por Puebla al Día | Jul 2, 2021 | Congreso
La diputada Libni Adaelsi Sánchez Núñez presentó, durante los trabajos de la Tercera sesión Ordinaria del Segundo periodo del tercer año, una iniciativa por la cual se garantizaría el suministro de agua potable a través de bebederos o sistemas de abasto regular, a todas las instituciones educativas públicas de la entidad.
Con esta propuesta, que adicionaría un segundo párrafo al artículo 23 de la Ley de Educación del Estado de Veracruz, se pretende se establezca como norma la obligación por parte de las autoridades educativas, garantizar el vital líquido a alumnos, personal docente y personal de apoyo y asistencia a la educación, con todas las previsiones de higiene respectivas, para preservar su salud.
La iniciativa detalla que el próximo regreso a las aulas debe estar arropado de todo el esfuerzo gubernamental para garantizar espacios libres de contagio, derivado de la pandemia por Covid-19, así como condiciones de higiene que les protejan de cualquier otro mal biológico que pudiera afectarles, por lo que en este sentido, continúa el documento, además de mejorar la infraestructura de los servicios sanitarios en las escuelas, es indispensable generar el acceso seguro al consumo del agua potable.
Para su estudio y dictamen la iniciativa se turnó a la Comisión Permanente de Educación y Cultura.
• Incluirían Casas de Cultura en la Ley Orgánica del Municipio Libre
Asimismo, la legisladora presentó otra iniciativa por la cual se adiciona un inciso a la fracción XXV del artículo 35 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, y una reforma a la fracción VIII del artículo 46, para incluir a las Casa de Cultura como parte de las atribuciones de los Ayuntamientos, otorgándole a la Comisión Edilicia del ramo, la atribución de fomentar la creatividad y valores culturales a la par del desarrollo económico a través de dicha comisión.
En este sentido, se busca favorecer a las y los veracruzanos artesanos de las diferentes zonas; proponiendo que las Casas de Cultura se institucionalicen con el rango de funciones y servicios municipales tal y como se encuentran ubicados otros ramos en la Ley Orgánica del Municipio Libre.
Con ello, se garantizará la continuidad entre cada administración municipal, además de crecimiento como institución promotora del desarrollo cultural y económico a favor de quienes hacen posible la conservación de las expresiones artísticas veracruzanas.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Educación y Cultura, para su estudio y dictamen.
• Presenta legisladora reformas a la Ley Estatal de Protección Ambiental
Finalmente, la legisladora presentó una iniciativa que reforma la fracción VI del Apartado “C” del artículo 6 y la fracción XIII del Apartado B del artículo de la Ley Estatal de Protección Ambiental, a través de la cual se obligaría a los servidores públicos responsables de efectuar inspecciones y aplicar sanciones en la materia, al estricto cumplimiento de los procedimientos y tiempos previstos hasta concluirlos como se encuentra dispuesto en la reglamentación.
En este sentido, para que aunado a la sanción correspondientes por las faltas aplicables, se fortalezca la inhibición de conductas ilícitas, las cuales continúan afectando la biodiversidad de las zonas afectadas.
Al respecto, se detalla que Veracruz es un estado pionero en legislación ambiental, contando con una Ley en la materia bien estructurada, sin embargo, “con base en observaciones de quienes están inmersos en esta problemática, presenta un desfase en la aplicación de los procedimientos administrativos previstos y sus correspondientes sanciones, toda vez que no ejecutan en los plazos previstos, teniendo como consecuencia la repetición de acciones dañinas en las regiones que deben protegerse.
La propuesta fue turnada a la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.
por Puebla al Día | Jul 2, 2021 | Congreso
El Pleno de la LXV Legislatura se dio por enterado de la reincorporación al cargo del diputado Juan Manuel de Unánue Abascal y de la diputada Deisy Juan Antonio y, a su vez, autorizó al legislador Amado Jesús Cruz Malpica la ampliación, al 15 de septiembre de este año, de su licencia para continuar separado del cargo.
En la sesión, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Agua Potable y Saneamiento la solicitud del Director General Jurídico de la Secretaría de Gobierno del Estado, quien pide a esta Soberanía resolver lo conducente a fin de conservar dentro del ámbito de su competencia los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales del ayuntamiento de Alvarado.
Asimismo, se recibieron notificaciones de los ayuntamientos de Acayucan, Atzalan, Cerro Azul, Chontla, Misantla, Papantla, Tamiahua, Tres Valles y de Zozocolco de Hidalgo, que informan la reincorporación al cargo, respectivamente, de sus presidentes municipales.
Por otra parte, la Comisión de Hacienda del Estado analizará la solicitud de autorización, planteada por el gobernador del estado, para enajenar a título gratuito y condicional, en su caso revocable, una fracción de terreno, ubicada en el municipio de Jalacingo, Veracruz, a favor del Poder Judicial del Estado, para uso de las instalaciones de la ciudad judicial de ese distrito, albergando en ella juzgados y salas de juicios orales.
También, la solicitud del mandatario estatal, para enajenar a título gratuito un inmueble de propiedad del Gobierno del Estado, ubicado en Tuxpan, a favor del Gobierno Federal, con destino a la Secretaría de la Defensa Nacional, para la construcción de una compañía de la Guardia Nacional. Además de la petición para otorgar en comodato el inmueble, conocido como Centro Recreativo Xalapeño, a favor del Ayuntamiento de Xalapa, por un periodo de diez años.
Asimismo, el Ejecutivo presentó a esta Soberanía solicitudes para dejar sin efectos los acuerdos por los que se autorizó enajenar tres inmuebles ubicados en la avenida Jesús Reyes Heroles, fraccionamiento Costa Verde, en el municipio de Boca del Río, Veracruz, a favor de las asociaciones civiles denominadas: Colegio de Abogados de Veracruz, Verautismo y al Colegio de Médicos del Estado de Veracruz.
Por último, el Pleno aprobó a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales una prórroga para la elaboración del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la llave, presentada el 17 de diciembre de 2020.
por Puebla al Día | Jul 2, 2021 | Congreso
Con el propósito de integrar administraciones municipales con funcionarios competentes y altamente capacitados, la diputada Judith Pineda Andrade presentó al Pleno del Congreso del Estado una iniciativa que reformaría el artículo 68 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, que a su vez busca generar la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.
En su propuesta, la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) propone modificar el citado artículo para quedar de la siguiente manera: “con base en lo dispuesto en esta Ley, el Ayuntamiento deberá aprobar disposiciones reglamentarias para el nombramiento de servidores públicos titulares de las dependencias centralizadas o de órganos desconcentrados.
Así como de aquellos que desempeñen un empleo o cargo de naturaleza directiva en el Ayuntamiento, que realicen funciones relativas a los servicios públicos municipales, observando el principio de paridad de género y garantizando a las mujeres y hombres su acceso bajo las mismas oportunidades.
Para tal efecto, dichos servidores públicos deberán contar con título profesional legalmente expedido y cédula profesional, afines a la naturaleza del cargo, o en su defecto, experiencia acreditada en el ramo, a juicio de quien se encuentre facultado para nombrarlo”.
La diputada expuso que la legislación contempla actualmente que, tratándose de la Secretaría del Ayuntamiento, la Tesorería Municipal, la Dirección de Obras Públicas y la Contraloría, mandata que deba cubrirse cierto perfil académico que sea afín a la naturaleza del cargo, “dejando de lado otro tipo de capacidades, experiencia probada en el cargo o desempeño análogo que haga viables a los aspirantes de dichos empleos públicos”, agregó.
Señaló que existe una diferenciación realizada por la Ley entre un grupo de sólo cuatro cargos públicos, y que para el resto que conforma la administración municipal no está sustentado en ninguna otra disposición, “por lo que se estima que debe mantenerse un esquema homogéneo y claro, pero que, sobre todo, no tienda a reproducir y maximizar las disparidades, tanto por cuestión de género, como históricas y económicas, que acontecen en los municipios de Veracruz”.
La iniciativa fue turnada, para el trámite legislativo correspondiente, a la Comisión Permanente de Gobernación.
por Puebla al Día | Jun 30, 2021 | Congreso
El Grupo Legislativo de Morena presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, por medio de la cual se plantea incorporar en ésta la figura de revocación de mandato para el cargo de Gobernadora o Gobernador del Estado y su ejecución como un derecho y una obligación ciudadana.
De acuerdo con la propuesta, dada a conocer al Pleno y turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales durante la Tercera Sesión Ordinaria del Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, dicho proceso podrá realizarse en una sola ocasión durante cada periodo constitucional.
Así como en la elección, en el caso de revocación de mandato de la Gobernadora o del Gobernador del Estado se realizará bajo el principio de mayoría relativa, mediante sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. El o la titular del Ejecutivo estatal durará en su cargo seis años, con excepción del caso en que sea declarada procedente la revocación de mandato.
La iniciativa especifica que, durante el mes anterior a la conclusión del tercer año de ejercicio constitucional, la ciudadanía con derecho de votar en un proceso electoral local que esté interesada en promoverlo podrá comenzar a reunir una cantidad mínima equivalente al diez por ciento de las personas inscritas en el padrón electoral de cuando menos la mitad más uno de los municipios.
Durante los tres meses subsiguientes, podrán presentar al Organismo Público Local Electoral sus intenciones para la celebración de dicho proceso, debiendo éste calificar de forma integral el cumplimiento de dicho requisito una vez vencido el periodo concedido; en caso de estarlo, expedirá de inmediato la convocatoria respectiva. A dichas actividades no podrán destinarse recurso público alguno.
Expedida la convocatoria, el proceso será difundido, organizado y desarrollado de forma exclusiva por el Organismo Público Local Electoral mediante votación universal, libre, secreta, directa, personal e intransferible de las y los ciudadanos; el resultado será vinculante si en el proceso sufraga al menos 40 por ciento del padrón electoral y la votación aprobatoria es de mayoría absoluta, para lo cual el Organismo realizará el cómputo y emitirá el resultado respectivo.
Desde la expedición de la convocatoria y hasta la conclusión de la respectiva jornada electoral, especifica la iniciativa, quedará suspendida la difusión de propaganda institucional de todo ente estatal o municipal, con excepción de servicios educativos, salud y protección civil, previa validación del Organismo Público Local Electoral.
Finalmente, el Tribunal Electoral del Estado conocerá y resolverá los medios de impugnación correspondientes en términos constitucionales y de la legislación electoral. En caso de subsistir el resultado de mayoría absoluta, emitirá la declaratoria de procedencia de revocación de mandato, la cual ordenará publicar el mismo día en la Gaceta Oficial del Estado, notificando de forma inmediata al Congreso del Estado, el cual considerará ello como ausencia definitiva en términos de los artículos 33 fracción XXIII y 47 párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto.
por Puebla al Día | Jun 30, 2021 | Congreso
La diputada Montserrat Ortega Ruiz presentó al Pleno del Congreso una iniciativa con proyecto de decreto que reformaría el artículo 4 de la Ley de Educación estatal, cuya finalidad es prohibir cualquier tipo de discriminación en contra de las y los estudiantes, de cualquier nivel educativo, por apariencia o aspectos estéticos que obedezcan a estereotipos y que impida el acceso físico a las instalaciones escolares, limitando su derecho humano a la educación.
En su propuesta, la legisladora del Grupo Legislativo de Acción Nacional subrayó que esta reforma de ninguna manera busca menoscabar la autoridad de planteles educativos, sin embargo –añadió- es menester del Estado Mexicano, salvaguardar que los reglamentos escolares deban ser acordes a los valores, principios y fundamentos establecidos y reconocidos en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
Precisando que las instituciones educativas no deben limitar el ejercicio al pleno y libre desarrollo de la personalidad condicionando a los alumnos al ingreso de los planteles educativos con base en su apariencia física, lo cual, se traduce en una conducta excluyente y discriminatoria, aseguró.
Dijo que la Constitución Federal prevé en todos los ámbitos, incluso en el educativo, la facultad abierta de que cada persona elija su plan de vida y actúe conforme a sus ideales, siempre que estos no atenten contra los derechos de terceros, sin atender a un modelo de virtud o fin perfeccionista, sino por el contrario el Estado mexicano, prohíbe todo tipo de discriminación.
De acuerdo a la propuesta de la diputada Montserrat Ortega la redacción del artículo 4, de la citada ley, quedaría de la siguiente forma: “el Estado garantizará que la educación se imparta sin distinción alguna de origen, raza, color, patrones estéticos o de apariencia personal referentes al cabello, accesorios, o algún otro aspecto físico, sexo, idioma, religión, opinión política, condición o actividad social que por su naturaleza no interfieren en su proceso de aprendizaje.
En consecuencia, las autoridades educativas tienen el deber de garantizar el acceso a la educación sin limitación alguna, así como generar y salvaguardar las condiciones necesarias para que la educación que se imparta se haga en el marco de los derechos humanos de libertad, igualdad, equidad, seguridad, no discriminación, honor, intimidad personal y familiar, libre desarrollo de la personalidad y protección de los datos personales de los maestros, alumnos y padres de familia.
Al efecto, deberán verificar que se permita el acceso físico a todas las instalaciones escolares, de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales aplicables.
Las autoridades escolares, directivos o maestros no podrán prohibir el acceso a la educación o el ingreso a las instalaciones escolares, aduciendo reglamentos internos fuera de la norma aplicable en esta ley, en la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internaciones de los que el Estado mexicano sea parte”.
Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, y de Educación y Cultura.
por Puebla al Día | Jun 30, 2021 | Congreso
Con el objeto de establecer nuevas reglas orientadas a eficientar los trabajos legislativos, así como ampliar los espacios de participación de todas las expresiones políticas, las diputadas y diputados del Grupo Legislativo de los partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), presentaron al Pleno del Congreso una propuesta de reforma a diversas disposiciones de la Ley Orgánica y del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz.
La iniciativa, presentada durante la sesión de este 29 de junio, busca crear, en los ordenamientos antes citados, una Secretaría más en la Mesa Directiva del Pleno del Congreso, para un total de dos, con lo cual se contribuiría a agilizar la carga de trabajo propia de una Secretaría durante las sesiones.
Se plantea el establecimiento de la figura de las Suplencias Generales, específicamente dos en el caso del Pleno, de tal modo que las personas designadas para dichos cargos, sin tener que ocupar un espacio en el presídium, se encuentren disponibles para cubrir, en su caso, las ausencias de las y los secretarios y de quien ocupe la vicepresidencia, con lo que se evitaría el retraso en el inicio de las sesiones en las que, al no estar presente alguno de los integrantes de la Mesa Directiva, el Pleno tiene que nombrar a quienes los sustituyan por esa única sesión.
Asimismo, los autores proponen que en la integración de la Mesa Directiva del Pleno deba privilegiarse la participación del mayor número de grupos legislativos, a fin de reflejar la composición política plural del Congreso en su órgano de dirección.
Por otra parte, para el caso de la Diputación Permanente, por ser menor el número total de integrantes, plantean únicamente que se establezca una suplencia general, con la responsabilidad de su titular de cubrir, en su caso, las ausencias en sesión de las personas que se desempeñen en la vicepresidencia y en la Secretaría.
También, se prevé eliminar la actual prohibición reglamentaria de que los integrantes de la Mesa Directiva no pueden formar parte de las comisiones permanentes del Congreso, ya que dicha norma inhibe la participación en esos órganos de fundamental importancia, para el ejercicio de las atribuciones de este Poder, de los grupos legislativos que hayan tenido acceso a un cargo en ella, sobre todo cuando es reducido el número total de sus integrantes.
La limitante mencionada sólo se conservaría para quien ocupe la presidencia de la Mesa, en razón de la carga habitual de trabajo de quien funge como representante del Congreso, lo que guarda semejanza con el esquema empleado en el Poder Judicial del Estado, en que la persona que preside el Tribunal Superior de Justicia no integra alguna de las Salas.
Por otra parte, se busca modificar la disposición que señala que una diputada o diputado solo puede formar parte de un máximo de tres comisiones permanentes, de tal modo que ese número aumentaría a cuatro, aunque con la limitante consistente en que no podrá ocupar en las mismas más de una presidencia, a fin de propiciar la distribución plural de esos cargos al interior de los propios grupos legislativos.
Aunado a lo anterior y con el propósito de reflejar la pluralidad ideológica de la ciudadanía, se plantea establecer un esquema semejante al que se utiliza en la actualidad para la conformación de la Comisión de Vigilancia, para el caso de otras cuatro comisiones permanentes de fundamental importancia en los trabajos legislativos, las de Justicia y Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Hacienda del Estado, y de Hacienda Municipal, mismas que pasarían de tres a cinco, el número de sus integrantes.
Por último, proponen establecer expresamente el principio de paridad de género en lo relativo al número total de presidencias de comisiones permanentes y, a la vez, que en la conformación de esos órganos se refleje proporcionalmente la representación de todos los grupos legislativos y de las y los diputados que no alcancen a conformarlos.
De tal forma que no sea una decisión discrecional la que determine cuántas comisiones y presidencias corresponden a cada fuerza política, sino que sea resultado de la aplicación de una norma jurídica expresa.
La iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Gobernación.
