por Puebla al Día | Jul 31, 2018 | Congreso
El
Pleno de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobó el Dictamen por el que se crea
la nueva Ley de Control Constitucional para el Estado de Veracruz, cuyo objeto
es dirimir de manera definitiva e inatacable en el orden jurídico estatal, los
conflictos que por la Constitucionalidad de sus actos, normas generales o la
inexistencia de éstas, surjan en el ámbito interior del Estado entre el Poder
Ejecutivo y el Legislativo o entre uno de ellos y los municipios que conforman
el Estado.
Esta
ley, resultado de las iniciativas que presentó el diputado Carlos Antonio
Morales Guevara, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la diputada
Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, del Partido de la Revolución Democrática
(PRD), fue avalada con 46 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.
De
esta manera se señala que la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia
del Estado es competente para sustanciar, con base en las disposiciones de esta
Ley, el procedimiento que regule las Controversias Constitucionales, las
Acciones de Inconstitucionalidad y las Acciones por Omisión Legislativa.
Tendrán
el carácter de parte en las controversias Constitucionales: como actor, el o
los Municipios, el Poder Legislativo o el Ejecutivo que promueva la
controversia; como demandado, el o los Municipios, el Poder Legislativo o el
Ejecutivo, que hubiere emitido y promulgado la disposición general o
pronunciado el acto que sea objeto de la controversia y como tercero o terceros
interesados, el o los Municipios o los Poderes Ejecutivo y Legislativo en
aquellos casos en que, sin tener el carácter de actores o demandados, pudieran
resultar afectados por la sentencia que llegare a dictarse.
Tratándose
de controversias Constitucionales, el Magistrado ponente, a petición de parte o
de oficio, podrá conceder la suspensión del acto que las motivare, hasta antes
de que se dicte sentencia definitiva. La
suspensión se concederá con base en los elementos que sean proporcionados por
las partes o recabados por el Magistrado ponente.
Al
dictar la sentencia, el Pleno deberá, en su caso, corregir los errores que
advierta en la cita de los preceptos invocados y examinará en su conjunto los
razonamientos de las partes a fin de resolver la cuestión efectivamente
planteada.
Procede
la acción por omisión legislativa, cuando se considere que el Congreso del
Estado no ha aprobado alguna Ley o Decreto y que dicha omisión afecte el debido
cumplimiento de la Constitución Política del Estado.
El
Procedimiento de Protección para Pueblos y Comunidades Indígenas tiene como
propósito hacer eficaces los derechos humanos establecidos por la Constitución
del Estado, y los Tratados Internacionales firmados por el Estado mexicano; así
como, en su caso, reparar afectaciones a dichos derechos.
Los
Pueblos o Comunidades Indígenas que estimen vulneración a sus derechos humanos,
mediante escrito simple, podrán comparecer ante la Sala Constitucional y
detallar el motivo de su promoción, en la cual debe establecerse el acto u
omisión que se estiman causa agravio a sus intereses; así como la autoridad o
autoridades responsables de dicho acto u omisión.
En
los posicionamientos, la diputada del PRD, Yazmín Copete Zapot señaló que debe
fortalecerse al Poder Judicial para que actúe como contrapesos y dirimir
controversias entre el Ejecutivo, Legislativo o municipios. Este será uno de
los temas que tendrán que llevarse a cabo a partir de noviembre de este año,
añadió.
por Puebla al Día | Jul 31, 2018 | Congreso
El
Pleno de la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz nombró, y recibió la
protesta de ley, del ciudadano Marcos Even Torres Zamudio como titular de la
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Lo
anterior, al actualizarse lo establecido en la base sexta de la convocatoria
pública para la elección del titular de la Fiscalía Especializada en Combate a
la Corrupción.
En
la décima segunda sesión, celebrada este 24 de julio, se puso a consideración
del Pleno la terna y tras una primera votación, se registraron 24 votos a favor
de Marcos Even Torres Zamudio; dos votos para Andrés Domínguez Fernández y
ningún voto para Gustavo Fernando Vasto Pulido. Por lo anterior, ningún
aspirante obtuvo la mayoría calificada requerida.
Por
ello y con base en lo establecido en la convocatoria pública antes citada, la
Comisión de Procuración de Justicia presentó un nuevo dictamen con los nombres
de los dos aspirantes que registraron más votación y que dio como resultado 26
votos para Marcos Even Torres Zamudio y ningún voto para Andrés Domínguez
Fernández.
Al
no registrar la mayoría calificada, nuevamente, y de conformidad con la base
sexta de la convocatoria, que señala: “Lo no previsto en la presente
convocatoria y en el procedimiento de designación del titular de la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción, será resuelto por la Comisión
Permanente de Procuración de Justicia”.
De
esta manera, y de conformidad con lo antes señalado, el presidente de la
Comisión de Procuración de Justicia, diputado José Luis Enríquez Ambell tomó el
uso de la voz y presentó el Dictamen por el cual se determinó designar al
ciudadano Marcos Even Torres Zamudio como Fiscal Especializado en Combate a la
Corrupción, toda vez que –señaló- fue el aspirante que registró la mayor
votación en las dos anteriores ternas.
Al
registrar una votación aprobatoria de 27 votos a favor, sin votos en contra o
abstenciones, la Mesa Directiva lo declaró aprobado e inmediatamente se
procedió a la toma de protesta de Ley.
En
la discusión de este tema y tomando como base la Constitución Política del
Estado y las atribuciones legales conferidas al diputado, los grupos
legislativos de MORENA, PRI y Juntos por Veracruz solicitaron por escrito, a la
Mesa Directiva, registrar –en su momento- su voto en contra de todos los
candidatos de la terna de los aspirantes a Fiscal Anticorrupción.
Al
respecto la Mesa Directiva, presidida por la diputada María Elisa Manterola
Sainz significó que el citado método de votación no está reconocido ni en la
Constitución Política del Estado, ni en la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
o en el Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo y tampoco en
la convocatoria, aprobada por unanimidad en enero de este
año.
por Puebla al Día | Jul 31, 2018 | Congreso
Las diputadas y
diputados, de la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz, aprobaron el Dictamen
que reforma la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública para el Estado
con el objeto de integrar un Consejo Consultivo de Gobierno Abierto, que tenga
las atribuciones de apoyo, consulta y asesoramiento de los Sujetos Obligados,
para la formulación, seguimiento y evaluación del Plan de Gobierno Abierto.
Además podrá proponer
mejores prácticas de participación ciudadana, colaboración en la implementación
y evaluación de la política digital en materia de datos abiertos y la
realización de indicadores específicos sobre temas relevantes.
Para el caso se propone que el Consejo Consultivo
esté integrado por un Presidente, quien será un
representante del sujeto obligado, así como
un Secretario y un Vocal, quienes serán elegidos, mediante audiencias públicas,
por el Comité de Transparencia y todos los miembros del Consejo tendrán voz y
voto.
Los cargos de los
integrantes del Consejo Consultivo son de carácter honorífico, por lo que no
recibirán sueldo alguno y durarán tres años en el ejercicio de su encargo, al
término de los cuales, se renovará el Consejo Consultivo conforme a los
procedimientos que establece la Ley.
Esta
reforma, -resultado de la iniciativa que presentó, el 2 de mayo de este año la
diputada Daniela Guadalupe Griego Ceballos del Partido de MORENA- fue aprobada
con 45 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.
En su posicionamiento, la legisladora destacó que
con la presente reforma se logrará analizar, evaluar y emitir recomendaciones
sobre el Plan de Gobierno Abierto, así como promover la transparencia, la
participación ciudadana y la colaboración interinstitucional, que genere nuevos
canales de comunicación entre Gobierno y ciudadanía que favorezca el debate
público.
por Puebla al Día | Jul 31, 2018 | Congreso
Las diputadas y
diputados, de la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz, aprobaron el Dictamen
que reforma la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública para el Estado
con el objeto de integrar un Consejo Consultivo de Gobierno Abierto, que tenga
las atribuciones de apoyo, consulta y asesoramiento de los Sujetos Obligados,
para la formulación, seguimiento y evaluación del Plan de Gobierno Abierto.
Además podrá proponer
mejores prácticas de participación ciudadana, colaboración en la implementación
y evaluación de la política digital en materia de datos abiertos y la
realización de indicadores específicos sobre temas relevantes.
Para el caso se propone que el Consejo Consultivo
esté integrado por un Presidente, quien será un
representante del sujeto obligado, así como
un Secretario y un Vocal, quienes serán elegidos, mediante audiencias públicas,
por el Comité de Transparencia y todos los miembros del Consejo tendrán voz y
voto.
Los cargos de los
integrantes del Consejo Consultivo son de carácter honorífico, por lo que no
recibirán sueldo alguno y durarán tres años en el ejercicio de su encargo, al
término de los cuales, se renovará el Consejo Consultivo conforme a los
procedimientos que establece la Ley.
Esta
reforma, -resultado de la iniciativa que presentó, el 2 de mayo de este año la
diputada Daniela Guadalupe Griego Ceballos del Partido de MORENA- fue aprobada
con 45 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.
En su posicionamiento, la legisladora destacó que
con la presente reforma se logrará analizar, evaluar y emitir recomendaciones
sobre el Plan de Gobierno Abierto, así como promover la transparencia, la
participación ciudadana y la colaboración interinstitucional, que genere nuevos
canales de comunicación entre Gobierno y ciudadanía que favorezca el debate
público.
por Puebla al Día | Jul 31, 2018 | Congreso
El
Pleno de la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz aprobó el Dictamen por el
cual se reforma la Ley de Desarrollo
Integral de la Juventud para el Estado de Veracruz, con lo que se establece que
todas las autoridades del Estado, dentro del ámbito de sus competencias,
garantizarán que las personas jóvenes con discapacidad no sean discriminados y
cuenten con las condiciones adecuadas para gozar de una vida digna y plena.
Este
Decreto, resultado de la iniciativa que presentó el 15 de febrero de 2018 la
diputada independiente Miriam Judith González Sheridan, fue aprobado con 46
votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.
De
esta manera se establece que por ningún
motivo las personas jóvenes con discapacidad serán objeto de discriminación.
Además de los derechos que ésta y otras leyes les reconozcan, tienen derecho a
desarrollar plenamente sus aptitudes y a gozar de una vida digna que les permita integrarse plenamente a la sociedad.
Las autoridades del Estado deberán asegurar que las
personas jóvenes con discapacidad tengan acceso efectivo a la educación en
todos sus niveles, a la capacitación laboral, a un empleo digno, a una
remuneración satisfactoria, a los servicios de salud adecuados, a la seguridad
y previsión social, así como a oportunidades de esparcimiento adecuado.
El programa preverá los mecanismos necesarios para
que las personas jóvenes con esta característica puedan alcanzar óptimos
niveles de desarrollo para bastarse a sí mismas y para participar de manera
activa en cualquier ámbito de la sociedad, cuando por sí mismas así lo decidan.
EL documento refiere que Veracruz es uno de los
siete Estados con mayor porcentaje de personas con discapacidad entre su
población y que de cada mil habitantes, 67 sufren alguna discapacidad.
por Puebla al Día | Jul 31, 2018 | Congreso
Avalan Congreso esta modificación, en la primera de dos etapas.
El
Pleno de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobó, en la primera de sus dos
etapas, la reforma constitucional que establece facultades al Congreso del
Estado para designar a los vecinos que conformarán un Concejo Municipal, para
convocar a elecciones extraordinarias y disposiciones para suplir en caso de
ausencia, al diputado propietario y al suplente.
De
esta manera se incluye, como atribuciones del Congreso del Estado, la de
convocar a elecciones extraordinarias en los ayuntamientos, en el supuesto de
que se hubiere declarado la nulidad, o no se hubiere hecho la declaración de
validez respectiva, el día último del mes de diciembre inmediato a la elección
correspondiente.
También
se faculta al Poder Legislativo para designar, con la aprobación de las dos
terceras partes de sus integrantes, de entre los vecinos de un municipio, a los
que integrarán un Concejo Municipal. Éste se conformará con un número de
concejales idéntico al de ediles que corresponderían al ayuntamiento de acuerdo
a lo dispuesto en la Ley.
De
igual forma y en caso que ocurriera la falta de los diputados, propietario y
suplente, elegidos por el principio de representación proporcional, el Congreso
llamará, en cualquier momento, al siguiente en el orden que corresponda, según
las listas presentadas por los partidos políticos.
Este
decreto –aprobado con 46 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones-
reforma la fracción X del artículo 33; adiciona las fracciones XXIV Bis y XXIV
Ter al artículo 33 y la fracción VII Bis al artículo 41, todos de la
Constitución Política del Estado.
Esta
modificación es resultado de la iniciativa presentada, el pasado 12 de Julio,
por los diputados del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), y el legislador José Roberto Arenas Martínez, de la
bancada Juntos por Veracruz.
