Aprueba la Cámara de Diputados iniciativa de la diputada Dulce Méndez de la Luz en favor de las personas con discapacidad

Aprueba la Cámara de Diputados iniciativa de la diputada Dulce Méndez de la Luz en favor de las personas con discapacidad

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 446 votos a favor una iniciativa presentada por las diputadas Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y Olga Juliana Elizondo Guerra del Partido del Trabajo—que armoniza la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad para que juzgadores y autoridades administrativas se dirijan a las personas con discapacidad utilizando formatos de fácil lectura en donde expliquen de forma sencilla, clara y llana el contenido de sus determinaciones.

En su posicionamiento, la diputada Méndez de la Luz afirmó: “Todas las personas tienen el derecho de participar en las expresiones de la vida social recibiendo un trato digno, justo y apropiado; sin embargo, históricamente a las personas con discapacidad se les ha negado el acceso a la justicia y el trato igualitario en actuaciones judiciales y en dependencias del ámbito público”.

Ante esta condición desfavorable, el Pleno de la Cámara de Diputados respaldó el dictamen para realizar ajustes razonables al contenido de los documentos y a la redacción que las autoridades de impartición de justicia deben utilizar para comunicar sus determinaciones a las personas con discapacidad con el fin de garantizar su acceso a la información en igualdad de condiciones, con absoluto reconocimiento y respeto a sus diferencias.

“Los dictámenes y resoluciones deberán favorecer la lectura fácil y explicar al quejoso en la sentencia por qué ganó o perdió, cuáles son sus derechos, y las consecuencias que tiene el juicio en su esfera jurídica; todo ello con un lenguaje de fácil lectura, redactado con tipografía clara, con enunciados cortos, tamaño de letra conveniente y utilizando una construcción gramatical sencilla”, explicó la diputada Méndez de la Luz.

La reforma contribuirá a disminuir la desigualdad, en tanto juzgadores y autoridades sean capaces de explicar a una persona con discapacidad–de forma clara y llana–el contenido de sus determinaciones, pues no todos los documentos que se dirigen a estas personas se encuentran en formato accesible para entender fácilmente su contenido.

“México—en especial don Gilberto Rincón Gallardo—fue el principal promotor de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, instrumento jurídico que contempla un Modelo Social en el que los derechos humanos de las personas con discapacidad se convierten en el centro de la acción social teniendo como eje estructurado la igualdad y la dignidad humana. Con sentencias entendibles y documentos administrativos claros, avanzaremos en la construcción del Modelo Social de la Discapacidad”, añadió la legisladora federal.

“Las adecuaciones, los ajustes razonables y los cambios de actitud, disminuirán esas barreras para lograr una sociedad igualitaria favorable a la realidad de cada persona. Para el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la discapacidad es parte de la diversidad humana, por lo cual es indispensable adecuar las normas de forma progresiva a los requerimientos derivados de las capacidades y deficiencias de las personas, garantizando su inclusión y seguridad jurídica”, finalizó la diputada Méndez de la Luz Dauzón.

Trabaja Cristina Alarcón por la protección de las niñas y niños veracruzanos

Trabaja Cristina Alarcón por la protección de las niñas y niños veracruzanos

La diputada Cristina Alarcón Gutiérrez, Presidenta de la Comisión Permanente de Derechos de la Niñez y la Familia, se reunió con su homónima federal, diputada Rosalba Valencia Cruz, Presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia del Congreso de la Unión, para tratar asuntos relacionados con mecanismos para la protección de niñas, niños y adolescentes veracruzanos en contra de la violencia.

En entrevista, la legisladora señaló que en próximos días continuarán los trabajos con la diputada federal, toda vez que la protección a la niñez y adolescencia, como parte integral de la familia, es fundamental para el funcionamiento y armonía de la sociedad.

Reducen plazos para el registro de recién nacidos en la entidad

Reducen plazos para el registro de recién nacidos en la entidad

El Pleno de la LXV Legislatura reformó el artículo 681 del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con lo que se reducen los plazos para el registro de recién nacidos en la entidad, prevaleciendo el interés superior del menor.

Durante la sesión extraordinaria y con 41 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra, este Congreso avaló el dictamen de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, que es resultado de la iniciativa presentada el 19 de noviembre de 2020 por las y los integrantes del Grupo Legislativo Mixto de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), leída en tribuna por el diputado Jorge Moreno Salinas.

De esta manera, la redacción del Artículo 681 refiere que “tienen la obligación de declarar el nacimiento: el padre y la madre, de manera inmediata, si en el hospital donde nació el menor hubiere módulo del Registro Civil, o dentro de los sesenta días de ocurrido aquél” a diferencia de la anterior redacción que señalaba 180 días. Con esta modificación se da celeridad al procedimiento.

El dictamen refiere que con esta modificación se armoniza el Código Civil con lo previsto tanto en la Convención de los Derechos del Niño como en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como con la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en términos del plazo del registro en 60 días.

Por otra parte, se amplía la hipótesis de los sujetos obligados a dar aviso al Registro Civil del nacimiento de una persona, quedando de la siguiente manera: “El personal médico, cirujano, de partería y matronas que hubieren asistido al parto tienen obligación de dar aviso por escrito del nacimiento a la persona responsable del Registro Civil, dentro de las veinticuatro horas siguientes.

“Si el nacimiento tuviere lugar en un hospital o sanatorio particular o público, la obligación estará a cargo del director o de la persona encargada de la administración, dentro del mismo plazo”.

De acuerdo con el texto del dictamen y con las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), del total de los nacimientos registrados durante 2018, un millón 932 mil 085 fueron atendidos en una clínica u hospital (con un incremento de 0.4 por ciento respecto a 2017) y 81 mil 585 en domicilio particular (con una disminución del 0.1 por ciento respecto al año anterior), lo que da viabilidad a la propuesta de reforma.


Autoriza Congreso donación de terreno en Nogales a favor de la Fiscalía General

Autoriza Congreso donación de terreno en Nogales a favor de la Fiscalía General

El Pleno de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz aprobó el dictamen de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, mediante el cual se autoriza al ayuntamiento de Nogales, Veracruz, la enajenación, a título gratuito, de un predio suburbano de propiedad municipal, a favor de la Fiscalía General del Estado (FGE) para la ampliación del cementerio ministerial y de estacionamiento del servicio médico forense de la Unidad Integral en ese lugar.

Este aval, otorgado por el Poder Legislativo durante la sesión extraordinaria celebrada este jueves, se otorga de conformidad con lo establecido en el Artículo 112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, y de manera concurrente, por los párrafos primero y segundo del Artículo 467 del Código Hacendario Municipal para el Estado, por lo que si el bien inmueble se destinara a un fin distinto al señalado, sin necesidad de declaración judicial, se revertirá al patrimonio del municipio de Nogales.

El predio en mención cuenta con una superficie total de 2 mil 014.14 metros cuadrados y está ubicado en la calle Reventón, número seis, dentro de la colonia Los Colorines en la localidad El Encinar, perteneciente al municipio.

Asimismo, en la sesión, las diputadas y diputados le autorizaron al Ayuntamiento de Nogales la donación de un bien inmueble urbano, de propiedad municipal, a favor del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para la construcción y el uso exclusivo de una Ciudad Judicial en ese municipio, con la finalidad de que la instalación de ese recinto sirva en beneficio de las y los ciudadanos del Distrito Judicial XV.

La fracción de terreno urbano es deducida de una mayor, de propiedad municipal, con una superficie total de mil 425.00 metros cuadrados, ubicados en el Andador número 1, esquina Andador Rafael Moreno, 1 y 2, Colonia Centro, dentro de la cabecera perteneciente a dicho municipio.



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Con licencia tipo A podrá conducirse también unidades particulares y de carga

Con licencia tipo A podrá conducirse también unidades particulares y de carga

Las diputadas y diputados de la LXV Legislatura aprobaron reformas a la ley con las que se establece que el poseedor de la licencia tipo “A” podrá conducir los vehículos señalados en la tipo B y C, aunado a que se amplía a diez años la vida útil de las unidades destinadas para el servicio de taxi, siempre y cuando cuenten con las adecuadas condiciones mecánicas y de seguridad.

Durante la sesión extraordinaria, celebrada este 25 de febrero, el Pleno aprobó, con 41 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra, el dictamen de la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad, resultado de las iniciativas presentadas por la diputada Magaly Armenta Oliveros y el Grupo Legislativo Mixto de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México (PRI-PVEM).

Con esta modificación, queda asentado en el artículo 54 de la Ley Número 589 de Tránsito y Transporte para el Estado que la licencia de chofer tipo “A” autoriza a su titular a conducir vehículos de motor dedicados al servicio de transporte público de pasajeros y los descritos en los dos párrafos subsecuentes (tipo B y C).

Los vehículos que sean utilizados para prestar el servicio de transporte público reunirán las características, condiciones técnicas, mecánicas, electromecánicas, de seguridad e higiene necesarias y deberán portar los engomados respectivos, uniformidad de color por municipio y demás requisitos establecidos.

De igual forma, se establece que la Dirección de Transporte podrá suspender, de uno a tres meses, los derechos derivados de una concesión cuando los vehículos dedicados a la prestación del servicio de transporte público no cumplan con lo establecido en los artículos 47 al 51 de la ley, siempre y cuando el engomado de la verificación vehicular no exceda de seis meses de vigencia, de lo contrario, será causal de revocación.

Por otra parte, fue derogado el Artículo 59 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, que estaba relacionado con la obligación de que conductores y operadores deban portar la licencia de la categoría y tipo que corresponda al vehículo que estén utilizando.

La Comisión dictaminara coincidió con los autores en relación con que no se actualizará la revocación de concesión por no contar con la verificación vehicular y el engomado, sino que se iniciará con la suspensión de los derechos de la concesión, como una medida de apoyo para los concesionarios, a fin que se regulen a la brevedad.




Aprueban Ley de Participación Ciudadana para la Prevención Social de la Violencia

Aprueban Ley de Participación Ciudadana para la Prevención Social de la Violencia

La LXV Legislatura del Estado aprobó la creación de la Ley de Participación Ciudadana para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, resultado de la iniciativa presentada a este Poder Legislativo, el pasado 28 de enero, por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Esta nueva Ley, aprobada con 40 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra, destaca que la prevención social de la violencia y la delincuencia se entenderá como el conjunto de políticas públicas, programas, estrategias y acciones orientadas a combatir y reducir los factores de riesgo que favorezcan la generación de la violencia y la delincuencia en perjuicio de la sociedad veracruzana.

De acuerdo con la norma aprobada, la prevención social de la violencia y la delincuencia se llevará a cabo mediante la implementación de programas integrales de desarrollo social, cultural y económico que no produzcan estigmatización, incluidos los de salud, educación, vivienda, empleo, deporte, desarrollo urbano y seguridad pública.

También, con la promoción de actividades que eliminen la marginación y la exclusión, el fomento de la solución pacífica de conflictos, a través de los medios alternativos que determine la normatividad respectiva y con estrategias de educación y sensibilización de la población para promover la cultura de legalidad y la paz respetando las diversas identidades culturales, incluye programas generales y aquellos enfocados a grupos sociales y comunidades en altas condiciones de vulnerabilidad.

Aunado lo anterior a programas que modifiquen las condiciones sociales de la comunidad y generen oportunidades de desarrollo, especialmente para los grupos en situación de riesgo, vulnerabilidad o afectación.

En el artículo 10 queda asentado que el acceso a la justicia y la atención a víctimas de violencia y delincuencia debe considerar la asistencia, protección, reparación del daño y prevención de la revictimización, a través de la atención inmediata y efectiva a víctimas de delitos, en términos del impacto emocional y el proceso legal, velando por sus derechos y su seguridad en forma prioritaria.

Asimismo, con atención psicológica especializada, inmediata y subsecuente realizada por profesionales, considerando diferentes modalidades terapéuticas, brindando respuesta a las peticiones o solicitudes de intervención presentadas por las víctimas de la violencia y la delincuencia, a través de los mecanismos creados para ese fin y la reparación integral del daño que incluye el reconocimiento público, la reparación del daño moral y material, así como las garantías de no repetición.

Se contempla que el Consejo Estatal de Seguridad Pública sea la máxima instancia para la coordinación y definición de la política de prevención social de la violencia y la delincuencia, con participación ciudadana. Este Consejo contará con la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública para coordinar e implementar la política de prevención social de la violencia y la delincuencia, misma que se apoyará en el Centro Estatal, en los términos que señalan las leyes y demás normativa aplicable.

Para llevar a cabo los objetivos y fines del Programa para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el Consejo Estatal contará con el apoyo de instancias auxiliares en las que participen las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal que cuenten con atribuciones o ejecuten acciones o programas relacionados con la materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, y con la intervención de organizaciones de la sociedad civil.

La participación ciudadana se hace efectiva a través de la actuación de las personas en las comunidades, en las redes vecinales, las organizaciones para la prevención social de la violencia y la delincuencia, en los Comités de Participación Ciudadana, en los comités escolares, en el Centro Estatal o a través de cualquier otro mecanismo local o legal, creado en virtud de sus necesidades.

Los Comités de Participación Ciudadana son los órganos establecidos con el objeto de coadyuvar en la función pública, conformados por integrantes de la sociedad civil, con la finalidad de colaborar en los procesos de planeación, evaluación y supervisión de las políticas de prevención social de la violencia y de la delincuencia.

Los programas municipales de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con Participación Ciudadana, que deban incluirse en los Planes Municipales de Desarrollo, se cubrirán con cargo a sus respectivos presupuestos y se sujetarán a las bases que establecen esta Ley y demás disposiciones legales aplicables.

En nombre del Grupo Legislativo de Morena, el diputado José Manuel Pozos Castro señaló que esta Ley se armoniza con la disposición general, además que privilegia la participación ciudadana en la prevención de delito, estableciendo reglas que propician el buen desarrollo del entorno social y fortaleciendo la convivencia y la cohesión, para disminuir, principalmente, los factores de riesgo que generen violencia e incidencia delictiva.

Tras su aprobación por el Pleno, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, instruyó remitir el decreto al Ejecutivo estatal para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado.