones del mundo.

Los copatrocinadores de este pacto son Brasil, Egipto, Hungría, Indonesia y Uganda, en representación de las distintas regiones (América Latina, Medio Oriente, Europa, Asia y África) de los 32 países adheridos a la Declaración.

Precisó que, de acuerdo al Departamento de Servicios Humanos y de Salud de los Estados Unidos, la Declaración establece cuatro metas principales en torno a la salud, las cuales son: mejores servicios de atención a la salud para las mujeres, preservación de la vida humana, fortalecimiento de la familia como unidad fundamental de la sociedad y el Derecho de cada país a proteger su soberanía de las políticas globales.

Por consiguiente, el legislador Guízar Valladares presentó su propuesta para exhortar al Senado de la República a que considere suscribirse a esta Declaración y también solicitar al Canciller, Marcelo Ebrard Casaubón, remita a esta Soberanía, en un plazo máximo de 30 días, un Informe sobre las causas por las cuales México no suscribió la citada Declaración.

En ambos casos, la Mesa Directiva instruyó remitir a la Junta de Coordinación Política los anteproyectos para el trámite legislativo correspondiente.

Con el objeto de generar espacios para la participación de la juventud veracruzana, la diputada María Graciela Hernández Iñiguez presentó al Pleno del Congreso de Veracruz la iniciativa que prevé reformar la fracción IV, del inciso C) del artículo 67 de la Constitución Política del Estado para bajar, de 35, a 30 los años de edad requeridos (al día de su designación) para ser Comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI).

En su intervención en Tribuna, la integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) explicó que la misma Constitución, para el caso de ser Fiscal General, requiere una edad mínima de 30 años, mientras que para ser Comisionado del IVAI establece 35. “Es evidente que existe una marca diferencia en la propia legislación que los faculta en relación a la edad y que no está justificada pues no tiene nada que ver con las funciones que se desempeñan”.

Dijo que, en dado caso, debería exigirse mayor edad a quien investiga delitos y ejerce acciones correspondientes en contra de los infractores de la ley. Sin embargo –añadió- es tan importante la función de procuración de justicia, como la de quien tutela el derecho humano de la sociedad a estar informados.

Expuso que uno de los objetivos de su iniciativa es generar espacios para personas que no solo han culminado sus estudios profesionales, sino también lograr integrarlos a un campo laboral donde desarrollen sus capacidades, de manera que sea reforzada con coherencia política en los ámbitos de interés de éstos.

Destacó que México cuenta con una población de 30.6 millones de personas jóvenes que oscilan en edades entre los 15 y 29 años, representando el 25.7 por ciento de la población total del país. En Veracruz, agregó, la juventud representa el 30.4 por ciento de la población total, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La legisladora María Graciela Hernández ocupa la vocalía de la Comisión Permanente de Juventud y Deporte y Atletas con Discapacidad, así como la secretaría en la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto.

Tras la lectura en tribuna de la iniciativa, la Mesa Directiva, presidida por la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, instruyó remitirla a las Comisiones Permanentes Unidas de

Justicia y Puntos Constitucionales y de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto, para su estudio y dictamen correspondiente.