En el reciente año, en Veracruz se ha logrado reducir los delitos en 24.65 por ciento, informó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado, al comparecer ante la Comisión Permanente de Seguridad Pública de la LXV Legislatura, como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno.

Ante los diputados Carlos Manuel Jiménez Díaz y José Manuel Pozos Castro y la legisaldora Nora Jessica Lagunes Jáuregui, presidente, secretario y vocal de esa comisión respectivamente, explicó que el homicidio doloso ha descendido 15.15 por ciento; la extorsión, 11.12; el secuestro, 60.75; el robo, 25.12 y el feminicidio 19.05.

Combate al delito

Hugo Gutiérrez dijo que, durante este año, se fortaleció la Estrategia Estatal de Seguridad, basada en cinco ejes: Reforzamiento del despliegue operativo, Fortalecimiento y profesionalización policial, Implementación de operativos interestatales con siete entidades colindantes, Coordinación con fuerzas federales, a través de las Mesas de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Trabajos de inteligencia para la ubicación y captura de objetivos importantes.

Durante su exposición, destacó que, con trabajo de inteligencia e intercambio de información con autoridades federales, se logró la detención de 17 jefes de plaza de organizaciones criminales. En detenciones del fuero común, fueron intervenidas 5 mil 606 personas y en delitos del fuero federal, 2 mil 567 personas.

En operativos de rescate humanitario –prosiguió-, fueron resguardadas 2 mil 493 personas de origen extranjero, en tránsito por el país; se rescató a 240 personas privadas ilegalmente de su libertad y a 61 personas secuestradas. En colaboración con la Comisión Estatal de Búsqueda, a través de la Compañía K9, este gobierno apoyó a 18 colectivos y a la Embajada Suiza en 235 diligencias de búsqueda y acompañamiento, realizadas en 34 municipios.

El Secretario de Seguridad Pública destacó que, en profesionalización policial, a la fecha, el estado cuenta con 2 mil 337 policías graduados en Formación Inicial y 3 mil 161 policías han sido capacitados en Formación Continua y Competencias Básicas.

Respecto a los Servicios de Atención a Llamadas de Emergencia, mediante la línea de emergencia 9-1-1, se ha atendido 2.11 millones de llamadas, 98 mil llamadas en el 089

para denuncia anónima, 423 alertas empresariales y 7 mil 926 asesorías sobre engaño telefónico.

A esto agregó que la Unidad de la Policía Científica atendió 2 mil 557 llamadas relacionadas con fraude en comercio electrónico, amenazas, cyberbullying, sextorsión, suplantación de identidad, pornografía infantil y casos de conductas antisociales como grooming, phishing, hackeo en redes sociales, sexting y extorsión a través de redes sociales.

Asimismo, fueron canalizadas mil 924 personas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para interponer denuncias; se iniciaron 142 carpetas de investigación y se logró evitar fraudes electrónicos por 793 millones 506 mil 514 pesos.

De acuerdo con las principales líneas de acción establecidas en el Programa de Trabajo de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres –informó el servidor público-, la Secretaría a su cargo cumplió con la Elaboración del Protocolo de Actuación Policial para Atención a Casos de Violencia por Razones de Género contra las Mujeres.

Así también, la Capacitación a mandos operativos en desarrollo de competencias en materia de violencia contra las mujeres por razón de género, la Integración del Programa Único de Capacitación a la malla curricular del Curso de Formación Policial Inicial para Policía Preventivo Aspirante, la Elaboración del Diagnóstico de zonas de mayor riesgo para las mujeres y la Certificación de 60 personas replicadoras en Estándares de Competencias.

En cuanto a las acciones preventivas frente al Covid-19, informó el compareciente, la Secretaría implementó la instalación de filtros en las entradas y desinfección de oficinas, donde se mantiene al personal con sana distancia, distribución permanente de caretas, guantes y cubrebocas para uso obligatorio durante la jornada laboral.

La SSP participó en el cierre de vialidades en la zona centro de 38 municipios y en la aplicación de medidas preventivas y de identificación de síntomas en 173 mil 833 personas y proporcionó un total de 70 mil 209 cubrebocas y mil 955 caretas protectoras.

Además, mediante la instalación de 3 mil 263 filtros se desinfectaron 532 mil 646 taxis, 58 mil 555 autobuses, 551 mil 121 vehículos particulares, 77 mil 791 motocicletas, 58 mil 304 camiones de carga.

Una vez concluida la exposición del Secretario, las y los diputados le solicitaron dar respuesta a las preguntas que le formularon en dos rondas, según lo establecido.

Ningún pueblo puede crecer y ser próspero, si no combatimos ni derrotamos a la violencia contra las mujeres, expresó la coordinadora del Grupo Legislativo Mixto Partido Revolucionario Institucional–Partido Verde Ecologista de México, diputada Erika Ayala Ríos, durante un pronunciamiento relativo a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Ante el Pleno reunido con motivo de la Tercera Sesión Ordinaria del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional, la legisladora dijo que los delitos relacionados con este tipo de violencia no han sido prevenidos, atendidos y erradicados de manera efectiva, pese a contar con legislación en la materia, a que los Derechos Humanos y la Paridad de Género son constitucionales, a que el Estado Mexicano es parte de los organismos internacionales y signante de los tratados al respecto y pese a que hay instituciones, recursos y programas de gobierno enfocados a este propósito.

Al lamentar que, según cifras oficiales y observatorios ciudadanos, Veracruz continúa en segundo lugar nacional por feminicidios, esta problemática ha venido evolucionando a lo largo de varias administraciones, por lo que consideró que la sociedad y las instituciones deben hacer un trabajo coordinado, para lograr erradicar la violencia de género, que no es propia de un gobierno, sino un problema estructural de raíces profundas que debe dejar de politizarse y atenderse con la urgencia que amerita.

“Debemos trabajar en la eficacia de esta estrategia, los avances, los resultados y acciones en proceso. Los efectos de la pandemia en la salud pública y en la economía estatal también se han agravado en materia de Derechos Humanos y de violencias de género. La contingencia sanitaria tomó al mundo por sorpresa, es cierto, pero tuvimos tiempo para prepararnos y prever que el confinamiento podría desatar la violencia familiar, donde las mujeres y sus hijas e hijos serían las víctimas primeras de los agresores”, manifestó.

Ante la proximidad del año 2021, dijo que éste ya se pronostica complicado para millones de familias, jefas de hogar, empresarias, maestras, trabajadoras, empleadas, obreras, campesinas, productoras, vendedoras en la economía informal que acumula más del 65%

de la población económicamente activa y que, hoy no saben si podrán sostener su empleo y a sus hogares o si les alcanzará para comer.

Finalizó pronunciándose, en nombre de su grupo legislativo, “por el establecimiento de un diálogo estatal propositivo y respetuoso que permita aprender de los desafíos que enfrentamos, dada la contingencia y sus efectos nocivos, y definir las prioridades que le urgen a Veracruz, las que deben establecer como premisa la salvaguarda de la integridad y dignidad humana de las mujeres en riesgo de ser violentadas, de la niñez, la juventud, de las personas mayores, indígenas y con discapacidades”.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a conmemorarse cada 25 de noviembre, la diputada Mónica Robles Barajas, se pronunció por los derechos de las veracruzanas a convivir y contribuir en paz, en concordia, justicia, e igualdad.

Asimismo, dijo que las mujeres con representación popular o cargo en el servicio público, no tienen inmunidad, ni blindaje contra la violencia de género, que por su labor y encomienda, vocación y posturas, ideología y propuestas, pero sobre todo, por el simple hecho de ser mujeres y participar en la toma de decisiones, pueden ser víctimas.

En este sentido, señaló que publicaciones infundadas y degradantes, en su contra, a través de un medio de comunicación regional del sur del estado, han puesto en evidencia la malicia efectiva que busca amedrentar su trabajo como legisladora, toda vez que se sienten amenazados en sus intereses ilícitos; situación que han puesto en riesgo su vida y la de su familia.

Al respecto, manifestó, “acudí al Organismo Público Local Electoral, a la Fiscalía General del Estado y Fiscalía General de la República a presentar una denuncia por violencia política en razón de género y también, al Tribunal de Justicia, por daño moral en contra de mi persona”.

“Con estas denuncias le doy voz a miles de mujeres y niñas violentadas, quedarme callada hubiese significado claudicar en la lucha por nuestros derechos”, enfatizó la legisladora, quien agregó que este tipo de acciones ocurren porque los imputados confían en que la corrupción y la impunidad atroz, que por décadas se viven en el país, continuará para siempre.

“Desde esta Tribuna hago un llamado a las autoridades federales y del Ejecutivo estatal, a las autoridades de procuración y administración de justicia para que cumplan con su deber de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra mí y contra todas las mujeres”, finalizó.

Tras su participación, el Secretario de la Mesa Directiva, Jorge Moreno Salinas, y la Coordinadora del Grupo Legislativo PRI-PVEM, diputada Erika Ayala Ríos, refrendaron su respaldo con el firme compromiso de no permitir más violencia por razón de género.

Con 39 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, el Pleno de Congreso aprobó el dictamen con proyecto de Decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en materia del reconocimiento de hijas e hijos ante el Registro Civil.

El dictamen, suscrito por las integrantes de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, deriva de la iniciativa presentada el pasado 5 de noviembre por la diputada Montserrat Ortega Ruiz, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) de esta LXV Legislatura local.

La intención de esta reforma, se lee en el dictamen, es fortalecer la garantía del ejercicio del derecho al reconocimiento, para lo que se consideró necesario actualizar los artículos 299, 704, 706 y 708 del Código Civil del estado, lo que le dará mayor certidumbre jurídica a este acto de levantamiento de la partida o acta de nacimiento ante el Registro Civil.

Esta reforma contempla que el reconocimiento de una hija o hijo nacido fuera del matrimonio deberá hacerse en la partida de nacimiento, ante la persona responsable del Registro Civil, por escritura pública, por testamento y por confesión judicial directa y expresa.

Además, que todo acto del estado civil relativo a otro ya registrado deberá anotarse en el acta correspondiente y el documento que dé lugar a la anotación se insertará en el apéndice respectivo; que en el caso de no haberlo, se formará, con excepción de las actas derivadas de un reconocimiento, para lo cual, se atenderá lo dispuesto en el artículo 708.

Junto con esto, si el reconocimiento de una hija o un hijo nacido fuera del matrimonio se hiciere después de haber sido registrado su nacimiento, se expedirá una nueva acta de nacimiento con los datos objeto del reconocimiento conservando mismo número de acta y fecha de registro.

Finalmente, si el reconocimiento se hace por alguno de los otros medios establecidos en el Código Civil, se presentará al Encargado del Registro Civil el original o copia certificada del documento que lo compruebe. En el acta de nacimiento primigenia, se insertará la

nota marginal relativa al reconocimiento y la expedición de la nueva acta de nacimiento en términos del artículo 704.

La Comisión Especial para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Congreso del Estado exhortó a la titular de la Secretaría de Protección Civil (SPC) del Gobierno del Estado de Veracruz, para que verifique e informe a esta Soberanía el debido cumplimiento de la colocación de señalética en sistema Braille, ordenada en el Decreto 548, publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 28 de febrero de 2020.

La presidenta de esta comisión, diputada Montserrat Ortega Ruiz, en nombre de la diputada Florencia Martínez Rivera y de los legisladores Jorge Moreno Salinas y Alexis Sánchez García, integrantes de la misma, presentó al Pleno, durante la Tercera Sesión Ordinaria del Primer Periodo Ordinario, un Anteproyecto de Punto de Acuerdo.

Recordó que, el 28 de febrero del presente año fue publicado el Decreto 548 que adiciona un párrafo segundo al artículo 63 y el artículo 63 Bis a la Ley de Protección Civil del Estado, estableciendo que en los inmuebles públicos y privados de acceso público la señalización de protección civil deberá incluir placas en el sistema Braille para las personas con discapacidad visual o ceguera, conforme a las Normas Oficiales y Tratados Internacionales aplicables.

Para el debido cumplimiento de este ordenamiento, el artículo Segundo Transitorio del Decreto referido dispuso un término de 180 días hábiles, contados a partir de su entrada en vigor.

Contando los días hábiles –prosiguió la Diputada-, iniciando el lunes 2 de marzo de 2020 y hasta el 11 de noviembre del presente año, es el plazo de 180 días hábiles que se concedió para que en todos los inmuebles públicos y privados de acceso público se coloquen la señalización de protección civil usando el sistema Braille, como una acción a favor de las personas con discapacidad visual o ceguera.

Señaló además que las personas con discapacidad enfrentan enormes desigualdades de participación e inclusión efectiva en la sociedad lo que constituye una grave violación a sus derechos humanos, reconocidos en los diversos tratados internacionales, así como en el marco constitucional y legal del Estado Mexicano.

“La población con algún tipo de discapacidad continúa enfrentando múltiples barreras relativas a la participación adecuada en los procesos de toma de decisiones, acceso a la

educación inclusiva y de calidad, a la salud, al empleo, a la justicia, a la recreación y la cultura, entre otras”.

En Veracruz –finalizó la legisladora-, de acuerdo con la Encuesta Nacional Ingreso-Gasto (2013), alrededor del 6 por ciento de la población presenta algún tipo de discapacidad, por lo que “la colocación de señalética en sistema Braille ayudará a las personas con discapacidad visual o ceguera a desplazarse de modo más seguro e independiente en los establecimientos que deseen acudir”.

El Pleno de la LXV Legislatura avaló, con 33 votos, remitir al Congreso de la Unión la iniciativa que reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto que el delito de extorsión quede señalado entre las conductas delictivas que ameritan oficiosamente la imposición de la prisión preventiva por parte de los jueces.

El dictamen presentado a esta Soberanía por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, resultado de la iniciativa presentada el pasado 22 de junio por el Grupo Legislativo PRI-PVEM, señala que el delito de extorsión ha ido en incremento en toda la República Mexicana y ha sido, junto con el secuestro, un potencial económico para la delincuencia organizada.

Por sus características, este delito, no solo produce daño patrimonial, al verse obligadas las víctimas a entregar a delincuentes parte importante del fruto de su trabajo, ante el temor de la posibilidad perder sus vidas o sus bienes, entre éstos los inmuebles y los productos con que honradamente se ganan la vida y que permiten su contribución al desarrollo económico nacional.

Sino, que además, genera en la víctima una afectación emocional, desde el momento mismo en que el agente activo se comunica para obligarla a hacer o dejar de hacer determinada conducta, establece el dictamen.

El documento refiere que en razón de la gravedad del delito, del impacto individual y social del mismo, así como de la necesidad de garantizar al máximo la seguridad de las víctimas y de la peligrosidad de los sujetos activos, es imperante que la extorsión se encuentre señalada de manera expresa en la carta Magna.

De esta forma, se evitaría la evasión de los imputados durante los juicios correspondientes, dando las facultades al Ministerio Público de solicitar al juez la prisión preventiva por este delito, cuando otras medidas cautelares no sean suficientes, garantizando con ello la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.

Al ser aprobado por el Pleno, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, instruyó remitir el decreto a la Gaceta Oficial del Estado para su

publicación y, en consecuencia, enviar la propuesta al Congreso de la Unión para su consideración y trámite correspondiente.