La Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la LXV Legislatura atendió la comparecencia de la titular de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), María del Rocío Pérez Pérez, quien dio cuenta de las acciones en la materia llevadas a cabo durante el reciente año de la administración estatal.

Durante su exposición, detalló acciones implementadas tanto por la Secretaría como por la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) en desarrollo forestal, reforestación, combate a incendios forestales, control de la contaminación, gestión ambiental y presupuesto, entre otras.

En presencia de la diputada Margarita Corro Mendoza y de los diputados Juan Manuel de Unanue Abascal y Antonio García Reyes, presidenta, secretario y vocal de la Comisión, respectivamente, habló de las acciones que la Sedema realizó en relación con los indicadores del Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024 orientados a contribuir al cumplimiento de los Objetivo de Desarrollo Sostenible 13 y 15 de la Agenda 2030.

Desarrollo forestal y reforestación

La funcionaria destacó que, en el marco del programa federal Sembrando Vida, con una inversión de 30 millones 640 mil pesos (mdp), provenientes de la Secretaría de Bienestar, se logró la producción de cuatro millones de plantas.

Con el Programa Estatal de Reforestación, se alcanzó la producción de 670 mil plantas, lo que permitió apoyar a 21 municipios a través de la asistencia técnica y la recuperación de vegetación en áreas afectadas por incendios.

En estas acciones, mencionó también las 150 hectáreas reforestadas del Área Verde Reservada para la Educación Ecológica de San Juan del Monte (1.5 mdp), 205 hectáreas del municipio de Las Vigas de Ramírez (1.8 mdp) y 56.4 hectáreas de bosques y selvas del estado, mediante la donación de 5 mil 970 plantas en beneficio de 18 municipios.

Incendios forestales

La Secretaria informó que, de noviembre de 2019 a octubre de 2020, 144 incendios forestales se suscitaron en 33 municipios de la entidad y afectaron una superficie de 3 mil 759.2 hectáreas.

La inversión para prevenir, controlar y combatir los incendios forestales fue de 6.998 mdp, aplicados en el pago de los brigadistas, gastos de campo y la adquisición de equipo básico de protección, señaló la Secretaria y detalló también las acciones del Programa Fortalecimiento del Centro Estatal de Incendios Forestales y las de control, combate y liquidación de 63 incendios forestales.

Ponderó también la aplicación Incendios Móvil, gracias a la cual, dijo, fueron atendidas oportunamente 77 áreas siniestradas en las Unidades de Manejo Forestal de Los Tuxtlas, Orizaba-Sierra de Zongolica y Perote, sumando con ello más de 3 mil hectáreas atendidas por brigadistas oficiales.

Control de la contaminación y participación social

De acuerdo con su titular, a la fecha, la Sedema tiene registrados 29 rellenos sanitarios, de los cuales sólo cinco cumplen con las condiciones establecidas por la NOM-083-Semarnat-2003: Tampico Alto, Poza Rica, Gutiérrez Zamora, “El Tronconal” en Xalapa y “El Guayabo”, en Medellín.

Este año, la Sedema participó en la organización de tres reciclones para la colecta de Residuos de Manejo Especial en los municipios de Xalapa e Ixtaczoquitlán, con un acopio de 31 mil 459 litros de aceite vegetal usado y 167.62 toneladas de residuos como: llantas, electrónicos y pilas.

Del 24 al 30 de octubre, con los municipios de Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata, Ixtaczoquitlán, Jilotepec, La Antigua y Xalapa y la empresa Geocycle, en el Llantatón 2020 se logró recolectar 137 toneladas de neumáticos para su correcta disposición final y evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue.

Del 14 al 26 de septiembre, brigadas forestales de Uxpanapa y Los Tuxtlas, pescadores, ejidatarios, los ayuntamientos de Ignacio de la Llave y Cuichapa y la PMA realizaron labores de limpieza en el Río Blanco y recolectaron 103 toneladas de palizada y 3 mil 100 kilos de pet y otros residuos.

Ante la contingencia sanitaria por el Covid-19, destacó la Secretaria, fueron impartidas más de 100 charlas virtuales dirigidas a la sociedad en general en temas de interés común como: Bienestar Animal, Contaminación del agua, Cambio Climático, Residuos, Impacto Ambiental, Deforestación y Participación Social, entre otros.

A esto sumó los simposios virtuales en los que participaron 864 personas entre autoridades municipales y estatales, representantes de organizaciones civiles y de la sociedad en general de 73 municipios, así como la participación de 6 mil 507 personas en el programa Promotores Ambientales.

La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente

En lo que se refiere a las acciones de la PMA, en el marco del Convenio de Coordinación para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial, la Procuraduría suscribió 10 convenios, un total de 40 en lo que va de la presente administración, con varias instituciones académicas, instituciones gubernamentales, empresas y asociaciones civiles.

A esto añadió el convenio de cooperación técnica firmado por la PMA y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) con el propósito de garantizar la aplicación de las leyes en materia medioambiental para la correcta utilización de los recursos públicos.

En atención a las denuncias ciudadanas respecto de algunos ayuntamientos que arrojan los residuos sólidos urbanos a cielo abierto, la PMA llevó a cabo 97 clausuras, de las cuales, 8 han sido por una incorrecta disposición de residuos sólidos urbanos.

Como parte de las acciones de prevención para evitar la propagación del COVID-19, la PMA preparó un total de 240 mil litros de solución sanitizante antiviral, que ha sido aplicada en 12 mil 452 unidades de transporte público, 64 centros de salud, 22 dependencias de gobierno, 10 cuerpos de bomberos, ocho palacios municipales, cuatro escuelas, dos mercados, dos bancos rurales, dos oficinas de prensa, un comedor comunitario, en diversas empresas y en el edificio de la PMA, beneficiando a 30 mil 360 personas con estas actividades en 40 municipios.

Al término de su exposición, la Secretaria respondió las preguntas formuladas por las y los diputados.

Combatir la corrupción, vigilar el adecuado manejo de los recursos públicos y romper el círculo de la impunidad, son los tres ejes de acción de la Contraloría General del Estado (CGE), definió su titular, Mercedes Santoyo Domínguez, en su comparecencia ante el Congreso del Estado, con motivo de la glosa del Segundo Informe de Gobierno.

Ante la diputada Rosalinda Galindo Silva y el diputado Alexis Sánchez García, presidenta y secretario de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, respectivamente, la servidora pública aseguró que el trabajo realizado a lo largo de este año sienta las bases para crear instituciones eficaces, responsables y transparentes, que rindan cuentas y garanticen el acceso público a la información.

Fiscalización

La titular de la CGE informó sobre la realización de 434 evaluaciones financieras a 17 dependencias y 52 entidades, así como la validación de 114 evaluaciones Programático-Presupuestales y de Calidad y Consistencia a programas presupuestarios y actividades institucionales. En 2020 –añadió- la CGE ha duplicado el número de evaluaciones respecto al ejercicio anterior.

Destacó también las 10 fiscalizaciones de obra pública realizadas a seis dependencias y entidades de la administración pública estatal, con un total de 97 obras revisadas. Además, se registraron 19 mil 591 operaciones que, conforme a su modalidad de contratación, se clasificaron en 23 licitaciones públicas nacionales, cuatro licitaciones públicas estatales, 164 licitaciones públicas simplificadas y 19 mil 400 adjudicaciones directas; de las cuales, 171 fueron adjudicaciones directas por excepción de ley. Del total, 17 mil 475 operaciones se realizaron con empresas veracruzanas y 2 mil 116 con empresas con residencia fiscal en otras entidades federativas, representando el 89% para las empresas locales.

De acuerdo con su titular, la CGE dio seguimiento a 850 procedimientos de contratación de obra pública; de los cuales, 85 corresponden a la modalidad de Licitación Pública Nacional, 175 a Invitación a Cuando Menos Tres Personas, 25 a Adjudicaciones Directas por Excepción de Ley y 565 a Adjudicación Directa.

Como parte del acuerdo de coordinación celebrado entre la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Estado de Veracruz, la CGE dio seguimiento a mil 247 incidencias derivadas de la inspección, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (Compranet). De éstas, 559 corresponden a dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, 97 a organismos autónomos y 591 a municipios del estado.

En su calidad de ente fiscalizador, mediante los entes internos de control, dijo Mercedes Santoyo, la CGE ha realizado auditorías y revisiones periódicas a la comprobación del gasto y la aplicación de los recursos públicos: 31 auditorías a 13 dependencias y a 13 entidades de la administración pública estatal.

Transparencia, anticorrupción y función pública

En 2020, la CGE ha recibido y procesado en el Sistema Declaranet Plus un total de 23 mil 033 declaraciones patrimoniales y de intereses, de las cuales 7 mil 578 se generaron por inicio de funciones, 1 mil 747 por conclusión de servicio y 13 mil 708 de modificación de situación patrimonial. Con corte al 30 de noviembre, la dependencia ha emitido 30 mil 938 constancias de no inhabilitación.

La servidora pública prosiguió: en el reciente año, ha emitido 557 resoluciones, de este total, 183 inhabilitaciones sin sanción económica, 18 sanciones económicas con inhabilitación, una destitución, 96 amonestaciones, 11 apercibimientos y 309 resoluciones fueron absolutorias.

Durante el mismo periodo, añadió, la CGE ha recibido 183 solicitudes de información. En colaboración con el Instituto Veracruzano de Información y Protección de Datos Personales (IVAI), 162 servidores públicos de la Contraloría fueron capacitados.

Capacitación

Durante el mismo periodo, la CGE proporcionó a los servidores públicos de la Administración Pública Estatal capacitaciones en: Principios y Valores Éticos, Vocación de Servicio Público, Responsabilidades de los Servidores Públicos, Sistema de Control Interno, Gestión de Riesgos, Herramientas de Control, Estructuras Orgánicas, Elaboración de Manuales Administrativos, Bitácora Electrónica de Obra Pública, Plataforma Compranet, Contraloría Social y Ciudadana y en reforzamiento de Cero Tolerancia al Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la Administración Pública Estatal.

Mediante la Plataforma Virtual, el Programa Anual de Capacitación fue abierto el 10 de agosto del 2020 y, con corte al 30 de noviembre, se han habilitado 3 mil 614 accesos, de los cuales 1 mil 447 servidores públicos han concluido y los demás están en proceso.

El 8 de abril del presente año, fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado el acuerdo por el cual se emite el Sistema de Control Interno (SICI), de aplicación para las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

A la fecha, han recibido capacitación relativa al SICI a través de salas virtuales y de manera presencial 1 mil 507 servidores públicos de mandos superiores y medios, y por primera vez, los titulares de las dependencias y entidades.

En marzo de este año, fueron publicados en la Gaceta Oficial el Acuerdo que emite el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz y el Código de Conducta de la CGE. A la fecha, se ha autorizado un total de 70 Códigos de Conducta.

La Contralora habló también de las diferentes actividades realizadas para reforzar la capacitación contra el hostigamiento y el acoso sexual en la administración pública estatal: carteles, campañas, pláticas y mesas de trabajo, entre otras.

Santoyo Domínguez finalizó su participación informando que, en atención a lo señalado en el Programa General de Trabajo de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (CPCE-F), a través de la Universidad de Xalapa (UX), la CGE impartió el diplomado en línea en materia del Portal Nacional de Transparencia y Políticas de Gobierno Abierto, en el que participaron 29 estados del país.

“Estamos trabajando en el eje transversal de honestidad, austeridad, planeación, ejecución, control y evaluación de los recursos públicos del estado con la finalidad de gestionar, en todo momento, el bienestar de la sociedad veracruzana”, concluyó la Contralora antes de responder a las preguntas que las y los diputados le formularon.

El diputado José Magdaleno Rosales Torres, representante del Distrito XVII de Medellín, puso a consideración del Pleno un anteproyecto por el cual se prevé exhortar a la Comisión Federal de Electricidad a que revise y resuelva los problemas relacionados con las altas tarifas y cobros excesivos a habitantes de diversas comunidades de la zona de Manlio Fabio Altamirano.

Al participar durante la cuarta sesión ordinaria, el integrante del Grupo Legislativo de Morena señaló que, en días pasados, realizó un recorrido por la zona mencionada, donde los pobladores le solicitaron su intervención, ante las autoridades competentes, debido a que el cobro por el servicio de electricidad se les ha incrementado considerablemente, a pesar de tener el mismo consumo habitual.

El legislador Rosales Torres puntualizó que hasta el momento ha atendido a más de 10 casos que presentan esta misma situación; sin embargo, a través de diversos medios de comunicación, se ha hecho público que este tipo de inconformidad se viene presentando en diversos sectores en todo el territorio veracruzano.

“Se hace imprescindible hacer un llamado urgente a la CFE y a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que realicen verificaciones a estos casos y se den soluciones a los usuarios, con la finalidad de que sigan gozando del servicio sin desembolsar las excesivas cantidades que les exigen cada bimestre”, concluyó.

Tras su lectura en Tribuna, la Mesa Directiva instruyó remitir el anteproyecto a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), para el trámite legislativo correspondiente.

Mediante un Anteproyecto de Punto de Acuerdo, la diputada Magaly Armenta Oliveros exhortó al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) para que, a la brevedad, informe a esta Soberanía respecto al seguimiento dado a las denuncias interpuestas por este órgano fiscalizador contra exservidores públicos, como resultado de los dictámenes de las cuentas públicas aprobados por esta Soberanía.

Refirió lo establecido en el Artículo 61 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a saber, que “el Órgano entregará al Congreso, durante los primeros cinco días de los meses de marzo y septiembre de cada año, los Informes de Seguimiento correspondientes a la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, correspondientes a cada uno de los Informes Individuales que hubiere presentado.

“Los Informes de Seguimiento serán públicos y deberán incluir los montos efectivamente resarcidos a la Hacienda Pública o al patrimonio de los Entes Públicos, como consecuencia de las acciones de fiscalización, las denuncias penales presentadas y los procedimientos de cualquier otra índole que se hubieren llevado a cabo”, sentenció.

Al citar también el Artículo 72 de la misma Ley, la representante popular expresó que la sociedad tiene el derecho de conocer el destino de las denuncias interpuestas por el Orfis en contra de diversos servidores públicos a los cuales les resulta presunto daño patrimonial.

La legisladora se pronunció por que se dé a conocer “a cuántos se les ejerció acción penal, a cuántas se les sentenció y tuvieron que reparar el daño, cuántos regresaron lo robado y el monto que ha recuperado el Orfis por motivo de estas denuncias. Queremos saber si el Ministerio Público o la Fiscalía determinó el no ejercicio de la acción penal y qué hizo el Orfis para combatir esta resolución”, concluyó.

El diputado Eric Domínguez Vázquez presentó una iniciativa con proyecto de Decreto por la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz, para dotar al Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), de una herramienta digital y tecnológica denominada Buzón Fiscalizador, que permita la práctica de auditorías en vía remota, a fin de simplificar, facilitar, agilizar y reducir gastos durante el Procedimiento de Fiscalización Superior.

Con esta plataforma, dijo el también presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia, el Orfis mantendría comunicación constante con los entes a fiscalizar, propiciando una efectiva realización de notificaciones apegadas a la legalidad, intercambio de información y envío y recepción de documentos con respaldo digital y físico, dando certeza jurídica en cuanto a su autenticidad, a través del uso de la Firma Electrónica Avanzada (FIEL).

El integrante del Grupo Legislativo de Morena puntualizó que esta plataforma virtual sería controlada y administrada por el Orfis, proporcionando a cada ente fiscalizable una cuenta con clave de acceso -única e intransferible-, con la que podrá recibir las notificaciones y requerimientos que emita el Órgano.

Por su parte, refiere, los titulares de los entes fiscalizables deberán designar, de entre sus servidores públicos, al responsable del manejo y atención del Buzón Fiscalizador. Asimismo, deberán integrar y mantener actualizado un archivo físico con la documentación remitida al Órgano a través de la plataforma o de cualquier otro medio electrónico, para su disposición y/o remisión inmediata a cualquier autoridad que la requiera.

El legislador Domínguez Vázquez señaló que esta herramienta permitirá la interacción con los entes fiscalizables a distancia, evitando desplazamientos innecesarios, reduciendo costos de traslado y utilización de recursos materiales.

Finalmente, señaló que el Buzón Fiscalizador, representará un avance hacia la modernidad en la fiscalización, consolidando un gobierno electrónico, con inmediatez en las actuaciones realizadas por las autoridades, constituyendo una mayor eficacia en la revisión que se hace al ejercicio de los recursos públicos, concluyó.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Vigilancia, para su estudio y dictamen.