por Puebla al Día | Jun 16, 2021 | Congreso
Con el objeto de abonar a la consolidación de una cultura de respeto por parte de los servidores públicos al derecho de petición de la ciudadanía, el Grupo Legislativo de los partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) presentó al Pleno del Congreso local una iniciativa que reformaría el artículo 7, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a fin de disminuir, a 30 días, el plazo que tienen las autoridades para responder a los peticionarios.
Durante los trabajos de la segunda sesión ordinaria, correspondiente al segundo periodo de sesiones, del tercer año de labores, la Mesa Directiva, presidida por la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, turnó a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales esta propuesta para su estudio y dictamen.
De acuerdo a los autores de la iniciativa hay muchos casos que, al amparo de la falta de precisión de la norma constitucional federal y de lo señalado en la local, los acuerdos recaídos a las peticiones son comunicados, inclusive deliberadamente, hasta la fecha en que se actualiza el límite máximo, aunque lo solicitado no hubiese requerido de un lapso tan prolongado para que la autoridad respondiera.
Asimismo, las diputadas y diputados exponen que el señalar este plazo de 30 días es para generar respuestas de las autoridades, por lo que no significa que lo solicitado por una persona tenga que ser acordado invariablemente en sentido positivo, “Solo se garantiza que una petición formal debe ser respondida en un término razonable, con independencia del trámite dado a la misma”.
Por otra parte, ejemplifican que entidades como Chiapas, Coahuila, Durango, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas, han establecido plazos inferiores al de 45 días hábiles que se señala, actualmente, en la Constitución Política local.
Conforme a la iniciativa del Grupo Legislativo, la redacción del artículo 7 constitucional quedaría de la siguiente manera: “Toda persona podrá ejercer el derecho de petición ante las autoridades del Estado, de los municipios, así como de los organismos autónomos, las cuales estarán obligadas a dar respuesta escrita, motivada y fundada, en un plazo no mayor de treinta días hábiles”.
por Puebla al Día | Jun 16, 2021 | Congreso
Al participar en la sesión ordinaria, la diputada Roxana Mina Joaquín presentó al Pleno un Anteproyecto con Punto de Acuerdo, mediante el cual se exhorta a las Dependencias e instituciones del Gobierno estatal para que, dentro del ámbito de su competencia, elaboren políticas públicas inclusivas que mejoren la calidad de vida y fomenten el progreso y desarrollo de los Pueblos Originarios que habitan en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
La legisladora, representante del Distrito XXVII, de Acayucan, dijo que al tener más de un millón 100 mil habitantes pobladores indígenas, Veracruz se convierte en el tercer lugar a nivel nacional con el mayor número de personas que forman parte de estas comunidades, por lo que –precisó- la conservación e inclusión de las etnias veracruzanas debe ser un compromiso conjunto de gobierno y sociedad.
Subrayó que ante el reclamo de estos grupos sociales y como digna representante de las etnias Mazateca y Chinanteca, del municipio de Playa Vicente, ha gestionado, ante diversas autoridades estatales y federales, para que provean de los servicios básicos a estos pueblos, con la finalidad que les sean asignadas obras, edificaciones, carreteras y programas, así como el mejoramiento de zonas deforestadas, que eleven su nivel calidad de vida.
Agregó que las autoridades están obligadas a impulsar e incluir a estas comunidades en proyectos productivos económicos; así como a fortalecer la educación de niñas, niños y jóvenes pertenecientes a estos pueblos que favorezcan la movilidad en la búsqueda de mayores ingresos; proponer el incremento y mejoramiento de las vías de comunicación que facilite el acceso de los productos indígenas para ofertar al Turismo a distintos niveles, “todo esto para fortalecer la presencia de muchas etnias que han sido desplazadas en la vida contemporánea”.
Concluida la lectura del anteproyecto, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, instruyó turnarlo a la Junta de Coordinación Política para el trámite correspondiente.
por Puebla al Día | Jun 16, 2021 | Congreso
El Pleno de la LXV Legislatura dio entrada a tres iniciativas del diputado Héctor Manuel Ponce García, del grupo legislativo de Morena, durante los trabajos de la Segunda Sesión Ordinaria, del Segundo Periodo, correspondiente al Tercer año de ejercicio Constitucional, celebrada este día.
En primer término, el legislador propuso una iniciativa de decreto que reforma los artículos 3 y 4 de la Ley de Bienes del Estado, por la cual se fortalecerá el inventario de patrimonial estatal, incorporando la figura de la “Sujeción Administrativa”, la cual permitiría que los inmuebles que albergan edificios del servicio público del Gobierno del Estado y que no estén inscritos en el Registro Público de la Propiedad, sean inalienables, imprescriptibles, inembargables y no estén sujetos a acción reivindicatoria o posesión provisional o definitiva a favor de terceros.
En el mismo sentido, continúa la propuesta, con esta reforma se pretende que los bienes de dominio público que estén en esta situación, puedan ser registrados a través del procedimiento administrativo de Sujeción de Dominio Público, incorporando a la contabilidad gubernamental el valor de dichos inmuebles para que sean acreditables y así recibir inversión gubernamental, mejorando con ello, los servicios que presta.
Al respecto, se detalla que por años se han obviado los numerales 23 y 24 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que obliga a los entes públicos a registrar y mantener debidamente actualizada su contabilidad, mediante las altas y bajas de todos los bienes destinados a esos servicios públicos, dificultando la aplicación de recursos para construcción, reparación y mantenimiento de los inmuebles que se encuentran en esta situación.
La propuesta, fue turnada a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado para su estudio y dictamen.
Propone Ley de Prevención y Control de Dengue.
En una segunda iniciativa, el diputado Héctor Manuel Ponce García, propuso la modificación de la Ley para la Prevención y Control del Dengue para el Estado de Veracruz, que contemple a la Chikungunya y el Zika, toda vez que estos vectores trasmiten enfermedades y trastornos causados por agentes patógenos, siendo su mecánica de reproducción y control similares.
Para tal fin, el actual ordenamiento deberá denominarse “Ley para la Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles por Vectores y Arbovirus para el Estado de Veracruz”, lo cual facultaría al Sistema de Salud Estatal y Nacional, para actuar en su control y vigilancia epidemiológica permitiendo se apliquen normas oficiales para la atención a los enfermos con estos males.
Asimismo, admitirá estos conceptos para que sean contemplados en la ampliación presupuestaria de todos los programas destinados a la prevención, control y erradicación de dichas enfermedades, resultando ser más eficaces.
Para su estudio y análisis la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Salud y Asistencia.
Incluirían en la normatividad local acciones claras referentes al acopio de neumáticos de desecho.
Finalmente, el legislador Héctor Manuel Ponce García presentó una iniciativa para reformar la fracción XV del artículo 5 de la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de Veracruz, a efecto de que se incluya el acopio de los neumáticos de desecho, mediante reglas claras y precisas que permita a las autoridades estatales y a los Ayuntamientos, tener mejor control en el manejo de estos residuos.
Con ello, se facultaría a los Ayuntamientos para que elaboren sus propios Planes Municipales de Manejo de Residuos Sólidos, en especial al manejo o tratamiento de los neumáticos en desuso; así como su acopio, almacenamiento, transporte, posesión y comercialización a empresas autorizadas que cuenten con la infraestructura técnica y el debido proceso industrial para estos desechos.
De esta forma, el Ayuntamiento podría generar recursos económicos adicionales, a través de la comercialización de los neumáticos usados, conforme al respectivo Plan de Manejo de Residuos Sólidos Especiales, reactivando con ello, la economía municipal e incentivando la inversión privada.
La Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático se encargará del estudio y respectivo dictamen de la propuesta, además fue turnada a la Comisión Especial para el Seguimiento a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para su opinión.
por Puebla al Día | Jun 16, 2021 | Congreso
La diputada Cristina Alarcón Gutiérrez, del grupo legislativo de Morena, presentó ante el Pleno una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz, para prohibir el castigo corporal o humillante como método correctivo o disciplinario en niñas, niños y adolescentes.
Para ello, la legisladora propone homologar dicha normativa con la Ley General, añadiendo un inciso G de la fracción I del artículo 41, correspondiente al Capítulo VIII, denominado “Del Derecho de Acceso a una Vida Libre de Violencia y a la Integridad Personal”, bajo el concepto de castigo corporal o físico, así como castigo humillante.
En este sentido, la también presidenta de la Comisión Permanente de Derechos de la Niñez y la Familia destacó que, a pesar que en el país este tipo de correctivos prevalecen en los diversos entornos en donde niñas, niños y adolescentes crecen, conviven y se desarrollan, representa una violación a los derechos de niñas, niños y adolescentes, generando efectos adversos en las dimensiones físicas, emocionales de su desarrollo.
El objetivo de la presenta iniciativa, indicó, es privilegiar el interés superior de la niñez para que puedan disfrutar y satisfacer sus derechos, en rubros esenciales como son salud, educación y el sano esparcimiento en vías de su desarrollo integral.
La iniciativa señala la prohibición a quienes ejerzan la patria potestad de los menores, tutela o guarda y custodia, así como de los encargados o personal de instituciones educativas, deportivas, religiosas, salud, asistencia social, el ejercicio del uso de castigos corporales o humillantes.
Al respecto, continúa la propuesta, deberá entenderse como castigo corporal, todo acto en el que se utilice la fuerza física, incluyendo golpes con la mano o con algún objeto, empujones, pellizcos, mordidas, tirones de cabello o de orejas, obligar a sostener posturas incómodas, quemaduras, ingesta de alimentos hirviendo, así como cualquier otro que tenga como objeto causar dolor o malestar, aunque sea leve.
En cuanto castigo humillante, se referirá a cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante, ridiculizador y de menosprecio, que tenga como objetivo provocar dolor, amenaza, molestia o humillación en contra de las y los menores de edad.
Agregó, que el Pleno del Congreso de la Unión, aprobó recientemente el dictamen por el que se exhorta a los Gobiernos de las 32 entidades federativas y a sus Congresos Locales a homologar sus legislaciones conforme a las reformas realizadas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Civil Federal, en este mismo sentido, por lo que es esencial legislar al respecto.
Finalmente, agradeció a la diputada Rosalba Valencia Cruz, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados Federal, así como a José Manuel Villaseñor Campos, Secretario Técnico de la misma Comisión, “quienes con sus aportaciones facilitaron los trabajos en torno a la realización de esta propuesta legislativa”.
La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Derechos de la Niñez y la Familia para su estudio y dictamen.
por Puebla al Día | Jun 16, 2021 | Congreso
El diputado Gonzalo Guízar Valladares propuso, mediante una iniciativa, que el Poder Judicial, en el ámbito de su competencia, elabore listas de personas sancionadas en materia de responsabilidades administrativas, para evitar la reiteración de conductas violatorias de la normatividad que debe regir la actuación de los servidores públicos, sobre todo, de los relacionados directamente con la impartición de justicia.
El propósito de esta moción, explicó el legislador, es inhibir las prácticas que no solo afectan la impartición de justicia, sino que además generan desconfianza de la sociedad hacia uno de los poderes públicos que deberían ser garantes de la paz y la estabilidad social, así como las conductas contrarias a la legalidad.
La elaboración de un listado de personas sancionadas por cometer actos que constituyan faltas administrativas en materia jurisdiccional –explicó el Diputado- tiene por objeto compilar, sistematizar y hacer del conocimiento público la información relacionada con las personas que han sido sancionadas mediante resolución o sentencia firme o ejecutoriada, emitidas por las autoridades competentes.
Consideró que las autoridades deben contar con los mecanismos para prevenir, atender y sancionar los hechos u omisiones vinculadas con actos de corrupción, con la debida diligencia y de manera conjunta para prevenir, investigar y sancionar tales conductas. Una de las formas más eficaces de inhibir tales hechos, agregó, es visibilizando a las personas que se han apartado del actuar ético en la función jurisdiccional.
La Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 173 a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave plantea que “una vez que los procedimientos hayan causado estado, los servidores públicos sancionados se inscribirán en un registro de personas sancionadas por actos contrarios al correcto desempeño de la función judicial o por hechos de corrupción, el cual será visible en la página de internet del Poder Judicial del Estado”.
De acuerdo con su proponente, la medida no es contraria, sino complementaria a lo señalado en el párrafo cuarto del artículo 27 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en el artículo 49 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
Esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.
por Puebla al Día | Jun 16, 2021 | Congreso
La diputada Jenny del Pilar Trinidad Hernández presentó al Pleno del Congreso del Estado una iniciativa de reforma al artículo 35 de la Ley Orgánica del Municipio Libre para establecer como atribuciones de los ayuntamientos el impulso y creación de Talleres de Arte, donde deberán proporcionarse diversas disciplinas artísticas para niñas, niños y adolescentes del municipio respectivo.
Para la integrante del Grupo Legislativo Mixto Movimiento Ciudadano-PRD-DSP, los talleres en mención podrían estar ubicados dentro de los ayuntamientos, procurando el espacio adecuado para tal fin y que las disciplinas que sean impartidas estén de acuerdo a los intereses de la comunidad, tomando en cuenta la cultura, las expresiones locales y la disponibilidad de las personas que impartan cada taller.
Explicó que, en caso que un ayuntamiento no cuente con espacio, se podrían ocupar diversas locaciones, como el kiosko, la explanada de una escuela, una cancha deportiva, un salón rentado, entre otros, “las posibilidades pueden ser tan variadas, como la imaginación lo permita”, añadió.
La legisladora sostuvo que estos talleres operarían de acuerdo a la disponibilidad presupuestal que tenga cada ayuntamiento, destinando, del presupuesto de egresos anual, un porcentaje suficiente para el correcto funcionamiento de estos.
“La finalidad de que estos talleres operen con presupuesto propio es para no dejarlos a discrecionalidad de cada administración municipal, que puedan ser permanentes y sobre todo gratuitos para todas las niñas, niños y adolescentes que deseen aprender alguna disciplina artística”, precisó.
Destacó que la educación artística es fundamental en la vida del ser humano, en edades tempranas despierta la fantasía, la imaginación, promueve la socialización, forma la personalidad, la confianza en sí mismo, el respeto y la tolerancia.
Por último, refirió que estos talleres serían espacios de gran ayuda para madres y padres de familia que no tendrían la necesidad de desembolsar cantidad alguna para que sus hijas e hijos aprendan música, danza, teatro, artes plásticas, o cualquier otra disciplina que se imparta en los mismos, brindándoles a los menores un crecimiento personal y mejor calidad de vida.
Esta iniciativa fue turnada, para su estudio y dictamen, a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Educación y Cultura.
