por Puebla al Día | Ene 28, 2021 | Congreso
El Pleno de la LXV Legislatura avaló -con 41 votos- el dictamen con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Municipio Libre y de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz, que fortalece los sistemas de protección integral y especial municipales, en favor de los derechos de la niñez, presentado por las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y Derechos de la Niñez y la Familia, y de la autoría de la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi.
Con esta reforma, señala la dictaminadora, se colocará a este tema como prioritario en las acciones gubernamentales de todos los niveles de Gobierno, prevaleciendo el interés superior de la niñez y dando garantías a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a través de la adopción de todas las medidas administrativas y legislativas para hacer efectivo los derechos reconocidos por las instancias internacionales.
Con el fortalecimiento de los Sistemas Municipales de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), dice el dictamen, se busca su consolidación para que se visualicen como instancias primordiales de la organización municipal, debidamente instaladas y con los recursos que permitan su óptima operación, tanto de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Municipal de Protección Integral y de la Procuraduría Municipal de Protección, así como para la ejecución del Programa Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
En este sentido, al ser instituciones de primer contacto con las niñas, niños y adolescentes, es esencial visualizarlas como parte de la estructura de los Ayuntamientos, debidamente instalados, toda vez que son el vínculo con las autoridades estatales y federales, así como con los sectores social y privado enfocados al servicio de la comunidad.
Tanto la Secretaría Ejecutiva del Sistema Municipal de Protección Integral y de la Procuraduría Municipal de Protección, así como para la ejecución del Programa Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, contarán con recursos que permitan su óptima operación.
Además, se pretende que exista una mayor comunicación entre la Secretaría Ejecutiva Estatal con sus homólogas municipales, contribuyendo al enriquecimiento de acciones de asesoría y capacitación especializada para el personal municipal, haciendo más eficaz sus competencias en el ejercicio de sus funciones.
También, se robustecerán los programas municipales de protección integral a través de nuevas bases en el diseño y ejecución, contribuyendo para que las políticas públicas en la materia, sean delineadas a partir de diagnósticos sobre el cumplimiento y protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, con la participación de los sectores involucrados.
Dentro de sus transitorios se señala que el Ejecutivo del Estado, así como los Ayuntamientos, tendrán un plazo de 180 días, a partir que entre en vigor el Decreto, para realizar las adecuaciones reglamentarias y normativas necesarias.
La obligación de elaborar, aprobar y ejecutar los Programas Municipales de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, será aplicable para todos los Ayuntamientos que entren en funciones el primero de enero de 2022, y deberá considerarse en su Plan Municipal de Desarrollo.
por Puebla al Día | Ene 28, 2021 | Congreso
Las diputadas y diputados de la LXV Legislatura aprobaron el dictamen de la Comisión de Hacienda del Estado, por el cual se autoriza al Gobernador del estado enajenar, a título gratuito, una superficie de la parcela 15 z-1 p 1/1 del ex ejido Emiliano Zapata, actualmente municipio de Xalapa, a favor del Gobierno Federal, con destino a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para la construcción de una compañía de la Guardia Nacional.
De acuerdo al dictamen, de no cumplirse con la finalidad establecida, la enajenación se entenderá por revocada y sin necesidad de declaración judicial, se revertirá al patrimonio del Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
La Comisión consideró el documento firmado por el Comisario G.N. Sergio Armando Moreno González, Coordinador Estatal de Veracruz de la Guardia Nacional, de solicitud de donación de un predio que cuente con las características de servicios indispensables, a fin de que sea destinado a la construcción de un nuevo Cuartel General de la Guardia Nacional, con el objeto de proporcionar seguridad y reducir e inhibir la incidencia delictiva que se presenta en los distintos puntos de la entidad.
En el dictamen, la instancia legislativa de Hacienda del Estado, señala que la Sedena es una dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, cuya misión es defender la integridad, la independencia y soberanía de la Nación; garantizar la seguridad interior, auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas, realizar acciones cívicas y obras sociales que atiendan el progreso de del país.
En caso de desastre -añade- prestar ayuda para el mantenimiento del orden auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.
por Puebla al Día | Ene 28, 2021 | Congreso
El Pleno de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz aprobó el dictamen, resultado de la iniciativa presentada el 5 de noviembre del 2020 por el diputado Eric Domínguez Vázquez, con lo que se establece que bajo ninguna circunstancia serán modificados los Centros Históricos de su carácter original, salvo que por algún motivo exista causa que obligue su modificación por cuestiones de fuerza mayor, producto de un desastre natural y que ante tal situación se ponga en riesgo la integridad física y/o vida de la población.
En los trabajos de la octava sesión ordinaria y con 40 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra, el Pleno avaló el citado dictamen, con lo que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de las Leyes de Patrimonio Cultural; Orgánica del Municipio Libre y a la de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, todas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
A partir de estas modificaciones los ayuntamientos tendrán las atribuciones para proteger, preservar y mantener la originalidad de los Centros Históricos de las cabeceras municipales.
De igual forma, queda asentado que corresponde a los municipios, en el ámbito de sus jurisdicciones, promover inversiones y acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, con base en los programas de desarrollo urbano de orden municipal.
Además, con la finalidad de conservar sus fachadas originales, se deberá mantener, preservar y resguardar el centro histórico de las cabeceras municipales.
En el documento, las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal, instancias dictaminadoras, expusieron su coincidencia con el legislador autor de la propuesta, en relación a modificar las leyes antes mencionadas para dotar a los Centros Históricos de los municipios el carácter de Patrimonio Cultural en el estado de Veracruz, debido a la importancia que resulta el reconocer el patrimonio que se crea constantemente, en los espacios públicos.
por Puebla al Día | Ene 28, 2021 | Congreso
Infraestructura hospitalaria y sanitaria, educativa y deportiva, vialidades urbanas, electrificación y equipamiento para seguridad pública constituyen el destino de los recursos autorizados mediante el Decreto, por el cual esta Legislatura autoriza al Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave gestionar y contratar uno o varios financiamientos hasta por dos mil millones de pesos.
Este jueves, durante la Octava Sesión Ordinaria del Primer Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, el Pleno legislativo aprobó, con 46 votos a favor, sin votos en contra y sin abstenciones, el Dictamen emitido por la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, derivado de la Iniciativa remitida a esta Soberanía por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
Por este Decreto, se autoriza al Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por conducto del Poder Ejecutivo, para que, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), gestione y contrate, con cualquier institución de crédito o integrante del Sistema Financiero Mexicano que ofrezca las mejores condiciones de mercado, uno o varios financiamientos un monto de hasta dos mil millones de pesos, para destinarlo a inversión pública productiva, teniendo como fuente de pago un porcentaje de las participaciones federales que en ingresos tenga derecho a recibir.
De acuerdo con el Dictamen aprobado, el Estado deberá destinar los recursos que obtenga con el o los financiamientos que contrate con base en dicho decreto para financiar inversión pública productiva, en los rubros de fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria y de salud, infraestructura educativa y deportiva, infraestructura en vialidades urbanas, interurbanas y metropolitanas, en obra pública en materia inmobiliaria, de suelos, agropecuaria, medioambiental, hidráulica y de electrificación y de equipamiento, infraestructura vehicular operativa y equipamiento para seguridad pública y toda erogación por la cual se genere, directa o indirectamente, un beneficio social.
Asimismo, el origen y destino de los recursos permitirá garantizar obras y acciones de inversión productiva, es decir, erogaciones realizadas con recursos provenientes de financiamientos, destinadas a la ejecución de obras, adquisición de bienes que generen un aumento en la capacidad o vida útil de los mismos y así lograr estabilidad y mejora en la economía estatal.
El Decreto aprobado establece también que el Estado deberá prever anualmente en su Presupuesto de Egresos, en tanto existan obligaciones pendientes de pago a su cargo que deriven del o los financiamientos que contrate con base en dicho decreto, el importe que permita realizar las erogaciones para el pago del servicio de la deuda en cada ejercicio fiscal, hasta su liquidación total.
Discusión del dictamen
En la discusión del dictamen, la presidenta de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, diputada Rosalinda Galindo Silva, reconoció que las políticas del gobierno encabezado por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, como fueron planteadas en el Plan Veracruzano de Desarrollo, se han conducido en estricto apego a la austeridad republicana y al manejo responsable de las finanzas públicas.
Con austeridad, disciplina y transparencia financiera –añadió la legisladora-, se ha logrado dar cumplimiento oportuno de los elevados pagos de la deuda del pasado: con la banca comercial, con el propio Gobierno de la República, ayuntamientos, organismos autónomos, incluida nuestra máxima casa de estudios, con el sistema de pensiones y con proveedores y contratistas que han comprobado la prestación de sus servicios u obras, entre otras múltiples obligaciones heredadas y, al mismo tiempo, que se ha dado cumplimiento del pago oportuno del gasto corriente, de los servicios públicos, salarios y aguinaldos de maestros, enfermeras, doctores y policías, entre otros, hasta llegar a un punto de equilibrio.
También desde la tribuna, el diputado Gonzalo Guízar Valladares argumentó que el sentido de su voto a favor de este mecanismo de apalancamiento, de reactivación económica en materia de salud y para el fortalecimiento directo de la micro y mediana empresa obedeció a un reconocimiento del uso responsable de la ingeniería financiera para la recontratación de deuda pública.
Destacó que este financiamiento “no va a gasto corriente. Vamos a mitigar la falta de recaudación vía participaciones y recursos propios y federales más de mil 800 millones de pesos (…) y vamos a invertir en infraestructura y, al mismo tiempo, estamos reactivando la economía. Hay seriedad en el manejo de los recursos públicos en materia de deuda. Nuestro voto va a favor porque es un acto de responsabilidad financiera”.
por Puebla al Día | Ene 28, 2021 | Congreso
Con el propósito de regular el uso de la tecnología en beneficio de la labor legislativa, diputados de la LXV Legislatura presentaron una iniciativa de reforma al artículo 154 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, con la cual se prevé la participación vía remota, a través de dispositivos tecnológicos, de diputadas y diputados en las comparecencias de los titulares de las dependencias de la administración pública estatal y de órganos autónomos.
La propuesta legislativa, signada por los diputados Juan Javier Gómez Cazarín, Omar Guillermo Miranda Romero y Alexis Sánchez García, así como por la legisladora Erika Ayala Ríos, busca reformar el primer párrafo y el inciso c) de la fracción IX del artículo 154 del citado Reglamento.
De esta manera, quedaría asentado en el citado artículo que las comparecencias se realizarán ante el Pleno o las Comisiones correspondientes, en el lugar que determine la Junta de Coordinación Política, en las cuales podrán participar los diputados de manera remota, tal y como se encuentra previsto para las sesiones a distancia establecidas en los artículos 81 y 83 del Reglamento.
Asimismo y con el objeto de homologar disposiciones relativas a la participación durante el desahogo de la comparecencia, se establece que si algún diputado registrado ante la Comisión no se encontrare presente en el lugar de la comparecencia, o conectado de manera remota, cuando le toque el turno de preguntar, se le concederá el uso de la voz al siguiente de la lista.
La iniciativa refiere que la participación de las y los diputados a través de las tecnologías de la información o sistemas electrónicos ya está en operación para las sesiones legislativas, con lo que se garantiza la intervención de viva voz de las y los legisladores partícipes.
“Se prevé que este régimen no sustituya el ejercicio de la función de control de los legisladores, sino que sea un modelo de excepción de dichas comparecencias, motivado por situaciones extraordinarias de contingencia o fuerza mayor que pongan en riesgo la salud de todos los que trabajamos en él, sin que implique ningún tipo de menoscabo a los derechos y atribuciones de los legisladores”, añade.
Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.
por Puebla al Día | Ene 28, 2021 | Congreso
Con la finalidad de quede expresamente establecida en la Carta Magna Federal la prohibición de discriminar por ejercer alguna profesión lícita, la diputada Ana Miriam Ferráez Centeno, presentó una iniciativa ante el Congreso de la Unión, para reformar el último párrafo del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En su exposición de motivos, la legisladora señaló que ante el contexto derivado de la pandemia por Covid-19, se han suscitado hechos de discriminación hacia trabajadores del sector salud, lo cual representa una violación a sus derechos humanos.
En este sentido, señaló que este proyecto pretende contribuir al respeto pleno de todas las profesiones lícitas existentes en la nación, toda vez, que también, se han dado casos en que se ha lastimado o agredido a otras profesiones, que se encuentran en funciones de emergencias sanitarias o catástrofes naturales.
Puntualizó que en la entidad, ya efectuaron reformas a la legislación penal sustantiva local en perjuicio de personal de salud, pero también hacia cualquier elemento de seguridad pública, de las Fuerzas Armadas, de tránsito y vialidad o de protección civil, sin embargo, indicó, “se puede hacer más”.
Esta reforma “busca abonar al respeto que debe imperar en el disfrute de los derechos humanos de todas y todos los mexicanos”, dijo.
“Que en adelante, lo único que reciban las y los trabajadores de la salud, sean aplausos, reconocimientos y agradecimientos y que la impotencia y frustración que padecieron, se vean rebasados por la satisfacción y el orgullo que sentimos quienes sí valoramos la calidad de su trabajo y el corazón que le ponen al desarrollarlo”, concluyó.
Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales.
