por Puebla al Día | Ene 28, 2021 | Congreso
Con el objetivo de contribuir al mejoramiento de las normas jurídicas relacionadas con la defensa y protección de los derechos humanos, en este caso de personas adultas mayores y menores de edad, el Grupo Legislativo de los Partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) presentó una iniciativa que busca regular los servicios que prestan los centros de asistencia.
A través de la iniciática de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para el Funcionamiento y Operación de Albergues, Centros Asistenciales y sus Similares del Estado de Veracruz se establece la obligación legal de dichos Centros de realizar diversas acciones tendientes a respetar la dignidad, la salud física y mental y, en general, los derechos humanos de las personas residentes o alojadas en los mismos.
De igual forma, a efecto de reforzar dicho propósito, se plantea el establecimiento de disposiciones relacionadas con el personal que labora en los albergues, centros asistenciales y establecimientos similares.
De acuerdo a la propuesta, los establecimientos citados deberán contar con las dimensiones físicas adecuadas a la naturaleza de los mismos, con diseño y accesibilidad universal, y con las medidas de salubridad e higiene, así como de seguridad y protección civil, que las leyes prevean.
Asimismo, deberán garantizar que sus servicios sean prestados con calidad y calidez, en un entorno seguro, afectivo y libre de violencia; que brinden a los residentes el cuidado y la protección contra actos u omisiones que puedan afectar su integridad física, sexual o psicológica; y que proporcionen una nutrición equilibrada, periódicamente certificada por la autoridad sanitaria.
Por otra parte, se prevé que tendrían que adoptar las medidas para fomentar la inclusión de los albergados, pacientes o beneficiarios con discapacidad; brindar un trato con respeto a la dignidad, intimidad personal y a los derechos de las personas residentes; desarrollar programas de educación y esparcimiento e informar a las autoridades correspondientes sobre la condición de vulnerabilidad de las personas a su cuidado.
Además, promover acciones orientadas, en su caso, a la preservación de las visitas y convivencia para mantener la integración familiar; y denunciar a las autoridades
competentes los hechos que pudieran ser constitutivos de delitos, cometidos al interior de las instalaciones.
Entre otros puntos, se establece que el personal que brinde atención en los Centros Asistenciales o similares deberán estar calificados para atender a los residentes, de acuerdo a sus condiciones personales, al nivel de cuidado y a los servicios que se le prestarán, con la obligación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de verificar el cumplimiento de lo anterior.
El personal deberá brindar sus servicios con respeto, esmero, cuidado, prontitud, calidez y alto sentido humano a todos los beneficiarios, sin discriminaciones ni actos de violencia física o psicológica.
Dicho personal estaría obligado a guardar la reserva debida, así como la discreción necesaria respecto a los asuntos personales, condiciones personales y de estado físico y mental de los atendidos. Los administradores, encargados o responsables de los establecimientos supervisarán permanentemente que el personal a su cargo cumpla con lo previsto en la Ley.
Se contempla también la creación de una Comisión Consultiva, integrada por el Gobernador del Estado, en calidad de presidente; del Director del DIF estatal y los titulares de las Secretarías de Protección Civil (SPC), de Educación (SEV), de Salud (SS), de la Fiscalía General del Estado y de la Contraloría General (CGE). La función de esta comisión será el coadyuvar para el funcionamiento, operación, seguridad y vigilancia de los establecimientos citados.
Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Derechos de la Niñez y la Familia.
por Puebla al Día | Ene 28, 2021 | Congreso
La diputada María Esther López Callejas, presentó una iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Turismo del Estado de Veracruz, con el objetivo de capacitar gratuitamente, por lo menos una vez al año, a los servidores públicos involucrados de los municipios con vocación turística, con la finalidad de que ellos puedan capacitar, a su vez, a las y los prestadores de servicios turísticos de su municipalidad, en materia de sanitaria.
Esta propuesta responde a la necesidad de reintegrar a este sector a la “nueva normalidad”, derivada de la pandemia por Covid-19, con las herramientas necesarias que les permita operar nuevos criterios de higiene e interacción entre los colaboradores y visitantes, dentro de diferentes áreas del sector.
En este sentido, la presidenta de la Comisión Permanente de Turismo señaló, que en el marco de la celebración de las actividades de la “Semana del Turismo 2020” Turismo y Desarrollo Rural, en las siete regiones de la entidad, las y los prestadores de servicios turísticos, servidores públicos municipales encargados de las áreas de turismo, así como las y los ediles de diferentes Ayuntamientos externaron su inquietud por reintegrarse con las especificaciones y recomendaciones de las autoridades sanitarias, para salvaguardar la integridad física y salud de las y los involucrados.
Al respecto, continuó la legisladora, es dispensable que la Secretaría de Turismo, a través de acuerdos con la Secretaría Federal, autoridades educativas y laborales, puedan implementar programas de capacitación a prestadores de servicios turísticos, trabajadores y servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, de forma gratuita, al menos una vez al año, para dar las herramientas enfocadas en el aprendizaje de nuevos métodos e ideas orientadas a la mejora continua de un establecimiento.
Además, se deberán fomentar los criterios de higiene e interacción entre los trabajadores y visitantes, cuidando en todo momento las recomendaciones de salud realizadas por la autoridad competente, asimismo, las empresas turísticas deberán cumplir con las obligaciones que en materia de capacitación, seguridad, migración y salud les imponga la legislación y/o los reglamentos municipales vigentes.
Finalmente, indicó que ante la “nueva normalidad”, es necesario para el sector turismo y cualquier negocio, cumplir con las exhaustivas normas de sanidad, toda vez que es una forma de atraer a los viajeros, y así reactivar la economía de este sector en la entidad.
Para su estudio y dictamen la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Turismo.
por Puebla al Día | Ene 28, 2021 | Congreso
La LXV Legislatura designó a Namiko Matzumoto Benítez presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para un segundo periodo, que abarca del 30 de enero de 2021 al 29 de enero de 2026. Con 40 votos, el Pleno avaló la continuidad de la actual titular al frente del organismo autónomo.
Durante la Octava Sesión Ordinaria del Primer Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, el Pleno aprobó el dictamen emitido por la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, que contenía la terna integrada por Irvin Uriel López Bonilla, Namiko Matzumoto Benítez y Gustavo Souza Escamilla.
Una vez concluidas todas las etapas previas contempladas en la convocatoria y realizado el proceso conforme a la ley, la Comisión dictaminadora presentó la propuesta al Pleno que, en dicha sesión, procedió a la votación, en términos de lo establecido por el Artículo 33, fracción XIX, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Realizada la votación y habiéndose obtenido el resultado aprobatorio, el diputado Alexis Sánchez García y las diputadas Deisy Juan Antonio y Montserrat Ortega Ruiz, presidente, secretaria y vocal de la Comisión mencionada, respectivamente, condujeron hasta el Recinto Oficial de Sesiones a la ciudadana Namiko Matzumoto Benítez, donde la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, le tomó la protesta de ley.
Esta designación se circunscribió a lo establecido en el Artículo 17 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para el Estado de Veracruz, según el cual, la persona que presida la CEDH “durará en sus funciones cinco años, y podrá ser designado, exclusivamente, para un segundo período”.
por Puebla al Día | Ene 28, 2021 | Congreso
El uso del gas natural en el parque vehicular de los concesionarios del servicio de transporte público, como una medida para mejorar la calidad del aire, propuso el Grupo Legislativo Mixto Partido Revolucionario Institucional–Partido Verde Ecologista de México, mediante una Iniciativa de Decreto.
La propuesta de reformar diversas disposiciones de la Ley 581 de Tránsito y Seguridad Vial y de la Ley 589 de Tránsito y Transporte, ambas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, tiene como propósito incentivar desde el marco jurídico local la transición al uso de combustibles alternativos y más sostenibles que los derivados del petróleo.
La moción contempla los conceptos de energías limpias, promoción, fomento y utilización preferente de energías limpias en aquellos vehículos de esta modalidad que recorren las calles del estado, contribuyendo así a la reducción de la emisión de gases contaminantes y el fortalecimiento de la economía de los concesionarios, derivado de la reducción de costos de este tipo de combustibles en relación con el de la gasolina y el diésel.
Al comparar el gas natural vehicular con otros tipos de combustible, como el diésel, el combustóleo, la gasolina o el gas licuado de petróleo, destacan en la propuesta, el primero es más barato hasta en un 50 por ciento, generando un ahorro significativo e inmediato en el bolsillo de los consumidores.
Consideran también que el uso del gas natural vehicular permitiría la reducción de hasta 70 por ciento de la contaminación ambiental, disminuyendo la emisión de dióxido de carbono y óxidos de nitrógeno y contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los habitantes. Además, al ser más ligero que el aire, se dispersa rápidamente, lo que lo hace altamente seguro. Debido a su composición física, el almacenamiento del gas natural vehicular en las estaciones de servicio no presenta riesgo de derrames o contaminación del subsuelo o mantos freáticos.
De acuerdo con lo planteado, a los vehículos destinados a las modalidades de urbano, suburbano, foráneo y rural mixto no se les permitirá una antigüedad superior a 15 años, salvo que sus unidades utilicen energías limpias; en cuyo caso, podrán obtener una prórroga de cinco años de antigüedad máxima.
En el caso de las unidades de taxi, será de ocho años su antigüedad máxima, salvo que utilicen energías limpias, y demuestren haberlas utilizado al menos durante cinco años continuos, en su caso tendrán derecho a una prórroga de dos años adicionales de antigüedad máxima, siempre y cuando aprueben la verificación vehicular correspondiente.
Las y los proponentes enfatizan el valor de la calidad del aire como “un bien social que nos atañe a todos, por lo que debe ser considerada como una prioridad por todos aquellos actores que inciden en la contaminación del aire, autoridades, instituciones y sociedad para fortalecer su gestión mediante la convergencia de responsabilidades que construyan una visión y un conjunto de acciones compartidas para mejorar la calidad del aire y, en consecuencia, prevenir afectaciones a la salud de las y los veracruzanos”.
La Iniciativa de Decreto presentada por el Grupo Legislativo Mixto PRI-PVEM fue turnada a la Comisión Permanente de Transporte Tránsito y Vialidad.
por Puebla al Día | Ene 28, 2021 | Congreso
El diputado Rodrigo García Escalante presentó al Pleno del Congreso del Estado la iniciativa con proyecto de Ley para el Otorgamiento de Beneficios a Deudos de Integrantes de las Instituciones del Sistema Estatal de Salud Fallecidos en Cumplimiento de su Deber a Consecuencia de la Atención Brindada ante una Emergencia Sanitaria, con la cual se prevé el pago de una pensión a quien derecho corresponda.
En la sesión, y en nombre del Grupo Legislativo de los partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), el diputado subrayó que este ordenamiento busca reconocer la valía del personal de salud que sigue al frente de la guerra contra la pandemia de Covid-19. “Ellos están dando la batalla y debemos, como parte del Estado, además de garantizarles lo necesario para sus funciones, tengan la seguridad de que los protegeremos a ellos y a sus familias más allá de lo que por ley les corresponda”.
De acuerdo a la iniciativa, el Gobierno estatal deberá otorgar, trimestralmente, una pensión equivalente a 420 veces el salario mínimo vigente, a los deudos de cualquier integrante de las instituciones del Sistema Estatal de Salud, que fallezca con motivo de su actividad profesional desarrollada a partir de que exista el Acuerdo emitido por el Consejo de Salubridad General por el que se reconozca una emergencia sanitaria de atención prioritaria.
Tienen el carácter de deudos el cónyuge supérstite; la concubina o concubinario, definidos por la legislación civil del Estado; los hijos solteros menores de 18 años; los hijos solteros mayores de 18 años, previa comprobación de que están realizando satisfactoriamente estudios continuos de nivel medio o superior, en planteles oficiales o reconocidos, hasta la conclusión de una carrera técnica o profesional.
A falta de todos los mencionados en los incisos anteriores: los ascendientes, siempre que dependan económicamente del integrante de las instituciones del Sistema Estatal de Salud.
De igual forma, se considerará que el fallecimiento es resultado de su trabajo durante una emergencia sanitaria, cuando se compruebe que el personal de salud se encontraba activo brindando la atención necesaria durante el periodo de tiempo que se encuentre vigente la declaratoria de atención prioritaria.
Se establece que será la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) la que reciba las solicitudes de los presuntos beneficiarios de la pensión y determine, por conducto del Instituto de Pensiones del Estado, la procedencia de su otorgamiento, previa comprobación de las condiciones del deceso, el nexo familiar de los beneficiarios y los demás requisitos señalados en esta Ley.
En su intervención, el legislador García Escalante manifestó que esta nueva Ley reconoce el enorme esfuerzo, dedicado, compromiso, humanismo y solidaridad que el personal de salud ha mostrado para sacar adelante a los pacientes graves. “Para ellos todo nuestro respeto, admiración y agradecimiento, para los familiares de quienes han perdido la vida en esta terrible batalla, nuestro más sentido pésame”.
Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado y de Salud y Asistencia.
por Puebla al Día | Ene 28, 2021 | Congreso
Durante los trabajos de la Octava Sesión Ordinaria del primer periodo ordinario de sesiones, el Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, envió al Congreso local la iniciativa de Ley de Prevención, Atención y Asistencia de la Violencia Familiar para el Estado de Veracruz, la cual pretende unificar criterios y homologar actuaciones entre las instituciones y dependencias encargadas de velar por el bienestar familiar.
Conformado por nueve capítulos, el proyecto plantea crear un Sistema de Coordinación Interinstitucional Protector de las Personas Receptoras y en Riesgo de Violencia Familiar, denominado Sistema de Alerta Temprana de Violencia Familiar.
Esta ley garantizará el derecho de los integrantes de la familia para que estos no sean restringidos de ninguna forma. Para ello, se creará el Consejo Estatal Prevención, Atención y Asistencia de la Violencia Familiar, presidido por Ejecutivo Estatal, así como por los titulares de las Secretarías de Gobierno (Segob), Seguridad Pública (SSP), Salud (SS), Educación (SEV), Desarrollo Social (Sedesol) y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Además de la Fiscalía General del Estado, Instituto Veracruzano de las Mujeres, Procuraduría Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el Consejo Estatal de Población y el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, cada uno participando desde las áreas de su competencia, para sensibilizar, capacitar, dar asesoría y canalización de manera coordinada.
Asimismo, el Sistema de Alerta Temprana de Violencia Familiar, pretende identificar casos y personas en riesgo de violencia familiar, así como dar inicio al protocolo homologado interinstitucional para evitar los agravios, el cual estará activo los 365 días del año las 24 horas.
En el mismo sentido, se detallan los mecanismos eficaces de atención y apoyo a las personas receptoras de violencia familiar, además de señalar los perfiles especializados de quienes deberán atender estos casos de acuerdo a las “Reglas comunes aplicables a los procesos y procedimientos de violencia familiar”.
Finalmente, con el objetivo de evitar que se incurra en la violación de los derechos humanos durante los procesos que confieren a esta Ley, reglamentos y protocolos, se introdujo el recurso de la queja como un medio para la actuación de las y los servidores públicos que intervienen en la atención de violencia familiar.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y para la Igualdad de Género, para su estudio y dictamen.
