Propone diputado Omar Miranda iniciativa de Ley del Uso de la Bicicleta

Propone diputado Omar Miranda iniciativa de Ley del Uso de la Bicicleta

Con el propósito de alentar el uso de la bicicleta como medio para fomentar el desarrollo sostenible, reforzar la educación de niños y jóvenes, promover la salud y así prevenir enfermedades, el diputado Omar Guillermo Miranda Romero presentó al Pleno su iniciativa de decreto por la cual se expide la Ley del Uso de la Bicicleta como Medio de Movilidad Sostenible para el Estado de Veracruz.

En su participación durante la cuarta sesión ordinaria, el legislador del Partido Acción Nacional (PAN), dijo que es necesario que el Estado preste especial atención a la bicicleta en las estrategias de desarrollo intersectoriales y que sea incluida en las políticas públicas y los programas de desarrollo para mejorar la seguridad vial e integrarla en la planificación y el diseño de infraestructuras sostenibles de movilidad y transporte.

Dijo que lo anterior debe darse mediante la adopción de políticas y medidas dirigidas a proteger y promover activamente la seguridad peatonal y la movilidad en bicicleta, con el fin de obtener resultados más amplios en materia de salud, en particular la prevención de lesiones y enfermedades no transmisibles.

De acuerdo a la propuesta, integrada por 17 artículos y 5 transitorios, esta Ley tendría por objeto establecer medidas de promoción y regulación del uso de la bicicleta y de declaración de interés público, la adecuación progresiva de la infraestructura urbana y de transporte existente en el uso de la capacidad vial para facilitar la utilización de la bicicleta como medio de transporte sostenible, eficiente y que contribuye en la preservación del ambiente.

Las Secretarías estatales y los ayuntamientos velarían por la elaboración e implementación de las políticas públicas que sean emitidas para el diseño de obras de infraestructura vial y promoción de la planificación urbana y rural a favor del uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible.

El Poder Ejecutivo, a través de sus Secretarías, en coordinación con las instituciones educativas, públicas y privadas, de primaria y secundaria, establecerán actividades promocionales de educación vial con la finalidad de que los alumnos conozcan el uso adecuado de las normas de tránsito aplicables en la conducción de la bicicleta como medio de transporte.

En zonas rurales los gobiernos municipales instalarán la señalización de las vías, la incorporación de puntos de referencia y de guía que conduzcan a centros educativos, promoviendo la seguridad de los ciclistas.

Por otra parte, la iniciativa contempla que las autoridades competentes gestionen la interconectividad de ciclovías, cuando estas involucren dos o más circunscripciones de gobiernos locales contiguos, bajo la responsabilidad que prevean las normas de la materia.

Asimismo, se prevé que las entidades públicas y privadas, adecuen sus espacios para estacionamientos de bicicletas, en una proporción del tres por ciento del área que se destinan a los vehículos automotores.

Los Gobiernos, estatal y municipales, deberán incluir en sus presupuestos los recursos necesarios para implementar sistemas de bicicleta pública, consistente en préstamo o alquiler de bicicletas, priorizando este servicio para la intermodalidad a los sistemas de transporte masivo, con la finalidad de incentivar en la ciudadanía el uso de la bicicleta.

El diputado Omar Miranda precisó que el uso de bicicleta es una opción saludable y de bajo costo que poco a poco ha ido ganando terreno entre las personas de todo el estado, “razón por la cual es necesario legislar para dar garantías de seguridad vial, infraestructura y concientización sobre su importancia”, concluyó.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad.
Crearían municipios sus Comisiones de Atención a Personas con Discapacidad

Crearían municipios sus Comisiones de Atención a Personas con Discapacidad

Dado a que el ayuntamiento es el ente más cercano a los ciudadanos, la diputada Montserrat Ortega Ruiz presentó al Pleno del Congreso del Estado la iniciativa que reforma los artículos 35, 40 y 60 de la Ley Orgánica del Municipio Libre para que puedan crearse, en cada municipio, la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad, otorgándole atribuciones propias de la encomienda para garantizar la inclusión, promoción del empleo, cultura y artes, así como todos los derechos a este sector de la población.

La integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), expone que en su propuesta que la Atención a Personas con Discapacidad ha sido atendida tradicionalmente por la Comisión de Derechos Humanos; sin embargo –abundó- al ser tantas las actividades que se relacionan con este ámbito resultan insuficientes los esfuerzos, por lo que es necesario la participación de los ayuntamientos para consolidar una mejor estrategia.

De acuerdo a la legisladora, vocal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, se crearía la Comisión edilicia de Atención a las Personas con Discapacidad, cuyas atribuciones serían el promover que el ayuntamiento asigne una partida presupuestal, a fin de generar políticas públicas para que, en el ámbito de su competencia, promueva y garantice la inclusión de las personas con discapacidad dentro del municipio.

De igual manera, se encargaría de la promoción de empleo ante las entidades públicas o privadas, asociaciones civiles y del propio municipio, para la contratación en su plantilla laboral a personas con discapacidad, a fin de lograr su desarrollo personal; debiendo, además, implementar un padrón de empleados y empleadores que deberán ser supervisados y evaluados a fin de evitar la discriminación en el ámbito laboral en el que éstos se desarrollen.

Implementaría campañas de educación a la población, así como a los servidores públicos, para promover el respeto a la dignidad de las personas con discapacidad y promoverá actividades artísticas, culturales y artesanales, en las que participen las personas con discapacidad, a fin de lograr su inclusión integral dentro del municipio.

Esta misma Comisión fomentaría la creación del Consejo Municipal para Personas con Discapacidad, el cual generaría programas de inclusión que los beneficie, mismo que estaría integrado por: un presidente honorario; un presidente, que sería el titular de la Dirección de Salud y un Secretario Técnico, que sería el director del DIF municipal, así como por los titulares de las direcciones de Gobierno, Educación, Desarrollo Social, Ecología y Medio Ambiente, Turismo y Cultura, Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca, Comunicación Social, o sus equivalentes.

Aunado a tres personas con discapacidad, preferentemente incorporadas a la vida productiva y perteneciente a organizaciones, propuestas por éstas y designadas por el Ayuntamiento, que serán: una persona con discapacidad física; un representante legal de personas con discapacidad intelectual; y una persona con discapacidad sensorial, visual o auditiva.

Además, de un representante de la sociedad civil, proveniente de organizaciones, con un mínimo de experiencia de tres años en el trabajo con personas con discapacidad, designado por el Ayuntamiento, a propuesta de la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad.

Este Consejo sesionaría de manera ordinaria, por lo menos, cada dos meses y, en forma extraordinaria, las veces que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines. Para la validez de las sesiones se requerirá de la asistencia de, por lo menos, la mitad más uno de sus miembros.

La iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona la fracción LI al artículo 35, recorriéndose la subsecuente; la fracción XXXI al artículo 40 y el artículo 60 Sexdecies, todos de la Ley Orgánica del Municipio Libre, fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Gobernación.
Aprueba Congreso acuerdos presentados por la Comisión de Hacienda del Estado

Aprueba Congreso acuerdos presentados por la Comisión de Hacienda del Estado

Durante los trabajos de la Cuarta Sesión Ordinaria del Tercer año de Ejercicio Constitucional, el Pleno de la LXV Legislatura aprobó los dictámenes de acuerdo presentados por la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, en materia de enajenación y otorgamiento en comodato de bienes inmuebles, propiedad del Gobierno estatal.

En primer término, se autorizó al Poder Ejecutivo celebrar contrato de comodato con la persona moral privada Territorio Águila de Veracruz S.A. de C.V., sobre el Estadio Parque de Béisbol Roberto Francisco Beto” Ávila González, ubicado en el municipio de Boca del Río, Veracruz, por un plazo de 10 años.

Asimismo, le fue autorizado al Ejecutivo estatal entregar, en comodato, el inmueble conocido como Centro Recreativo Xalapeño, a favor del H. Ayuntamiento de Xalapa por un plazo de 10 años, con la finalidad de que se realicen actividades artísticas, educativas, culturales y de esparcimiento en beneficio de las y los ciudadanos de este municipio.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Hacienda del Estado, diputada Rosalinda Galindo Silva, reconoció el trabajo de la actual administración municipal, toda vez que a la par de los órdenes de gobierno Estatal y Federal, ha promovido acciones de inversión pública para este inmueble, por lo que con la aprobación de este Acuerdo, se contribuye al fomento y difusión de la educación, ciencia y cultura en la ciudad capital, a nivel nacional e internacional.

También, las y los integrantes del Congreso local avalaron enajenar a título gratuito un inmueble de propiedad del Gobierno del Estado, ubicado en Tuxpan, a favor del Gobierno Federal, con destino a la Secretaría de la Defensa Nacional, para la construcción de una compañía de la Guardia Nacional.

Asimismo, se autorizó enajenar a título gratuito y condicional, en su caso revocable, una fracción de terreno, ubicada en el municipio de Jalacingo, Veracruz, a favor del Poder Judicial del Estado, para uso de las instalaciones de la ciudad judicial de ese distrito, albergando en ella juzgados y salas de juicios orales.

Posteriormente, fue aprobado el acuerdo por el cual se autoriza al titular de la Secretaria de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del Estado enajenar, de manera onerosa, mediante el procedimiento de subasta pública, 14 unidades vehiculares asignadas al Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz, así como cuatro unidades vehiculares, asignadas a la Secretaría de Protección Civil.

Finalmente, el Pleno aprobó los dictámenes por los cuales, a solicitud del Ejecutivo, se deja sin efectos los acuerdos por los que se autorizó enajenar tres inmuebles ubicados en la avenida Jesús Reyes Heroles, fraccionamiento Costa Verde, en el municipio de Boca del Río, Veracruz, a favor de las asociaciones civiles denominadas: Colegio de Abogados de Veracruz, Ver Autismo y al Colegio de Médicos del Estado de Veracruz.
A comisiones, iniciativas en materia de aborto, paridad de género y violencia política

A comisiones, iniciativas en materia de aborto, paridad de género y violencia política

La Mesa Directiva de la LXV Legislatura turnó a comisiones dos iniciativas de decreto: en materia de penalización del aborto y de paridad de género y violencia política contra las mujeres en razón de género, para lo cual propone reformar los Códigos Penal y Electoral, ambos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentadas por la diputada Mónica Robles Barajas.

Penalización del delito de aborto

La Iniciativa de Decreto que reforma los artículos 149, 150, 151, 153 y 154 y deroga el artículo 152, todos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, señala que “comete el delito de aborto quien interrumpe el embarazo después de la décima segunda semana de gestación”. Para tales efectos, indica que “el embarazo es la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio”.

También establece que a “la mujer que se provoque o consienta que se le practique un aborto, una vez transcurridas las primeras doce semanas de gestación, se le impondrán de 15 días a dos meses de tratamiento en libertad, consistente en la aplicación de medidas integrales de salud, con respeto a sus derechos humanos”.

Añade que a “la persona que haga abortar a la mujer con su consentimiento, en los términos del párrafo anterior, se le impondrán de quince días a dos meses de prisión o de cincuenta a cien días de trabajo en favor de la comunidad, y multa de hasta setenta y cinco días de salario. En este caso, el delito de aborto únicamente se sancionará cuando se haya consumado”.

Asimismo, comete el delito de aborto forzado “quien interrumpa el embarazo de una mujer sin el consentimiento de ella, en cualquier momento de la gestación. En este caso, el delito de aborto forzado podrá ser sancionado en grado de tentativa, en los términos dispuestos por el presente Código”.

Además, “quien hiciere abortar a una mujer sin su consentimiento se le impondrán prisión de tres a diez años y multa de hasta cien días de salario. Si se empleare la violencia física o moral, las sanciones serán de seis a quince años de prisión y multa hasta de ciento cincuenta días de salario”.

La propuesta agrega que “si el aborto forzado fuese causado por un médico, partero o enfermero, además de las sanciones que les correspondan serán suspendidos de dos a cinco años en el ejercicio de su profesión”.

Finalmente, se consideran excluyentes de responsabilidad penal para el delito de aborto el embarazo que sea resultado de una violación o de una inseminación artificial no consentida, independientemente de que exista o no causa penal sobre dichos delitos previo al aborto; cuando, de no provocarse, la mujer embarazada quede en peligro de muerte o en riesgo de afectación a su salud, a juicio del médico que la asista, o cuando, a juicio de un médico, exista razón suficiente para diagnosticar que el producto padece una alteración que dé por resultado el nacimiento de un ser con trastornos físicos o mentales graves, siempre que se practique con el consentimiento de la mujer embarazada.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.


Paridad de género y violencia política contra las mujeres en razón de género

La Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en materia de paridad de género y violencia política contra las mujeres en razón de género, plantea el derecho de la ciudadanía a participar en los comicios electorales en condiciones de paridad de género.

También subraya la obligación del Organismo Público Local Electoral (OPLE) del estado de Veracruz de erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, así como una conceptualización de la violencia política contra las mujeres en razón de género similar a la establecida en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Propone actualizar los supuestos que constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género armonizándolos también, con la reforma de la Ley General, y considera entre los requisitos de elegibilidad para ser candidatas o candidatos a puestos de elección popular que no se encuentren condenadas o condenados por el delito de violencia política contra las mujeres.

Busca, además, evitar que las mujeres sean postuladas en distritos electorales en los que el partido que las postule hubiera obtenido bajos porcentajes de votación e incorpora el principio de paridad de género tanto vertical como horizontal en las elecciones de ayuntamientos y la obligación de los partidos políticos de garantizar la participación de mujeres y hombres en igualdad de condiciones.

Propone que el OPLE lleve a cabo programas de educación cívica, paridad de género y derechos humanos de las mujeres e instale la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, así como la incorporación de medidas cautelares y la aplicación de la declaratoria 3 de 3 contra la violencia de género, mecanismo implementado por el Instituto Nacional Electoral.

De acuerdo con la proponente, estas reformas y adiciones en materia electoral buscan armonizar el Código Electoral del estado con la reforma federal que se realizó a diversos ordenamientos jurídicos: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En razón de esto, consideró imperativo que este Congreso lleve a cabo la armonización legislativa en estas materias en el Código Electoral, a fin de que las instituciones electorales, en el marco de sus atribuciones y competencias, pongan en marcha todo el andamiaje jurídico para garantizar a todas y todos los actores políticos y, en particular, a las mujeres veracruzanas interesadas en participar en futuras elecciones, una contienda paritaria y libre de violencia política en razón de género.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Organización Política y Procesos Electorales.
La Comisión de Educación logró un renovado marco constitucional en la materia

La Comisión de Educación logró un renovado marco constitucional en la materia

La Comisión de Educación, presidida por el diputado Juan Pablo Sánchez Rodríguez (Morena), aprobó su informe final de actividades del 16 de octubre de 2018 a julio de 2021, el cual destaca que se logró un renovado marco constitucional en materia educativa.

El diputado Sánchez Rodríguez dijo que Independientemente de las cuestiones políticas, “cumplimos con la misión establecida en los programas anuales de trabajo, nos regimos siempre bajo los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, rendición de cuentas, parlamento abierto y de transparencia”.

Puntualizó que la Comisión tuvo un papel protagónico para lograr las reformas a los artículo 3º, 31 y 73 de la Constitución en materia educativa, la expedición de las leyes General de Educación, del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, la Ley Reglamentaria del artículo 3º constitucional en materia de Mejora Continua de la Educación, así como la expedición de la Ley General de Educación Superior.

“Fueron muchos los logros de la Comisión y todo lo que se prometió en campaña se cumplió. Dejamos atrás una mal llamada reforma educativa, le quitamos lo punitivo a esta reforma que laceró los derechos laborales del magisterio y criminalizó a las maestras y a los maestros”, subrayó.

Al reconocer el trabajo de la diputada Adela Piña, el legislador informó que se realizaron 20 reuniones ordinarias, tres extraordinarias y dos de comisiones unidas de Educación y Puntos Constitucionales, en las que se aprobaron tres programas anuales de trabajo, seis informes semestrales, uno final de actividades y 23 opiniones sobre diversos asuntos.

Asimismo, se avalaron 51 dictámenes por medio de los cuales se atendieron 159 iniciativas, 87 dictámenes que atendieron 119 proposiciones con punto de acuerdo, ocho minutas y cuatro acuerdos.

Destacó que durante el lapso en que se suspendieron las actividades por la pandemia, la Comisión continuó sus trabajos. Se llevaron a cabo 11 reuniones virtuales entre los meses de abril y septiembre de 2020.

Dio a conocer que se reunieron con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, con el entonces secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, así como con diversos funcionarios de la SEP y presidencias de las comisiones de educación de los 32 congresos locales.

También se realizaron, del 6 al 16 de febrero de 2019, foros y audiencias públicas en el marco del análisis y elaboración del dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el se reformaron los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política presentada por el titular del Ejecutivo Federal.


Participación de diputadas y diputados

La diputada Laura Hernández Pichardo (PRI) puntualizó que es importante poner atención al tema del recurso presupuestal, ya que en el PEF de este año se eliminaron 10 programas importantes para el Sistema Educativo Nacional, entre ellos el de escuelas de Tiempo Completo. Hizo un exhorto a los legisladores que continuarán en la próxima Legislatura para que impulsen un presupuesto con mayor equidad y que permita al sistema reactivarse de manera integral.

El diputado Alfredo Femat Bañuelos (PT) subrayó que durante la discusión de la ley de Educación Superior hubo un trabajo arduo y en estos tres años se lograron cosas muy importantes. “Los que somos profesores sabemos que no hay reforma perfecta, pero tuvimos la suerte de haberle dado carta de ciudadanía a la educación inicial y abrir el debate para dejar de satanizar a los profesores como responsables de la reprobación y deserción; son cosas que hay que valorar y aplaudir”.

De la misma fracción parlamentaria, el diputado José Luis Montalvo Luna expresó que las y los diputados integrantes de la Comisión que continuarán en la próxima Legislatura están obligados a atender los pendientes que quedan como el tema de la educación inicial. “Hay que hacer que el Gobierno se comprometa con darle respaldo total para que no quede en letra muerta y concretar lo relacionado a la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior”.

De Morena, la diputada María Teresa López Pérez dijo que está satisfecha porque participó en la discusión de la reforma al artículo 3º constitucional, ya que con ello se le dio sentido amplio a la educación para todos; sin embargo, agregó, falta proyectar la educación a través de los medios de comunicación para que llegue a sectores más amplios de la sociedad.

La diputada Tania Cruz Santos (Morena) refirió que el trabajo realizado tuvo el objetivo de transformar a la educación y al país, mencionó que los próximos diputados tendrán que continuar con los temas pendientes. “Creo que la parte filosófica-legal de las reformas a los artículo 3º, 31 y 73 constitucional ya está, dejamos las bases y el cimiento pero falta vigilar la parte de su aplicación, y el tema del presupuesto para que no quede en letra muerta lo que trabajamos”.

El diputado Antonio Ortega Martínez (PRD) dijo que hubo cuidado y discreción política durante el trabajo de la Comisión. “Después de escuchar los comentarios de algunos diputados me veo obligado a decir que en esta Legislatura se acuñó la frase de no mover un punto ni coma a algunas reformas en las que tenía especial interés el Presidente de la República. Dejemos al tiempo y a la opinión pública la evaluación final sobre el trabajo de fondo de la Comisión”.

La diputada María Chávez Pérez (Morena) mencionó que se lograron avances sustantivos y celebró que se le quitó lo punitivo a la ley para hacerla más integral e impartir la verdadera educación pública; “seguiremos trabajando de cerca con los próximos legisladores para continuar con lo pendiente”.

De la misma bancada, la diputada Lorena Jiménez Andrade subrayó que la Comisión cumplió su trabajo, quedan pendientes temas como garantizar la cancelación total de cualquier acto que en los hechos propicie la discriminación de los egresados de las universidades privadas; deberán hacerse efectivos también en su totalidad los enunciados referentes en el artículo 3º sobre la reincorporación de los maestros cesados por la reforma educativa de 2013.

La diputada Mildred Ávila Vera (Morena) mencionó que en la LXV Legislatura se tendrán que atender muchos de los pendientes que quedan. “Han sido muchos años de rezago y en tres años es difícil subsanar todas las necesidades y sobre todo porque muchas de ellas requieren de presupuesto. Estoy segura que siempre va a existir el gran compromiso de la nueva Legislatura para dar continuidad al trabajo de la Comisión”.

También de Morena, el diputado Oscar Rafael Novella Macías indicó que “dentro de los resultados destacados está el haber abrogado la reforma educativa de Peña Nieto, reivindicar el papel del magisterio, la cancelación de la evaluación punitiva y la reincorporación de los maestros cesados”. Estos fueron los logros más trascendentales.


Mayoría encabezada por Morena garantizará un PEF 2022 enfocado a programas sociales y al desarrollo del país: Ignacio Mier

Mayoría encabezada por Morena garantizará un PEF 2022 enfocado a programas sociales y al desarrollo del país: Ignacio Mier

El coordinador de las y los diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco, afirmó que en la próxima Legislatura, que comienza el 1 de septiembre, estarán garantizados los votos de la mayoría parlamentaria a favor de un Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022 enfocado a fortalecer y garantizar la solvencia de los programas sociales, la educación y la infraestructura en salud.

“La atención de las causas que originan el rezago y la falta de desarrollo en varias zonas del país pasa indudablemente por ofrecer a la gente una mejor calidad de vida, para ayudarlos a superar la pobreza, garantizarles salud y educación y que puedan salir del abandono en el que estuvieron sumidos durante varios sexenios”, manifestó en un comunicado.

En el tema de la seguridad, dijo que a pesar de las voces que incitan al Estado a responder a la violencia con más violencia, “el Gobierno de México ha mantenido una postura de paz y atención a las causas que originan este problema, lo cual ha evitado que haya más derramamiento de sangre”.

Mier Velazco destacó las acciones que ha emprendido el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para atender el fondo de este asunto, como es garantizar en el PEF recursos para programas sociales, becas a los jóvenes y generar empleos.

“Por primera vez en muchos años este Gobierno se ha dedicado a orientar los recursos del PEF cada año a lo que verdaderamente importa, como la salud, la educación, los jóvenes, personas con discapacidad y adultos mayores”, aseveró.

Sostuvo que una vez más los diputados de Morena van a garantizar un PEF orientado a garantizar recursos para programas sociales y rubros como la salud, finanzas sanas, educación y desarrollo.

“Nada nos va a detener para votar a favor de un presupuesto eficiente y eficaz, donde no regresen nunca más los moches y que el dinero de muchos fideicomisos, que representaban un barril sin fondo, sean dirigidos a lo que verdaderamente importa en el país”, insistió.

Agregó que habrá resistencias por parte de las fuerzas opositoras de derecha, “son entendibles, pero al final los partidos que conformamos la coalición Juntos Hacemos Historia sabremos imponer la voluntad del pueblo y el proyecto de la Cuarta Transformación”, puntualizó.