por Puebla al Día | Jun 12, 2018 | Congreso
El Pleno de la LXIV Legislatura de Veracruz
aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), por el que se
emite convocatoria pública para designar al titular de la Contraloría General
del Organismo Público Local Electoral (OPLE), de la entidad.
La
convocatoria está dirigida a ciudadanos en particular, así como a
organizaciones de profesionistas, instituciones públicas de educación superior
y a la sociedad en general, para que propongan a ciudadanas y ciudadanos
veracruzanos como candidatos al cargo de titular de la Contraloría General del
OPLE.
Las
personas propuestas deberán cumplir y acreditar lo siguiente: poseer título profesional de contador público o licenciado en derecho
expedido por institución mexicana facultada para ello; acreditar experiencia
mínima de cinco años en el ejercicio de su profesión; no haber sido Consejero
Electoral del Consejo General, en los cinco años inmediatos anteriores a la
fecha de su designación y no encontrarse inscrito en algún otro procedimiento
de selección de contralor interno o titular de órgano interno de control,
convocado por este Poder Legislativo.
El Contralor del OPLE durará en el
cargo seis años, podrá ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser removido
por el Congreso del Estado con el voto de las dos terceras partes de sus
miembros presentes.
Las
propuestas serán recibidas por un período de cinco días hábiles, contados a
partir del día siguiente a la publicación de la presente Convocatoria, en
horario de 9:00 a 18:00 horas, en la oficina de la Comisión Permanente de
Organización Política y Procesos Electorales en el Congreso del Estado.
Además, las propuestas deberán acompañarse
de un
escrito en el que la organización o institución respectiva, o el propio
aspirante, exprese los motivos por los que considera que la persona propuesta
es apta para aspirar al cargo y otro en el que el aspirante designe un correo
electrónico para recibir notificaciones; currículum vitae, firmado por el
aspirante, y documentación soporte en original y copia para su cotejo, con un
resumen del mismo.
De
igual forma tendrá que entregar copia certificada del acta de nacimiento;
original y copia de la credencial para votar con fotografía; original o copia
certificada por notario público del título profesional; carta en la que el
aspirante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que reúne todos los
requisitos exigidos en la presente Convocatoria y que no tiene impedimento legal
alguno para desempeñar el cargo.
Dentro
del plazo de los cinco días hábiles siguientes a la conclusión de la recepción
de los documentos, la Comisión Permanente de Organización Política y Procesos
Electorales efectuará la revisión exhaustiva del cumplimiento de los requisitos
señalados e inmediatamente, emitirá el calendario señalando la fecha y hora de
la entrevista a cada uno de los aspirantes.
Quien
no se presente a la entrevista, quedará excluido del procedimiento de
selección.
Concluida
la fase de entrevistas, la Comisión Permanente de Organización Política y
Procesos Electorales rendirá informe al respecto a la JUCOPO.
La
JUCOPO formulará un proyecto de punto de acuerdo en el que se propondrá una
terna para el nombramiento del titular de la Contraloría General del Organismo
Público Local Electoral.
-Ratifican diputados
(as) al Magistrado Fluvio César Rafael-
En
la sesión, las diputadas y diputados aprobaron el Acuerdo de la JUCOPO por el
que se ratifica al ciudadano Fluvio César Rafael Vista Pérez como magistrado
del Poder Judicial del Estado, por un periodo de cinco años, previsto en el
artículo 59, fracción II, de la Constitución Política de la entidad.
por Puebla al Día | Jun 12, 2018 | Congreso
El
diputado José Kirsch Sánchez presentó ante el Pleno la iniciativa que
reformaría el artículo 190 sexies del Código Penal del Estado para tipificar
como delito la prohibición a los establecimientos y a los empleados
responsables de vender o suministrar sustancias inhalantes con efectos
psicotrópicos a menores de edad o incapaces mediante cualquier forma.
Actualmente,
el Código establece penas que irían de los seis a 12 años de prisión y multa de
hasta 600 días de salario a quien procure, facilite o provea a niñas, niños,
adolescentes o incapaces libros o imágenes de carácter pornográfico.
El
legislador propone que las penas antes citadas sean incrementadas en una mitad,
en los casos en que se venda o expenda bebidas alcohólicas, substancias
inhalantes con efectos psicotrópicos u otras sustancias nocivas o tóxicas para
la salud a personas menores de dieciocho años, para su consumo.
Detalló
que el pasado 2 de mayo, el Pleno del Congreso aprobó el Dictamen que reformó
el artículo 160 de la Ley de Salud del Estado para establecer la citada
prohibición, pero consideró necesario establecer esta medida en el Código Penal
para sancionar severamente este delito.
En
tribuna, destacó que en México las personas que consumen una o varias drogas
son cada vez más jóvenes, pues se tiene registro de personas que van de los 12
a los 18 años.
Esta
modificación al Código Penal –refirió el legislador- es necesaria ya que hay
sustancias que pueden adquirirse fácilmente ya sea en ferreterías, tiendas de
pinturas, autoservicios, tlapalerías, o tiendas de materiales de construcción.
La
pobreza, marginación, la desintegración familiar, el desempleo, la violencia,
entre otros, son factores detonantes que influyen en el consumo de
estupefacientes, subrayó el diputado José Kirsch.
por Puebla al Día | Jun 12, 2018 | Congreso
Los
integrantes de la LXIV Legislatura del Estado aprobaron el Dictamen de decreto
que reforma el artículo 164 de la Ley de Educación de Veracruz para señalar que
los particulares deberán refrendar cada cinco
años las autorizaciones o los reconocimientos de validez oficial de
estudios que les hayan sido otorgados, en términos de las disposiciones
reglamentarias aplicables.
En la séptima sesión, fue aprobado este decreto con 39
votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.
Las diputadas y diputados de las Comisiones Unidas
de Educación y Cultura y Protección Civil consideran que eliminar este trámite
no es la solución, pero para facilitar las actividades educativas sin abandonar
la función rectora del Estado se amplía de tres a cinco años el citado
refrendo.
Además coinciden que deben facilitarse los trámites
y no burocratizarlos. El refrendo de las autorizaciones o los reconocimientos
de validez oficial de estudios que les hayan sido otorgados a planteles y
personal docente deben seguir realizándose y la citada autorización debe tener
una vigencia mayor.
La modificación incluye para el caso del requisito
de uso de suelo sólo será exigible cuando los particulares hayan realizado
remodelaciones, ampliaciones o modificaciones al inmueble o cambio de
domicilio.
Este
Decreto es resultado de la iniciativa que presentó el 18 de enero de este año
la diputada Cinthya Amaranta Lobato Calderón.
por Puebla al Día | Jun 12, 2018 | Congreso
El
diputado Ernesto Cuevas Hernández presentó un anteproyecto con punto de Acuerdo
en el que pide, al Congreso de la Unión, exhorte a la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT) del Gobierno Federal, para que se suprima la caseta de
cobro número 43 Puente Tecolutla, ubicada en el km 50 de la Carretera Nacional
180, en el Municipio de Gutiérrez Zamora.
En
tribuna, el legislador del Distrito de Misantla señaló que una infraestructura
carretera moderna y eficiente, eleva la productividad y la competitividad de
las regiones, impulsa el crecimiento económico y detona la creación de empleos.
Reconoció
que la obra carretera de Cardel–Poza Rica en sus tramos Laguna Verde-Nautla y
Nautla-Totomoxtle, representan un avance real en el desarrollo estructural de
la zona norte de Veracruz, con ésta, nuevos sitios activarán su potencial
turístico, industrial, comercial, sus actividades agropecuarias, pesca y
servicios, añadió.
El
diputado Cuevas Hernández dijo que es necesario valorar el impacto negativo al
que se enfrentarán los comerciantes y prestadores de servicios de la que será
la carretera alterna, ya que ahora las dos carreteras que prestarán servicio en
la zona norte de Veracruz y representarán un gasto de peaje obligatorio, lo
cual no tendría que existir, pues condiciona la posibilidad del libre tránsito
a quienes no disponen de dinero y tienen algún punto de venta a orilla de
carretera.
El
anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política para su trámite
correspondiente.
por Puebla al Día | Jun 12, 2018 | Congreso
El diputado Vicente Guillermo Benítez González presentó la iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 8 de la Constitución Política de Veracruz para señalar que el Estado coadyuvará, mediante programas temporales de empleo y medios alternativos, para proveer fuentes de trabajo digno y provisional, en el caso de que se deteriore el ejercicio del derecho a dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode al habitante veracruzano.
Todo lo anterior siendo lícitos, ya sea por causas originadas por fenómenos naturales o vedas en el sector pesquero que superen las condiciones para continuar con sus labores, en tanto se restablece la situación original.
En la tribuna, el legislador sostuvo que esta reforma no solo protegería a los habitantes que se vean afectados por desastres naturales, o de otra índole, sino también a los trabajadores del campo, la industria y, sobre todo, a los pescadores que se ven limitado por las vedas.
Es necesario que se brinden alternativas productivas y de empleo temporal en las épocas de veda, a efecto de no dejar en la indefensión a estos trabajadores, refirió el diputado Vicente Benítez quien añadió que es necesario que la entidad asuma, de forma corresponsable, la decisión de impulsar programas emergentes de empleo temporal.
Detalló que el derecho humano al trabajo, consagrado en el artículo 5 de la Constitución federal, algunas ocasiones se ve restringido por diversas situaciones de índole ajenas a la voluntad de los trabajadores. Los factores más recurrentes son los desastres, cual sea su origen; el cambio climático y sus efectos en la producción y las vedas que afectan al sector pesquero.
La iniciativa fue turnada por el Pleno a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.
por Puebla al Día | Jun 12, 2018 | Congreso
El
Pleno de la LXIV Legislatura aprobó el Dictamen de decreto que reforma la Ley para la Integración de las Personas con
Discapacidad del Estado que garantiza el acceso al empleo de las personas con
discapacidad al servicio público estatal y así abonar a brindarles
oportunidades de un trabajo.
En la séptima sesión, las diputadas y diputados
aprobaron con 37 votos a favor este Decreto que obliga a los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, así como los Organismos constitucionales autónomos y
los ayuntamientos, destinar por lo menos el tres por ciento de las vacantes
disponibles, para emplear o contratar a personas con discapacidad, siempre que
cumplan con los requisitos de ingreso y
cuenten con las aptitudes para el desempeño de las funciones correspondientes.
Por cuanto hace al Sector Privado, la Secretaría del
Trabajo Previsión Social y Productividad del Estado (STPSP), supervisará y de
ser procedente reconocerá y certificará a las empresas que cumplan con la
contratación de las personas con discapacidad, en el porcentaje señalado
anteriormente.
Esta modificación incluye las multas por
incumplimiento que irían de los 100 y hasta mil Unidades de Medida y
Actualización (UMA).
La STPSP se abstendrá de sancionar al infractor, por
una sola vez, en caso de que se trate de la primera infracción en que incurra.
Son causas de clausura temporal del establecimiento,
además de las señaladas en las disposiciones jurídicas aplicables, la
reincidencia en cualquiera de las conductas previstas.
Las autoridades competentes para la determinación e
imposición de sanciones de carácter administrativo tomará en cuenta la
reincidencia, las causas que la originaron y, en su caso, las acciones correctivas aplicadas
por el presunto infractor.
Se considerará reincidente al que haya incurrido en
una infracción que hubiere sido sancionada y, además de aquella, cometa la
misma infracción, dentro de los dos años inmediatos siguientes a la fecha en
que haya quedado firme la resolución respectiva.
Este Decreto es resultado de la iniciativa que
presentó el 19 de enero de 2017 la diputada María Josefina Gamboa Torales.
