por Puebla al Día | Feb 19, 2021 | Congreso
El diputado Eric Domínguez Vázquez, presentó una iniciativa con proyecto de Decreto que propone inscribir con letras de oro, en el muro de honor del H. Congreso de Veracruz, el nombre del caudillo papanteco Serafín Olarte, como reconocimiento a su destacable intervención en la lucha por la independencia de México.
En su exposición de motivos, el legislador señaló que en el marco del aniversario de los doscientos años de la consumación de la independencia nacional, es un acto de justicia honrar a este personaje, toda vez que fue parteaguas en la lucha indígena insurgente por alcanzar la libertad, en la zona norte de la entidad.
Asimismo, puntualizó que para que exista el México contemporáneo que conocemos hoy en día, fue necesaria la aportación de innumerables hombres y mujeres, cuyos nombres han quedado inscritos como leyendas a largo de la historia, sin embargo, existen algunos otros, que a pesar de la trascendencia de su lucha, han pasado desapercibidos, “tal es el caso del caudillo Serafín Olarte”.
Precisó en la importancia de resaltar la participación de los pueblos originarios en esta lucha, así como los personajes que la protagonizaron, como es el caso de Serafín Olarte “ya que su recuerdo y legado siguen vivos a través de los cronistas papantecos, fuentes indígenas que utilizan preponderantemente la tradición oral y no escrita”.
El éxito de este caudillo al frente de la insurgencia totonaca, enorgullecen al pueblo papanteco, exaltó Domínguez Vázquez, por lo que al ser parte determinante en la consolidación de la independencia en Veracruz, es necesario honrarlo y reconocerlo, concluyó.
Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Gobernación.
por Puebla al Día | Feb 19, 2021 | Congreso
El Pleno de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz aprobó el dictamen de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, mediante el cual se autorizan las ampliaciones presupuestales solicitadas por el Organismo Público Local Electoral del estado (Ople), la Universidad Veracruzana (UV), Fiscalía General del Estado (FGE) y Tribunal Electoral de Veracruz (TEV).
Lo anterior, a través del Decreto por el cual se adicionan diversas disposiciones a los artículos 16, 18, 21 y 22 del Decreto número 823 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ejercicio fiscal 2021.
De esta manera, la Legislatura local autoriza al Ople una ampliación de recursos presupuestales hasta por 352 millones de pesos (mdp), en virtud de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que deriva de la acción de inconstitucionalidad 241/2020 y sus acumulados, que restablece la vigencia de cálculo de la Ley Electoral para los partidos políticos y además para gastos relativos a la instalación de órganos electorales desconcentrados, mecanismos de recolección y traslado de paquetes electorales y material electoral diverso.
Al TEV le fue autorizada la ampliación de recursos por un monto de 4 millones 612 mil pesos, lo cual fue sustentado derivado del incremento en las labores ordinarias, consecuencia del proceso electoral, la necesidad de contratación de personal eventual y gastos de operación.
Del mismo modo, a la FGE le fue autorizada la ampliación por un monto de 347 millones 147 mil 918 pesos, que fue fundada a partir de que la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz “I” del Servicio de Administración Tributaria (SAT) determinó los créditos fiscales a partir del incumplimiento en el pago de las ministraciones destinadas a cubrir los impuestos sobre la Renta retenidos por Sueldos y Salarios en los periodos del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2015 y del 1 de enero al 30 de noviembre de 2016, y por Arrendamientos, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.
Para la UV fue autorizado un monto de mil 682 millones 467 mil 895 pesos que, al igual que la Fiscalía, le fueron determinados los créditos fiscales a partir del incumplimiento en el pago de las ministraciones destinadas a cubrir los Impuestos sobre la Renta retenidos por Sueldos y Salarios, a partir del incumplimiento en el pago de las ministraciones destinadas al pago del Impuesto sobre la Renta por sueldos y Salarios en los periodos del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2014 y del 1 de enero al 31 de mayo de 2015, así como las multas y recargos correspondientes.
La comisión legislativa de Hacienda del Estado, integrada por la diputada Rosalinda Galindo Silva, presidente, y por los diputados Alexis Sánchez García y Eric Domínguez Vázquez, secretario y vocal respectivamente, considera necesaria la continuación de políticas que permitan la aplicación de medidas de austeridad y la observancia del principio de balance presupuestal sostenible del Presupuesto de Egresos.
En todos los casos, la Comisión consideró lo expuesto por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del estado.
Este dictamen registró 38 votos a favor y uno en contra, sin abstenciones.
Resultado de lo anterior, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, instruyó a la Secretaría General remitir el decreto correspondiente al Ejecutivo estatal para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado.
Al participar en el debate de este dictamen, la diputada del grupo legislativo de Morena, Rosalinda Galindo Silva, indicó que la aplicación oportuna de políticas planteadas en el Plan Estatal de Desarrollo; de austeridad republicana, disciplina financiera y de contención del gasto, permitirán hacer frente a estas contingencias, no previstas inicialmente por los propios organismos autónomos solicitantes.
Tras ampliar detalles sobre cada una de las ampliaciones presupuestales, la legisladora sostuvo que cumplir con estos compromisos es por una democracia más justa y competitiva, así como el saneamiento de las finanzas públicas del gobierno estatal, es pensar en el beneficio de las futuras generaciones.
por Puebla al Día | Feb 19, 2021 | Congreso
Con el objetivo de visibilizar los derechos que tienen los pueblos y comunidades indígenas, así como privilegiar sus legítimos anhelos de conservar sus raíces e identidad, el diputado León David Jiménez Reyes presentó al Pleno una iniciativa que busca establecer la obligación, a cualquier edificación de servicio público, el contar con letreros, en los cuales se especifique, de acuerdo a la lengua originaria del lugar, nombre, descripción del servicio que presta y las medidas de seguridad, así como atención de emergencias.
A través de la iniciativa que busca adicionar un segundo párrafo al artículo 59 de la Ley que Regula las Construcciones Públicas y Privadas del Estado el diputado Jiménez Reyes destacó que esta propuesta complementa, en esencia, la presentada el año pasado y que reformó la fracción I del artículo 50 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, que en su conjunto busca resarcir lo que falta por hacer en torno al adeudo histórico que se tiene con los pueblos indígenas.
Al participar en la sesión, subrayó que Veracruz posee 47 municipios indígenas en los que, mayoritariamente, se enfrentan problemas de pobreza extrema. “Esto, debido a causa del olvido y la falta de empatía de las autoridades que, por décadas, en vez de emprender esfuerzos institucionales para disminuir y erradicar muchos de los males que les impidieron crecer, terminaban por vulnerarles derechos y libertades”, abundó.
Explicó que uno de los problemas que enfrentan las y los ciudadanos originarios de pueblos indígenas radica cuando acuden a instalaciones que prestan diversos servicios al público y que, ante cuestiones inherentes a la comunicación lingüística, se ven impedidos para identificar fácilmente las edificaciones en las que se brinda algún servicio, las actividades realizadas en ellas y las respectivas medidas preventivas, en caso de suscitarse un incidente vinculado a la seguridad y la protección civil.
Al respecto, ejemplificó las clínicas de salud en las que las y los usuarios que hablan la lengua originaria de una determinada municipalidad, no logran comprender qué especialidades se prestan en ella, como tampoco en lo relativo a las reglas de funcionamiento del inmueble. “Así como éste, les ocurren más casos cada que requieren cualquier servicio público”.
El también presidente de la Comisión Permanente de Educación y Cultura del Congreso local manifestó que su iniciativa está inspirada en lo previsto en el apartado A, fracción IV del artículo 2° de la Constitución Política Federal, que reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para, “preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad”.
Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal.
por Puebla al Día | Feb 19, 2021 | Congreso
Como parte de los trabajos de la sesión extraordinaria y ante la licencia otorgada al legislador Bingen Rementería Molina, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, tomó la protesta de ley al ciudadano Víctor Manuel de la Fuente Meléndez, quien asume el cargo de diputado a la LXV Legislatura.
Asimismo, en la sesión, se aprobó la nueva licencia a la diputada María Candelas Francisco Doce, por el periodo comprendido del 1 de febrero al 31 de julio de este año. De esta forma, la diputada Libni Adaelsi Sánchez Núñez continuará al frente de la Diputación local, como representante del Distrito XXI, de Ciudad Mendoza.
Además, fue autorizada la licencia al diputado Rubén Ríos Uribe, por el periodo comprendido del 30 de enero al 7 de junio de este año. Al legislador Juan Manuel de Unánue Abascal le fue aprobada la licencia para separarse del cargo de diputado por un periodo de 30 días, contados a partir del 20 de febrero del presente año.
Como resultado de la nueva conformación política en la LXV Legislatura, y a propuesta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), fue modificada la integración de diversas comisiones, a fin de que las diputadas y diputados que recién asumen la diputación local se incorporen a los trabajos legislativos.
De esta manera, el diputado Jesús Armando Martínez Mendoza asume la presidencia de la Comisión Permanente de Corredor Interoceánico, Zonas Libres y Desarrollo Económico; el legislador Carlos Manuel Jiménez Díaz la vocalía de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal y el legislador Víctor Manuel de la Fuente Meléndez, la presidencia de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal.
La diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz ocupará la presidencia de la Comisión Permanente de Gobernación; el legislador Carlos Alberto Triana García la secretaría de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; el diputado Jesús Armando Martínez Mendoza, la secretaría de la Comisión de Organización Política y Procesos Electorales y el diputado Carlos Alberto Triana García, la presidencia de la Comisión de Población y Atención a Migrantes.
Por último, el legislador Víctor Manuel de la Fuente Meléndez será el secretario de la Comisión de Promoción Comercial y Fomento a la Inversión y el legislador Jesús Armando Martínez Mendoza ocupará la vocalía. En tanto, el legislador De la Fuente Meléndez fue designado vocal en la Comisión de Vigilancia.
por Puebla al Día | Feb 19, 2021 | Congreso
Con 27 votos a favor, el Pleno de la LXV Legislatura aprobó el dictamen, resultado de la iniciativa presentada, el pasado 19 de enero, por la diputada Deisy Juan Antonio, de la nueva Ley de Comunicación Social para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la cual garantizará que el gasto destinado para esto cumpla con los requisitos de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como con respeto a los topes presupuestales asignados.
Esta Ley establece que, en el ejercicio del gasto público en materia de comunicación social, los entes públicos deberán observar los siguientes principios rectores: eficacia en el uso de los recursos públicos, eficiencia de los recursos destinados a la contratación o gasto de comunicación social, economía y racionalidad presupuestaria, que comprende la administración prudente de los recursos destinados a la comunicación social, transparencia y máxima publicidad, garantizando el acceso a toda información relacionada con la contratación y manejo de recursos destinados para ellos de los entes públicos, entre otros.
Asimismo, contempla que las campañas de comunicación social deberán promover la difusión y conocimiento de valores, principios y derechos constitucionales; impulsar turismo, educación, salud y protección civil, entre otros; informar a los ciudadanos de sus derechos y obligaciones, de aspectos relevantes del funcionamiento de los sujetos obligados y de las condiciones de acceso y uso de los espacios y servicios públicos.
Además, de cumplir con las obligaciones que en materia electoral establezca la legislación aplicable; anunciar medidas preventivas de riesgos o que contribuyan a la eliminación de daños de cualquier naturaleza para la salud de las personas o el equilibrio ecológico y protección al ambiente; difundir las lenguas originarias y el patrimonio histórico del estado; comunicar programas y actuaciones públicas, y otros establecidos en las leyes.
En el artículo 9 se prevé que las campañas de comunicación social evitarán, además de lo previsto en el artículo 16 de esta ley, difundir contenidos cuya finalidad sea destacar, de manera personalizada, nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor público; incluir mensajes discriminatorios, sexistas o contrarios a valores, principios y derechos constitucionales; que inciten a la violencia o a comportamientos contrarios al orden jurídico e induzcan a la confusión mediante símbolos, ideas, expresiones, diseños o imágenes utilizados por cualquier organización política o social.
En el artículo 16 queda asentado que, durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión de toda campaña de comunicación social en los medios de comunicación. Se exceptúan de lo anterior: las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, las necesarias para la protección civil en casos de emergencia y cualquier otra que autoricen los órganos electorales competentes de manera específica durante los procesos electorales.
En el capítulo VII, Del Padrón Estatal de Medios de Comunicación, se establece que los medios de comunicación que pretendan participar en la contratación de comunicación social a que se refiere esta ley deberán inscribirse en dicho padrón. La información contenida en el padrón estatal de medios de comunicación será pública y accesible a distancia, añade.
En los artículos transitorios, se prevé que la Coordinación General de Comunicación Social cuente con un término de 30 días naturales para emitir los lineamientos y de 90 días naturales para integrar el Padrón Estatal de Medios de Comunicación conforme a esta ley.
Las erogaciones que, en su caso, deban realizar los entes públicos con motivo de la entrada en vigor de este ordenamiento deberán cubrirse con cargo a su presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2021. El Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado a partir del ejercicio fiscal 2022 preverá para cada ente público una partida especial que se destinará al gasto de comunicación social.
En el dictamen, emitido por la Comisión Permanente de Gobernación, se establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 61/2019, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la que se declaró la invalidez de la Ley número 248 de Comunicación Social, publicada en la Gaceta Oficial el 17 de mayo de 2019, con lo cual se obliga a esta Soberanía “se inicie un nuevo procedimiento legislativo y se emita la ley correspondiente a más tardar dentro del periodo ordinario inmediato posterior a la notificación de la sentencia”.
Además de los 27 votos a favor, este dictamen registró ocho votos en contra y cuatro abstenciones.
por Puebla al Día | Feb 19, 2021 | Congreso
El Congreso del Estado de Veracruz se suma a las acciones de concienciación sobre el cáncer y el cáncer infantil. En Sesión Extraordinaria, el Pleno aprobó que el frente del edificio sede de este Poder Legislativo sea iluminado de color dorado durante febrero, Mes del Cáncer, con motivo del Día Mundial del Cáncer y Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil.
Por medio de un Punto de Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, emanado de un Anteproyecto presentado por la diputada Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, se instruye al secretario general del Congreso del Estado de Veracruz, Domingo Bahena Corbalá, implementar las gestiones necesarias para la realización de dicha propuesta.
De acuerdo con su proponente, el propósito de esta acción es generar conciencia y sensibilizar a la población respecto esta enfermedad, que en el mundo afecta cada año a alrededor de 300 mil niños de entre 0 y 18 años. En México, es la principal causa de muerte por enfermedad entre los 5 y 14 años de edad.
Se estima que, con la detección temprana y tratamiento adecuado, entre ocho y nueve de cada 10 pacientes con cáncer de cero a 18 años pueden curarse, para lo cual, considera la proponente, es necesaria la suma de esfuerzos entre sociedad, maestros e instituciones de salud.
Mediante esta acción, se exhorta a las y los integrantes de la LXV Legislatura a crear y promover conciencia en la sociedad, a fin de que una mayor atención a los síntomas permita obtener un diagnóstico oportuno y salvar vidas.
El 4 de febrero es el Día Mundial contra el Cáncer, el 15 del mismo mes es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil y en México febrero es el Mes Nacional para la Concientización, Prevención, Detección y Tratamiento Oportuno del Cáncer Infantil.
